Sunday, February 15, 2009



Denuncia ONG arresto ilegal de 2 líderes indígenas en Guerrero

■ Policías ministeriales los interceptaron afuera de una secundaria, según el centro Tlachinollan

■ Los activistas habían denunciado abusos del Ejército en comunidades; dirigentes demandan presentarlos con vida y respetar sus garantías individuales

■ La PIM se deslinda de las capturas

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)


Chilpancingo, Gro., 14 de febrero. Presuntos agentes de la policía investigadora ministerial (PIM) detuvieron en el municipio de Ayutla de los Libres a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y activista –respectivamente– de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), que ha denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Lucas Lucía fue detenido por tres supuestos policías a las 13:15 horas del viernes, fuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.

Los policías llegaron en una camioneta negra y, sin identificación ni orden de aprehensión buscaban llevarse a Manuel Ponce pero al intervenir Raúl Lucas también fue sometido y detenido.

El centro Tlachinollan responsabilizó al gobierno del estado de su integridad física y exigió su presentación con vida y el pleno respeto a sus garantías individuales.

Sin embargo, Erit Montúfar Mendoza, director de la PIM, rechazó que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”, dijo.

El general Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad y Protección Civil, dijo que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención.

El priísta Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas; yo ando en el estado de Veracruz, pero voy para Guerrero, y me he comunicado por teléfono con las autoridades y esa es la información que tengo: ya que me dijeron que no había ninguna orden de aprehensión en su contra, pero no me han reportado si ya los liberaron”.

Pero Castro Morales, esposa de Lucas Lucía, confirmó que después de las 13 horas del viernes llegaron tres sujetos en una camioneta y sin presentar orden de aprehensión se llevaron a su esposo y a Manuel Ponce.

“Yo me he comunicado con diversas autoridades y nadie sabe nada de su paradero; fui incluso a la cárcel de aquí de Ayutla y no están, lo mismo que en los hospitales: supuestamente nadie sabe nada”, agregó.

Dijo que desde hace más de 10 años Raúl Lucas ha trabajado en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres.

Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (tlapanecos), dijo que “con la detención del compañero Raúl Lucas se evidencia que el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo está criminalizando la lucha social, encarcelando a los dirigentes indígenas”.

Abel Barrera Hernández, coordinador de Tlachinollan, recordó que Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos crearon en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.

En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policiacas.

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