Exige JBG liberación de bases zapatistas y denuncia agresiones y hostigamiento

Lanza el gobierno de Chiapas campaña mediática para justificar las detenciones

En Emiliano Zapata priístas de Santa Rosalía quemaron un taller de carpintería, señala

Caracol de Morelia, Chis., 9 de mayo. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza exigió nuevamente la libertad inmediata para sus compañeros de la otra campaña y bases de apoyo del EZLN, presos en la cárcel de El Amate, e insistió en que tiene pruebas suficientes de que estos fueron detenidos injustamente por delitos inventados por las malas autoridades. En particular insiste en la inocencia de Manuel Vázquez Moreno, base de apoyo zapatista.

Imagen del año 2001 de bases de apoyo del EZLN en el ejido de MoreliaFoto José Núñez

Hermann Bellinghausen

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Caracol de Morelia, Chis., 9 de mayo. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza exigió nuevamente la libertad inmediata para sus compañeros de la otra campaña y bases de apoyo del EZLN, presos en la cárcel de El Amate, e insistió en que tiene pruebas suficientes de que estos fueron detenidos injustamente por delitos inventados por las malas autoridades. En particular insiste en la inocencia de Manuel Vázquez Moreno, base de apoyo zapatista.

Por su parte, el gobierno estatal ha recrudecido su campaña mediática para justificar el encarcelamiento de los ocho indígenas de San Sebastián Bachajón. La noche del viernes, el noticiero del canal 10 de televisión (gubernamental) dedicó más de 15 minutos a recoger reacciones al auto de formal prisión de la peligrosa banda de asaltantes detenida en días pasados. El administrador de Omnibuses Cristóbal Colón (OCC), hoteleros, prestadores de servicios turísticos y hasta personas desconocidas que se suman al festín oficialista, respaldado por algunos columnistas locales y nacionales.

Los comentarios televisados se ilustraron con reiterativas imágenes de los indígenas durante su presentación por la Procuraduría General de Justicia del Estado. La página electrónica del estado de Chiapas los volvió a mostrar, uno por uno, a color esta vez.

No obstante su notoriedad y gravedad, este caso no es aislado. Para la JBG de Morelia es notable la campaña de contrainsurgencia de las autoridades gubernamentales, que “cada día se extiende más en distintos territorio de nuestra zona Zot’z Choj”.

A las agresiones sufridas en el municipio autónomo Comandanta Ramona, relacionados con los balnearios de Agua Azul y Agua Clara, entre otros, y los planes turísticos y carreteros en el área, se suman acciones hostiles contra comunidades de distintas regiones autónomas zapatistas del municipio Lucio Cabañas: Primero de Enero, Ernesto Che Guevara y Emiliano Zapata.

En el Nuevo Centro de Población La Libertad, un grupo de cinco taxistas llegaron recientemente al mero centro del poblado con amenazas y gritos, y en pocos instantes quemaron balas con pistolas de alto calibre, y de esto hay pruebas con casquillos quemados. El grupo, que la JBG considera organizado por el gobierno para accionar la contrainsurgencia, es encabezado por Eugenio Ramos y Adolfo Miguel, originarios de Ocosingo.

En Patria Nueva, región autónoma Primero de Enero, el presidente municipal de Ocosingo, Carlos Leonel Solórzano, y el gobernador Sabines están actuando de manera indirecta, a través de Cristóbal Gómez López, representante regional de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), a quien autorizan talar árboles en el momento que se les antoja, en una de las poblaciones donde viven compañeros nuestros. El gobierno sabe muy bien todo lo que los de Orcao hacen, y los líderes gozan la impunidad”.

En la ranchería San Caralampio, región Emiliano Zapata, el 23 de abril, cerca de la medianoche, priístas de Santa Rosalía quemaron un taller de carpintería y todas las herramientas con que contaba. En días anteriores, agrega un miembro de la JBG procedente de esa región, “nos amenazaron cuando pasaron por el poblado, en ‘plebe’ y borrachos; alardean de que matarán de distintas formas en próximas fechas” a los zapatistas Carmelino Gómez Velasco, Ángel Romeo Hernández Pérez, Armando Hernández Pérez y José Ángel Gómez Díaz, de Santa Rosalía, y tres más de la ranchería San Caralampio. Por su seguridad, la JBG no da sus nombres.

En la región Ernesto Che Guevara, desde los primeros días de enero, cuando nuestros compañeros fueron golpeados por los Orcaos mientras se celebraba el festival de la Digna Rabia en San Cristóbal de las Casas, hasta la fecha, siguen las amenazas. La JBG responsabiliza a Marcos López Gómez, al profesor Joaquín López Gómez, de Cuxuljá, y a Pedro López Gómez.

Torturados 40 días, 25 policías de Tijuana

Queja de organismos de derechos humanos ante la CIDH; le piden medidas cautelares

Militares intentaban inculparlos de delincuencia organizada, dicen familiares; ignoran su paradero

Emir Olivares Alonso

Con la intención de que 25 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana se declaren culpables de delincuencia organizada, éstos fueron arraigados y torturados durante 40 días por elementos del 28 batallón militar, Aguaje de la Tuna, dependiente de la segunda Región Militar de Baja California, denunciaron las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN).

Por ello, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita una declaratoria de medidas cautelares en favor de los detenidos y sus familiares, a fin de proteger su integridad física y garantizar sus derechos.

Las organizaciones civiles informaron que el pasado 7 de mayo los policías municipales fueron trasladados posiblemente a un penal de Nayarit; sin embargo las autoridades no han dado razón de su paradero.

Señalaron que de acuerdo con información proporcionada por los familiares de los agentes, su detención estuvo a cargo del titular de la SSP de Tijuana, Julián Leyzoala Pérez, y del director general de Policía y Tránsito Municipal, Gustavo Huerta Martínez, quienes los mandaron llamar a la comandancia, para posteriormente trasladarlos al cuartel militar denominado Aguaje de la Tuna, sin existir orden de detención.

Aseveraron que los detenidos fueron conducidos con los ojos vendados a un cuarto donde fueron sometidos a graves actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como ser vendados y amarrados de pies y manos durante días y noches enteras, golpes, choques eléctricos en varias partes del cuerpo, ahogamiento con bolsa de plástico y, algunos de ellos, privados de alimentos hasta por tres días.

Las ONG refirieron que los agentes aseguraron a sus familiares que la intención de los militares era hacerlos firmar declaraciones que no les dejaron leer, y a algunos los obligaron a firmar hojas en blanco bajo amenaza. “Estos documentos han sido utilizados para inculparlos de delitos que aseguran no haber cometido.

Los acusados también fueron víctimas de hostigamiento e incomunicación, ya que por varios días fueron privados del derecho de realizar una llamada telefónica mediante la cual dar aviso a sus familiares sobre el lugar donde se encontraban. Una vez que los familiares pudieron hacer contacto con ellos sólo podían visitarlos por cinco minutos una vez a la semana, y durante las visitas siempre fueron vigilados por un soldado que anotaba sus conversaciones. Ante esto, los arraigados tomaron la determinación de comunicar a sus familiares las arbitrariedades a las que eran sometidos a través de cartas.

Las CMDPDH y la CCDH advirtieron que tras ser detenidos, a los policías municipales se les nombró un abogado de oficio que incurrió en diversas irregularidades, mismas que viciaron su derecho a una defensa adecuada.

Aunque les fue concedido un amparo en contra del traslado a otro penal, el 7 de mayo se les trasladó presuntamente a un penal de Tepic, Nayarit, sin que a la fecha los familiares conozcan las condiciones en las que se encuentran, el lugar al que fueron trasladados y su circunstancia jurídica, “con lo que se agrava aún más su situación de vulnerabilidad, el temor a que se continúen los actos de tortura y se socaven sus garantías judiciales.

Ante todo lo anterior, la CCDHN y la CMDPDH concluyen que desde el inicio de la detención, el trato de las autoridades hacia los inculpados ha estado encaminado a declararlos culpables de delincuencia organizada. Es por ello que, ante la gravedad de los hechos, la continuidad en el menoscabo a la vida e integridad personal de los agentes y ante la inminente situación de torturas constantes a las que han sido sometidos, han solicitado a la CIDH requerir al Estado mexicano adoptar de manera inmediata las medidas necesarias que protejan la vida e integridad física, sicológica y moral de los 25 arraigados, así como de sus familias, y que evite que éstos continúen siendo sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes mientras se encuentren bajo la custodia de agentes del Estado.