La gigante estatal del petróleo venezolano, Pdvsa, se hizo cargo de las empresas ligadas a las actividades primarias de la principal industria del país, luego que la Asamblea Nacional aprobara y el presidente Chávez promulgara inmediatamente una ley que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. En un año de recortes de gastos para no afectar planes sociales y políticas de transformación del país, con esta nueva recuperación el Estado ahorrará unos 700 millones de dólares anuales, sólo en el Lago de Maracaibo, estado Zulia.
Precisamente desde el Zulia, en Lagunillas, el presidente Hugo Chávez remarcó el sentido estratégico de la medida. "Estamos nacionalizando 60 empresas privadas, hoy desaparecen, no nos hacen falta, ¿para qué?" dijo el mandatario en transmisión especial de televisión desde el lago de Maracaibo.
“Los burgueses se llevaban las grandes ganancias del país mediante la explotación de los trabajadores y trabajadoras, eso es el modelo capitalista”, remarcó el mandatario, y saludó el ingreso a la órbita estatal de 8 mil trabajadores de las actividades recuperadas.
"El capitalismo convierte al trabajador en un esclavo, lo exprime y cuando ya no lo puede exprimir más, lo expulsa y lo abandona, porque no tienen privilegios, no tienen seguridad social", indicó el presidente Chávez y remarcó que con el Socialismo del Siglo XXI, el trabajador cuenta con sus beneficios y será considerado como un hombre digno. En la actividad lo acompañó el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet.
"Necesitamos que te conviertas en un maestro de la creación del nuevo sistema socialista y cuando ya tengas que pasar a retiro, tendrás tu reconocimiento, pensión y jubilación digna como hombre digno que eres", le refirió Chávez a uno de los trabajadores con los que recorría el complejo petrolero en el lago de Maracaibo.
En declaraciones a TeleSUR vía telefónica, Chávez precisó que la toma de control de las Operaciones Petroleras Acuáticas en el Lago de Maracaibo representa "un acto de liberación construyendo el socialismo con los trabajadores".
"Todos estos espacios son del pueblo, estamos liberándolos del dominio del capitalismo, estamos recuperando progresivamente los eslabones (...) Recuperamos primero la médula y ahora las actividades que son estratégicas, conexas pero estratégicas, lo que no significa que sean secundarias", explicó el presidente venezolano.
El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, remarcó que todos los trabajadores vinculados con las empresas sujetas a la Ley pasan a formar parte de la industria petrolera, a través de un proceso de absorción. Se busca además que la medida reduzca el alto grado de conflictividad generado por el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las contratistas privados.
“Mientras otras empresas petroleras en el mundo cancelan proyectos y despiden gente, nosotros no vamos a hacer ni lo uno ni lo otro”, indicó el ministro Ramírez, citado por la agencia IPS. Pdvsa emprendió una enorme rebaja en sus costos y gastos para este año, de 17.000 a 6.000 millones de dólares. Se busca así sostener con 14.000 millones de dólares el presupuesto de inversión en desarrollo y exploración de nuevos yacimientos.
Las actividades que ahora serán gestionadas desde el Estado son la inyección de agua, de vapor o de gas que mejoran la energía de los yacimientos; la compresión del gas; las actividades en el lago de Maracaibo, como lanchas para el transporte de personal, buzos y mantenimiento y otras como las barcazas con grúas para transporte de materiales; la producción de agua industrial y otros insumos.
Sólo en el lago de Maracaibo se nacionalizaron 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras (barcazas planas), 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzos, cinco diques de astilleros y 13 talleres.
Con la sanción de la ley se inicia el estudio para determinar cuánto pagará el Estado a las empresas expropiadas. La ley establece que "para el cálculo del justiprecio de los bienes (...) se aplicará el valor en libro y se deducirán los pasivos laborales y ambientales determinados por las autoridades competentes".
En Caracas, el diario El Nacional aseguró que una de las empresas que se retirarán del negocio de los servicios anexos al petróleo es la británica John Wood Group, que tiene el 49,5% de la acciones en la firma Servicios de Ingeniería Mantenimiento, Construcción y Operaciones (Simco) que gozaba de un contrato por 800 millones de dólares a 16 años para el tratamiento e inyección de agua en los yacimientos del Lago de Maracaibo.
El ministro Ramírez informó que desde las 12 de la noche del jueves “los trabajadores se abocaron a controlar todas nuestras instalaciones, y a las 6 de la mañana de este viernes tuvimos el primer reporte de que están bajo el control del Estado revolucionario más del 85 por ciento de las instalaciones y las actividades”, comprendidas en la ley que se acababa de sancionar.
“Con el apoyo de nuestro componente militar pudimos detectar que las empresas querían evadir la ley llevándose de nuestro territorio remolcadores y lanchas. En consecuencia actuamos de manera efectiva con la cooperación de nuestra Guarnición Militar y nuestros trabajadores”, comentó Ramírez.
La toma de control de los servicios conexos ya comenzó en otros estados de Venezuela. En el oriente, Pdvsa asumió la dirección de una planta inyectora de gas.
En la sala sólo había 27 parlamentarios, pero la prensa no lo dice
Latinoamerica / Giornalismo Partecipativo
| Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti |
Al abrir el pasado 8 de mayo El País, periódico del que nuestros cotidianos suelen copiar la información latinoamericana, se encuentra un artículo largo y ufano. El Parlamento Europeo, como si fuera un tribunal, ha condenado a Venezuela en términos sin precedentes. Mediante un entrecomillado se informa de que ha expresado su “enorme preocupación por el deterioro de la calidad de la democracia en Venezuela”, la cual corre “un grave peligro de colapso” debido a la “concentración de poder y autoritarismo creciente del presidente Hugo Chávez”. Además, el Parlamento Europeo -cosa inaudita bien mirada- muestra solidaridad con los jefes de la oposición que sufren persecuciones políticas. Continúa el artículo copiando y tratando con aprobación gran parte de la resolución del Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que no marcha en esta resolución? ¿Qué esconde la multinacional Prisa, que edita el diario español?
Lo que El País esconde no se encuentra ni aun buscándolo con lupa, y sin embargo representa un clarísimo caso de desinformación: esa resolución se aprobó en un aula desierta en la que había tan solo 27 parlamentarios de 785, el 3% del total. No sólo: El País elude que los 27 votantes pertenecen a grupos de derecha y extrema derecha y que el 97% de los eurodiputados de derecha, centro e izquierda (758 frente a 27) ningunearon una resolución cuyo contenido, según un documento, revela “un claro ensañamiento” antivenezolano y un “lenguaje capciosamente destructivo”. En una palabra: basura que, sin embargo, juega a favor del grupo Prisa, que desde hace años opera como punta de lanza de las multinacionales ibéricas.
En cualquier caso, cabe leer la noticia de otro modo: el 97% de los europarlamentarios rechaza condenar a Venezuela. Además es singular el hecho de que El País, periódico que apoya en España al PSOE (partido socialista en el gobierno), ponga tanto empeño e interés en una resolución que ningún parlamentario del PSE (Partido Socialista Europeo) ha tenido el valor de votar por lo impresentable.
El caso que ha originado la resolución votada por neofascistas y afines europeos y que tanto ha gustado a El País es, no obstante, muy importante. Se trata del caso Manuel Rosales, candidato presidencial en 2006 contra Hugo Chávez y antiguo alcalde de Maracaibo y gobernador del Estado de Zulia, el cual, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, se proclamó perseguido político y pidió y obtuvo asilo en Perú, donde gobierna Alán García, íntimo amigo del ex-presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (y de Bettino Craxi), destituido a su vez por corrupción a principios de los 90. Quien escribe esto conoció brevemente a Manuel Rosales y lo describió como la expresión de una oposición madura que por primera vez se oponía a Chávez de modo no golpista.
Con todo, los innumerables casos de malversación de fondos públicos y de corrupción que han salpicado estos años a Rosales no pueden tacharse de persecución política. Lo que no dicen ni los parlamentarios de derecha y ultraderecha de Bruselas ni El País es que fue la propia Interpol quien calificó como plenamente justificada la solicitud de extradición para Rosales ya que no se deduce en su caso “ningún peligro de persecución política, racial, religiosa o militar”. Fue el presidente peruano, por propio interés, quien concedió el asilo sin que hubiera persecución alguna en acto, e impidiendo que la justicia venezolana concluyera su investigación sobre el sospechoso. La justicia venezolana está en el derecho de investigar a Rosales, que debería demostrar cómo fue que se enriqueció tan desmesuradamente en menos de diez años de ejercicio en la administración pública.
La verdad es bien distinta, y revela un punto débil, un callejón sin salida para el gobierno de Hugo Chávez. Si la magistratura ataca la corrupción acaba ocupándose sin remedio de los enormes enriquecimientos ilícitos de los últimos cincuenta años, que suelen implicar a personajes activos de la oposición, lo que a su vez da pie a que se acuse a la magistratura de querer perseguir a los opositores políticos. Ahora bien: si no lo hace -y en los últimos años ha hecho demasiado poco- jamás se extirpará la lacra de la corrupción endémica. Pero no se esperen que eso se lo cuente El País.
http://www.giannimina-latinoamerica.it/visualizzaNotizia.php?idnotizia=236
No comments:
Post a Comment