MÉXICO, D.F., 19 de enero (apro).- En desacato al derecho constitucional de tránsito y al propio título de concesión otorgado de por sí con irregularidades, el gobierno de Felipe Calderón privatizó 28 kilómetros de una autopista federal en Jalisco, para beneficiar a una empresa vinculada a prominentes panistas, lo que ha movilizado a la sociedad de la región que lo considera un “atraco”.
Se trata de la carretera Barra de Navidad-Tampico, con casi cuatro siglos de antigüedad, en cuyo tramo San Juan de los Lagos-Lagos de Moreno, de 28 kilómetros, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó a la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO) instalar una caseta para cobrar 47 pesos a cada uno de los miles de vehículos que usan esa vía.
La decisión ha enfurecido a la población alteña no sólo porque perjudica a toda la región por los impactos en todas las actividades productivas, sino también por los efectos nocivos en los más de seis millones de peregrinos que anualmente visitan San Juan de los Lagos, el segundo santuario religioso más importante de México.
“No permitiremos esta arbitrariedad”, advirtieron los afectados en un desplegado que se publicó en el diario capitalino Excelsior, el jueves 7, que unió a diez alcaldes, diputados locales y federales de todos los partidos, así como representantes de los sectores productivos y la Iglesia católica, que condenaron tal privatización por la “afectación sin precedentes en nuestras vías de comunicación, al turismo, a nuestra economía y a nuestra dignidad”.
Apenas el martes 12, una comisión de autoridades y productores alteños, que incluyó al rector del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, Roberto Castelán, se reunieron en la Ciudad de México con Oscar de Buen, subsecretario de Infraestructura de la SCT, a quien le advirtieron de la irritación de los habitantes y de un conflicto que ponía en riesgo el tejido social.
“Se hizo hincapié en que hay mucha molestia entre los habitantes de la región y se pueden empezar a tomar acciones enérgicas, como paros y bloqueos de carreteras, los cuales van a generar un conflicto social, una ruptura del tejido social”, narró Castelán.
Justo cuando estaba en curso la organización de acciones de resistencia civil pacífica, en protesta por “el atropello” a la sociedad alteña, la SCT en Jalisco emitió la noche del jueves 15 un comunicado de dos párrafos para dar a conocer que, “por el momento”, no se instalará la caseta de cobro que se tenía previsto comenzaría a funcionar este 15 de enero.
El comunicado expone que la secretaría que encabeza Juan Molinar analizó la solicitud de RCO y que sus áreas técnicas “evaluaron sus ventajas y desventajas, y han concluido que, por el momento, no existen condiciones para instrumentar en su totalidad el esquema de operación planteado por la empresa”.
Tráfico de influencias
Pero al margen de tal decisión, que mantiene en alerta a la población de los más de diez municipios de los Altos de Jalisco, porque la propia SCT aclara que es sólo “por el momento”, la latente privatización de esa autopista federal ha dejado al descubierto un contubernio de la empresa con el gobierno de Calderón y prominentes figuras del Partido Acción Nacional (PAN).
Uno de ellos es el director de la empresa constituida por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la estadounidense Goldman Sach Infraestructure Partners, Demetrio Sodi Cortés, hijo de Demetrio Sodi de la Tijera, delegado panista en Miguel Hidalgo y excandidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2006, a cuyo cargo se prevé que se postule en 2012.
Otro es el apoderado legal de RCO, Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y amigo de Calderón desde que éste era estudiante de la Escuela Libre de Derecho.
Fue justamente Sodi el que nombró representante legal a Becerra Pocoroba, el 24 de junio de 2009, menos de dos semanas antes de las elecciones del 5 de julio, y tal nombramiento se formalizó ante el Registro Público de la Propiedad el 20 de julio, ya siendo diputado plurinominal electo del PAN.
Esta información sorprendió al diputado local del PAN, José Luis Treviño, quien firmó como responsable del comunicado de repudio a la privatización de la autopista Lagos-San Juan de los Lagos.
“No lo sabía, pero es impropio y lamentable. Independientemente de eso, esperamos que el gobierno federal sea sensible ante la inconformidad de los habitantes de los Altos”, dijo al reportero antes de que la SCT diera a conocer la suspensión de la caseta de cobro.
El legislador del PAN reconoció que la participación de Becerra Pocoroba en la empresa concesionaria se suma a que el director de ésta es el hijo de Demetrio Sodi, jefe delegacional en Miguel Hidalgo:
“Yo mismo hice un reclamo. Si bien Sodi dice que es apartidista, a nosotros nos afecta, porque su papá es un connotado miembro del PAN y jefe delegacional. Nos hace daño al partido.”
--¿También que Becerra Pocoroba sea apoderado legal de la empresa?
--Claro, esto no hace más que entrar en suspicacias. Por eso es importante que se transparenten las cosas.
Al respecto, el diputado federal Erique Ibarra, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y coordinador en Jalisco del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, dice que la participación de Becerra Pocoroba en la empresa concesionaria explica la actitud silente de este legislador del PAN cuando él presentó, en la Comisión Permanente del Congreso, un punto de acuerdo para que se cancelara la caseta de cobro.
“Con razón se quedó callado cuando hablé en la Comisión Permanente, porque evidentemente hay tráfico de influencias”, dice Ibarra, quien expone que Sodi mismo se ha ufanado de tener las mejores relaciones con Juan Molinar y en todo el PAN, un esquema que ha hecho mucho daño al país.
“El esquemita es grotesco y vulgar. Es una voracidad obscena”, define el diputado federal, quien en tribuna expuso que la concesión otorgada por el gobierno de Calderón a la empresa RCO incumplió la Ley de Caminos, Puentes y Auto Transporte Federal que, en su artículo 30, establece que la SCT podrá otorgar concesiones no mayores a 20 años y no 30 como lo hizo.
Pero, además, en la concesión que otorgó la SCT a RCO queda muy claro que el tramo carretero concesionado para la explotación, operación y conservación de esa autopista va desde Zapotlanejo hasta el punto conocido como El Desperdicio. “Es decir, nunca se concesionó para su explotación, operación y conservación, el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.”
Además, expuso, si se privatiza ese tramo, los automovilistas no tendrían ruta alterna para transitar entre ambas sin costo alguno. Es de explorado derecho, que para que exista una autopista de peaje, antes debe haber una vía de tránsito público, es decir, gratuito.
“Por ello, es totalmente ilegal el establecimiento de una caseta de cobro en este tramo carretero, que existe desde hace mas de 50 años. Por todo ello y, porque además de vulnerar el artículo 11 constitucional, que garantiza la libertad de tránsito y el artículo, 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto Transportes Federal, resulta contrario al interés general el que una vía construida con recursos públicos desde hace tantos años, se entregue a la voracidad de los negocios particulares.
“De consumarse la ilegal instalación de la caseta de cobro en El Desperdicio, además de violar los derechos y las garantías individuales de miles de mexicanos que transitan diariamente por esa vía, significaría un severo golpe a su economía y a las actividades productivas y comerciales en esa importante región del país”, advirtió.
El punto de acuerdo fue suscrito por el panista Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y presidente de la Cámara de Diputados, y diputados priistas de Jalisco, como la del Distrito 2, Olivia Guillén, una postura que han asumido todos los partidos en la región a raíz de la indignación ciudadana.
“Esto ha servido para unir a todos los sectores de la sociedad, incluidos los líderes religiosos, porque al año hay 8 millones de peregrinos, y la empresa obtuvo el año pasado más de 730 millones de pesos de ganancias”, argumenta el panista Treviño Rodríguez.
Igual que él, el rector Castelán dice que en la reunión con el subsecretario de Buen quedó claro que existen indignación y él mismo tuvo que reconocer que no se autorizaría la caseta de cobro si la población no estaba de acuerdo.
“Fue fructífera en el sentido de que el subsecretario sí se dio cuenta de que hay un riesgo, porque se lo dijimos varias veces varios de nosotros, de que hay un riesgo de ruptura del tejido social en la zona donde todos estamos trabajando con mucha tranquilidad”, expone.
En coincidencia con el panista, narra: “Hasta en broma dijimos que nuestros pleitos eran internos, que estábamos muy a gusto peleándonos entre nosotros y ahora nos unieron completamente en contra de la SCT. Y como le dijo inclusive un panista: Esta es una muy mala nota para el gobierno de Felipe Calderón.”
Triunfo de la sociedad
Treviño, quien dice que “no es justo que después del incremento de la gasolina quieran cargarle más la mano a la gente” de la región, dice que el propio Molinar le aseguró que no se autorizaría la caseta de cobro si había inconformidad. “Que es una intención de la empresa, que la están valorando y si hay un rechazo de la población no se va a colocar.”
--¿Ese compromiso es de Juan Molinar?
--Así es. Y por supuesto es algo que aprecio, porque de lo que se trata es evitar exasperar el ánimo y que se pueda generar un caldo de cultivo en el cual el tejido social se deteriore más y se manifieste.
“La Universidad de Guadalajara es muy combativa, a través de Roberto Castelán, y están incitando a los jóvenes. Yo creo que podemos caminar por la vía del diálogo, incluso la resistencia civil pacífica, pero es necesario si hay sensibilidad de parte de la autoridad.”
--¿Habrá acciones de resistencia civil?
--Es lo que creo que han manifestado a través de los líderes universitarios. No tenemos necesidad de llegar a eso si se lleva a cabo una consulta ciudadana o simplemente la SCT se manifiesta rechazando la posibilidad de que se instale esta caseta.
Así fue, pero los líderes políticos no quieren bajar la guardia, sobre todo porque en el comunicado quedó ambiguo si se cancela o sólo se pospone el proyecto de instalar la caseta de cobro.
En una conferencia de prensa conjunta, la mañana del viernes, en Lagos de Moreno, el alcalde de este municipio, el priista José Brizuela, la diputada priista Olivia Guillén, así como los diputados Treviño, Francisco Marmolejo y Abelardo Lara, del PAN, y el regidor del PRD Benito Ramírez, afirmaron que la suspensión es un triunfo de la sociedad jalisciense
“Todos los participantes coincidimos en que la decisión de la SCT de no otorgarle la concesión a la ICA para establecer la caseta de cobro en el tramo San Juan de Los Lagos-Lagos de Moreno fue un triunfo de la sociedad y de las diversas expresiones productivas, académicas, estudiantiles, empresariales y eclesiásticas de la región alteña, que se unificaron para protestar ante el gobierno federal”, dijo Ibarra.
“Además, el impedimento de la privatización de la carretera es una muestra de que, cuando la comunidad se organiza y lucha por una causa, se logran resultados positivos.”
Pero advierte: “De mi parte insistí, y todos coincidimos, que me llama la atención que en el comunicado de prensa de ayer de la SCT se habla de ‘por el momento no se otorga la concesión a la empresa’, por lo que estaremos atentos a que la misma no intente nuevamente retomar el asunto de la caseta de cobro.”
jpa
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