La CIA, la ODCA y Calderón

Carlos Fazio

El pasado 13 de marzo, en La Habana, los cancilleres de México y Cuba abrieron una nueva fase en la relación bilateral signada, dijeron, por una “confianza renovada” y el apego a las normas del derecho internacional. Un día después, como parte de una “diplomacia paralela” a la del régimen de Felipe Calderón, el mexicano Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), inauguraba en San José de Costa Rica el foro “Solidaridad latinoamericana al encuentro de Cuba”. Al término del mismo, los participantes –entre quienes figuraba el ex presidente Vicente Fox– emitieron una declaración en la que pedían permiso a las autoridades cubanas para que una delegación de la ODCA viajara a la isla a entrevistarse con el presidente Raúl Castro, la oposición y la disidencia interna, a fin de promover “una transición política y pacífica” que permita establecer “una economía social de mercado” en Cuba. En el documento de 26 puntos destacaban las habituales demandas vinculadas con los derechos humanos y el libre acceso a “los medios modernos de comunicación, información y nuevas tecnologías”.

Aunque el Directorio Democrático Cubano (DDC), miembro de la ODCA, se desmarcó parcialmente de la Declaración de San José, cabe recordar que sus principales dirigentes, Orlando Gutiérrez y Javier de Céspedes –con el copatrocinio de José María Aznar y la fundación alemana Konrad Adenauer–, abonaron el camino de Fox a la copresidencia de la Internacional Demócrata de Centro (IDC, la antigua Internacional Demócrata Cristiana) y el de Espino a la ODCA, su filial americana.

Creado por la Agencia Central de Inteligencia a comienzos de los años 90 como una organización pantalla para desarrollar actividades hostiles y subversivas contra Cuba, en los últimos años el DDC, uno de los principales grupos de la mafia de Miami, buscó y logró penetrar a la ODCA de Espino y Fox, logrando afianzar una base en México para tales fines.

Desde su surgimiento, el DDC ha sido subvencionado con fondos de los contribuyentes estadunidenses a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, que depende del Departamento de Estado), la National Endowment for Democracy (NED) y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Entre las actividades encomendadas por la CIA a esa organización figuran la fabricación y distribución de propaganda contra Cuba mediante artículos y publicaciones, y organizar seminarios y conferencias en diferentes universidades de Europa y América Latina.

En mayo, forzada por la Oficina de Auditoría del gobierno de Estados Unidos (GAO) a medio transparentar la distribución de los 45 millones de dólares asignados por la administración de Bush para los planes de desestabilización de Cuba durante 2008, la AID reunió a un grupo de organizaciones no gubernamentales afines y acordó promover el envío secreto de material electrónico a la isla a través de “intermediarios” latinoamericanos y europeos, para realizar el trabajo sucio que Washington no puede hacer legalmente.

El jefe para América Latina de la AID, José Cárdenas, ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, subrayó ahí la necesidad de introducir a Cuba, en “forma clandestina”, panfletos de propaganda, celulares y equipos de comunicación modernos, computadoras y softwares incluidos. Ante el carácter secreto de la misión, Elaine Grigsby, directora del llamado Proyecto Cuba de la AID, garantizó que si existieran solicitudes de desclasificación de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información, la AID “sólo emitiría un resumen general” y mantendría en secreto los detalles de los programas de cada ONG.

Clara Davis, de la agencia del Departamento de Estado que monitorea los intercambios con Cuba, propuso utilizar las llamadas “licencias humanitarias” para la infiltración de agentes a la isla bajo la cobertura de proyectos vinculados con salud pública, medio ambiente e iniciativas específicas.

La búsqueda de agentes encubiertos extranjeros se intensifica ante las crecientes dificultades que encuentran los diplomáticos de la Sección de Intereses Norteamericana en La Habana (SINA, por sus siglas en inglés) y su jefe, Michael Parmly, para la promoción del terrorismo y la subversión en Cuba.

El 18 y 19 de mayo, la seguridad del Estado exhibió en la televisión cubana videos que comprueban la complicidad de Parmly y otros funcionarios de la misión de Estados Unidos en Cuba, con el terrorista Santiago Álvarez, cuyo dossier fue difundido por la Interpol con alerta roja. Actualmente, Parmly está preso en Miami, acusado por el FBI de la tenencia ilegal de un cuantioso arsenal (ametralladoras, rifles, explosivos C-4, dinamita, detonadores, munición y un lanzagranadas, según el Miami Herald).

Con un frondoso prontuario, Álvarez, quien condujo en el barco Santrina al terrorista confeso Luis Posada Carriles, autor del crimen de Barbados, en su fuga desde México a Estados Unidos hace un par de años, dirige desde la cárcel la fundación Rescate Jurídico, que por medio de la SINA canaliza fondos a mercenarios proanexionistas residentes en la isla. Parmly fue exhibido como una vulgar “mula” de Álvarez en el trasiego de fondos para la subversión en la isla, en contravención de los acuerdos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, y del artículo 41 de la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas.

El viernes 13, en Madrid, Felipe Calderón alentó una “nueva aurora” en términos de derechos humanos y democracia en Cuba. México, vía la ODCA de Fox y Espino, se ha convertido en una guarida de mercenarios y terroristas patrocinados por el Directorio Democrático Cubano. La agenda de la ODCA es la misma de la AID y la CIA. De allí la duda: ¿diplomacia paralela la de Fox-Espino o complementaria de la calderonista?