■ Frenará crímenes vía telefonía celular

Reclama el Senado que se congele la ley Malova

Andrea Becerril

La reforma que establece las medidas dirigidas a impedir la utilización de la telefonía celular para extorsionar, chantajear, negociar secuestros y otros ilícitos, fue aprobada por unanimidad en el Senado el pasado mes de septiembre y ahora está congelada en la Cámara de Diputados, por lo que la bancada que encabeza Manlio Fabio Beltrones pidió a la colegisladora no demorar más su dictamen y votación.

El autor de la iniciativa, el senador del PRI, Mario López Valdez, expresó que sería lamentable que las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y otros ordenamientos, que impedirían el uso de teléfonos celulares para delinquir, sean congelados en San Lázaro.

La minuta fue criticada el martes pasado por una asociación civil durante una reunión con legisladores del PRI, en la cual se argumentó que se trata de una ley incompleta porque no contempla la geolocalización de las llamadas, es decir la ubicación del usuario que haga mal uso de la línea celular.

En entrevista, el senador López Valdez respondió que ello es falso, ya que la reforma establece esa obligación para los concesionarios, y otras adicionales, como es que todas las llamadas y mensajes entrantes y salientes deban ser guardados durante un año por la compañía telefónica.

“No se van a grabar las llamadas, pero los concesionarios deberán informar a las autoridades judiciales a qué teléfono se llamó, cuánto duró la llamada y el mensaje transmitido, en el caso de investigaciones por extorsión, secuestro e incluso del robo de los aparatos.”

Detalló que, contra lo expresado por los dirigentes de la asociación civil, en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se establece que el concesionario deberá informar de la “ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas”.

La minuta que está en la Cámara de Diputados puede aprobarse en sus términos, toda vez que, recalcó, “cumple con el objetivo central de llevar un control de telefonía móvil, de que tengan identidad quienes usan esos teléfonos y que el concesionario esté obligado a dar a la autoridad, mediante orden judicial, la información de quién es el propietario y dónde está ubicado físicamente, por si en ese momento está delinquiendo”.

Vacío jurídico

De todas formas, dijo, analizará los planteamientos y adiciones para revisar con técnicos en telecomunicaciones y con los propios concesionarios si es factible que se puedan incorporar a la ley.

Se trata, agregó, de una reforma que incluye muchos de los puntos contenidos en el pacto para la legalidad que signaron todos los sectores luego del secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí.

Insistió: “Sería lamentable que se frenara en la Cámara de Diputados un ordenamiento que llena un vacío jurídico, que ha sido utilizado por el crimen organizado para dañar a los ciudadanos. No quisiera pensar que esto pudiera ser producto del cabildeo de algunas gentes interesadas en que la ley no transite”.

No quiso dar nombres: “No puedo señalar a nadie en particular, pero una iniciativa tan generosa, que protege a la sociedad de la delincuencia, no tiene por qué encontrársele peros, y menos detenerla”.

Al respecto, el coordinador Beltrones dijo que pedirá que la Cámara de Diputados apruebe esa minuta, conocida como ley Malova, acrónimo formado por las primeras letras del nombre y apellidos del promotor de la iniciativa, el senador Mario López Valdez.