MÉXICO, D.F., 16 de febrero (apro).- ¿De qué manera explicarán los diputados y senadores que aprobaron exentar hasta por 5 mil 600 millones de pesos por el pago de derechos a los “nuevos jugadores” de la telefonía celular, cuando Televisa ya oficializó que cuenta con casi mil 500 millones de dólares para comprar 30% de la compañía telefónica Nextel si ganan la polémica licitación de la banda 1.7 Ghz, ideal para los servicios de cuádruple play (video, audio, Internet y telefonía)?
El contraste entre los argumentos que se esgrimieron para justificar un privilegio fiscal de ese tamaño y la soberbia de Televisa para doblegar al Congreso, a la Comisión Federal de Competencia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y mandarle el mensaje a la Cofetel de que esa nueva banda será suya, sólo confirma lo que no han querido ver los organismos reguladores: la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean actúa como monopolio, condiciona como monopolio, presume como monopolio, intimida como monopolio, pero no se le reconoce esta condición. Incluso, reclama subsidios fiscales.
El problema fundamental es que en medio de la peor crisis financiera y económica del país, el Estado mexicano decidió exentar a Televisa y a su socio Nextel del pago de derechos por el usufructo de un bien público que es el espectro para la telefonía celular.
Se dijo una y otra vez que el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos no tenía “ninguna dedicatoria”, y hasta Televisa publicó un desplegado para desmentir a los diputados Javier Corral, Armando Ríos Peter, José Narro y a la mitad de la bancada del PAN en el Senado, encabezada por Santiago Creel, que criticaron una medida de esta naturaleza.
Ahora queda muy claro que se trata no sólo de subsidiar a un monopolio en televisión abierta, sino de subsidiar su ingreso al mercado de la telefonía móvil.
Un ejemplo de esta situación es la autorización en un tiempo récord que le otorgaron los integrantes de la Comisión Federal de Competencia a Televisa para adquirir 30% de la compañía Nextel-México, bajo el argumento de que “implica la asociación de dos empresas enfocadas a mercados distintos”, que no generará prácticas monopólicas.
El organismo que encabeza Eduardo Pérez Motta simplemente no tomó en cuenta que para analizar los nuevos mercados convergentes (telecomunicaciones y medios electrónicos) es importante tomar en cuenta la condición monopólica de Televisa en materia de publicidad y de producción y distribución de contenidos audiovisuales.
Televisa posee 68% de las concesiones en materia de televisión abierta, concentra 75% de la publicidad en medios electrónicos, tiene cuatro “canales espejo” que el Estado le otorgó sin pago alguno hasta el 2021, y ha frenado la posibilidad de que exista una competencia real en esa materia.
También controla ya más de 55% del mercado de la televisión restringida –a través de Cablevisión y sus socias Cablemás, TVI y Megacable--, impone sus condiciones para cumplir con las reglas del must carrier y el must offer, pero esa situación parece no ser una práctica preocupante para el futuro de la convergencia tecnológica.
Por si esto no bastara, Televisa tiene 130 permisos para centros de apuestas, posee 25% de una empresa de aviación, controla las agencias publicitarias, el mercado discográfico, la industria del espectáculo, el futbol profesional y no tiene rival en su estrategia de mercadotecnia política.
El artífice de esta expansión de Televisa hacia el mercado de telecomunicaciones –antes reservado al monopolio de Telmex-- es su vicepresidente de Finanzas, Alfonso de Angoitia.
El lunes 15 de febrero, en rueda de prensa telefónica, De Angoitia confirmó lo que sus competidores Iusacell y MVS han documentado en sus demandas de amparo en contra de la licitación de la banda 1.7 Ghz: Televisa considera que esta concesión le corresponde.
De Angoitia afirmó que la adquisición de 30% de Nextel México, con posibilidad de incrementarla 7.5% más, “está sujeta a la condición de que ganemos la licitación y a que Nextel tenga frecuencias para ampliar sus servicios. Entonces, si no fuera exitosa la propuesta que vamos a presentar en la licitación, no haríamos ya el negocio, y quedaríamos las dos partes libres a partir de ahí”.
En otras palabras, si la licitación no es para la sociedad Nextel-Televisa, el multicitado anuncio de la adquisición es puro aire. Sin embargo, De Angoitia no admitió –quizá porque nadie se lo preguntó-- que las bases de la licitación que emitió la Cofetel están claramente direccionadas para que el consorcio formado por la televisora mexicana y la telefónica de origen estadunidense se quede hasta con 80 Mhz de la banda 1.7Ghz.
Ninguno de sus otros competidores –Iusacell, Telcel, MVS o Telefónica-- puede aspirar a la mayor parte de este pastel.
Estamos ante el surgimiento de un ‘megapoder’, tal como lo señaló Proceso en su edición de esta semana: unos legisladores que le garantizan privilegios fiscales, una Secretaría de Hacienda que cabildea a su favor, un órgano regulador de antimonopolios que simplemente no ve lo que para todos es un hecho –el predominio absoluto de Televisa en las concesiones--, una Cofetel que emite bases favorables para los intereses del consorcio y una clase política intimidada y desesperada por aparecer en la pantalla del monopolio para que no veten sus aspiraciones y la fantasía de algunos intelectuales que pretenden encontrarle, ahora sí, bondades a una compañía que siempre ha actuado monopólicamente.
El asunto no es de maquillaje o de crear canales como Foro TV para lavarse la cara ante un sector crítico.
El fondo del asunto es de estructura de poder. Mientras no se democraticen los contenidos, concesiones y telecomunicaciones, el ‘megapoder’ seguirá absorbiendo lo que quiera, incluyendo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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