¡Juárez no resiste más!

Marcela Turati

Ciudad JUÁREZ, CHIH.- Después de su intervención en el encuentro Todos Somos Juárez, Hugo Almada, el académico local encargado de expresar ante Felipe Calderón y su gabinete el rechazo social a su estrategia policiaco-militar de combate al narco y las propuestas ciudadanas en esa materia, se sintió entre esperanzado y temeroso.

Esperanzado, porque percibió que, en ese evento del miércoles 17, por primera vez el presidente tomó nota de la opinión de los juarenses sobre su operativo que ha tenido un “alto costo ciudadano”; temeroso, porque entendió que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, persiste en mantener el “despliegue territorial” de uniformados armados que ha sido rechazado por la ciudadanía.

El temor de Almada era compartido por los comerciantes, médicos, empresarios, ciudadanos y sus colegas de la Mesa de Seguridad convocados por Calderón después de la matanza, el 30 de enero pasado, de 15 jóvenes en la colonia Salvárcar, para adicionar propuestas al plan de reconstrucción de la ciudad.

El lunes 15, dos días antes del acto donde Almada y sus compañeros expusieron sus conclusiones al presidente, se reunieron con García Luna, quien les presentó como propuesta de acción la misma fórmula del Operativo Conjunto Chihuahua, que se viene aplicando desde 2008 en Juárez y que en vez de contener la violencia la ha disparado.

Ese día, García Luna anunció que a la ciudad, ya de por sí militarizada, llegarían 2 mil 600 nuevos policías, de los cuales 400 se dedicarán a investigar el secuestro y la extorsión. También dijo que la estrategia será revisar los giros negros y detener autos sin placas, que en esta frontera suman entre 50 y 70 mil, para verificar si a bordo viajan sicarios.

Sin embargo, los asistentes al encuentro le informaron que un decreto de la federación impide legalizar ese tipo de autos, lo que contribuye a la aumentar la inseguridad.

Almada, exasperado, le dijo a García Luna: “Después de todos los interrogatorios que ha realizado el Ejército de muy diversas maneras, ¿ustedes no tienen información suficiente para operar, señor secretario? Tenemos que plantearle con claridad y con toda la fuerza necesaria que el operativo fracasó y no tiene posibilidades de éxito. ¡Ciudad Juárez no resiste más!”.

Asimismo, un líder de licoreros también advirtió al visitante sobre la corrupción de sus policías y le entregó los números de las placas de las patrullas de la Policía Federal que extorsionan a los comerciantes.

Y dos días después de la reunión con García Luna, ante Calderón, la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano, de plano prefirió denunciar ante el presidente el secuestro de varios colegas suyos. La doctora interrumpió la presentación del plan Todos Somos Juárez:

“Todos los planes son excelentes, pero si no resolvemos lo urgente, las extorsiones, los secuestros, no vamos a lograr nada porque seguimos en el terror”. Le dijo también que estaba asustada porque en la ciudad es secuestrado un médico por semana…

García Luna la citó en el lobby después del encuentro y le dijo:

–Páseme los nombres de los afectados para poder investigar.

–No puedo… Hay mucho miedo, tengo que preguntarles a las familias...

–¿Cómo podemos investigar si no hacen las denuncia?

–Primero presente una banda de secuestradores, dé una señal –contestó la doctora, quien desconfía de la efectividad del grupo antisecuestros y, como los demás juarenses, ya dejó de utilizar las líneas 066 y 089 para pedir ayuda.

Regaños al por mayor

García Luna no fue el primer funcionario federal regañado en Juárez. Una semana antes, la actriz y activista Perla de la Rosa encaró al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando llegó a la ciudad en representación del presidente, dos días después de la matanza de los 15 estudiantes. De la Rosa expuso: “Usted no viene aquí a regañarnos, viene en calidad de regañado”.

Luego vendría el regaño de la señora Luz María Dávila, mamá de dos de los jóvenes ejecutados, al presidente de la República, a quien el jueves 11 le dijo que no era bienvenido en Juárez. Su reclamo fue transmitido en vivo por televisión. En esa misma conferencia los juarenses increparon al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, por haber dejado cinco meses vacante la delegación estatal de su dependencia.

Una vez que escuchó el malestar de una sociedad que lo percibe como el presidente que empeoró la crisis de seguridad –desde el arribo de 10 mil policías y soldados para combatir a los cárteles de la droga, la ciudad pasó de 300 asesinatos al año a 2 mil 700–, Calderón instruyó a sus secretarios para que se reunieran con los ciudadanos, organizados por mesas de trabajo, y escucharan sus propuestas.

Pero, en la Mesa de Seguridad, García Luna dejó mala impresión: “No han agarrado a ningún lavador de dinero”, le dijo el doctor Arturo Valenzuela, en representación de su gremio; “los policías de inteligencia ni se ven ni se sienten; aunque los familiares de los muertos señalen a los culpables, las autoridades no hacen caso; nos entregó una propuesta de más de lo mismo”, soltó Miguel Galindo, presidente de la Central de Abastos.

Días después, ya en la reunión del miércoles 17 con Calderón, Almada planteó que la causa central del problema es la corrupción de las policías, que urgen 200 policías de investigación porque la procuraduría estatal está colapsada, que se requiere un mando civil único al frente del operativo que tenga respeto por los derechos humanos, el restablecimiento del estado de derecho y acciones contra los lavadores de dinero y dirigentes de los cárteles.

“Veo un riesgo en la posición de la SSP, porque el secretario claramente trató de evadir la reflexión y ver propuestas puntuales. La sensación es que viene más de lo mismo, aunque en el evento de hoy observamos una comprensión diferente del presidente, un acuse de recibo, lo que es esperanzador”, expresó Almada al salir del encuentro.

En la reunión se hicieron notorias las peleas al interior del gabinete. Además, llamó la atención que la comisionada de la Secretaría de Gobernación, Laura Carrera, se sentara al fondo del salón, y que sus interlocutores, los de la Mesa de Derechos Humanos, quienes manifestaban las posturas más críticas por los excesos cometidos por el Ejército y la policía, fueran excluidos del encuentro. Durante 2009, Carrera fue el enlace entre la federación y los juarenses, y armó con el alcalde José Reyes Ferriz el llamado Plan de Intervención por Juárez.

Uno de los funcionarios asistentes dijo a Proceso que el Gabinete Social de Presidencia pasó a la Sedesol la coordinación del plan diseñado por Gobernación para Juárez, y que en la rebatinga entre las dos dependencias fue cancelado.

Lo que ofreció el presidente fueron pedazos del Programa de Intervención prometido que, entre otros aspectos, contenía el modelo aplicado en la ciudad colombiana de Medellín para construir centros comunitarios de justicia y seguridad en las zonas más pobres. El tema de la impartición de justicia –empezando por el de los 15 jóvenes, la exigencia primera de varios colectivos ciudadanos para sentarse a dialogar en las mesas– quedó fuera.

El procurador Arturo Chávez Chávez fue emplazado por el presidente para que designara al delegado de la PGR en Chihuahua. El funcionario tuvo que admitir ante los periodistas que desconocía la oferta que al inicio del operativo se había hecho para equipar la ciudad con 200 ministerios públicos. Las otras mesas también tuvieron sus complicaciones.

Varios de sus participantes, entre ellos el activista José Luis Flores, se quejaron de que el esquema de trabajo fue dividido por programas sociales o dependencias y que con esa mecánica corre el riesgo de que la oferta gubernamental sea de pura pedacería y no aborde integralmente los problemas.

La promesa gubernamental de dotar de cobertura universal en salud a todos los juarenses y afiliar a 300 mil personas al Seguro Popular generó dudas entre la comunidad médica que consideró logísticamente imposible atender a tantos nuevos derechohabientes si no se construyen nuevos hospitales. Además de que, por la ola delictiva, en esta urbe escasean los médicos.

“Lo que se trajo sí ayuda a la ciudad, pero se hizo sin conocimiento de la realidad. ¿Dónde vamos a atender a 270 mil personas más en el Seguro Popular, si el Hospital General tiene 160 camas y ya está saturado, si el Hospital de la Mujer tiene 30, si desde hace 18 años se construye un hospital Infantil que no se ha terminado?”, manifestó el doctor Felipe Fornelli Lafon, coordinador de directores del municipio.

Por lo pronto, Calderón se comprometió a mostrar los primeros resultados en 10 y 100 días.

Proceso
22/02/2010