Lydia Cacho
El Universal
Lunes 15 de junio de 2009
Tengo un documento secreto de la Secretaría de Gobernación que revela una investigación acuciosa para determinar el grado de corrupción del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que controla los puestos fronterizos. En él aparecen fotografías y datos de empleados en puestos claves del INM que participan activamente en facilitar el negocio de tráfico y la trata de personas.
Lo cierto es que Gobernación no la tiene fácil, la estrategia de rotación del personal para evitar que sus agentes establezcan vínculos con las redes criminales no es efectiva, porque los traficantes y tratantes de mujeres para fines de explotación sexual en México no mantienen negocios aislados, son redes globales identificadas desde hace años por la PGR y SSP.
Estas redes pertenecen al crimen organizado, son disciplinadas y coordinadas. Llevan a cabo actos ilegales; tienen estructuras jerárquicas, intereses diversificados siempre compatibles con el mercado legal, en este caso la prostitución y los centros nocturnos, que pagan impuestos con permisos de ayuntamientos y de salubridad. Su meta es acumular capital y poder, así como promover el placer deshumanizado.
La industria del sexo no podría subsistir sin la participación activa del crimen organizado; pero tampoco sin la participación activa de agentes del Estado. El rescate en Yucatán de las jóvenes costarricenses víctimas de trata nos remite a las redes que desde hace años el periódico PorEsto! ha denunciado e investigado. Diversas víctimas han revelado la ruta Dominicana-Cuba-Chetumal-Cancún-Mérida-Monterrey. Siempre identifican a los agentes de migración coludidos y a los dueños de los prostíbulos y centros nocturnos. Lo más complejo para las autoridades que apenas dan visos de atacar la trata de mujeres en México, es llegar a las víctimas antes de que los funcionarios coludidos avisen a los tratantes y las muevan, amenacen o asesinen como sucedió, según el ex abogado del tratante Succar Kuri, con la niña de El Salvador.
Agentes del INM de Yucatán no sólo protegían a la red de tratantes, además eran usuarios del negocio. Qué bien que arresten e investiguen a los servidores públicos corruptos, pero lo que resulta inaceptable es que en los casos hasta hoy documentados, las y los tratantes se escapen o no sean arrestados.
Estas redes obtienen a las víctimas a través de engaños y extorsión, incluso contratadas como bailarinas acaban siendo esclavas privadas de su libertad como ilegales. Cada vez se documentan más casos de adolescentes secuestradas por tratantes. Las autoridades no podrán abatir este creciente delito mientras ignoren a los miles de prostíbulos y centros nocturnos que funcionan bajo el dulce amparo de la ley. Los servidores públicos corruptos son un eslabón de la cadena, pero mientras a todos los actores no se les analice estructuralmente, se quedará en nota roja. El mapa es claro, pero hasta ahora nadie quiere navegar esas aguas oscuras por los intereses económicos que oculta la política de la industria del sexo en México.
Lunes 15 de junio de 2009
Tengo un documento secreto de la Secretaría de Gobernación que revela una investigación acuciosa para determinar el grado de corrupción del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que controla los puestos fronterizos. En él aparecen fotografías y datos de empleados en puestos claves del INM que participan activamente en facilitar el negocio de tráfico y la trata de personas.
Lo cierto es que Gobernación no la tiene fácil, la estrategia de rotación del personal para evitar que sus agentes establezcan vínculos con las redes criminales no es efectiva, porque los traficantes y tratantes de mujeres para fines de explotación sexual en México no mantienen negocios aislados, son redes globales identificadas desde hace años por la PGR y SSP.
Estas redes pertenecen al crimen organizado, son disciplinadas y coordinadas. Llevan a cabo actos ilegales; tienen estructuras jerárquicas, intereses diversificados siempre compatibles con el mercado legal, en este caso la prostitución y los centros nocturnos, que pagan impuestos con permisos de ayuntamientos y de salubridad. Su meta es acumular capital y poder, así como promover el placer deshumanizado.
La industria del sexo no podría subsistir sin la participación activa del crimen organizado; pero tampoco sin la participación activa de agentes del Estado. El rescate en Yucatán de las jóvenes costarricenses víctimas de trata nos remite a las redes que desde hace años el periódico PorEsto! ha denunciado e investigado. Diversas víctimas han revelado la ruta Dominicana-Cuba-Chetumal-Cancún-Mérida-Monterrey. Siempre identifican a los agentes de migración coludidos y a los dueños de los prostíbulos y centros nocturnos. Lo más complejo para las autoridades que apenas dan visos de atacar la trata de mujeres en México, es llegar a las víctimas antes de que los funcionarios coludidos avisen a los tratantes y las muevan, amenacen o asesinen como sucedió, según el ex abogado del tratante Succar Kuri, con la niña de El Salvador.
Agentes del INM de Yucatán no sólo protegían a la red de tratantes, además eran usuarios del negocio. Qué bien que arresten e investiguen a los servidores públicos corruptos, pero lo que resulta inaceptable es que en los casos hasta hoy documentados, las y los tratantes se escapen o no sean arrestados.
Estas redes obtienen a las víctimas a través de engaños y extorsión, incluso contratadas como bailarinas acaban siendo esclavas privadas de su libertad como ilegales. Cada vez se documentan más casos de adolescentes secuestradas por tratantes. Las autoridades no podrán abatir este creciente delito mientras ignoren a los miles de prostíbulos y centros nocturnos que funcionan bajo el dulce amparo de la ley. Los servidores públicos corruptos son un eslabón de la cadena, pero mientras a todos los actores no se les analice estructuralmente, se quedará en nota roja. El mapa es claro, pero hasta ahora nadie quiere navegar esas aguas oscuras por los intereses económicos que oculta la política de la industria del sexo en México.
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