Confesiones y confusiones

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa (*)

25/03/2010

Sería risible si no fuera grave. El locuaz alcalde de san Pedro Garza García, Mauricio Fernández, que se gloria de contar con una policía paralela, había contratado como informante a un presunto delincuente. Resultará, si se comprueban los cargos a Alberto Mendoza Contreras, apodado El Chico Malo, que él obtenía información en vez de ofrecerla. Esos son los riesgos que corre quien quiere pasarse de listo, el que supone que su modo directo de atacar los problemas es más eficaz que el que se atiene a la ley.

Atenerse a la ley, con las limitaciones que impone, o tomar el atajo de infringirla en pos de soluciones rápidas a problemas intrincados es un dilema que cobra vigencia en estos días en la zona metropolitana de Monterrey en la capital misma de Nuevo León. A la tragicomedia del presidente municipal sampetrino se agrega la tragedia del muchacho, presunto delincuente que fue torturado y asesinado mientras estaba en manos de una autoridad.

Fernández fue elegido en julio pasado por segunda vez alcalde de san Pedro, que es el suburbio próspero de Monterrey y tiene su propia identidad municipal. Sobrado, echador, Fernández dejó saber a sus electores y después a sus gobernados que él pondría paz en su territorio merced a acuerdos (que a veces reconocía y a veces negaba) con el narcotráfico, que se había comprometido a poner paz en los prósperos barrios que el ex senador gobierna. El día que tomó posesión, al comenzar noviembre, pareció confirmar sus queveres con delincuentes porque supo muy temprano que en la ciudad de México fue encontrado el cadáver de Héctor Saldaña, apodado El Negro, un maleante que atemorizaba a la población de san Pedro. El alcalde, además de afirmar con certeza que a partir de esa fecha el narcotráfico quedaba excluido de san Pedro, pareció ufanarse de esa primera demostración de eficacia de los dos grupos de trabajo que, al margen de la ley y con financiamiento privado, organizó para garantizar la seguridad de la gente decente de su municipio. Uno, el de inteligencia, está o estaba compuesto por informantes, más diestros que los servidores públicos de esa especialidad en los otros niveles de gobierno. Y otro grupo de rudos, de acción directa —de limpieza como él lo llama—, que pondría remedio a la inseguridad eliminando a los delincuentes.

El jueves pasado uno de ellos fue detenido por miembros de la Armada. Es, de fiarnos en la información aportada por la Secretaría de Marina, un personaje importante en la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, que no dejó de funcionar tras la muerte de Arturo de esos apellidos en una operación practicada en Cuernavaca por también infantes de marina (que causaron asimismo la muerte de una persona ajena a la balacera, un miniempresario propietario de una tortillería). El informe sobre la detención del Chico Malo indicaba que además de servir a los Beltrán Leyva, Mendoza ha trabajado también para otros altos jefes del narcotráfico, como Ignacio Coronel y El Azul, Juan José Esparragoza.

Al ser detenido, se decomisaron a Mendoza Contreras dos vehículos, dos computadoras, cinco armas largas, 14 celulares (quizá ya dado de alta en el registro nacional correspondiente) y equipo de espionaje de alta tecnología. Se le encontraron también 322,000 pesos, todo lo cual lo muestra como mucho más que un soplón pagado por el alcalde. Se informó, en fin, que el Chico Malo había llegado a “cuidar la plaza” de San Pedro a fines del año pasado, fecha que coincide con el comienzo del gobierno de Fernández y de su vínculo con Mendoza Contreras, a quien el alcalde consideraba un informante y que, en realidad y a la inversa, tal vez obtenía información.

Muy activos, los infantes de marina recibieron el domingo en otro municipio conurbado de Monterrey, Santa Catarina, a dos presuntos narcomenudistas detenidos por la policía santacatarinense tras un atentado contra el secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento. Los marinos dijeron haber trasladado al vendedor de drogas a un hospital de zona, pues había sido herido. Sin que en este momento se sepa cómo, del hospital desapareció. Su cuerpo fue hallado en San Nicolás al día siguiente, con las manos esposadas y signos de tortura. El funcionario municipal presuntamente atacado niega haber pedido el auxilio de la Marina que, en ese caso, tendría que explicar por qué intervino en el caso. Es inadmisible que un hombre perezca en esas condiciones. No faltarán, sin embargo, personas —cada vez en mayor número— que aplaudan el exterminio de un maleante, como si fuera éticamente aceptable esa suerte de limpieza social que mata a los delincuentes de modo sumario y “nos ahorra” a los contribuyentes el costo de su manutención en un penal y el riesgo de que delinca de nuevo apenas salga de la prisión. Ejecutar a un detenido implica asesinar a quien probablemente fuera inocente, y si no lo fuera, significa pasar por encima de la ley que obliga a someter al ministerio público y a los jueces a quienes se capture en flagrancia. El Estado tiene derecho al uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad de los gobernados. Pero ese uso, para ser siempre legítimo, tiene que estar acotado por la ley.

Esa elemental lección debe asumirla el presidente municipal de San Pedro, que quién sabe de dónde saca que es más listo que los delincuentes y en su pretensión de manejarlos quizá resultó manejado. Fernández debe prescindir de su policía paralela, sea personal de inteligencia o de limpieza.— México, D.F.

karina_md2003@yahoo.com.mx ————— *) Periodista