MEXICO, DF, 26 de mayo (apro).- Amnistía Internacional (AI) denunció que en México aumentaron los reportes sobre “graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del Ejército" que llevan cabo tareas policiales, a raíz de que el gobierno de Felipe Calderón emprendió una “guerra” contra el narcotráfico.
Al presentar su informe 2010, AI destacó que en la región de América Latina, México y Colombia son dos de los países que han sido blanco de violencia.
El primero de ellos por la “guerra” contra los cárteles del narcotráfico, y el segundo por el añejo conflicto guerrillero.
En México, puntualizó Amnistía, tres años después que Calderón asumiera la Presidencia y lanzara una campaña militar contra los cárteles de la droga, los asesinatos han crecido a niveles sin precedente de casi 23 mil muertos desde 2006.
El documento también da cuenta de que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes y asesinaron a algunos de ellos.
También insiste en que fueron frecuentes las violaciones sexuales de mujeres migrantes.
Solo en julio del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó del elevadísimo número de secuestros por dinero y otros abusos sufridos por migrantes a manos de bandas de delincuentes.
Se estimaba que hasta 10 mil indocumentados pudieron haber sido secuestrados durante los seis meses anteriores.
Lo alarmante, señaló el organismo, es que las autoridades mexicanas desecharon las investigaciones para hacer justicia en graves violaciones del pasado. “La impunidad está muy arraigada", acusa AI.
El informe destaca los casos de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes permanecieron tres años en prisión luego de ser acusadas injustamente de haber secuestrado a seis agentes federales en Querétaro.
También menciona el caso Lomas de Poleo, en Chihuahua, en el que durante seis años se emprendió una campaña para expulsar a familias de sus hogares con el fin de iniciar un proyecto de desarrollo comercial. Al finalizar 2009, señala AI, el Tribunal Agrario no se había pronunciado al respecto.
Sobre la violencia de género, Amnistía se refiere al dictamen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo sobre Campo Algodonero, el cual acusa al gobierno mexicano de haber incurrido en discriminación para investigar los hechos y de no haber protegido a las tres mujeres asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, así como tampoco garantizó una investigación efectiva sobre su secuestro y posterior asesinato.
Por esa razón, la CoIDH ordenó una nueva investigación, la reparación de daños a los deudos de las víctimas, así como una investigación dirigida a los funcionarios involucrados.
El reporte de Amnistía incluye además críticas por los fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de San Salvador Atenco, el cual precisa que sólo se podían pedir cuentas de las violaciones a derechos humanos y de las agresiones sexuales sufridas por las víctimas a los agentes implicados directamente en el operativo, pero no a los altos mandos que ordenaron las agresiones.
México trabaja en pro de derechos: Segob
La política del Estado mexicano en materia de derechos humanos está orientada a institucionalizar y consolidar el respeto y promoción de los derechos fundamentales, aseguró hoy la Secretaría de Gobernación (Segob) en relación a un informe de Amnistía.
Según Gobernación, los cambios políticos, económicos y sociales que ha experimentado el país en los últimos años "se han traducido en un mayor goce de todos los derechos humanos para todos los mexicanos".
Admite que "subsisten retos", pero "la política interna de derechos humanos del Estado mexicano está orientada a institucionalizar y consolidar políticas públicas, a partir de la implementación de reformas legales, así como del fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la protección, defensa, promoción y realización de los derechos humanos".
Señala que los principales temas abordados en el informe de AI coinciden con la base fundamental del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
En el combate al narcotráfico, añade Segob, lucha en la que desde 2006 las Fuerzas Armadas tienen un papel preponderante, "las instituciones de seguridad pública federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos".
La dependencia sostiene también que las Fuerzas Armadas “se capacitan permanentemente en materia de derechos humanos, equidad de género y regulación del uso de la fuerza”, en un plan en el participa la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre la protección de los inmigrantes --sostiene la dependencia que encabeza Fernando Gómez Mont--, el gobierno federal ha desplegado una serie de acciones para garantizar los derechos humanos de este grupo.
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