Narcocumbre en Sinaloa: frágil tregua

Patricia Dávila

En diciembre pasado, capos de los principales cárteles mexicanos de la droga acordaron llamar a sus integrantes a suspender las confrontaciones violentas y enfocarse a la recuperación de sus negocios. Sin embargo, las fuentes que confirman y ofrecen detalles del pacto se muestran pesimistas sobre si tiene realmente fundamentos para que la tregua pueda prolongarse.

Proceso / Los principales cárteles del narcotráfico, que han ensangrentado el país con sus confrontaciones, acordaron en diciembre pasado una tregua indefinida que ha tenido alcance nacional y se refleja en una disminución de balaceras, enfrentamientos, matanzas y ajustes de cuentas, reveló en su edición del domingo 11 el semanario local Ríodoce, que aborda temas del narcotráfico.

La nota “Pactan los narcos. La Sedena lo promueve y el Cisen lo registra”, sostiene que el cese al fuego se pactó “para recuperar el control del tráfico de enervantes que, debido a su concentración en la guerra, estaban perdiendo” los cárteles. Además, se estableció que cada organización “cobraría los ajustes de cuentas” que tenía pendientes antes de llegar a este acuerdo.

Durante un recorrido que Proceso realizó del 14 al 21 de enero por los municipios de Culiacán, Navolato y Badiraguato, constató que en estas localidades el Ejército no realiza patrullajes y quitó los retenes, con excepción de uno, cercano a la caseta que está a la salida de Culiacán, por la carretera internacional que lleva al límite entre Durango y Sinaloa. Justo el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico.

Desde el mes pasado, en calles, plazas, taxis, restaurantes, hoteles y comercios se habla de esa negociación entre los jefes de los cárteles. Para los lugareños, esto se hizo evidente el 24 y el 31 de diciembre, cuando dejaron de escuchar los disparos de cuerno de chivo a los que ya se estaban acostumbrando.

Los enfrentamientos por el control de esta plaza, al igual que de Tijuana, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Baja California y la Ciudad de México, se recrudecieron a partir del 30 de abril de 2008, cuando los hermanos Beltrán Leyva se escindieron del cártel de Sinaloa y pactaron con Vicente Carrillo Fuentes, aliado de Los Zetas. Estas tres organizaciones, al igual que los Arellano, combatían al cártel de Sinaloa.

Esta guerra, que aparentemente ha concluido después de casi ocho meses de ejecuciones y enfrentamientos, el año pasado dejó un saldo de 5 mil 500 ejecuciones en el país, mil 156 de ellas en Sinaloa.

Esto convierte a la entidad en una de las más violentas y muestra el incremento de este delito, ya que en 2007 se registraron aquí 743 asesinatos relacionados con el narcotráfico, mientras que en 2006 fueron 605. En lo que va de este año, hasta el domingo 11, la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene registrados 25, pero un monitoreo en medios arrojó que al cierre de esta edición se habían difundido 46 de estos crímenes, aunque no todos se relacionaron explícitamente con el crimen organizado.

Según el semanario Ríodoce, “en el acuerdo de cese al fuego al parecer participaron representantes de organizaciones que dirigen Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix, además de (Vicente El Viceroy)Carrillo Fuentes”.

Señala que el primer acercamiento estuvo a cargo de representantes de segundo nivel de estas organizaciones y se llevó a cabo en un privado de un exclusivo restaurante de Culiacán especializado en mariscos.

“De estos encuentros tuvo conocimiento la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancias que montaron discretos operativos y se mantuvieron informados de los avances de estas negociaciones”, afirma Ríodoce.

“Uno de los argumentos planteados por los capos de las organizaciones criminales que participaron en la tregua es que se han olvidado del mercado y del negocio local de la droga por priorizar las ejecuciones y enfrentamientos entre bandas contrarias. Descuidaron el negocio y son otros los que lo están operando y no precisamente con autorización de los jefes”, añade la nota.

Sin embargo, se afirma en el semanario, acordaron que todavía realizarán las ejecuciones que tienen pendientes como parte de anteriores “ajustes de cuentas”.

Hasta el viernes 23, Ríodoce no recibió ningún desmentido acerca de esta información, ni siquiera de las dependencias mencionadas en la nota (la Sedena y el Cisen).

Cuestión de negocios

La última vez que los capos del narcotráfico mexicano se reunieron para firmar un pacto fue en agosto de 2007, cuando en al menos siete encuentros los cárteles de Sinaloa y del Golfo definieron el reparto de territorios y se comprometieron a respetarlo, así como a cesar las ejecuciones entre miembros de ambas organizaciones.

Y la cumbre más célebre entre grupos antagónicos dedicados al tráfico de drogas se realizó tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien hasta abril de 1989 fue jefe del cártel del Pacífico.

En aquella ocasión, Félix Gallardo logró reunir en Acapulco a todos los capos y les repartió el territorio. Asistieron, entre otros, los hermanos Arellano Félix, El Güero Palma y Rafael Aguilar Guajardo, este último encargado de realizar todos los preparativos. Las negociaciones fueron exitosas, aunque después comenzó la disputa territorial que hasta la fecha sigue vigente (Proceso 1600).

Una fuente cercana al cártel de Sinaloa, y que pidió no publicar su nombre, señala que tiene conocimiento de que la iniciativa para este encuentro fue Joaquín El Chapo Guzmán, quien contactó a los jefes de otras organizaciones a través de un emisario al que los cárteles identifican como “el M1”.

Lo primero que se estableció fue que el acercamiento inicial se llevara a cabo en este estado, tierra natal de la mayoría de los capos: los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, Guzmán Loera y los Beltrán Leyva, así como Zambada y Esparragoza. La fuente consultada señala que, según su información, a ese primer encuentro del 11 de diciembre, en el ya mencionado restaurante de Culiacán, sólo asistieron representantes de segundo nivel, con la misión de allanar el camino al acuerdo principal.

Inicialmente las organizaciones pactaron dos puntos fundamentales: “El cese al fuego hasta el día 30 de enero de este año y las cuentas (ejecuciones) que cada cártel tenía pendientes de cobrar. Cada uno cede y acuerdan concluir los ajustes pendientes”, reitera la fuente.

Dos días después del primer encuentro, continúa, los jefes de los cárteles sellaron el pacto. En esta ocasión se reunieron durante cinco horas en el centro recreativo Nuevo Altata, a 20 minutos del municipio de Navolato y a 40 de Culiacán.

–¿Quiénes asistieron y qué asuntos concretos trataron? –inquiere la reportera.

–Se supo que asistieron Vicente Carrillo, por el cártel de Tijuana; los Arellano Félix, por el de Juárez; Joaquín Guzmán Loera, del cártel de Sinaloa, y Arturo Beltrán Leyva.

“Tenemos información de que a la segunda reunión también se sumaron representantes de La Familia, operadora de Michoacán” y del cártel del Golfo, de Tamaulipas, agrega.

–¿Quiénes estuvieron presentes en representación de estos cárteles?

–Lo único que puedo decirle es que se sumaron.

–¿Hubo acuerdos?

–Al parecer, coincidieron en que la guerra entre cárteles por el control del mercado los estaba llevando a descuidarlo. Tenían identificadas a cinco personas o familias que, aprovechando los vacíos que estaba dejando la disputa, empezaron a trabajar solas. Incluso lograron amarrar contactos directos, con los que pactaron en Colombia, Panamá y Argentina.

“Las pérdidas económicas por los decomisos, en realidad para la gente de los cárteles no significan un fuerte golpe, porque se recuperan. Lo importante para ellos era alinear a los que estaban despegando solos, sobre todo en Sonora, Durango, Michoacán, Guadalajara y Sinaloa”.

–¿Cómo harán para alinear a los que trabajaban por cuenta propia?

–Se ha manejado que a través de El Mayo Zambada.

–¿Qué pasará si alguno trata de quedarse con el mercado?

–Tienen inteligencia, pero no estructura. Tengo entendido que les falta capacidad porque su fuerza la basan en 50 o 60 personas en cada estado. No tienen volumen de fuego, mientras los grandes capos tienen cientos.

Otras versiones, obtenidas entre miembros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, coinciden en que el pacto entre capos es real. Uno de ellos señala:

“Prueba de ello es que dejaron de registrarse las frecuentes balaceras y múltiples ejecuciones que tuvimos hasta las dos primeras semanas de diciembre. Incluso, de manera simultánea a la tregua de cese al fuego concertada por los capos, el gobierno federal retiró una buena parte de los operativos de las calles de Culiacán. No hay soldados ni policías federales. Nosotros mismos retiramos las unidades y a los elementos asignados al operativo Culiacán-Navolato, iniciado el pasado mes de mayo”.

Según más testimonios de la policía local, dos de cinco batallones del Ejército ya no están operando en Culiacán, además de que fue enviado a otra región del país el Sexto Regimiento Blindado, cuyas unidades Hummer y artilladas desfilaban diariamente por la capital sinaloense.

También abandonaron la plaza cuando menos un centenar de los 250 agentes de la Policía Federal adscritos a Culiacán-Navolato; el resto permanece replegado en su cuartel.

El gobierno, sin iniciativa

El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Leonel Aguirre Meza, confirma que “el pacto de cese al fuego es una realidad; no hay duda de que fue iniciativa de los grupos delictivos”, que “necesitan reconquistar sus espacios y sanar las heridas, porque la guerra dejó bajas de gente muy cercana a los jefes”.

Entrevistado en Navolato, Aguirre explica: “Aceptar que fue el gobierno federal el que impulsó la narcocumbre sería como reconocer que la autoridad tuvo éxito en el operativo Culiacán-Navolato. Y no. El gobierno no tuvo nada que ver con la reciente baja de homicidios relacionados con el crimen organizado. Creer lo contrario sería muy cuestionable.

“Cuando el gobierno inició el operativo Culiacán-Navolato nos vendió la idea a los ciudadanos y a los organismos de que venían con un operativo fuerte, enérgico, con estrategia de inteligencia para combatir realmente a los cárteles y bajar el índice delictivo, pero no fue así, y hubo días en que se registraron hasta 14 ejecuciones”.

Recuerda que el Ejército y la Policía Federal Preventiva llegaron muy enérgicos, “pero no en contra de quienes dijeron que venían a combatir. Actuaron en contra del ciudadano común que se atraviesa en un retén. Traían un alto nivel de prepotencia”.

Desde un inicio, explica Aguirre Meza, hubo denuncias y quejas en contra de la Sedena y de la PFP, por eso consideramos importante que el gobierno estuviera autoevaluándose para tomar decisiones.

–¿Que tipo de denuncias?

–De privación ilegal de la libertad, sin una orden, elementos del Ejército y de la Policía Federal pasaron a la rapiña y al robo. Se fueron acumulando una serie de quejas; nosotros tenemos 15 bien documentadas. Si el Ejército tuvo en su inicio algo de respaldo de la ciudadanía, con este tipo de exceso lo está perdiendo. Ahora la gente le tiene miedo y rencor.

Enseguida ofrece detalles sobre estas quejas ciudadanas:

“Recibimos 15 quejas en contra del Ejército y la PFP. Todos (los quejosos) nos pidieron el anonimato. A dos personas que convencimos de denunciar ante la PGR, después fueron a desistirse de la denuncia por temor a las represalias. A una de ellas la propia PGR le pidió que se desistiera. Lo mismo hizo el Ejército en relación con dos quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”. Ahora, ya no se atreven a denunciar, afirma.

“Pero vamos al fondo: lo que pensamos del operativo Cualiacán-Navolato es que su eficacia en el combate al crimen organizado en Sinaloa no ha sido tal. Yo creo que la tesis de que los grupos organizados se están reuniendo para tomar acuerdos y llegar a la tregua, es una línea verídica”, reitera Aguirre.

–¿Por qué sostiene esa tesis?

–Porque el cese al fuego en realidad no es producto de la eficacia del operativo, si así fuera se habría notado desde que entraron (a Sinaloa) las Fuerzas Armadas y no fue así. Por el contrario, de diciembre a la fecha en que se dio la narcocumbre, el índice delictivo ha ido a la baja.

“Es claro que lo único que puede impactar directamente en una baja de muertes es un pacto entre capos. Por otra parte, el rompimiento entre los cárteles ocasionó que se dañaran fuertemente, por homicidios de gente muy cercana a los jefes”.

–¿Este tipo ejecuciones no hace muy frágil ese pacto? Porque murió José Cruz, hermano de los Carrillo

Fuentes; Édgar Guzmán, hijo de El Chapo, y Arturo Meza, hijo de Blanca Margarita Cázarez, La Emperatriz.

–Claro, pero también es un factor más que se suma a la urgencia de reunirse para dictar un cese al fuego.

–¿Cuánto tiempo puede durar esta tregua?

–Ojalá sea permanente, pero el que este pacto sea de largo alcance dependerá de lo productivos que resulten los negocios.

–¿Dentro del pacto es posible una redistribución geográfica para el control de cada organización?

–Una negociación de ese nivel sería con base a la región que le toque explotar a cada cártel. Incluso, creo que la autoridad podría consentir un pacto de esta naturaleza. Y si esto incluye una baja de homicidios, que es en donde la agente más palpa el problema de la inseguridad, la autoridad encantada. En términos fríos, el gobierno federal se serviría de un pacto de esta naturaleza, porque simplemente ya no tendría que enfrentarse al crimen organizado en una guerra que, por cierto, va perdiendo.

–¿Las autoridades iniciaron una guerra sin labor de inteligencia?

–Cuando llegaron, anunciaron una guerra en contra de un enemigo que no habían valorado. Minimizaron o no midieron el nivel de fuerza que tenía el crimen organizado al que le declararon la guerra.

–Si hay una tregua, ¿cómo se explica el hecho de que el lunes 19 un grupo armado recuperara 10 vehículos que habían sido asegurados por la PGR?

–La tregua es sólo entre cárteles. Lo que usted me dice fue en contra del Ejército. Antes, el 30 de septiembre del año pasado, ya habían robado cinco avionetas incautadas. La realidad es que cualquier alcance que pueda tener la tregua va a ser suficiente para que la autoridad también se someta a ellos (los acuerdos).

–¿Existe la posibilidad de que el gobierno federal haya impulsado la tregua?

–No es posible. La única forma en que pudo impulsarla es que haya asumido su incapacidad para ganarle una guerra a los cárteles. En mi opinión, hay que esperar a que los capos concluyan los ajustes acordados y que logren pactar la redistribución de las plazas para garantizar la permanencia del cese al fuego.