Tras los secretos de la caja chica de Josefina
DANIEL LIZáRRAGA
Por disposición del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la SEP tendrá que eliminar
del Índice de Expedientes Reservados, en los prime-ros dos meses de este año, la caja chica de su titular, Josefina Vázquez Mota. Aunque la secretaria de Educación Pública pretendía mantener en secreto hasta el año 2016 los movimientos financieros realizados en la cuenta bancaria de su misterioso fondo revolvente, el resolutivo del IFAI la obliga a proporcionar a este semanario alrededor de 8 mil documentos, entre facturas, comprobantes y contratos, así como las firmas de los funcionarios que autorizan el uso de esos recursos públicos...
Debido a una solicitud de Proceso y a la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en los primeros dos meses de este año la SEP deberá eliminar del Índice de Expedientes Reservados la caja chica que su titular, Josefina Vázquez Mota, puede utilizar a discreción para comprar desde víveres, ropa, calzado, perfumes y línea blanca hasta regalos, vajillas y otros artículos y utensilios que, a su juicio, le ayuden a desempeñar su cargo.
La compra de artículos como éstos se halla prevista en las normas de la Secretaría de Hacienda, concretamente en el Manual de operación del fondo revolvente, que regulan este tipo de cajas.
Luego de que en abril del año pasado este semanario pidió a la Secretaría de Educación Pública informar de los movimientos que se han registrado en la cuenta de la chequera correspondiente a la "Oficina de la C. Secretaria", en calidad de fondo revolvente, la dependencia se negó a hacerlo, y posteriormente, en un juicio de revisión interpuesto ante el IFAI, en octubre de 2008 se determinó que, a más tardar en febrero de 2009, deberán darse a conocer alrededor de 8 mil documentos que reflejan los movimientos financieros registrados desde el año 2004.
En efecto, aunque la caja chica del titular de la SEP fue creada en ese año, cuando el titular del ramo era Reyes Tamez Guerra, en el arranque del gobierno de Felipe Calderón (enero del 2007) la SEP incorporó la nueva cuenta de cheques del fondo revolvente en el Índice de Expedientes Reservados, lo cual significa que hasta el año 2016 no podrían conocerse el monto, las transacciones financieras y los gastos realizados con esos fondos.
Durante el actual gobierno -que en su reciente plan anticrisis no tocó las cajas chicas- la cuenta bancaria a disposición de Josefina Vázquez Mota se abrió en Banorte y, hasta el momento, se desconoce su monto inicial y el flujo de efectivo con el argumento de que se halla incorporada al Índice de Expedientes Reservados y de que su ventilación significaría la violación del secreto bancario.
De manera que si alguna organización no gubernamental, el magisterio, los investigadores universitarios o los medios de comunicación deseaban conocer la forma en que se han manejado los recursos públicos asignados a la caja chica que han compartido Vázquez Mota y Reyes Tamez, tendrían que esperar hasta el año 2016.
A lo largo del sexenio foxista y en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, las 240 dependencias sujetas a la Ley Federal de Transparencia han colocado 5 millones 777 mil 478 archivos dentro del Índice de Expedientes Reservados, incluyendo los relativos a la chequera de Vázquez Mota.
En otras dependencias, como Pemex, Sedena, las secretarías de Salud (SS) y de Hacienda (SHCP), así como el IMSS, no existen fondos revolventes o cajas chicas a disposición de sus titulares que hayan sido clasificados en reserva por 12 años.
Sin embargo, colocar archivos dentro del Índice de Expedientes Reservados no garantiza que permanezcan bajo resguardo durante el tiempo previsto, sobre todo cuando los argumentos para sostenerlos ahí son endebles ante los ojos de los comisionados del IFAI, como sucedió en el caso de la SEP.
La negativa
El 8 de abril de 2008, Proceso solicitó a la SEP la desclasificación completa de ese fondo revolvente, y la primera respuesta de la Unidad de Enlace de la dependencia fue un rechazo absoluto:
"Nos permitimos hacer de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información está reservada hasta marzo del 2016", respondió.
Después de que este semanario abrió un juicio de revisión en el despacho de la comisionada del IFAI Jacqueline Peschard Mariscal, la SEP elaboró una serie de alegatos para sostener los candados alrededor del fondo revolvente. Aunado al secreto bancario, adujo que liberar el archivo sería atentar contra su propia seguridad ya que, al conocerse el número de la cuenta, podrían elaborarse esqueletos de cheques apócrifos o movimientos ilegales en línea.
"La información debe ser reservada en virtud de que entregar los documentos no transparentaría la gestión pública y, por el contrario, haría que esta cuenta fuera susceptible de manejos o intervención de esta cuenta", señaló.
En sus alegatos ante el IFAI, la SEP arguyó que eliminar esta medida de protección ocasionaría que la cuenta bancaria fuera vulnerable ante la delincuencia, e inclusive destacó "los esfuerzos de las autoridades legislativas por detener este tipo de ilícitos, que evolucionan y se perfeccionan con gran rapidez".
Ante esto, los comisionados del IFAI pidieron pruebas de que pudiera provocarse un daño específico a la sociedad con la liberación de dicha información, y la SEP explicó:
"En relación con el daño probable, éste queda acreditado con los múltiples casos de fraudes ocurridos con cuentas bancarias, para cuya elaboración y aumento de las probabilidades de éxito se requiere del número de cuenta bancaria de cierto titular, así como la mayor cantidad de información respecto de las cuentas."
En respuesta a la postura asumida por la SEP, la comisionada Jacqueline Peschard envió un oficio pidiéndole que le permitieran analizar los archivos, revisar los estados de cuenta y la comprobación de los gastos.
La revisión se hizo el 17 de junio del 2008 en las instalaciones del IFAI. Entre los primeros documentos que afloraron estuvieron la cuenta institucional y los intereses mensuales reportados ante la Secretaría de Hacienda.
"Se constató que la cuenta correspondiente a la actual administración (del gobierno de Felipe Calderón) se aperturó el 30 de enero del 2007 y se denomina: SEP Oficina de la C. Secretaria", se anotó en el expediente 2305/08.
La cuenta está mancomunada. Quienes la han manejado durante el gobierno calderonista han sido el coordinador administrativo y el subdirector de Recursos Financieros de la Oficina de Vázquez Mota.
Ante Jacqueline Peschard -la comisionada de más reciente incorporación al pleno del IFAI-, la SEP presentó un muestreo de los justificantes sobre el uso del dinero, como boletos de avión, transportes terrestres, hoteles, restaurantes o renta de autos, aunque de acuerdo con la normatividad de Hacienda los recursos públicos de este tipo de fondos pueden usarse también para pagar gasolinas, medicinas, materiales médicos, servicios de laboratorios, accesorios para oficinas y cualquier otro material destinado a la conservación y el mantenimiento de bienes inmuebles.
Adi Lorena Berrera, directora de Análisis de la Coordinación Ejecutiva de la SEP, explicó durante la audiencia que ese fondo revolvente, cuya cuenta se abrió en Banorte, ha sido empleado para enfrentar los gastos de materiales y servicios en general requeridos por Josefina Vázquez Mota.
La representante de la SEP no entró en detalles sobre el significado de las categorías de "materiales" y "servicios". No obstante, en oficios y reglamentos emitidos por Hacienda consta que tan sólo el último de ellos, "servicios generales", contiene nueve apartados.
Por ejemplo, en uno de esos apartados -clasificado con el número 3600- se ha respaldado la firma de contratos para lanzar campañas propagandísticas, servicios de impresión, montajes de espectáculos culturales y servicios de telecomunicaciones.
Bajo esa misma categoría -número 3700- también ha sido posible pagar viáticos para comisiones de trabajo urgentes, fuera o dentro del país. Pero si existe alguna necesidad urgente que atender, es posible solicitar igualmente asesorías, consultorías e investigaciones de cualquier tipo, excepto las relacionadas con obras públicas.
Otro tipo de desembolsos autorizados bajo este concepto serían los referentes a actos y ceremonias oficiales que, por alguna razón, no estén previstos en la agenda, al igual que servicios de telefonía y de energía eléctrica.
Fueron justamente los gastos incluidos en las categorías de servicios generales y de materiales y suministros los que la SEP pretendió mantener bajo reserva durante 12 años. Los archivos sobre este tema -en el período de va de 2004 a 2008- contienen alrededor de 8 mil documentos entre facturas, comprobantes y contratos.
Marcha atrás
La comisionada Jacqueline Peschard pidió entonces ampliar el plazo para decidir qué hacer en este caso: confirmar la reserva de la cuenta o liberarla. Mientras su equipo se preparaba para presentar ante el pleno del IFAI un proyecto de resolución, llegó a sus oficinas un sorpresivo oficio de la SEP en el cual daba marcha atrás a su postura de mantener los sellos sobre el uso de estos recursos.
"No obstante la clasificación citada -explicó la SEP-, después del análisis de la información solicitada se determinó que dicha información no se trata de secreto bancario. Siendo así, se desclasifica la información para ser entregada en versión pública en la que sólo se omitan los datos correspondientes al número de cuenta y, en el caso de los cheques, las firmas que autorizan la salida del dinero."
Sin abundar sobre la causa de su rectificación, pero ante un inminente fallo en su contra, la SEP autorizó que se pusieran a disposición de Proceso copias del contrato de apertura, de los estados de cuenta y de los talones de cheques. Además, liberará las facturas, los comprobantes, las pólizas y los documentos utilizados para amparar la salida del dinero.
Pero ese inesperado viraje no satisfizo a la comisionada Jacqueline Peschard. En su resolución final, si bien reconoció la disposición de la SEP a entregar los documentos clasificados, advirtió que tampoco estaba en condiciones de dar como un hecho la liberación del expediente, pues la SEP omitió notificar a Proceso su cambio de actitud, y mientras no hubiera constancia de ello, la comisionada no podía convalidarlo.
Además, había algo que seguía inquietándola: La SEP rechazó de nuevo entregar el número de cuenta y las firmas de los funcionarios autorizados para manejar el dinero porque, argumentó, eso daría ventajas a los potenciales defraudadores.
Jacqueline Peschard terminó dando la razón a la SEP sólo respecto al número de cuenta, pero no en lo referente a los nombres y las firmas de los funcionarios autorizados para manejar el dinero. Respecto al primero de estos temas, concluyó:
"Por lo que hace al número de cuenta bancario, éste debe considerarse como un elemento que brindaría a un delincuente la oportunidad de generar documentación apócrifa. Por lo tanto, reservarse el número de cuenta constituye una medida preventiva para evitar la comisión de delitos que atenten contra el patrimonio de la SEP."
Pero así como el IFAI respaldó la reserva del número de cuenta, estableció que las firmas y los nombres de quienes autorizan pagos o servicios para la oficina de Josefina Vázquez Mota pueden difundirse sin problemas, ya que esto no pondría en peligro los recursos de la SEP.
Y asentó: "No obstante que las firmas son utilizadas para la emisión de cheques, en virtud de que se trata de servidores públicos que estampan su rúbrica en un documento oficial, actúan en nombre y representación de las dependencias o entidades, por lo que este se convierte en un dato que da certeza del ejercicio de atribuciones en la función pública o refleja el cumplimiento de responsabilidades".
En suma, el IFAI planteó que, al no otorgarse el número de cuenta, no hay forma de perpetrar fraudes aun cuando se conozcan las firmas.
No obstante, ante este resolutivo, el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán impugnó el hecho de que se reservara el número de cuenta en Banorte.
Al emitir un voto en contra de la mayoría del pleno del IFAI durante la sesión realizada el 22 de octubre del 2008, indicó que no hubo razón para dejar bajo llave el número de cuenta, toda vez que la propia SEP seguramente lo ha proporcionado a sus proveedores y contratistas.
"Por esa razón, precisamente, los mecanismos de control y de prevención del fraude en cuentas bancarias y de cheques residen en otros mecanismos de protección, significativamente eficaces, pero no en la postura ingenua de mantener clasificado un número de cuenta que miles de personas conocen. Es evidente que la información que la mayoría del pleno consideró clasificada sale del control del sujeto obligado (la SEP)".
En este sentido, Juan Pablo Guerrero enfatizó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Transparencia, se debe respetar siempre el principio de máxima publicidad mediante mecanismos sencillos y expeditos.
Sin embargo, prevaleció el criterio de Jacqueline Peschard sobre la clasificación del número de la cuenta utilizada por la Oficina de la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.
Ahora, durante los dos primeros meses de 2009, la SEP deberá eliminar esa caja chica del Índice de Expedientes Reservados y, en forma simultánea, liberar el archivo que contiene alrededor de 8 mil documentos.
del Índice de Expedientes Reservados, en los prime-ros dos meses de este año, la caja chica de su titular, Josefina Vázquez Mota. Aunque la secretaria de Educación Pública pretendía mantener en secreto hasta el año 2016 los movimientos financieros realizados en la cuenta bancaria de su misterioso fondo revolvente, el resolutivo del IFAI la obliga a proporcionar a este semanario alrededor de 8 mil documentos, entre facturas, comprobantes y contratos, así como las firmas de los funcionarios que autorizan el uso de esos recursos públicos...
Debido a una solicitud de Proceso y a la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en los primeros dos meses de este año la SEP deberá eliminar del Índice de Expedientes Reservados la caja chica que su titular, Josefina Vázquez Mota, puede utilizar a discreción para comprar desde víveres, ropa, calzado, perfumes y línea blanca hasta regalos, vajillas y otros artículos y utensilios que, a su juicio, le ayuden a desempeñar su cargo.
La compra de artículos como éstos se halla prevista en las normas de la Secretaría de Hacienda, concretamente en el Manual de operación del fondo revolvente, que regulan este tipo de cajas.
Luego de que en abril del año pasado este semanario pidió a la Secretaría de Educación Pública informar de los movimientos que se han registrado en la cuenta de la chequera correspondiente a la "Oficina de la C. Secretaria", en calidad de fondo revolvente, la dependencia se negó a hacerlo, y posteriormente, en un juicio de revisión interpuesto ante el IFAI, en octubre de 2008 se determinó que, a más tardar en febrero de 2009, deberán darse a conocer alrededor de 8 mil documentos que reflejan los movimientos financieros registrados desde el año 2004.
En efecto, aunque la caja chica del titular de la SEP fue creada en ese año, cuando el titular del ramo era Reyes Tamez Guerra, en el arranque del gobierno de Felipe Calderón (enero del 2007) la SEP incorporó la nueva cuenta de cheques del fondo revolvente en el Índice de Expedientes Reservados, lo cual significa que hasta el año 2016 no podrían conocerse el monto, las transacciones financieras y los gastos realizados con esos fondos.
Durante el actual gobierno -que en su reciente plan anticrisis no tocó las cajas chicas- la cuenta bancaria a disposición de Josefina Vázquez Mota se abrió en Banorte y, hasta el momento, se desconoce su monto inicial y el flujo de efectivo con el argumento de que se halla incorporada al Índice de Expedientes Reservados y de que su ventilación significaría la violación del secreto bancario.
De manera que si alguna organización no gubernamental, el magisterio, los investigadores universitarios o los medios de comunicación deseaban conocer la forma en que se han manejado los recursos públicos asignados a la caja chica que han compartido Vázquez Mota y Reyes Tamez, tendrían que esperar hasta el año 2016.
A lo largo del sexenio foxista y en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, las 240 dependencias sujetas a la Ley Federal de Transparencia han colocado 5 millones 777 mil 478 archivos dentro del Índice de Expedientes Reservados, incluyendo los relativos a la chequera de Vázquez Mota.
En otras dependencias, como Pemex, Sedena, las secretarías de Salud (SS) y de Hacienda (SHCP), así como el IMSS, no existen fondos revolventes o cajas chicas a disposición de sus titulares que hayan sido clasificados en reserva por 12 años.
Sin embargo, colocar archivos dentro del Índice de Expedientes Reservados no garantiza que permanezcan bajo resguardo durante el tiempo previsto, sobre todo cuando los argumentos para sostenerlos ahí son endebles ante los ojos de los comisionados del IFAI, como sucedió en el caso de la SEP.
La negativa
El 8 de abril de 2008, Proceso solicitó a la SEP la desclasificación completa de ese fondo revolvente, y la primera respuesta de la Unidad de Enlace de la dependencia fue un rechazo absoluto:
"Nos permitimos hacer de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información está reservada hasta marzo del 2016", respondió.
Después de que este semanario abrió un juicio de revisión en el despacho de la comisionada del IFAI Jacqueline Peschard Mariscal, la SEP elaboró una serie de alegatos para sostener los candados alrededor del fondo revolvente. Aunado al secreto bancario, adujo que liberar el archivo sería atentar contra su propia seguridad ya que, al conocerse el número de la cuenta, podrían elaborarse esqueletos de cheques apócrifos o movimientos ilegales en línea.
"La información debe ser reservada en virtud de que entregar los documentos no transparentaría la gestión pública y, por el contrario, haría que esta cuenta fuera susceptible de manejos o intervención de esta cuenta", señaló.
En sus alegatos ante el IFAI, la SEP arguyó que eliminar esta medida de protección ocasionaría que la cuenta bancaria fuera vulnerable ante la delincuencia, e inclusive destacó "los esfuerzos de las autoridades legislativas por detener este tipo de ilícitos, que evolucionan y se perfeccionan con gran rapidez".
Ante esto, los comisionados del IFAI pidieron pruebas de que pudiera provocarse un daño específico a la sociedad con la liberación de dicha información, y la SEP explicó:
"En relación con el daño probable, éste queda acreditado con los múltiples casos de fraudes ocurridos con cuentas bancarias, para cuya elaboración y aumento de las probabilidades de éxito se requiere del número de cuenta bancaria de cierto titular, así como la mayor cantidad de información respecto de las cuentas."
En respuesta a la postura asumida por la SEP, la comisionada Jacqueline Peschard envió un oficio pidiéndole que le permitieran analizar los archivos, revisar los estados de cuenta y la comprobación de los gastos.
La revisión se hizo el 17 de junio del 2008 en las instalaciones del IFAI. Entre los primeros documentos que afloraron estuvieron la cuenta institucional y los intereses mensuales reportados ante la Secretaría de Hacienda.
"Se constató que la cuenta correspondiente a la actual administración (del gobierno de Felipe Calderón) se aperturó el 30 de enero del 2007 y se denomina: SEP Oficina de la C. Secretaria", se anotó en el expediente 2305/08.
La cuenta está mancomunada. Quienes la han manejado durante el gobierno calderonista han sido el coordinador administrativo y el subdirector de Recursos Financieros de la Oficina de Vázquez Mota.
Ante Jacqueline Peschard -la comisionada de más reciente incorporación al pleno del IFAI-, la SEP presentó un muestreo de los justificantes sobre el uso del dinero, como boletos de avión, transportes terrestres, hoteles, restaurantes o renta de autos, aunque de acuerdo con la normatividad de Hacienda los recursos públicos de este tipo de fondos pueden usarse también para pagar gasolinas, medicinas, materiales médicos, servicios de laboratorios, accesorios para oficinas y cualquier otro material destinado a la conservación y el mantenimiento de bienes inmuebles.
Adi Lorena Berrera, directora de Análisis de la Coordinación Ejecutiva de la SEP, explicó durante la audiencia que ese fondo revolvente, cuya cuenta se abrió en Banorte, ha sido empleado para enfrentar los gastos de materiales y servicios en general requeridos por Josefina Vázquez Mota.
La representante de la SEP no entró en detalles sobre el significado de las categorías de "materiales" y "servicios". No obstante, en oficios y reglamentos emitidos por Hacienda consta que tan sólo el último de ellos, "servicios generales", contiene nueve apartados.
Por ejemplo, en uno de esos apartados -clasificado con el número 3600- se ha respaldado la firma de contratos para lanzar campañas propagandísticas, servicios de impresión, montajes de espectáculos culturales y servicios de telecomunicaciones.
Bajo esa misma categoría -número 3700- también ha sido posible pagar viáticos para comisiones de trabajo urgentes, fuera o dentro del país. Pero si existe alguna necesidad urgente que atender, es posible solicitar igualmente asesorías, consultorías e investigaciones de cualquier tipo, excepto las relacionadas con obras públicas.
Otro tipo de desembolsos autorizados bajo este concepto serían los referentes a actos y ceremonias oficiales que, por alguna razón, no estén previstos en la agenda, al igual que servicios de telefonía y de energía eléctrica.
Fueron justamente los gastos incluidos en las categorías de servicios generales y de materiales y suministros los que la SEP pretendió mantener bajo reserva durante 12 años. Los archivos sobre este tema -en el período de va de 2004 a 2008- contienen alrededor de 8 mil documentos entre facturas, comprobantes y contratos.
Marcha atrás
La comisionada Jacqueline Peschard pidió entonces ampliar el plazo para decidir qué hacer en este caso: confirmar la reserva de la cuenta o liberarla. Mientras su equipo se preparaba para presentar ante el pleno del IFAI un proyecto de resolución, llegó a sus oficinas un sorpresivo oficio de la SEP en el cual daba marcha atrás a su postura de mantener los sellos sobre el uso de estos recursos.
"No obstante la clasificación citada -explicó la SEP-, después del análisis de la información solicitada se determinó que dicha información no se trata de secreto bancario. Siendo así, se desclasifica la información para ser entregada en versión pública en la que sólo se omitan los datos correspondientes al número de cuenta y, en el caso de los cheques, las firmas que autorizan la salida del dinero."
Sin abundar sobre la causa de su rectificación, pero ante un inminente fallo en su contra, la SEP autorizó que se pusieran a disposición de Proceso copias del contrato de apertura, de los estados de cuenta y de los talones de cheques. Además, liberará las facturas, los comprobantes, las pólizas y los documentos utilizados para amparar la salida del dinero.
Pero ese inesperado viraje no satisfizo a la comisionada Jacqueline Peschard. En su resolución final, si bien reconoció la disposición de la SEP a entregar los documentos clasificados, advirtió que tampoco estaba en condiciones de dar como un hecho la liberación del expediente, pues la SEP omitió notificar a Proceso su cambio de actitud, y mientras no hubiera constancia de ello, la comisionada no podía convalidarlo.
Además, había algo que seguía inquietándola: La SEP rechazó de nuevo entregar el número de cuenta y las firmas de los funcionarios autorizados para manejar el dinero porque, argumentó, eso daría ventajas a los potenciales defraudadores.
Jacqueline Peschard terminó dando la razón a la SEP sólo respecto al número de cuenta, pero no en lo referente a los nombres y las firmas de los funcionarios autorizados para manejar el dinero. Respecto al primero de estos temas, concluyó:
"Por lo que hace al número de cuenta bancario, éste debe considerarse como un elemento que brindaría a un delincuente la oportunidad de generar documentación apócrifa. Por lo tanto, reservarse el número de cuenta constituye una medida preventiva para evitar la comisión de delitos que atenten contra el patrimonio de la SEP."
Pero así como el IFAI respaldó la reserva del número de cuenta, estableció que las firmas y los nombres de quienes autorizan pagos o servicios para la oficina de Josefina Vázquez Mota pueden difundirse sin problemas, ya que esto no pondría en peligro los recursos de la SEP.
Y asentó: "No obstante que las firmas son utilizadas para la emisión de cheques, en virtud de que se trata de servidores públicos que estampan su rúbrica en un documento oficial, actúan en nombre y representación de las dependencias o entidades, por lo que este se convierte en un dato que da certeza del ejercicio de atribuciones en la función pública o refleja el cumplimiento de responsabilidades".
En suma, el IFAI planteó que, al no otorgarse el número de cuenta, no hay forma de perpetrar fraudes aun cuando se conozcan las firmas.
No obstante, ante este resolutivo, el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán impugnó el hecho de que se reservara el número de cuenta en Banorte.
Al emitir un voto en contra de la mayoría del pleno del IFAI durante la sesión realizada el 22 de octubre del 2008, indicó que no hubo razón para dejar bajo llave el número de cuenta, toda vez que la propia SEP seguramente lo ha proporcionado a sus proveedores y contratistas.
"Por esa razón, precisamente, los mecanismos de control y de prevención del fraude en cuentas bancarias y de cheques residen en otros mecanismos de protección, significativamente eficaces, pero no en la postura ingenua de mantener clasificado un número de cuenta que miles de personas conocen. Es evidente que la información que la mayoría del pleno consideró clasificada sale del control del sujeto obligado (la SEP)".
En este sentido, Juan Pablo Guerrero enfatizó que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Transparencia, se debe respetar siempre el principio de máxima publicidad mediante mecanismos sencillos y expeditos.
Sin embargo, prevaleció el criterio de Jacqueline Peschard sobre la clasificación del número de la cuenta utilizada por la Oficina de la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.
Ahora, durante los dos primeros meses de 2009, la SEP deberá eliminar esa caja chica del Índice de Expedientes Reservados y, en forma simultánea, liberar el archivo que contiene alrededor de 8 mil documentos.
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