Porfirio Muñoz Ledo

El rey cautivo

27 de marzo de 2010


La visita realizada en México por los más altos funcionarios del gabinete norteamericano de seguridad no tiene precedentes, aunque sí habrá de tener consecuencias de envergadura. No había sido programada a ese nivel, pero la alarma que provocó en ese país el último atentado de Juárez obligó a una señal de máxima preocupación e interés.

Con independencia de las declaraciones genéricas que se vertieron encarna la versión amenazante de la doctrina de “corresponsabilidad regional”. La moraleja: cuando uno de los dos socios es a todas luces irresponsable, la carga de la acción conjunta se deposita en el más fuerte. Queda claro que en nuestro territorio se libra una guerra ajena y que sus promotores domésticos la han perdido.

La afirmación de que nos hallamos en el derrumbe de un Estado fallido ha sido confirmada. Las palabras de McCaffrey tienen sabor de autopsia: “La situación en México es peor que la de Irak”. Una cadena de desastres “graves, previsibles pero indeterminables” que conducen al protectorado político y —si fuese necesario— a la ocupación armada.

Flotaba en el aire un hondo pesar, memorioso de 1847 y algunos avanzamos la hipótesis del “rey cautivo”, Fernando VII, cuando la invasión francesa a la península ibérica en 1808. Evocamos también la reacción popular frente al secuestro del monarca y la devolución de la soberanía a las comunidades, episodio que en la Nueva España encabezó Francisco Primo de Verdad.

Como en esos casos, la tragedia fue resultado de una serie de imperdonables desaciertos, pero aquí destaca la secuencia de una estrategia deliberada: haber aceptado desde los 80 una política de combate al narcotráfico que correspondía a las necesidades de Estados Unidos y no a las nuestras. Haber asumido una concepción ajena de la seguridad nacional.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte conllevó modalidades de integración que incluían las migraciones masivas, el incremento de la desigualdad, la extensión de la informalidad, el ascenso de la corrupción y la disminución del Estado. Todas ellas causas eficientes del imperio victorioso del crimen organizado.

Decir que ha capturado al país “una bola de maleantes que son una ridícula minoría” —como lo ha hecho Calderón— es un tontería mayor, a no ser que se refiera a los grupos políticos y económicos encaramados en la cúspide del poder. Revela además las ínfimas bases intelectuales sobre las que se construyó la militarización abusiva del país.

Ninguna acción en verdad responsable puede proseguirse dentro de los actuales supuestos. Ciertamente, los componentes del desastre son casi todos regionales, por lo que las soluciones no deben ser verticales, sino genuinamente consensuadas. Un nuevo acuerdo plural entre gobiernos habría de erigirse sobre los escombros del ASPAN y del plan Mérida.

El nuevo punto de partida sería una evaluación seria de los resultados y un diagnóstico de los fenómenos implicados y los medios disponibles. Una enérgica política social y el combate a fondo de las complicidades, controles financieros estrictos, reducción drástica del trasiego de armas, reordenación de los cuerpos policiacos y proyectos de legalización simétrica de las drogas son parte esencial de la agenda.

La cuestión es que nuestro “Presidente cautivo” carece de la legitimidad, la voluntad y la competencia para hacerlo. Sus iniciativas apenas sirven para revelar lo poco que le gustaría hacer aunque no pueda y sus improvisadas estrategias para encubrir las inmensas lagunas y prácticas prevaricadoras en el ejercicio del poder.

De ahí que surja con redoblado vigor la demanda social por la renuncia de Calderón. Unos temen que ofrecería el pretexto para una intervención abierta, que otros estimamos poco probable. Somos clara mayoría quienes la vemos como ocasión para reafirmar la soberanía popular y obligar a los actores nacionales a “asumir un acuerdo de trascendencia histórica”, que garantizara la reforma de las instituciones y una sucesión pacífica e independiente.

Diputado federal (PT)