EU impone a México lo que impide en su territorio: Meter al Ejército en el combate al narco
Meter al Ejército en el combate al narco
ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO
(Tercera parte)
IV. El interés geopolítico estadounidense es promover un estado policiaco en México, ante el evidente fracaso del neoliberalismo dependiente que produce estancamiento, desempleo, aumento de la desigualdad y pérdida de competitividad económica, con el propósito de mantener y profundizar la subordinación económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país, a los intereses estadounidenses.
La “guerra” mexicana contra el sistema de la economía criminal es el mecanismo que le permite a Estados Unidos incidir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos, a pesar de que Estados Unidos ha abandonado en su política interior el concepto de “guerra contra las drogas” y ha impedido el involucramiento directo de su ejército en dicha “guerra”.
La esencia de la política geoestratégica de los Estados Unidos de América hacia México, la sintetizó de manera precisa Noam Chomsky. Después de las elecciones presidenciales de 1988, el Pentágono estadounidense propuso establecer un tratado de libre comercio para “contener a México en su interior”. Según Chomsky: “Un gobierno que no quiere proteger a su población está perdido y va directo al fracaso; por eso considero a mi país como un fracaso, ahora les toca a ustedes evaluar y determinar si el gobierno de su país ha fracasado o no”.
El TLCAN y el ASPAN constituyen acuerdos para el establecimiento de un régimen político y una economía política en México, subordinada a los Estados Unidos bajo condiciones asimétricas de derechos y deberes, que tiene características equivalentes a un régimen de segregación en América del Norte (apartheid), bajo la hegemonía de los Estados Unidos de América.
El TLCAN tiene como objetivo la construcción de una dependencia sistémica y permanente de la economía política nacional hacia los Estados Unidos de América, mediante el propósito deliberado de erosionar la soberanía económica en una primera fase, para posteriormente avanzar hacia la pérdida de soberanía política, ideológica y militar de México.
Este objetivo estadounidense se codificó jurídicamente en tratados internacionales en materia económica (comercio, inversión y fiscal), que por la vía de la práctica, se hacen prevalecer sobre la Constitución mexicana.
Sobre esta base se ha avanzado en los terrenos que no incluyó el TLCAN en materia económica (energía, telecomunicaciones, banca) y en los de seguridad nacional y defensa, a través del Aspan.
Se sustituyó y subordinó el interés de la comunidad nacional y el desarrollo pleno de toda persona/individuo, que son las finalidades de todo Estado, a los derechos de las corporaciones globales, que prevalecen sobre la estructura jurídico-política constituida por deberes/derechos del Estado Nación.
La rectoría del Estado que establece la Constitución fue sustituida por la colonización del Estado por los intereses particulares transnacionales; la reducción del poder del Estado sobre los inversionistas globales y el abandono de las políticas de fomento económico y de promoción de la justicia social.
Esta subordinación es inmoral e irracional, pues se establecen derechos de las corporaciones globales, sin tener deberes correspondientes; y por la otra parte, se subordinan/colonizan las facultades que pertenecen a lo público y que se ejercen por medio de las instituciones que establece la Constitución, para convertirlas en instrumentos para la acumulación de las corporaciones globales y los poderes hegemónicos de otras naciones.
Entre los derechos asimétricos jurídicamente codificados que benefician a las corporaciones globales, se encuentran los siguientes:
derechos de inversión, que de facto son preferenciales a la inversión extranjera directa, pues las condiciones de financiamiento y apoyo de los gobierno de los países desarrollados no pueden ser equiparados por los apoyos del gobierno mexicano;
trato nacional a la inversión extranjera directa, lo que les permite el acceso a los programas de fomento que deberían estar dirigidos a empresas de capital nacional;
derechos de comercio que les permite el acceso al mercado nacional en condiciones preferentes por sus escalas de producción y posibilidad de colocar bienes por debajo de sus costos promedio de producción;
concentración de las actividades productivas que les permite a las corporaciones globales operar en mercados oligopólicos, que generan utilidades extraordinarias, que no pueden obtener en otros países;
compras de gobierno que de facto se constituyen en barreras de entrada para la inmensa mayoría de empresas de capital nacional;
derecho de no pagar impuestos en México (y posiblemente tampoco en sus países de origen), a través de los mecanismos de consolidación fiscal y los tratados para evitar la doble tributación;
la remisión de utilidades sin control;
así como el derecho de participar en actividades estratégicas que están reservadas por la Constitución al Estado mexicano.
La alianza de los grandes empresarios mexicanos con el proyecto estadounidense se plasmó en el TLCAN y ello constituye el factor explicativo más importante del curso que ha seguido el capitalismo mexicano en el último cuarto de siglo.
Esta alianza determina el comportamiento de los partidos políticos más importantes, explica la selección de candidatos al poder ejecutivo y legislativo y el contenido de las políticas públicas.
El resultado de este pacto transnacional se ha convertido en el determinante del pacto social mexicano, en el cual se plasman los derechos y deberes de los mexicanos, en relación al proceso de creación de la riqueza, la propiedad, y la aportación para los bienes públicos, a través de las contribuciones fiscales.
Los resultados de este pacto transnacional han logrado su objetivo fundamental, que es disminuir el poder nacional. Ello se manifiesta en lo siguiente:
Abandono de la rectoría económica del Estado sobre las corporaciones globales y para el fomento de sectores y actividades estratégicas.
Reducción deliberada de la escala económica y de las capacidades normativas del Estado mexicano, que se expresa en la reducción del gasto público, del 44% del PIB en 1982 al 24% en 2009, lo que constituye un debilitamiento sistemático del sector público, que no existe en ningún país desarrollado o latinoamericano. Como un referente significativo, se debe comparar en el promedio del gasto público de los países de la OECD, que es del 42% del PIB.
Socialización de las pérdidas de los rescates financieros y económicos hacia los causantes mexicanos y privatización de los beneficios a favor de corporaciones privadas, principalmente extranjeras.
Uso de la renta petrolera durante la década de los años 80 para dar servicio a la deuda externa; y para compensar desde entonces el déficit de recaudación de las grandes corporaciones e individuos con mayor riqueza en el país, que en promedio ha sido del orden del 10% del PIB durante los últimos 30 años.
Sistema fiscal que privilegia a las corporaciones globales, principalmente extranjeras, que no pagan los mismos impuestos que pagan en otras partes del mundo, y que hace descansar el 75% de la recaudación de los ingresos tributarios (IVA, ISR) en las personas físicas.
Privilegio de las políticas públicas a importadores e inversionistas extranjeros, a través de la firma de una amplia red de tratados, precedidos por la apertura comercial anticipada y acelerada ante otras naciones, que ha desindustrializado al país y lo ha conducido a la dependencia alimentaria (importamos el 25% del maíz, 60% de la carne de cerdo, 80% del arroz, 50% del trigo, somos el primer importador mundial de leche) y energética (70% de la exploración y extracción de crudo la realizan empresas transnacionales; se importa el 40% de la gasolina, y el 50% de la electricidad se genera por empresas transnacionales), lo que constituye una violación directa de la Constitución.
La dependencia alimentaria es causa directa del aumento en los últimos tres años, de más de cinco millones de personas que no pueden hacer tres comidas al día, elevando el número de personas en condición de pobreza alimentaria a veinte millones; pues al importar alimentos a precios superiores, necesariamente se elevan los precios domésticos, que no son compensados con aumentos salariales, por la economía política neoliberal y el estado permanente de semi-estancamiento económico.
Se ha convertido a México de manera deliberada en una potencia importadora y no en una potencia exportadora: el déficit fiscal acumulado de 1998 a la fecha es superior a los 80 mil millones de dólares; sin embargo si no se excluyen la maquila y las exportaciones de crudo, que son factores exógenos al “modelo” neoliberal, éste déficit hubiera sido del orden de 500,000 millones de dólares, lo que es a todas luces insostenible a corto plazo.
Utilización irracional e inmoral de la renta petrolera para sostener un precario equilibrio macroeconómico, que se verá necesariamente comprometido hacia el futuro, pues no es razonable suponer que el petróleo pueda constituir de manera indefinida el principal soporte fiscal, del comercio exterior y de la balanza de pagos.
El estancamiento estabilizador es necesario para mantener el equilibrio macroeconómico. México no puede tener altas tasas de crecimiento porque ha destruido importantes cadenas productivas, por lo que se requiere aumentar de manera las importaciones de maquinaria, bienes intermedios y servicios, para poder aumentar la producción, lo que necesariamente produce un desequilibrio comercial y de la balanza de pagos. Para evitarlo se requiere sofocar el crecimiento de manera permanente.
Aumento de la pobreza, la desigualdad, pérdida del 85% del poder adquisitivo del salario, millones de jóvenes sin acceso a la educación y al mercado de trabajo, y desempleo creciente incluso entre las personas con mayores niveles de escolaridad.
Pérdida de población a causa de la migración, que es la mayor pérdida de población en el mundo.
m. Muerte de más de 3000 personas desde que se firmó el TLCAN, al intentar cruzar la frontera norte en búsqueda de oportunidades de trabajo y mejores salarios, sin que el Estado mexicano, ni la sociedad, seamos capaces de proteger sus derechos humanos y la dignidad de estos mexicanos.
En una perspectiva histórica, desde la implantación de las políticas de subordinación nacional a la economía global y a la de los Estados Unidos en lo particular, cuyo punto de inflexión fue el año 1982, se observan con claridad los resultados de dos economías políticas claramente diferenciadas: por una parte, la política de desarrollo nacional establecida sobre la base de la Constitución, que a partir de la crisis de 1932 le permitió al país alcanzar un crecimiento promedio del PIB del 6.5% anual, durante medio siglo, hasta 1982, con un crecimiento del PIB per cápita del 3% y una tasa de crecimiento demográfico superior al 3%; y por otra parte, el ciclo neoliberal de dependencia, desde 1982 hasta la fecha, en que el crecimiento promedio ha sido del 2.3% del PIB, con un crecimiento del PIB per cápita de 0.6% anual.
14. Es tan grave la postración y debilidad estructural de la economía política mexicana subordinada a la acumulación global, que los mismos Servicios Económicos del Grupo BBVA, estiman que México crecerá en promedio 2% anual durante los próximos veinte años.[2]
Por consiguiente, no se trata de un estado “fallido” en México, como lo propuso el Pentágono estadounidense, sino un estado dependiente, con limitada soberanía económica y con una economía política controlada en grados diversos por intereses externos, aliados con reducidos grupos nacionales
Lejos de ser un estado fallido para quienes promovieron y se benefician de dichas políticas, constituye un enorme éxito para un grupo muy reducido de personas y corporaciones, como se puede constatar en las utilidades extraordinarias que obtiene la banca extranjera en México, así como también la que obtienen la mayoría de las corporaciones globales; y la emergencia de un puñado de capitalistas con inmensas fortunas; resultado de la concentración del ingreso y la riqueza nacional, que ha dejado a más de cincuenta millones de personas en condiciones de pobreza, veinte millones de los cuales no tienen ingresos suficiente para comprar los alimentos básicos y han dejado de hacer tres comidas al día, lo que hace de México una de las naciones más desiguales del mundo.
En consecuencia, la violencia es lo que caracteriza a la sociedad mexicana. La violencia no se refiere solamente a hechos de carácter criminal, sino que incluye también a la violencia institucional. que se manifiesta en salarios excesivamente reducidos en relación con las necesidades de la mayoría de la población; la ausencia de condiciones de seguridad social para la mayoría de la sociedad mexicana; violencia psíquica y real sobre millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación o al trabajo; violencia familiar y comunitaria al erosionarse los vínculos familiares; violencia simbólica al generar la frustración de millones de personas que son espectadores del escaparate del consumo posible, al que se incita de manera obsesiva en los medios de comunicación, al tiempo de que se carece de las posibilidades de tener acceso a los niveles de ingreso para hacer posible esas formas de vida publicitadas; violencia electoral, al vulnerarse la voluntad ciudadana en las elecciones, para abrir paso a servidores públicos que gestionen los intereses económicos de las corporaciones globales en las instituciones públicas.
La coalición de poder transnacional se ha impuesto sobre los derechos humanos y la dignidad del pueblo de México, lo que constituye la raíz histórica concreta de la violencia.
El resultado de todo ello es la pérdida de poder nacional y de la soberanía del Estado nación mexicano, lo que abre la posibilidad de una mayor influencia de los Estados Unidos en el régimen político y las instituciones de defensa y seguridad del país.
La primera fase del proyecto de debilitamiento del Estado Nación mexicano se dirige a la pérdida de la soberanía económica, lo que establece condiciones para la pérdida de soberanía del poder militar.
En el marco de este proyecto se ha utilizado al narcotráfico como instrumento para facilitar la intervención y eventual control de las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano, por las instituciones estadounidenses (ejército, policías, sistema judicial, inteligencia para la seguridad nacional).
La agenda del combate al terrorismo que ha impuesto Estados Unidos al mundo, se convierte también en justificación de la injerencia extranjera, que tiene el propósito de ampliar la jurisdicción del ejército estadounidense en las actividades de seguridad de México.
La estrategia para imponer la hegemonía estadounidense requiere la subordinación y control de las policías, ejércitos, sistemas judiciales y partidos políticos de otras naciones, a los intereses y voluntad de los Estados Unidos.
El uso de la “guerra” contra el narco por parte de otros países, es el instrumento para la incorporación de los aparatos militares y de seguridad extranjeros, en función de una amenaza cuyo origen se sitúa precisamente en los Estados Unidos, quienes se asumen unilateralmente en nación “certificadora” de la conducta de dichos estados extranjeros.
Esta estrategia le permite a Estados Unidos tener a 1400 agentes en el territorio mexicano, para actuar en contra de la economía criminal, pero que de manera necesaria son parte integrante de la red de inteligencia estadounidense sobre la situación social, política y económica del país.[3]
La narco-militarización de otras sociedades, como es el caso destacado de México y Colombia, es una estrategia para lograr este objetivo, porque:
justifica una supuesta necesidad de asistencia externa;
mantiene a los partidos políticos y gobiernos en un constante jaque/amenaza, por supuestos o reales involucramientos en la narcoeconomía;
coacciona a otros estados a relacionarse con los Estados Unidos, sobre la base de esta agenda impuesta desde el exterior;
crea un “enemigo común”, que obliga a otros estados a cooperar con las políticas estadounidenses de seguridad y militarización, so pena de hacer parecer a los estados que se resistan, como cómplices del crimen organizado;
obliga a otros estados a concentrar esfuerzos extraordinarios para reducir las actividades delictivas, en detrimento/anulación de sus responsabilidades de promoción económica y de la justicia social;
obliga a otros estados a gastar recursos significativos en ello, en detrimento de las prioridades del desarrollo;
permite la ampliación de las fuerzas de seguridad en contra de las expresiones políticas de inconformidad con el régimen político-social;
recibe una amplia aceptación de la sociedad, ante el grave deterioro de las condiciones de seguridad, que hacen justificable de manera paulatina y creciente, la injerencia de las fuerzas de seguridad extranjeras.
De manera contrastante con la política seguida por el gobierno mexicanos, los Estados Unidos han eliminado el concepto de “guerra contra las drogas”, porque es contraproducente.
El concepto que fue utilizado durante los últimos veinticinco años para enfrentar el problema de las drogas, como un problema de seguridad pública que debería ser confrontado como si fuera una “guerra”, fue declarado nulo en los propios Estados Unidos.
Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca declaró al Wall Street Journal: “No importa cómo intente uno explicarle a la gente si es ‘una guerra contra la droga’ o ‘una guerra contra un producto’, la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. [4]
El balance que se ha hecho en los Estados Unidos, concluye que se gastan 150 mil millones de dólares anualmente en policía y tribunales; que se tiene al mayor número de personas en la cárcel en el mundo, como proporción de su población total; y que a pesar de todo ello, no se ha detenido ni la oferta, ni la demanda de estupefacientes.
El 47% de arrestos en ese país están relacionados con la mariguana y 30% de los reos en las cárceles tienen condenas por delitos no violentos. Estados Unidos gasta anualmente 68,000 millones de dólares en mantener su sistema carcelario.
Ante este fracaso, el nuevo enfoque estadounidense busca reducir el consumo, dando prioridad al tratamiento y reduciendo la encarcelación.[5]
Contrario a lo que hace Estados Unidos, el gobierno mexicano ha tomado la decisión de profundizar su “guerra” contra el narcotráfico.[6] El editorial del diario El Universal expone con claridad la manera como México sigue los pasos de Colombia en esta “guerra”:
“La política del Estado colombiano y del gobierno estadounidense ha sido la erradicación de cultivos mediante fumigación a gran escala, la destrucción de infraestructura del narco (laboratorios y pistas) y la persecución a los traficantes. ¿Qué pasó? 30 años después Colombia sigue siendo el mayor productor de droga en el mundo, sólo ensombrecido últimamente a nivel de trasiego por México […] El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 del Ejército mexicano tiene como meta disminuir el área de siembra de enervantes en 70%. ¿Cómo? Con “un total de 168 operaciones de alto impacto”. Vamos por el mismo camino”. [7]
Esta posición del gobierno mexicano es precisamente la que exige Estados Unidos a otras naciones, de manera diferente a lo que hace en su política interna, porque es la que conviene a sus intereses geopolíticos.
El mismo Gil Kerilikowske que reconoce el fracaso de la “guerra” contra las drogas, es el mismo que se erige en certificador de México. La política interna de Estados Unidos es contraria a su política exterior, en la que busca hacer responsables a otros estados de los problemas generados por la economía criminal que se originan en los Estados Unidos, para justificar su intervención en el manejo de las políticas de defensa y seguridad de otros países. [8]
La “certificación” de México se ha extendido ahora a la certificación del Ejército Mexicano, y ya no se hace al amparo de una ley general, sino de los recursos que se entregan a México para cooperar en la lucha contra el narcotráfico.[9]
La posición de Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, es considerar que el narcotráfico afecta y amenaza al hemisferio completo. Por eso afirmó que en los Estados Unidos "tenemos control de confianza de todas nuestras fuerzas, de aduanas y de las policías, y tenemos sistemas para mantener ese control durante el periodo de empleo".
Es evidentemente falso que Estados Unidos tenga bajo control a la economía criminal. Lo cierto es el fracaso, que reconoce el mismo responsable de la oficina presidencial estadounidense que coordina las acciones con contra de la economía criminal.
Por otra parte, Pascual concede más importancia al problema de control del tráfico de armas que vienen de América central y no al que proviene de los Estados Unidos, lo que no corresponde con la magnitud real del problema.
En realidad no se actúa sobre los procesos económicos que reproducen la economía criminal de manera ampliada. En lugar de desmantelar el consumo y controlar el tráfico de armas, el embajador propone “la necesidad de mantener el frente contra los narcotraficantes para tener éxito de manera hemisférica y no nada más en un país u otro. Informó que como parte de la Iniciativa Mérida, llegarán a México a finales de este año o principios de 2010 más helicópteros y aviones. Dijo que no hay aún fecha precisa para un nuevo plan migratorio.” [10]
La postura del Embajador Pascual es contraria al reconocimiento que ha hecho el propio Departamento de Justicia estadounidense, de su responsabilidad en la reproducción de la economía criminal, en un doble sentido: en primer lugar, al reconocer que la violencia en México se alimenta con los recursos y armas que provienen de los Estados Unidos; y que de ellos dependen los criminales para el control del contrabando de drogas a lo largo de la frontera. [11]
Sin embargo, en lo que se refiere en su política hacia México, el ejército estadounidense tiene prevista la invasión de México ante un eventual colapso causado por el narcotráfico, que es un problema originado desde los propios Estados Unidos[12], ya que se ha considerado la inestabilidad y violencia en México como un asunto de seguridad interna de los Estados Unidos.[13]
La estrategia geopolítica estadounidense en un plano histórico de largo plazo, se dirige hacia lograr el control y subordinación del ejército mexicano.
El debilitamiento del poder nacional en la economía es la condición sobre la que se despliega el sistema de la economía criminal, que por una parte ofrece oportunidades de ingreso a decenas de miles de personas que tienen opciones en la economía formal.
En segundo lugar, este sistema económico incorpora grupos y organizaciones criminales que se van apoderando de espacios geográficos y económicos a nivel municipal, que se van ampliando en escala y profundidad.
Estas organizaciones van corrompiendo e incorporando a las fuerzas policiales y servidores públicos en un orden ascendente del poder formal.
La intervención del Ejército para enfrentar ese sistema de economía criminal se sitúa estratégicamente fuera del proceso de su reproducción, que ocurre a través de circuitos financieros y económicos, por lo que no podrá tener éxito en la encomienda que se le ha dado.
El debilitamiento del ejército mexicano es resultado de una triple dificultad, por una parte, la exposición al proceso intrínsecamente corruptor del sistema de economía criminal; el fracaso necesario al no poder detener ni la economía criminal, ni la violencia que le es inherente; y por último, la deserción de cuadros calificados que se suman al sistema de economía criminal.
Este es el estado de cosas en el que estamos actualmente en México, que necesariamente se hará avanzar hacia el abierto desprestigio del ejército mexicano, tanto a través de las justas acusaciones por violaciones de los derechos humanos, como por su falta de efectividad para detener la expansión del crimen organizado.
Una vez afirmada esta fase, probablemente se inicie la propuesta de la sustitución de las fuerzas armadas mexicanas por tropas extranjeras, como ya fue solicitado por empresarios en el Estado de Chihuahua.
La prolongación de esta situación permitiría que en el próximo futuro, se solicite abiertamente la incorporación de México a mecanismo de acuerdo militar internacionales como la OTAN, y la presencia de tropas extranjeras en México, como ya está siendo propuesto por el Instituto Mexicano de Competitividad.
El objetivo de la política estadounidense se lograría cuando en México se instalaran bases militares como en el caso de Colombia.
La presencia de estas fuerzas militares se convertiría en dominio directo estadounidense sobre la soberanía nacional, para garantizar las inversiones e intereses estadounidenses en México.
Evidentemente el propósito no es acabar con el sistema de la economía criminal, como no ha ocurrido en el caso de Colombia, sino la de constituirse en un mecanismo preventivo y reactivo, ante las demandas de cambios democráticos y de modificación de un modelo de subordinación económica que es intrísecamente incapaz de crear condiciones para un verdadero desarrollo humano de todos los mexicanos, bajo condiciones de libertad, independencia, soberanía y respeto de todas las garantías y derechos humanos.
Este dominio militar incluye el sellamiento de la frontera norte, para lo cual se ha venido construyendo un muro de más de tres mil kilómetros, para lograr lo que Chomsky acertadamente definía como una estrategia para “contener a México en su interior”, pero bajo una subordinación y control exterior.
Las declaraciones del Embajador Pascual el 12 de noviembre de 2009, en ocasión de la conmemoración del Día de los Veteranos estadounidenses, al justificar el uso del ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico, pueden ser interpretadas como una injerencia en asuntos internos del país, que se hace desde la cobertura de lo que él califica como una “amenaza hemisférica”.
En este discurso, un embajador de una nación extranjera, le da al ejército, al gobierno y a la sociedad mexicana, orientaciones sobre lo que supuestamente debería ser su misión, como se desprende de los conceptos expresados:
i. el Ejército Mexicano “ha tenido que tomar ese papel por la necesidad de mantener el control en las calles y combatir a esa amenaza hemisférica”.
ii. “Además reiteró que el esfuerzo del gobierno y las fuerzas mexicanas debe ser apoyado por toda la sociedad, así como por las policías municipales, estatales, federales, y el Ministerio Público”.
iii. “Internacionalmente estamos preparados para ayudar de tal manera que todos podamos crear capacidades para controlar ésta que es una amenaza hemisférica, que es el crimen”.[14]
Este discurso se sitúa en la perspectiva de hacer responsables a otras naciones de un problema generado desde los Estados Unidos y que es utilizado para lograr los objetivos geopolíticos estadounidenses, pues es claro que el Embajador Pascual está proponiendo que el principal responsable de conducir la política en contra del sistema de la economía criminal, es el ejército, al que ubica como un actor para la contención de la “amenaza hemisférica” del crimen.
Además del claro propósito de buscar la simpatía de las fuerzas militares mexicanas, el mensaje de fondo es afirmar que las alianzas militares deben constituir un vínculo estructural y de largo plazo con las fuerzas militares estadounidenses, lo que daría permanencia y condiciones estructurales a los acuerdos en el ámbito de la economía.
En un escenario a futuro, esta vinculación ciertamente se pondría por encima de los procesos democráticos nacionales, como es el caso de lo que se observa en Colombia o en el caso de Honduras.
Es claro que el primer y más importante fracaso se sitúa en los Estados Unidos, como lo reconoce la propia Drug Enforcement Agency, que concluye señalando la permanencia del consumo en los Estados Unidos, como el mayor indicador de este fracaso, demanda que constituye el origen del sistema de la economía criminal. El discurso del Embajador Pascual ubica el origen de la “amenaza hemisférica” desde el sur, hacia el norte, cuando la propia DEA reconoce que la dirección es del norte hacia el sur. [15]
Esta postura del Embajador Pascual se aparta de lo que la propia Secretaria de Estado Hillary Clinton expresó en un viaje reciente a México, cuando reconoció que el origen del problema de la economía criminal se sitúa en el consumo de algunos estadounidenses, y que por lo tanto Estados Unidos tiene la responsabilidad en el mismo, lo que nulifica el concepto utilizado por el embajador de “amenaza hemisférica”.[16]
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(Cuarta parte)
V. ¿Qué hacer ante esta situación?
Este análisis conduce a la conclusión de que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, como es ya evidente después de estos tres años de aplicación. El camino para modificarla pasa por el reconocimiento de las causas sistémicas y los intereses geopolíticos.
México debe modificar de inmediato la estrategia seguida, que ha provocado la intensificación de la violencia, no ha terminado con la economía criminal ni su secuela de corrupción, y corresponde principalmente al interés geopolítico estadounidense. El curso de acción que se propone es el siguiente:
Regresar al ejército a los cuarteles y reforzar su apoyo al Ministerio Público Federal en los operativos que sean necesarios para sus labores de investigación.
Revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que van en la dirección del establecimiento de un Estado policiaco, restableciendo el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia.
Suspender la “ayuda” que se está otorgando al Ejército Mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, para “reducir territorios ingobernados”; y la cooperación militar, pues el Ejército Mexicano no requiere de ninguna ayuda extranjera para realizar las misiones substantivas que la Constitución le encomienda. La aceptación de tales ayudas tiene como correlato necesario la presentación de informes a un congreso extranjero, sobre las acciones que deben corresponder de manera exclusiva al Estado mexicano y a sus poderes públicos.[17]
Legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana y dar tratamiento de enfermos a las personas adictas.
Muchas personalidades consideran el paradigma actual como un fracaso[18] y proponen que se debe legalizar las drogas.[19]
Este enfoque es consistente con la propuesta de legalizar las drogas que se ha presentado en las Naciones Unidas.[20]
Al legalizar esta producción y consumo de la marihuana, México debe exigir una compensación de daños a los Estados Unidos por los daños causados por el consumo de drogas en los Estados Unidos, así como promover una acción en los espacios internacionales multilaterales. [21]
Exigir la transparencia del sistema financiero y su cooperación por mandato legal, para poder confiscar los bienes del sistema de la economía criminal, pues sus transacciones terminan inevitablemente en él.
Promover una amplia toma de consciencia nacional sobre la naturaleza del sistema de la economía criminal, y de la necesidad de modificar la estrategia seguida.
Exhibir en la opinión pública a las empresas que colaboran con el sistema de la economía criminal, para que sean repudiados por la ciudadanía.
En lo que se refiere al consumo, se debe trabajar intensamente en la prevención, especialmente entre los jóvenes. Es muy importante la formación ética sobre las raíces culturales de la violencia, en donde se debe terminar con la cultura de la violencia sobre las mujeres.
En la cultura política se debe exigir plena responsabilidad sobre la utilización de la fuerza pública: ningún acto de fuerza se justifica por el hecho de ser realizado al amparo de las atribuciones que otorgan las leyes a las instituciones. El estado no tiene a priori el monopolio de la “violencia legítima”, sino que ésta se debe justificar en cada caso bajo el criterio de justicia. Se debe promover la cultura de la vida y no la de la muerte.
Promover convenios amplios en todo el país para la cooperación de las instituciones educativas en las labores de prevención, formación y coordinación para acotar los márgenes de acción del sistema de economía criminal en cada comunidad.
Se debe terminar tajantemente con la apología del crimen, la cultura de la violencia y la promoción de los valores que alimentan el sistema de la economía criminal, que se hace de manera directa o indirecta a través del cine, la radio y la televisión, especialmente en la programación producida en los Estados Unidos, estableciendo consejos ciudadanos de vigilancia de los contenidos, cuyas recomendaciones tengan carácter vinculatorio para las autoridades de la Secretaría de Gobernación, para sancionar severamente e incluso cancelar las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, de quienes transmiten y reproducen la cultura de la violencia, el lucro y la impunidad.
m. Involucrar a la sociedad civil en la responsabilidad preventiva del consumo de drogas, a través de las instituciones escolares, los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil.
Modificar las leyes aprobadas para la extinción de dominio, para que todos los bienes confiscados sean entregados a las organizaciones de la sociedad civil y a proyectos de grupos de jóvenes, en lugar de ser convertidos en bienes públicos, con el objeto de detonar oportunidades para crear ingresos en la sociedad, al mismo tiempo que con ello se motivaría más ampliamente la participación de la sociedad civil y reduciría el consenso social que apoya al sistema de la economía criminal.
Establecer una amplia agenda de investigación en las universidades mexicanas sobre el sistema de la economía criminal, que incluya la investigación social sobre este fenómeno; la evaluación y propuesta de mejoramiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia; desarrollo de tecnologías de información, programas de cómputo propios y de encriptación de sistemas de comunicaciones, lo que constituye un núcleo fundamental de cualquier estrategia; un trabajo coordinado con las instancias correspondientes de las Naciones Unidas, para recuperar todos los trabajos de investigación que ya han sido realizados.
[1] JDC TLC y Estado fallido. El Financiero, septiembre 24 de 2009. p. 35.
[2] Jeanette Leyva Reus. “México crecerá 2% en promedio durante los próximos veinte años”. El Financiero. Noviembre 12, 2009. P. 3
[3] DEA, ICE y ATF, entre las dependencias asentadas aquí, revelan funcionarios federales. Crece la cifra de agentes de EU que espían en todo México; ya son más de mil 400. Colaboran con las autoridades nacionales, dicen. Muchos son ex integrantes de cuerpos de inteligencia. En consulados, sus principales bases. Reportan al menos un caso de corrupción. Gustavo Castillo García. Periódico La Jornada. Domingo 8 de noviembre de 2009, p. 7 Más de mil 400 agentes del gobierno de Estados Unidos operan en México en labores de combate al crimen organizado e inteligencia. Unos 700 son ciudadanos mexicanos. Los agentes trabajan principalmente para dependencias como la agencia de Inmigración y Aduanas, y la de combate a las drogas (ICE y DEA, por sus siglas en inglés), revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.
[4] BROOKS, David. “Washington elimina el concepto de ‘guerra contra las drogas’”, La Jornada, México, mayo 15, 2009. p. 23 Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca declaró al WSJ. Por otra parte, en 13 estados de EU se ha autorizado la distribución de mariguana para usos médicos.
[5] Brooks, ibid.
[6] Gobierno impulsará 13 acciones antinarco. Ciudadanía, la clave para recuperar plazas, aseguran. José Gerardo Mejía. El Universal. Lunes 25 de mayo de 2009. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, Felipe González, afirmó que a partir de esta semana, el gobierno federal incrementará el combate al crimen organizado a través de 13 acciones para buscar la recuperación de espacios cooptados por líderes de cárteles.
[7] Editorial El Universal. “Ser ‘narco’ para sobrevivir’, México mayo 25, 2009
[8] Congreso alista reclamo por certificación en derechos humanos. Afirma el secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres, que dicha evaluación vulnera la confianza entre México y Estados Unidos y dificulta la elaboración de una estrategia conjunta. JORGE RAMOS Y RICARDO GÓMEZ . El Universal.
Ciudad de México Martes 04 de agosto de 2009. La Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al presidente Felipe Calderón, para que rechace "de manera contundente" un eventual proceso de certificación a México en materia de Derechos Humanos, por parte del gobierno de Estados Unidos. La semana pasada, el llamado zar antidrogas de gobierno de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, anunció que certificará las operaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos, en el marco del combate a la delincuencia, aunque después declaró que no se trata de una certificación. El senador Ricardo García Cervantes comentó "Que no parezca que estamos yéndonos por una información en la que la persona corrigió y no es certificación, pues llámesele como se le llame, ciertamente tiene que certificar los comités apropiados del Congreso de Estados Unidos sobre el destino, utilización y aprovechamiento de los recursos de la iniciativa Mérida", esgrimió el panista.
[9] México no es Estado fallido, asegura el embajador de EU. Pascual considera que el Ejército puede “mejorar su manera de funcionar”. Silvia Otero. El Universal. Miércoles 12 de agosto de 2009. GUADALAJARA, Jalisco.— México no es un Estado fallido, asegura Carlos Pascual, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, al emitir sus primeras declaraciones públicas. Pascual, quien llegó el pasado domingo con el presidente Barack Obama, sostiene que es necesario que en el corto plazo el “Ejército mexicano pueda cambiar su funcionamiento y tener un sistema más transparente” en derechos humanos. Sobre el papel de los militares en tareas de seguridad —que ha generado críticas en su país por presuntas violaciones a derechos humanos—, detalla que a más tardar la próxima semana el Departamento de Estado entregará un informe al respecto al Senado, sin que pueda prever la reacción de los legisladores. De este documento depende la liberación de 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida. Al respecto, el diplomático dice: “Todos entendemos por qué México ha necesitado el papel del Ejército, especialmente en zonas donde las policías locales no estaban al nivel necesario”. Sin embargo, añade que “a corto plazo tenemos que ver si hay algunas maneras que el Ejército puede cambiar o mejorar su manera de funcionar, donde tengamos todos un sistema un poco más transparente; creo que tenemos la capacidad de entregar un reporte que pueda tocar estos asuntos de manera objetiva. Tenemos la cooperación del Estado mexicano para demostrar que es consistente con los estándares internacionales de respeto a derechos”.
[10] Narco amenaza a todo el hemisferio: Pascual. El embajador de Estados Unidos en México destaca la importancia de trabajar en conjunto en la frontera sur del país para controlar el tráfico de armas que vienen de América Central. JORGE RAMOS. El Universal. Ciudad de México Miércoles 21 de octubre de 2009.
[11] EU: cárteles amenazan la seguridad binacional. Admite que desde su territorio se nutren corrupción y violencia en México. Silvia Otero. El Universal. Viernes 10 de julio de 2009. “Durante 2009, la violencia en México ha crecido “a niveles sin precedentes” y “alarmantes”, con cerca de 3 mil 500 ejecuciones, ante los embates de los cárteles de la droga, que “siguen siendo poderosos y están evolucionando”, ya que han expandido sus actividades a delitos como el secuestro y la extorsión, incluso con el uso de grupos paramilitares. Este es el escenario que plantea el informe que presentó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Cámara2006 a 2007, y para 2008 la cifra llegó a alrededor de 6 mil 200 asesinatos, de los cuales en casi 10% las víctimas fueron policías, mandos y militares”, mientras que este año, “hasta la fecha se han producido unos 3 mil 500 crímenes”. Aunque la violencia en México ya existía, las autoridades de Estados Unidos advierten que “el derramamiento de sangre ha aumentado en los últimos meses a niveles sin precedente, se reconoce que de Representantes, en el que se reconoce la necesidad de reforzar la estrategia contra las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera, ya que, establece, representan una seria amenaza a la seguridad binacional. Se indica que las ejecuciones relacionadas con las drogas en México “se duplicaron de “gran parte de la violencia y la corrupción en México es alimentada por estos recursos que vienen de nuestro lado de la frontera”. El documento señala que “estas organizaciones y sus grupos paramilitares dependen de estas armas de fuego y municiones —que en su mayoría llegan de Estados Unidos— para el control de lucrativos corredores de contrabando de drogas a lo largo de la frontera”. Destaca que diversos organismos estadounidenses ahora trabajan de manera más coordinada para frenar el tráfico de armas y dinero hacia México, pues la violencia que se registra ahora en el país “tiene graves efectos directos en los Estados Unidos”, ya que los grupos del crimen organizado que operan en territorio mexicano representan “la mayor amenaza a su seguridad nacional”.
[12] EU: México es susceptible de “intervención”. Informe de las Fuerzas Armadas alerta que el narco debilita al país. Carlos Benavides. El Universal. Martes 13 de enero de 2009. “México y Paquistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadounidenses. Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos (USJFCOM, por su sigla en inglés) plantea que ante un escenario de caos en México, provocado por el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna. La referencia sobre este escenario se encuentra plasmada en el informe Joint operating environment 2008, confeccionado por el Comando Conjunto de las Fuerzas de ese país.”
[13] Violencia en México, tema de seguridad nacional para EU. La titular de Seguridad Interna, Janet Naplitano, la consideró una amenaza internacional y un asunto en el que Washington no está en posición de "ver y esperar", sino de ayudar. Notimex. Publicado: 25/03/2009 10:33. El Universal. Washington. La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, aseveró este martes durante una comparecencia ante el Senado que Estados Unidos está emprendiendo acciones para ayudar a México a enfrentar la amenaza del narcotráfico. Ante el Comité senatorial de Seguridad Interna, Napolitano sostuvo que la violencia en México no es sólo una amenaza internacional sino un "asunto significativo de seguridad nacional" para Estados Unidos. El gobierno del presidente estadunidense Barack Obama anunció el martes planes para aumentar los recursos humanos y técnicos en la frontera para atajar el trasiego ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, además de los 700 millones de dólares bajo la Iniciativa Mérida de cooperación en seguridad.”
[14] Justifica Pascual uso del Ejército en lucha contra narco. El Financiero, 12 de noviembre, 2009. p. 20
[15] Fracasamos en la lucha antinarco, reconoce DEA. J. Jaime Hernández Corresponsal. El Universal. Viernes 27 de marzo de 2009 . WASHINGTON.— Para la Administración Federal Antidrogas (DEA) el combate al narcotráfico en Estados Unidos ha sido “un fracaso”, que se refleja en el nivel de consumo que persiste en este país. Por el contrario, reconoció el éxito que tienen las autoridades mexicanas en su cruzada contra los cárteles de la droga que “están en desbandada. La estrategia es un éxito”, dijo la encargada en funciones de la DEA, Michelle Leonhart, en una audiencia en la Cámara de Representantes.
[16] Cárteles reciben de EU 25 mmdd al año. Violencia en la frontera afecta ya a 60 millones de estadounidenses. Redacción. El Universal. Viernes 27 de marzo de 2009. MONTERREY, NL.— La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, afirmó que los consumidores de droga en su país entregan cada año a los grupos del crimen organizado un “arma financiera” de 25 mil millones de dólares. Al continuar su visita en México, ahora en la capital de Nuevo León, Clinton estimó que las ganancias ilícitas que el narcotráfico obtiene en Estados Unidos ascienden a 25 mil millones de dólares, lo que permite a la delincuencia “continuar con su campaña de violencia y de ignorancia a la ley”. En una conferencia magistral en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, expresó que es intolerable la violencia que ejercen las bandas del narcotráfico. “Aterrorizan a la comunidad mexicana” y afectan también a unos 60 millones de estadounidenses que viven en la frontera con México, agregó. Por lo anterior, señaló que en su estancia en este país ha dejado “muy en claro” que Estados Unidos reconoce que el narcotráfico no es sólo un problema de México: “Nosotros tenemos una gran responsabilidad”. “En EU podemos preocuparnos de lo que viene hacia el norte, pero los mexicanos están preocupados de lo que viene hacia el sur: armas de asalto, bazucas, granadas”, dijo.
[17] EU dio partida para “liberar territorios”. Se pretende mejorar la capacidad militar en operaciones “antiterroristas”. Doris Gómora. El Universal. Miércoles 25 de marzo de 2009. “Documentos oficiales del gobierno estadounidense refieren que al Departamento de Defensa se le asignó una partida por 12 millones 945 mil dólares para que las Fuerzas Armadas mexicanas mejoren la capacidad “para reducir los territorios ingobernados”. En el presupuesto aprobado para esa dependencia, bajo la sección 1206 integrada por fondos discrecionales, se explica que los recursos se destinarán para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas organizaciones terroristas”. El documento, cuya copia tiene este diario, añade que el dinero servirá además para proteger con mayor efectividad la infraestructura crítica, “encontrar y reparar objetivos, y establecer condiciones para incrementar la cooperación con Estados Unidos”. De esta forma, el Pentágono entregará a la Secretaría de la Defensa en 2009 equipo de combate al terrorismo, apoyo técnico inicial, intermedio y avanzado sobre medios digitales forenses, usados para inteligencia. Los recursos son independientes de la Iniciativa Mérida.
[18] Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo. También George Schultz, Milton Friedman y otros. BROOKS. Ibid.
[19] “La guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado Estados fallidos en el mundo en desarrollo, aun mientras la adicción florece en países ricos. De cualquier forma en que se mida ... esta lucha ha sido antiliberal, asesina y sin sentido. Es por ello que The Economist continúa creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas”. BROOKS. Ibid.
[20] “Por primera vez en ONU se hablará abiertamente de legalizar las drogas” Hace una década, en 1998, una sesión especial de las Naciones Unidas emitía una declaración en la que prometía “un mundo sin drogas” para 2008, sobre la base de una férrea política de prohibición. No resulta difícil ver cuáles han sido los resultados. Desde mañana se realizará en Viena una evaluación de esas directivas y por primera vez se incluirá abiertamente en el debate la posibilidad de la legalización. Ministros de 53 países participarán desde mañana en la sesión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas (CDN) en la capital de Austria, donde se encuentra la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). La reunión ministerial se llevará a cabo los dos primeros días, pero la sesión continuará hasta el 20 de marzo…El propio director ejecutivo de la UNODC, el italiano Antonio María Costa, quien también es miembro del buró de la CDN, reconoce ahora que el control de las drogas ha tenido como una de sus imprevistas consecuencias el fortalecimiento del crimen organizado. Costa ha presentado un informe a la Comisión en el que admite que toda la política de control se ha visto minada por “un mercado criminal de monumentales proporciones”. Todo muy lejos del “mundo sin drogas” y de la “eliminación o reducción significativa” de la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008, como triunfalmente se hablaba una década atrás…Un ejemplo que compete mucho al Paraguay es el de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, del Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, que elevará una recomendación concreta de legalizar, como primer paso, la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa. La Comisión, constituida por una veintena de eminencias de distintos países de la región, se reunió el 11 de febrero en Río de Janeiro para elaborar las bases del documento a ser presentado. La conclusión más importante es el reconocimiento de que las políticas basadas en la represión, impulsadas ampliamente por Estados Unidos y la propia ONU, han sido un fracaso. No solo la producción y el consumo se siguen incrementando pese a todos los esfuerzos, sino que las mafias continúan fortaleciéndose cada vez más, inficionando los sistemas políticos, judiciales y de seguridad y comprometiendo seriamente la gobernabilidad y la viabilidad de las democracias en muchos países. “Una evaluación realista de esta política demuestra que no hubo reducción de la producción de drogas ni del consumo. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar las drogas y, más grave aún, este enfoque prohibicionista ha generado problemas humanos y sociales gravísimos como el aumento de la violencia y de la corrupción en la región”, dijo Fernando Henrique Cardoso tras la reunión en Río de Janeiro. Como primer paso, la Comisión planteará a la comunidad internacional la despenalización del consumo de marihuana, por considerar que esto es por ahora lo más factible. Se pliega al punto de vista de que el problema de las drogas debe ser tratado en el ámbito de la salud pública y ser sacado del ámbito criminal, porque de lo contrario, los únicos grandes beneficiados son los propios narcotraficantes. “Los usuarios de droga deben ir al médico, no a la cárcel”, sostienen los ex presidentes.” .Publicado por ABC – Paraguay, 10 marzo 2009.
[21] Editorial EL UNIVERSAL. Cárceles, ¿para qué? 21 de mayo de 2009. Gastamos cada año 11 mil millones de pesos para tener encerradas a 213 mil personas en las cárceles de este país. ¿Qué hemos obtenido? Motines, mercados cautivos para la venta de drogas y centros de operación para extorsionadores, secuestradores y capos del narco. Es tiempo de pensar si tiene sentido seguir por el camino que ha probado ya su fracaso aquí y en el resto del mundo. Tampoco es cuestión de dinero. Estados Unidos tiene 2 millones de reclusos; gasta en cada uno más de 100 mil dólares al año y está lejos de ser uno de los países con menor delincuencia. ¿Qué esperanzas de seguridad tiene un país que sigue el mismo modelo pero que apenas resuelve 2% de sus delitos? Incluso si mágicamente desapareciéramos la impunidad en el corto plazo, no habría dónde poner a tanto criminal. México destina 50 mil pesos al año, 130 pesos diarios, en cada reo. Eso es casi tres veces el salario mínimo. Puesto que dos de cada tres reclusos están en prisión por robos simples o delitos que ameritan menos de tres años de prisión —debido a conductas delictivas no violentas y de poca gravedad—, ese dinero sería más útil en la prevención de esos crímenes. Bien canalizados, 130 pesos diarios pueden evitar que un joven se meta de narcomenudista o de ratero. Esa ha sido la estrategia en países como Japón, Suecia, Francia e Inglaterra. El resultado es que sus índices de criminalidad y de reclusos per cápita son mucho menores que en el modelo de México: Estados Unidos. Cálculos del Instituto para la Seguridad y la Democracia revelan que sólo con el costo diario de la población reclusa sin condena podría sufragarse el apoyo anual para casi 2 mil familias en el programa Oportunidades. En vez de perder el tiempo con propuestas de pena de muerte, cadena perpetua y sanciones más severas, los políticos deberían cambiar el modelo de represión por uno de prevención. Las pruebas están a la vista y el dinero existe. Ahora falta voluntad.
Fuente: Voces del Periodista
Difusión AMLOTV
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