La Verdad sobre el caso del ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid

En el presente escrito, que POR ESTO! reproduce textualmente en tres partes, se describe de manera concisa y clara la verdad sobre el caso del ex gobernador del Estado de Quintana Roo, México, ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid. Todas las pruebas de cargo que fueron fabricadas en su contra, y todos los documentos públicos y privados que demuestran la falsedad de esas pruebas de cargo, haciendo evidente su inocencia, estarán en breve a disposición del público en la siguiente dirección de Internet: www.mario-villanueva-madrid.net, que contiene además los correos donde podrá dirigirse para hacer los comentarios que considere pertinentes, y esclarecer las dudas al respecto

A la opinión pública

Segunda parte

III.- COACCION, SOBORNO E INTIMIDACION A TESTIGOS
Durante la Averiguación Previa y en el juicio, servidores públicos de la PGR y de otras Instituciones, realizaron diversas actividades para coaccionar, sobornar e intimidar de manera directa a diversas personas con el fin de que declararan falsedades en mi contra, vinculándome con narcotraficantes y delitos de narcotráfico. Algunas de estas personas son:
El entonces Comandante de la Policía Judicial Federal, Gilberto Fabián Campos Martínez.
El Sr. Angel de Jesús Marín Carrillo, que ocupó los cargos de Sub Director de Gobernación, y Sub Director de la Policía Judicial del Estado en la Ciudad de Cancún.
La Sra. Daisy Patricia Baeza Rodríguez, que ocupaba el cargo de asesora de Gobierno del Estado.
La Sra. Niza Puerto Paredes, que ocupaba el cargo de Jefa de Prensa y Asesora del Gobierno del Estado.
El Sr. Oscar Benjamín García Dávila, quien por unos meses ocupó el cargo de Sub Director de la Policía Judicial del Estado en la Ciudad de Cancún.
El Sr. Benjamín Reyes Cabañas, acusado de ser narcotraficante.
El Sr. Juan Pablo Collí Brito, quien se desempeñaba como mesero del Hotel Casa Maya en Cancún.

IV.- SUPUESTOS COMPLICES.
Con objeto de incriminarme, la PGR involucró a un gran número de personas, algunos de ellos empleados del Gobierno del Estado en mi Administración y otros dedicados a actividades particulares, a algunos se les encarceló y sometió a juicio, a otros se les libró únicamente orden de aprehensión, y otros, a quienes los testigos protegidos les hicieron acusaciones graves, no fueron investigados ni llamados a declarar. Las personas que enfrentaron las órdenes de aprehensión y los juicios resolvieron su situación jurídica obteniendo su libertad por ser inocentes y, junto con aquellos que no fueron investigados ni llamados a comparecer, demuestran que nunca tuve cómplices en las supuestas actividades de protección a los narcotraficantes de las que me acusa la PGR. Algunas de estas personas son las siguientes:
Oscar Benjamín García Dávila.– Quien por unos meses ocupó el cargo de Subdirector de la Policía Judicial del Estado en Cancún, y a quien señalaron los testigos protegidos como mi enlace con los narcotraficantes, se le libró orden de aprehensión, se le encarceló y llevó a juicio durante más de seis años, y finalmente fue absuelto de todos los cargos en el juicio, otorgándole su libertad.
Jesús Ricardo Marín Carrillo.– Subdirector de Gobernación y de la Policía Judicial del Estado en Cancún, acusado de ser mi enlace con los narcotraficantes y de proporcionarme dinero y otros obsequios, fue encarcelado y sometido a juicio durante más de año y medio, declarándolo absuelto y concediéndole su libertad.
Daisy Patricia Baeza Rodríguez.– Que ocupaba el cargo de asesora en el Gobierno del Estado, acusada de que en su casa me reuní con narcotraficantes y de lavado de dinero, fue encarcelada y sometida a juicio durante más de seis años, absolviéndola de todos los cargos, dándole su libertad.
Abraham Atila Oliva Mora.– Quien ocupó el cargo de jefe de ayudantes del Gobernador, se le libró orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada e intervención de comunicaciones privadas, y mediante un juicio de amparo fue cancelada dicha orden de aprehensión por carecer de sustento legal.
Rafael de Jesús Lara y Lara.– Ocupó el cargo de Presidente Municipal en Benito Juárez, Cancún, se le arraigó y durante el arraigo se le concedió su libertad al demostrar su inocencia.
Luis Alonso Andrés Peraza González.– Fue Subprocurador de Justicia del Estado de Quintana Roo con sede en Cancún, se le libró orden de aprehensión y fue sometido a juicio por los delitos de delincuencia organizada, intimidación, contra la administración de justicia y falsificación de documentos entre otros delitos, finalmente demostró su inocencia y obtuvo su libertad.
Cecilio Arano Aguilera.- Coordinador de ministerios públicos del fuero común en la Ciudad de Cancún, fue acusado de los mismos delitos que el anterior, sometido a juicio y absuelto.
Armando Chan Denis.- Ocupó el cargo de agente del ministerio público del fuero común en Cancún, acusado de los mismos delitos que el anterior, encarcelado, procesado y absuelto obteniendo su libertad.
Marco Antonio Serrano y Cob - ocupó el cargo de secretario del ministerio público del fuero común en Cancún, acusado de los mismos delitos que el anterior, encarcelado, procesado y absuelto obteniendo su libertad.
Dámaso Hernández Marín.– Uno de los dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún (CROC) , fue encarcelado, procesado y finalmente absuelto de la misma manera que los anteriores.
Fausto y Luis Tomassi Colomé.– Dueños del Hotel Costa Real de Cancún, con quienes supuestamente me reuní en sus suites privadas del hotel, se les libró orden de aprehensión, y por medio del juicio de amparo se canceló dicha orden por carecer de sustento legal.
Fernando García Salvidea.- Empresario hotelero de Cancún, fue acusado de lavado de dinero, se le libró orden de aprehensión, encarcelado y sometido a juicio por más de año y medio, y finalmente se le otorgó su libertad.
Domingo Manuel Pérez Galán.- Empresario de Cancún, fue arraigado y obtuvo su libertad.
Licenciados Guillermo Pacheco Pulido y Carlos Hernández Blanco.- Presidente del Tribunal de Justicia en Puebla y Secretario Particular del Gobernador respectivamente, no fueron investigados ni citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal, a pesar que los testigos protegidos los involucraron en actividades ilícitas conmigo. Estas personas comparecieron ante el Juez aclarando que era falso todo lo que los testigos protegidos les imputaron, y por consecuencia todo lo relacionado conmigo.
En las acusaciones de la PGR, se pretendió dejar de advertir que como Gobernador carecía yo de facultades para el combate al narcotráfico y por lo mismo, sólo podría haber otorgado protección en complicidad con el personal de las instituciones que conforme a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde la lucha y combate al narcotráfico. Estas leyes otorgan la responsabilidad directa y obligan a la PGR, y como autoridades auxiliares dispone la participación del Ejército Mexicano, Armada de México y las Policías Federales. En el caso de los Gobiernos de los Estados, éstos podían participar por solicitud de la PGR, por convenio de colaboración con esa institución, o en la detención de delincuentes cometiendo delitos de narcotráfico en flagrancia, los que deberían ser puestos a disposición de inmediato ante el personal de la PGR.
De lo anterior resulta que por carecer de facultades legales como Gobernador, cuando menos debería yo tener cómplices de las Instituciones Federales responsables de la investigación, persecución y combate al narcotráfico. Sin embargo no tengo cómplices Federales y consta en el expediente penal que me han exculpado ante el Juez los principales servidores públicos de las Instituciones Federales competentes, que estuvieron adscritos en Quintana Roo durante mi administración. Entre ellos destacan:
Cuatro Generales del Ejército Mexicano que fueron Comandantes de la 34/a (Trigésimo Cuarta) Zona Militar con sede en Chetumal y con jurisdicción en el Estado de Quintana Roo. De ellos es particularmente importante el testimonio ante el Juez del General Gerardo Clemente Ricardo Vega García, quien fuera Comandante de esa Zona Militar durante el periodo en que supuestamente ocurrieron los principales hechos delictuosos de los que se me acusan. Este General compareció ante el Juez siendo Secretario de la Defensa Nacional con el Presidente Vicente Fox Quesada, declarando que tenía a su cargo la lucha y combate contra el narcotráfico, y que nunca tuvo conocimiento que estuviera yo involucrado en esas actividades ilícitas, ni que hubiera sido yo investigado por ello.
Comparecieron ante el Juez casi 50 personas que ocuparon los cargos de Delegados y Subdelegados de la PGR, así como Comandantes, Subcomandantes y elementos de la entonces Policía Judicial Federal, declarando que no tuvieron conocimiento de que hubiera estado yo involucrado en actividades ilícitas, ni que estuviera sujeto a investigación por ello.
En Febrero de 1998, el entonces Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS), el Lic. Mariano Herrán Salvatti, declaró públicamente que no tenía yo ninguna vinculación con el narcotráfico.
De lo que se ha expuesto en este punto, resulta evidente que al carecer de cómplices tanto en el Gobierno del Estado de Quintana Roo, como en las Instituciones del Gobierno Federal encargados de la lucha y combate contra el narcotráfico, era imposible e inverosímil que yo solo en mi carácter de Gobernador pudiera proporcionar realizar actividades de protección a los narcotraficantes.
Considerando las declaraciones antes mencionadas resulta obvio que, la Averiguación Previa en mi contra iniciada a fines del año 1998, contenía hechos delictuosos fabricados con los testigos protegidos en una maquinación destinada a encarcelarme, someterme a juicio y forzar las cosas torciendo la ley, para que se me condenara a permanecer en prisión por intereses políticos electorales dentro de las altas esferas del Gobierno Federal.
De los documentos que integran la Averiguación Previa se observa que, esta nunca debió consignarse al Juez, ni debió librarse orden de aprehensión en mi contra, porque en la misma desde sus inicios, existen pruebas que demuestran de manera fehaciente que los todas las acusaciones que me hacen los testigos protegidos son falsas. Los documentos a que hago alusión están disponibles para consulta y lectura, a través de la dirección en el portal de internet que he mencionado.

V.- LA DETENCION
A fines de 1998, me enteré por los medios de comunicación de diversas imputaciones que testigos protegidos me hacían, surgidas de filtraciones proporcionadas por servidores públicos de la PGR, en las que se señalaba que tenía yo relación con narcotraficantes. Por medio de un amigo obtuve la copia de un expediente de cual se me indicó que desde la Secretaría de Gobernación se estaba distribuyendo a los medios de comunicación con el fin de publicar información falsa, para crearme públicamente la imagen de delincuente vinculado al narcotráfico y de protector de narcotraficantes, así como de adicción a las drogas, por lo que acudí con el Secretario de Gobernación, solicitándole una explicación, y que se me proporcionara la información del expediente penal que por los medios de información me enteré se me estaba fabricando en la PGR, con el fin de aclarar cualquier acusación que existiera en mi contra, porque sólo conocía lo que la prensa publicaba. El Secretario de Gobernación redactó un escrito remitiendo mi queja al entonces Procurador General de la República, el Lic. Jorge Madrazo Cuéllar.
En los últimos dos meses de mi administración recibí diversas opiniones de periodistas, abogados, dueños de medios de comunicación y políticos de alto nivel, sugiriéndome que huyera del país, en virtud de que la intención del Ejecutivo Federal era encarcelarme por intereses políticos provenientes del Presidente de la República, y que regresara a aclarar las cosas cuando hubiera terminado la administración del entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. No quise hacerlo porque no había cometido ningún delito, tenía compromisos de trabajo como Gobernador del Estado y deseaba aclarar las acusaciones que por los medios de comunicación sabía que existían en mi contra, pero se me negó de manera total el acceso a los hechos delictuosos que se me imputaban, violando el derecho que me otorgaba el artículo 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Me cerraron las puertas el Presidente de México y el Procurador General de la República, lo que fue lamentable y al mismo tiempo se demostró el dolo con que actuaron, ya que en la Averiguación Previa se encuentran pruebas documentales públicas y privadas, así como testimoniales, varias de las cuales han sido mencionadas en este documento, que demuestran plenamente que los hechos ilícitos que se me imputaron son falsos y que los testigos protegidos faltaron a la verdad, siendo delincuentes que confesaron haber cometido por sí mismos delitos graves de delincuencia organizada, narcotráfico y homicidio, pero la PGR les otorgó impunidad a cambio de colaborar incriminándome con hechos falsos.
Los últimos días del mes de marzo de 1999, previa la entrega del Gobierno que debía darse el siguiente día 5 de abril, fui severamente acosado y prácticamente secuestrado por elementos de la Policía Judicial Federal, a pesar de que no existía ninguna orden judicial en mi contra, por lo que me vi obligado la noche del 27 de marzo de 1999 a buscar refugio, amaneciendo al otro día con la sorpresa de que sin ningún sustento legal se me había declarado prófugo y de que era buscado por la PGR, Ejército Mexicano, Armada de México y las Policías Federales. Por esta razón, me quedé en un refugio en la Península de Yucatán sin salir nunca del país, como fue publicado falsamente.
Cuando asumió la Presidencia de la República el Lic. Vicente Fox, por los pronunciamientos que hizo en campaña en cuanto a abanderar el Estado de Derecho y a la procuración e impartición de justicia conforme lo dictan las leyes, decidí entregarme con el fin de aclarar mi situación, consciente de que sería desde la cárcel porque ya se había librado orden de aprehensión en mi contra. Envié cartas personales al Presidente Fox y al Procurador General de la República, General Rafael Macedo de la Concha, y mis familiares se reunieron con ellos exponiéndoles que me entregaría con la única petición de que la PGR actuara conforme a derecho sin pretender manipular el proceso judicial, lo que desafortunadamente hizo con posterioridad. Se me mandó decir que se estaba de acuerdo en mi entrega, pero servidores públicos de la PGR sobornaron a quienes me auxiliaron en la entrega, convirtiendo ésta en captura ante los medios de comunicación, y evitando así que se difundiera la verdad sobre mi situación.
Inmediatamente de mi detención en la ciudad de Cancún, la noche de 24 de mayo de 2001 fui trasladado a la Ciudad de México y en la mañana siguiente se me internó ilegalmente en la prisión de máxima seguridad denominada La Palma, ubicada en el poblado de Almoloya, Estado de México. Esta acción fue ilegal porque en la orden de aprehensión el Juez que la emitió dispuso que se me internara en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal que es de mediana seguridad, y además, yo no cubría el perfil de peligrosidad requerido para ser recluido en un penal de máxima seguridad, en el que se me ingresó con la intención de incomunicarme y mantenerme en condiciones de mayor aislamiento y más deplorables que el resto de la población de ese penal entendiendo que la finalidad era no sólo incomunicarme, sino afectar mi capacidad física y mental, lo que lograron en cuanto a mi salud física que resultó severamente deteriorada con consecuencias irreversibles, tal como se demuestra en las constancias médicas.
En esta prisión de máxima seguridad se me mantuvo por 6 años y 1 mes no obstante de que un perito particular y el propio perito de la PGR, dictaminaron que no tenía yo el perfil de peligrosidad para una prisión de máxima seguridad, y debía estar en una de mediana seguridad, como en la que actualmente me encuentro.
(Continuará)

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