Grave acusación

La información de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos en el sentido de que el gobierno espurio de Felipe Calderón protege al Cartel que dirige Joaquín “El Chapo” Guzmán, debe ser investigada por el Congreso de la Unión, demanda el diputado petista Ricardo Monreal

MEXICO, D. F., 19 de mayo (UNIVERSAL/ESPECIAL).- El Congreso de la Unión debe investigar la denuncia contra el gobierno federal, que formuló la Radio Pública Nacional (NPR), por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y otros medios, en el sentido de que se protege al cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En tribuna en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Ricardo Monreal, puso el tema en la agenda al emitir un pronunciamiento para que el Congreso investigue esa denuncia. En medio de la visita del espurio Felipe Calderón a Washington, Monreal criticó la pasividad del Congreso de la Unión en el tema. Recordó que los periódicos y medios más influyentes en ese país recibieron al espurio Calderón con esas denuncias. “es una acusación grave a la cual el Congreso mexicano debería exigir una respuesta, no lo hacemos, estamos en la comodidad, estamos en que pase todo, mañana se olvidará”, denunció.

“El Jefe Diego” por “Nacho” Coronel
Cobra fuerza la versión de que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, está detrás de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, mientras que extraoficialmente se menciona que ya hubo contacto con los secuestradores del “Jefe” Diego y sus familiares.
Continuando con la versión de que está el narcotráfico detrás del secuestro, se indica que no es costumbre del crimen organizado intercambiar la liberación de un narco, pero se maneja la posibilidad de que en este caso podría ser Ignacio “Nacho” Coronel y su sobrino Martín Coronel Beltrán, que fueron capturados el pasado 13 de mayo en Jalisco, quienes serían intercambiados por Fernández de Cevallos.
En otro orden de ideas, integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados revelaron que el titular de la SEDENA, Guillermo Galván, advirtió hace un mes que se esperaban golpes de alto impacto en la clase política, y por ello les pidió la aprobación de un marco legal que permitiera al Ejército llevar a cabo intervenciones telefónicas y de Internet, la cancelación de actos públicos masivos, el cierre de calles y la posibilidad de retener hasta 48 horas a detenidos antes de entregarlos al Ministerio Público.
Para enviar un mensaje de unidad ante el “ambiente complejo” por el que atraviesa el país, las bancadas en el Senado aprobaron convocar a un periodo extraordinario para revisar las minutas pendientes de combate a la violencia y al crimen organizado, y apremiaron a sus pares de la Cámara de Diputados a hacer lo propio, sobre todo con las minutas de las leyes antisecuestro y de seguridad nacional. En respuesta, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Francisco Rojas, exigió a los presidentes de las comisiones presentar de inmediato los dictámenes que tengan acordados, a fin de integrar la agenda de un eventual periodo extraordinario de sesiones.
Desde el pasado domingo las investigaciones sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos quedaron a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). La orden que dio el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, a sus subordinados, de no declarar a la prensa nada acerca del caso, obedece a que toda la información que resulte de la indagatoria debe pasar por la dependencia federal.
En la primera aparición pública de Calzada Rovirosa desde que la PGR asumió las pesquisas del caso, enfatizó que no dará a conocer ninguna información respecto del caso, más allá de la que determine la PGR. En el Congreso estatal se ordenó tanto a periodistas como a legisladores no abordar el tema con los representantes de los medios de comunicación.
Advirtió que sólo podrían emitir comentarios acerca del secuestro del ex senador la presidenta de la mesa directiva de la 56 Legislatura, Dalia Garrido, y el presidente de la Junta de Concertación Política, José Luis Aguilera Rico. El control de la información que se difunde es tal, que desde el pasado lunes en medios locales, principalmente radio y televisión, el tiempo otorgado a la noticia sobre la desaparición del ex senador panista fue mínima y este martes prácticamente nula.
La familia de Diego Fernández de Cevallos solicitó a las autoridades estatales y federales “abrir un espacio” en el que prive la discreción total y absoluta en el caso de la desaparición del ex candidato presidencial para distender el ambiente y con ello se abra la posibilidad de que surta efecto la carta pública en la que piden a sus captores establecer comunicación para iniciar un proceso de negociación para la liberación del político. El gobernador de Querétaro José Calzada, al ser entrevistado por los medios de comunicación que lo esperaban a las afueras de su despacho en palacio de gobierno, señaló: “Yo he establecido comunicación con los familiares de Diego Fernández de Cevallos y han solicitado a las autoridades que respetemos un espacio”.
Inspectores del área de Inteligencia y Operaciones Encubiertas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal presentaron este martes al menos cinco solicitudes a las autoridades judiciales para realizar escuchas telefónicas privadas, como parte de las pesquisas que realiza la dependencia para dar con el paradero del panista Diego Fernández de Cevallos, revelaron a La Jornada fuentes de los juzgados especializados en medidas cautelares. Los operativos de búsqueda del ex candidato presidencial del PAN continuaron ayer en todas las entidades del país, mediante patrullajes sorpresivos de la Policía Federal (PF), el Ejército, la Marina y las policías estatales y municipales.
Diego Fernández de Cevallos se resistió a la primera persona que lo sujetó por la espalda, cuando acababa de guardarse las llaves de su camioneta Cadillac Escalade EXT (Pick Up), color arena. Eran, aproximadamente, las 22:50 horas. Regresaba a su finca “La Cabaña”, en Pedro Escobedo, después de un día de convivencia con amigos, revisión de asuntos domésticos en sus fincas y el cobro de 100 mil pesos por una diligencia desconocida.