Un golpe policíaco-electoral

Michoacán es territorio que controla La Familia, según testimonios del propio Gobernador Leonel Godoy, quien a principios de su mandato se reunió con el titular de la Secretaría de la Defensa, General Guillermo Galván, y le comentó que esa organización estaba presionando a algunos alcaldes. Pero el gobierno federal se reservó la respuesta y sólo en vísperas de los comicios del próximo 5 de julio instrumentó el golpe contra un bien seleccionado grupo de alcaldes y funcionarios cercanos a Godoy. Poco le importó violentar la soberanía del Estado

Derrotado una y otra vez en las urnas de su Estado, Felipe Calderón aprovechó la vulnerabilidad del Gobierno de Leonel Godoy por su presunta protección al narcotráfico para hacer del combate a la delincuencia organizada bandera electoral.
En apenas un año y tres meses de Gobierno, Godoy está por segunda ocasión sometido a una fuerte presión por hechos relacionados con la delincuencia organizada en una crisis de inseguridad que Calderón ha administrado políticamente y lo ha llevado al extremo de considerar el Estado de excepción en la Entidad.
A pesar de que a través de su gran aliado, el Ejército, supo desde hace más de un año de las presiones de La Familia Michoacana a varios de los alcaldes ahora detenidos, Calderón se guardó la oportunidad para actuar. Lo hizo a 40 días de las elecciones federales en las que en la entidad se prefiguraba una nueva derrota para el PAN.
Con una actividad narco-política tan intensa como en otros Estados, Michoacán es desde el martes 26 escenario donde los cárteles de la droga se convirtieron en actores determinantes durante el proceso electoral que culminará el 5 de julio próximo.
Los informes de inteligencia civil y militar que circulan en el Estado sobre las alegadas relaciones de funcionarios federales, estatales y municipales con la delincuencia organizada que operan en el Estado sustituyeron a las plataformas electorales.
Encaminado hasta ese día a una nueva derrota en el que aún es bastión perredista, el PAN espera capitalizar en los comicios el operativo policíaco-militar que el gobierno federal ejecutó en las primeras horas del martes 26, en forma simultánea, en distintos municipios del estado, incluida esta capital.
La redada acabó con la detención de 10 presidentes municipales de distintos partidos, 17 funcionarios estatales y municipales y el juez de primera instancia Jaime Liera, coordinador de la Policía Ministerial durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Además, la entrega voluntaria del ex procurador de Justicia Miguel García Hurtado, y del ex subprocurador Ignacio Mendoza Jiménez.
Los 30 están acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de proteger al grupo conocido como La Familia Michoacana, a Los Zetas –brazo armado del Cártel del Golfo– o a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Junto con el Cártel de Sinaloa y el del Milenio, esas organizaciones se disputan el control de la ruta michoacana para el tráfico de marihuana, cocaína y heroína entre Sur y Norteamérica y de la materia prima que llega desde Europa y Asia para la elaboración de metanfetaminas.
A todos los detenidos les fue decretado el viernes 29 un arraigo por 40 días que se puede duplicar antes de que se defina su situación jurídica. El primer plazo del arraigo se vence tres días después de las elecciones.
Con su hermana Luisa María como ariete, responsable de acción electoral del PAN en Michoacán, Calderón ordenó el operativo que los propios panistas en el Congreso local reconocieron como violatorio de la soberanía del estado, toda vez que elementos de la Policía Federal irrumpieron armados y encapuchados en el Palacio de Gobierno para detener a un agente de la Secretaría de Gobernación local.
Desde el inicio de la campaña electoral, Luisa María Calderón –quien ejerce como estratega electoral con una ostentosa protección del Estado Mayor Presidencial– acusó al PRI y el PRD de tener candidatos apoyados por el narcotráfico.
Incluso, un día antes del operativo ella buscó a la presidenta del PRD en el Estado, Fabiola Alanís, para que le informara sobre las presiones de los grupos de narcotraficantes a los candidatos perredistas.
Como responsable de la acción electoral en su Estado, se encargó de operar la definición de los actuales candidatos del PAN, que hasta antes del operativo aparecía rezagado frente al PRD y al PRI en las preferencias electorales. Según las encuestas de Parametría y Consulta Mitofsky, elaboradas para el PRD, éste aparecía favorito en ocho de los 12 distritos electorales federales con un 37% de las intenciones de voto, contra el 31 del PRI y 25 de Acción Nacional.
Hasta antes del operativo, el PAN tendía a repetir el fracaso en la tierra de Calderón, quien en el 2006 perdió por 100 mil votos de diferencia contra Andrés Manuel López Obrador, y en 1995 sufrió su primer descalabro electoral en Michoacán al quedar en tercer lugar en las elecciones a la gubernatura que ganó el priísta Víctor Manuel Tinoco Rubí.
En las elecciones del 2007, cuando Godoy resultó electo, el PAN perdió con una diferencia de 72 mil votos y sólo obtuvo 12 de las 113 presidencias municipales, contra 40 del PRD y 54 del PRI. El PAN, sin embargo, se convirtió en la segunda fuerza del Congreso con 12 curules, debido al reparto plurinominal. El PRD tiene 14 diputados.

Presión de La Familia
Contrario a lo señalado por la PGR de que el operativo fue resultado de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios del Estado con el narcotráfico, por lo menos desde febrero del 2008 el gobierno federal ya sabía de las presiones de los narcotraficantes, en particular de La Familia michoacana, a una veintena de alcaldes.
Según el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, fue el propio Godoy quien le entregó esa información al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.
En entrevista, el senador relata que al inicio del actual gobierno, una veintena de alcaldes del PRD, el PAN y el PRI, también recién electos en ese momento, fueron levantados por La Familia y concentrados en un salón de Nueva Italia, en la cabecera del municipio de Múgica.
Rodeados de gente armada y numerosas camionetas, fueron advertidos: “los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan: los directores de Seguridad Pública nosotros los vamos a poner”. En seguida, refiere el senador, vino la amenaza: “No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familia”.
Uno de los alcaldes amenazados –cuya identidad no fue revelada por el legislador– le contó lo sucedido al gobernador, quien le pidió al entonces presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, que buscara una entrevista con el General Galván.
El encuentro se realizó en el Campo Militar Número Uno con la presencia de Godoy, Naranjo, Navarrete y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. Por parte de la SEDENA, el General fue el único participante, en tanto que Godoy fue el encargado de relatar los hechos y solicitar la intervención de la secretaría.
De acuerdo con Navarrete, el General aseguró que el Ejército ya sabía de esa reunión y que el reporte de Godoy reforzaba los informes que hasta entonces tenía.
Acordaron que se coordinarían a través de los 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, y de la 21 Zona Militar, en Morelia. Nada ocurrió hasta la noche del 15 de septiembre del 2008, cuando supuestos narcotraficantes –zetas, según la PGR– arrojaron dos granadas contra la multitud que celebraba el Grito de Independencia en el Centro Histórico de esta capital.
El ataque, que después de ocho meses no ha sido esclarecido por la PGR, dejó nueve muertos y más de un centenar de heridos, y colocó al gobierno de Godoy en un lugar destacado en los informes de los organismos de seguridad sobre el narcotráfico en la entidad, según se constató.
El senador del PRD por Michoacán, Jesús Garibay García, asegura también en entrevista que en ese momento Calderón consideró decretar el Estado de excepción en la Entidad para suspender las garantías individuales y militarizar la Entidad.
“Pocos días después del atentado, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, acudió al Congreso como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y negó que el gobierno federal hubiera considerado esa opción, pero la información que tuve en ese momento era sólidamente la contraria. Aún ahora, lo sostengo”, dice el senador.
Godoy, quien fue secretario de Gobierno con Cárdenas Batel, en momentos en que se recrudeció el narcotráfico en la Entidad, está ahora atrapado entre las presiones del perredismo local que quiere movilizarse en contra de Calderón y la información sobre la supuesta relación de algunos de sus más cercanos colaboradores con el narcotráfico, en especial con La Familia.
En unas cuantas horas, Godoy pasó de la indignación a la búsqueda de reconciliación con el gobierno federal. Inicialmente molesto porque Calderón no le informó sobre el operativo y violentó uno de los tres Poderes del estado, en menos de 48 horas pidió “dar vuelta a la página” sobre la redada.
Aunque el mismo martes 26 públicamente aseguró que se trataba de un hecho ilegal que violó la soberanía del Estado, el jueves 28 pidió en Guanajuato cerrar la controversia “porque la Federación y Michoacán no pueden estar confrontados”. Un día antes, ya había expresado su tibieza ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al calificar el operativo como “necesario” y “un gran golpe” a la delincuencia organizada.

Godoy, vulnerable
El ánimo conciliatorio del Mandatario michoacano contrastó con el mensaje del encargado de la política interior del país, quien en Morelia, el miércoles 27, dejó en claro que si no habían compartido la información fue porque no confían en Godoy. “Yo sólo confío en la ley y el gobierno”, expresó Gómez Mont a la prensa al final de un breve encuentro con el gobernador. El pretexto de la reunión fue la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
En una respuesta pública a los primeros reclamos de Godoy, Gómez Mont dijo: “Se determinó confinar la información para que la acción judicial tuviera menos riesgos” para la población. Esa actitud contrastó con lo ocurrido en Morelos, donde el gobierno panista fue avisado de la detención de dos alcaldes.
En una confirmación de su ambivalencia, la tarde del viernes 29, luego de conocer el arraigo contra los detenidos, el gobernador dijo que esa acción judicial “sin duda tiene tintes electorales y levanta sospechosismo”.
Godoy está en una situación vulnerable. No sólo porque siete de los detenidos fueron cercanos o estrechos colaboradores suyos, sino porque su hermano Julio César Godoy es candidato por el distrito federal I con cabecera en Lázaro Cárdenas, que abarca los municipios considerados por la PGR como focos rojos del narcotráfico en el Estado.
El hermano del Gobernador fue detenido por el Ejército durante el operativo y, según él mismo, declaró durante una hora ante las autoridades federales. Apenas el 7 de abril pasado su compañero de fórmula, Gustavo Bucio Rodríguez, fue ejecutado en un restaurante de Nueva Italia, zona controlada por La Familia.
Tres de los arraigados fueron hombres de confianza de Godoy en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una de las dependencias más infiltradas por la delincuencia organizada: el titular, Miguel García Hurtado; el ex subprocurador en Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, y el coordinador de asesores, Ramón Ponce Ponce. La PGJE prácticamente quedó desmantelada con la detención también de dos primeros comandantes y dos jefas de grupo.
Más cercana aún era su asesora Citlalli Fernández González, quien fue su primera secretaria de Seguridad Pública, otra de las instituciones penetradas por el narcotráfico. También, Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial, que al principio de la actual administración fue director de Policía y Tránsito del Estado.
Otro de los detenidos del entorno del gobernador fue el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado y sobre quien pesan señalamientos de lavado de dinero. También fue detenido Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, para cuya aprehensión la Policía Federal entró a la fuerza al palacio de Gobierno.
De los presidentes municipales detenidos, seis son del PRI, dos del PAN y dos del PRD. Se trata de los priistas José Cortés Ramos, de Aquila; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec, hermano de El Abuelo Farías, señalado por la PGR como miembro del cártel de los Valencia y proveedor de efedrina del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.
También del PRI está Adán Tafoya Ortiz, de Tumbiscatío; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro, conocido como el “Enrique Peña Nieto purépecha” por su juventud y cercanía con el gobernador mexiquense; además de ser sobrino del actual diputado federal priista Ascensión Orihuela Bárcenas.
Del PRD fueron detenidos Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buena Vista Tomatlán; y Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; mientras que los presidentes municipales panistas arraigados son José Luis Ávila Franco, de ciudad Hidalgo, y Antonio González Rodríguez, de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán.
(Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J./APRO)