Se rebelan mujeres contra reforma antiaborto
PEDRO ZAMORA BRISEñO
COLIMA, Col., 1 de junio (apro).- Después de que las fracciones del PAN y el PRI en el Congreso estatal cancelaron, mediante una reforma constitucional, la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo, por primera vez en el país 67 mujeres presentaron juicios de amparo contra una disposición legal de este tipo, y el asunto se encuentra ahora bajo el arbitrio de la justicia federal.
Representantes de organizaciones de mujeres y abogados explican que la reforma al artículo 1 de la Constitución del estado, mediante la que se estableció el derecho a la vida desde el momento de la concepción, adolece de irregularidades tanto en la forma como en el fondo.
Argumentan que, por una parte, el Congreso del estado violentó el procedimiento formal establecido para realizar una reforma constitucional y, por la otra, al incorporar el derecho a la vida desde la concepción afectó una serie de derechos y garantías de las mujeres, las cuales están contenidas en la Constitución General de la República, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal.
Una vez que las demandas de amparo fueron admitidas por los juzgados primero y segundo de Distrito en esta ciudad, las audiencias constitucionales darán inicio el próximo 10 de junio, conforme al calendario fijado por las instancias judiciales.
Catalina Suárez Dávila, expresidenta de la Asociación Colimense de Universitarias (ACU) y una de las voceras del Grupo Ciudadano por la Vida de las Mujeres, considera que para esa organización constituye un primer logro el hecho de que hayan sido aceptadas las demandas.
"Es un elemento importante para darnos la razón de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; tenemos confianza en que esto prospere porque los abogados están argumentando adecuadamente y cumpliendo los requisitos, por lo que hay buenas expectativas al respecto", considera.
Por su parte, Clementina Nava Pérez, directiva del Centro de Apoyo a la Mujer y también vocera del grupo ciudadano, considera que tan sólo los vicios del procedimiento de aprobación de la reforma darán pie para que los jueces obliguen al Congreso a dar marcha atrás, pues se trata de "cosas graves".
Señala que el hecho de que sea Colima el primer estado donde se interponen juicios de amparo de esta naturaleza —en Baja California había sido presentada una acción de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos—, dará la pauta y abrirá camino para que se haga lo mismo en otras entidades, con base en los criterios de la SCJN.
Suárez Dávila refiere que en Colima un grupo de mujeres se vieron obligadas a recurrir al amparo, que sólo las protegería contra esa reforma a ellas en lo individual, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que habría servido para echar abajo la modificación constitucional.
"La comisión debió haber dado seguimiento de oficio al asunto, pero cuando vimos que no lo hacía, le pedimos por escrito que tomara el caso y nos respondió que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y que ya no había tiempo; entonces hubo mala intención de la Comisión para no atender el caso, siguen una línea que ya les había marcado José Luis Soberanes, el presidente nacional, y se mantuvieron al margen, sin cumplir las obligaciones que la ley les confiere", denuncia.
Las demanda de amparo, que desde la semana anterior se encuentran en manos de los jueces federales Martha Leticia Muro Arellano y Francisco Javier Rodríguez Huezo, fueron preparadas por los abogados Pedro Morales Aché y Fedora Castro, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), así como María Elena Adriana Ruiz Visfocri y Alberto Vázquez, representantes en Colima del grupo Radar, que trabaja en coordinación con la primera organización.
Como autoridades responsables fueron señalados el gobernador del estado, el Congreso local y los diez ayuntamientos, que de acuerdo con la ley son los involucrados en el procedimiento de aprobación y promulgación de la reforma constitucional.
Ruiz Visfocri explica que el argumento principal de las demandas es la violación a los derechos constitucionales de las mujeres reconocidos por la Suprema Corte, que determinó que interrumpir el embarazo por decisión de una mujer no contraviene la Constitución General de la República, además de que prohibir la interrupción del embarazo violenta 18 derechos humanos.
Entre estos derechos que se violan, agrega la abogada, se encuentran algunas garantías individuales que consagra la Constitución y el más claro ejemplo es el artículo 4 que establece que toda persona puede decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de sus hijos.
De acuerdo con Adriana Ruiz, una de las irregularidades cometidas en el proceso de aprobación de la reforma constitucional fue que sólo uno de los diez ayuntamientos la analizó y votó.
"Nos parece grave la forma como se llevó a cabo el proceso legislativo de una reforma constitucional, en la que la mayoría de los cabildos ni siquiera se preocuparon por analizarla ni votarla", afirmó.
Además, advierte que en la ley está considerado un lapso de 30 días para que los ayuntamientos realicen ese procedimiento una vez que el Congreso les envía el dictamen, pero la legislatura a los 29 días declaró aprobada la reforma, sin esperar la posibilidad de que los demás ayuntamientos emitieran su postura.
Señala que en caso de que los amparos no se ganaran en primera instancia, por la trascendencia del tema pedirían a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción. Y si se llega a este nivel, considera Ruiz Visfocri, la Suprema Corte tendría la posibilidad de ir más allá de la exclusiva protección de las quejosas e invalidar totalmente la reforma debido a las fallas del procedimiento legislativo.
Aunque en algunos estados se han presentado casos de mujeres detenidas por practicarse un aborto, Clementina Nava comenta que en Colima no se han tenido noticias de que haya ocurrido algo similar.
No obstante, entre los razonamientos de los amparos se indica que con la reforma "en Colima se va a institucionalizar una misoginia constitucionalizada", por lo que indica que las organizaciones deberán vigilar cuál será el comportamiento de las instituciones locales frente a los casos que se presenten.
"Se supone —explica— que tenemos aprobada la Norma 046 que obliga a las instituciones de salud a hacer un aborto a las mujeres que han sido víctimas de violación, pero también tenemos una reforma constitucional que dice que protege la vida desde el momento de la concepción, entonces hay ahí una contradicción muy grave entre la norma y la reforma."
Así también, Nava Pérez se pregunta qué pasará con las cuatro causales consideradas en el Código Penal para no penalizar el aborto —en casos de violación, malformaciones congénitas del producto, peligro de vida de la madre e imprudencia—, frente a la reforma constitucional.
"En el grupo ciudadano pensamos que habrá una derechización muy grande en las instituciones, se va a acrecentar el conservadurismo, lo que va a obstaculizar el derecho de las mujeres a abortar incluso en esas circunstancias", advierte.
De acuerdo con Catalina Suárez, en el proceso de discusión del tema en el Congreso del estado se violentó la laicidad del Estado, al permitir la intervención de representantes de la Iglesia católica, que empezaron a sentirse con poder, "involucrándose en el ámbito político de manera muy fuerte y creo que es muy peligroso que no se establezcan los límites para eso".
De igual manera, cuestiona que "en un afán electorero" se permita que la Iglesia tenga una participación con un discurso político en las homilías, donde han llamado a no votar por partidos que apoyen la despenalización del aborto.
A juicio de Clementina Nava, la elevación a rango constitucional del derecho a la vida desde la concepción forma parte de una estrategia nacional y "una ofensiva muy fuerte" en la que el PRI y el PAN han aprobado esas disposiciones en periodos electorales.
En el caso de Colima, opina Nava Pérez, "creo que hay una política de aplastamiento para los derechos de las mujeres, porque ha sido un gobierno que se ha distinguido por agresiones muy fuertes a este sector, lo vimos en el caso del Centro de Apoyo a la Mujer, quitándole la mitad de su presupuesto, lo hemos visto en agresiones contra mujeres que se han manifestado".
Suárez Dávila, a su vez, en lo personal estima que existe un acuerdo entre el PRI y la Iglesia no únicamente para que ésta le ayude en la época electoral. "Yo creo que hay un acuerdo más estructurado, más armado, más profundo, por lo que yo reclamo al PRI que está contradiciendo su propia plataforma electoral y el discurso político de que es de centroizquierda, pues se ha ido a la derecha", concluye.
Representantes de organizaciones de mujeres y abogados explican que la reforma al artículo 1 de la Constitución del estado, mediante la que se estableció el derecho a la vida desde el momento de la concepción, adolece de irregularidades tanto en la forma como en el fondo.
Argumentan que, por una parte, el Congreso del estado violentó el procedimiento formal establecido para realizar una reforma constitucional y, por la otra, al incorporar el derecho a la vida desde la concepción afectó una serie de derechos y garantías de las mujeres, las cuales están contenidas en la Constitución General de la República, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal.
Una vez que las demandas de amparo fueron admitidas por los juzgados primero y segundo de Distrito en esta ciudad, las audiencias constitucionales darán inicio el próximo 10 de junio, conforme al calendario fijado por las instancias judiciales.
Catalina Suárez Dávila, expresidenta de la Asociación Colimense de Universitarias (ACU) y una de las voceras del Grupo Ciudadano por la Vida de las Mujeres, considera que para esa organización constituye un primer logro el hecho de que hayan sido aceptadas las demandas.
"Es un elemento importante para darnos la razón de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; tenemos confianza en que esto prospere porque los abogados están argumentando adecuadamente y cumpliendo los requisitos, por lo que hay buenas expectativas al respecto", considera.
Por su parte, Clementina Nava Pérez, directiva del Centro de Apoyo a la Mujer y también vocera del grupo ciudadano, considera que tan sólo los vicios del procedimiento de aprobación de la reforma darán pie para que los jueces obliguen al Congreso a dar marcha atrás, pues se trata de "cosas graves".
Señala que el hecho de que sea Colima el primer estado donde se interponen juicios de amparo de esta naturaleza —en Baja California había sido presentada una acción de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos—, dará la pauta y abrirá camino para que se haga lo mismo en otras entidades, con base en los criterios de la SCJN.
Suárez Dávila refiere que en Colima un grupo de mujeres se vieron obligadas a recurrir al amparo, que sólo las protegería contra esa reforma a ellas en lo individual, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que habría servido para echar abajo la modificación constitucional.
"La comisión debió haber dado seguimiento de oficio al asunto, pero cuando vimos que no lo hacía, le pedimos por escrito que tomara el caso y nos respondió que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y que ya no había tiempo; entonces hubo mala intención de la Comisión para no atender el caso, siguen una línea que ya les había marcado José Luis Soberanes, el presidente nacional, y se mantuvieron al margen, sin cumplir las obligaciones que la ley les confiere", denuncia.
Las demanda de amparo, que desde la semana anterior se encuentran en manos de los jueces federales Martha Leticia Muro Arellano y Francisco Javier Rodríguez Huezo, fueron preparadas por los abogados Pedro Morales Aché y Fedora Castro, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), así como María Elena Adriana Ruiz Visfocri y Alberto Vázquez, representantes en Colima del grupo Radar, que trabaja en coordinación con la primera organización.
Como autoridades responsables fueron señalados el gobernador del estado, el Congreso local y los diez ayuntamientos, que de acuerdo con la ley son los involucrados en el procedimiento de aprobación y promulgación de la reforma constitucional.
Ruiz Visfocri explica que el argumento principal de las demandas es la violación a los derechos constitucionales de las mujeres reconocidos por la Suprema Corte, que determinó que interrumpir el embarazo por decisión de una mujer no contraviene la Constitución General de la República, además de que prohibir la interrupción del embarazo violenta 18 derechos humanos.
Entre estos derechos que se violan, agrega la abogada, se encuentran algunas garantías individuales que consagra la Constitución y el más claro ejemplo es el artículo 4 que establece que toda persona puede decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de sus hijos.
De acuerdo con Adriana Ruiz, una de las irregularidades cometidas en el proceso de aprobación de la reforma constitucional fue que sólo uno de los diez ayuntamientos la analizó y votó.
"Nos parece grave la forma como se llevó a cabo el proceso legislativo de una reforma constitucional, en la que la mayoría de los cabildos ni siquiera se preocuparon por analizarla ni votarla", afirmó.
Además, advierte que en la ley está considerado un lapso de 30 días para que los ayuntamientos realicen ese procedimiento una vez que el Congreso les envía el dictamen, pero la legislatura a los 29 días declaró aprobada la reforma, sin esperar la posibilidad de que los demás ayuntamientos emitieran su postura.
Señala que en caso de que los amparos no se ganaran en primera instancia, por la trascendencia del tema pedirían a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción. Y si se llega a este nivel, considera Ruiz Visfocri, la Suprema Corte tendría la posibilidad de ir más allá de la exclusiva protección de las quejosas e invalidar totalmente la reforma debido a las fallas del procedimiento legislativo.
Aunque en algunos estados se han presentado casos de mujeres detenidas por practicarse un aborto, Clementina Nava comenta que en Colima no se han tenido noticias de que haya ocurrido algo similar.
No obstante, entre los razonamientos de los amparos se indica que con la reforma "en Colima se va a institucionalizar una misoginia constitucionalizada", por lo que indica que las organizaciones deberán vigilar cuál será el comportamiento de las instituciones locales frente a los casos que se presenten.
"Se supone —explica— que tenemos aprobada la Norma 046 que obliga a las instituciones de salud a hacer un aborto a las mujeres que han sido víctimas de violación, pero también tenemos una reforma constitucional que dice que protege la vida desde el momento de la concepción, entonces hay ahí una contradicción muy grave entre la norma y la reforma."
Así también, Nava Pérez se pregunta qué pasará con las cuatro causales consideradas en el Código Penal para no penalizar el aborto —en casos de violación, malformaciones congénitas del producto, peligro de vida de la madre e imprudencia—, frente a la reforma constitucional.
"En el grupo ciudadano pensamos que habrá una derechización muy grande en las instituciones, se va a acrecentar el conservadurismo, lo que va a obstaculizar el derecho de las mujeres a abortar incluso en esas circunstancias", advierte.
De acuerdo con Catalina Suárez, en el proceso de discusión del tema en el Congreso del estado se violentó la laicidad del Estado, al permitir la intervención de representantes de la Iglesia católica, que empezaron a sentirse con poder, "involucrándose en el ámbito político de manera muy fuerte y creo que es muy peligroso que no se establezcan los límites para eso".
De igual manera, cuestiona que "en un afán electorero" se permita que la Iglesia tenga una participación con un discurso político en las homilías, donde han llamado a no votar por partidos que apoyen la despenalización del aborto.
A juicio de Clementina Nava, la elevación a rango constitucional del derecho a la vida desde la concepción forma parte de una estrategia nacional y "una ofensiva muy fuerte" en la que el PRI y el PAN han aprobado esas disposiciones en periodos electorales.
En el caso de Colima, opina Nava Pérez, "creo que hay una política de aplastamiento para los derechos de las mujeres, porque ha sido un gobierno que se ha distinguido por agresiones muy fuertes a este sector, lo vimos en el caso del Centro de Apoyo a la Mujer, quitándole la mitad de su presupuesto, lo hemos visto en agresiones contra mujeres que se han manifestado".
Suárez Dávila, a su vez, en lo personal estima que existe un acuerdo entre el PRI y la Iglesia no únicamente para que ésta le ayude en la época electoral. "Yo creo que hay un acuerdo más estructurado, más armado, más profundo, por lo que yo reclamo al PRI que está contradiciendo su propia plataforma electoral y el discurso político de que es de centroizquierda, pues se ha ido a la derecha", concluye.
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