Injusticia

MEXICO, D.F., 30 de enero (UNIVERSAL).- Desde hace cuatro años, las indígenas otomíes Teresa González y Alberta Alcántara están en espera de recibir su sentencia; el plazo para que esto ocurra vence en marzo próximo.

La PGR las acusa de secuestrar a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y ha solicitado al juez que les aplique la pena máxima, que podría alcanzar 40 años de prisión -siete menos que la dictada a César Freyre, acusado de secuestrar a Hugo Alberto Wallace- y 10 años menor a la que recibió Juan Manuel Lugo, uno de los miembros de la célula criminal de secuestradores del cártel de Sinaloa.




Los abogados y familiares de Teresa y Alberta creen que la acusación de la PGR es un castigo por el “atrevimiento” que ambas tuvieron al solicitar a los agentes federales que se identificaran, luego de que el 26 de marzo de 2006 pretendieron decomisar la mercancía de tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Jacinta Marcial, detenida y acusada del mismo delito, fue liberada por “ausencia de pruebas plenas”, pero no ha podido retomar su vida.
En el penal Ayutla, en Guerrero, está preso el indígena Raúl Hernández, integrante de la organización del pueblo indígena. La procuraduría del estado dice que es sospechoso de asesinar a un informante del Ejército. Sus abogados aseguran que la única prueba que consta en el expediente y que supuestamente lo inculpa es un “testimonio de oídas”.
En las cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos, reportó la Secretaría de Seguridad Pública en noviembre pasado, 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal.
Aunque la unidad especializada para la atención de asuntos indígenas de la PGR señala al cierre de 2009, que había mil 700 recluidos por delitos federales. Los delitos del fuero común por los que más se acusa a los indígenas son violación, homicidio, lesiones y robo. En el ámbito federal, los más recurrentes son contra la salud (en las modalidades de siembra, cultivo, transporte y posesión de droga) y violación a la ley de armas de fuego y explosivos.
Las organizaciones civiles agregan que el secuestro, los ataques a las vías generales de comunicación y los delitos ambientales son otros motivos frecuentes para privarlos de la libertad. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos e instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coinciden en que los indígenas sometidos a un proceso penal se enfrentan a un sistema Judicial con “graves deficiencias”, que los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista. Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades: Detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), la oficina en México del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos, el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) el centro de derechos humanos de la montaña de Guerrero “Tlachinollan” advierten, además, sobre una tendencia reciente en el país para criminalizar a los indígenas y a usar el derecho penal para reprimirlos.
“Desde que inició el gobierno de Felipe Calderón hemos notado que hay un problema que crece cada vez más, porque a los indígenas ahora se les castiga con la represión física o legal por participar en manifestaciones o protestas y querer ejercer su libertad de expresión. Les han inventado hasta delitos, como el llamado ataques a las vías generales de comunicación, que se sustentan, además, mediante la fabricación de pruebas.
Ahora reprimen con el derecho penal en la mano y el escarmiento público. Y para rematarlos, los acusan de delitos graves y socialmente reprobados, como el secuestro, para que queden en una situación aún más vulnerable”, asegura Andrés Díaz, abogado del Centro Pro.

Las injusticias de la justicia

Desde 2007, la OEA manifestó en un reporte que hizo público en Washington, que “los indígenas sujetos a juicio penal se encuentran normalmente desamparados en medio de un proceso que no entienden porque no hablan español y no cuentan con intérprete. La detención arbitraria es bastante común, así como los excesivos plazos de duración de la prisión preventiva y en general de los juicios.
El maltrato y la tortura son también una práctica común para obtener una confesión”. El informe, elaborado por Katya Salazar, directora del programa de la fundación para el debido proceso legal, establece que “en muchos casos se ha criminalizado arbitrariamente actividades de protesta, denuncia, resistencia y movilización, enviando a prisión por largo tiempo a presuntos responsables sin pruebas”.
No pierden la fe Alberta Alcántara y Teresa González, están un poco decepcionadas por el trato que han recibido en el aparato de justicia, pero no han perdido la fe. Así lo dice Gabriel, hermano de Alberta y esposo de Teresa. Al igual que ellas, cree que en este caso hay una clara muestra de discriminación por parte de M.P., jueces y la PGR.
“El juez no quiere aceptar que está en un error y que no existen pruebas que sustenten la acusación. Las únicas pruebas que dicen que tienen son las fotografías de un periódico y los testimonios contradictorios de los agentes que ya no están en activo. Ahí se ve la mala fe”.
Los hechos del mes de agosto de 2006. El día en que las otomíes fueron aprehendidas fueron fotografiadas por la prensa, y esa fue la evidencia contra ellas. “Fueron detenidas de manera ilegal y no contaron con traductor. El Ministerio Público sin estar especializado, se adjudicó el papel de perito lingüístico y determinó que todas comprendían el castellano, cuando nunca entendieron de qué se les acusaba y no sabían lo que significaba el secuestro”, explica Andrés Díaz, su abogado.
El 25 de noviembre de 2009, la PGR reiteró la acusación contra Alberta y Teresa, y solicitó la pena más alta. Andrés Díaz asegura que la sentencia debe ser absolutoria, “pero si insisten en criminalizarlas apelaremos”.
Teresa ahora es mamá. Tuvo a su hija en prisión. Ya ni las disculpas. Jacinta Marcial fue liberada el 16 de septiembre de 2009 “por duda razonada”, pues no había pruebas plenas que fundamentaran la responsabilidad penal en los hechos.
A cuatro meses de distancia, Jacinta percibe su situación “como un sueño (...) nunca entendí por qué me detuvieron ni por qué me liberaron, no hubo disculpas ni nada”. Pero ahora su vida en libertad se complicó, pues la actividad comercial que mantenía su hogar se afectó.
“A veces salgo a vender a escuelas, pero al tianguis no he regresado”. Unos (comerciantes) me recibieron bien y otros mal”. Quiere que el estado la indemnice y repare el daño causado después de casi cuatro años de cárcel. Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Inmujeres, señala que entre algunos encargados de procurar y administrar la justicia “hay un menosprecio hacia los derechos de las mujeres, desconociendo, falta de sensibilidad y una postura misógina y machista”.
Dice que las mujeres sufren doble sanción: Reciben las penas más altas, y al salir de prisión son condenadas socialmente. Asegura que desde 2008 el Inmujeres firmó convenios con el consejo de la judicatura federal, la corte y el tribunal electoral para capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
“Es una política de estado”. Teresa Paniagua, cuarta visitadora general de la CNDH, señala que las quejas más frecuentes de los indígenas sujetos a un proceso judicial son maltrato en la detención, detenciones arbitrarias sin orden judicial, introducción a sus domicilios sin orden de cateo, defensa deficiente e inadecuada, falta de intérprete y dilación. Atribuye esos abusos a la falta de profesionalización de los servidores públicos. Vidulfo Rosales, abogado del centro de derechos humanos de la montaña de Guerrero “Tlachinollan”, difiere. Dice que se debe a una intención del estado de criminalizar a los indígenas. Ese es el caso, asegura, de Raúl Hernández, miembro de la organización de pueblo indígena Mephaa.
También está en espera de sentencia; está detenido en Ayutla, Guerrero, desde el 11 de noviembre de 2008, acusado de homicidio. “La acusación está sustentada en la declaración de dos supuestos testigos que, además, se contradicen”, expuso Rosales. “En este caso, dice, hay una clara línea del gobierno del estado por golpear a esta organización, pues sus integrantes han demandado justicia en el caso de las violaciones sexuales sufridas por las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en manos del Ejército”.

Implicados en las drogas

Los delitos contra la salud son el principal motivo de prisión para los indígenas. Mauricio Camacho, responsable de la unidad especializada para la atención de asuntos indígenas explica que Coahuila es el único estado de la República que no tiene indígenas encarcelados por estar implicados en la siembra, cultivo, transporte y posesión de drogas.
Dice que la pobreza es motivo por el que se ven obligados a participar en ese delito. “Muchos son utilizados para transportar la droga sin que tengan conocimiento del contenido del paquete que les dan y otros sí saben qué están haciendo, pero desconocen las implicaciones. Mientras vivan en la pobreza seguirán siendo utilizados”.
En otros casos, se les detiene por prácticas relacionadas con sus usos y costumbres, como el caso de los huicholes, quienes en su tradicional recolección de peyote para sus ritos son aprehendidos. “En estos casos la Constitución los protege, porque se justifica su práctica cultural y se les deja en libertad. Lo cierto es que ni siquiera se les debería detener, y para ello deberíamos hacer un frente común”.
Reconoce que los retos que debe resolver el sistema de justicia es la asistencia de traductores en los procesos judiciales, pues hay 62 lenguas reconocidas y 364 variantes, así como la observancia de los usos y costumbres. La CDI tiene un programa de pago de multas y fianzas en delitos no graves y si el detenido es primo delincuente.
“Si durante el proceso se cometen injusticias es deber de las autoridades determinarlo. Lo injusto, en el caso de los indígenas, es que no puedan salir de la cárcel por falta de dinero para pagar la fianza”, dice Jesús King, director de promoción de convenios en materia de justicia de la CDI.

MEXICO, D.F., 30 de enero

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