Operación encubrimiento
CUERNAVACA, Morelos, 30 de enero.- En una operación de lavado de imagen –sin precedente desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico–, el propio jefe del Ejecutivo, la Procuraduría General de la República (PGR), el Partido Acción Nacional (PAN), el gobierno de Morelos y hasta el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública han trabajado para acallar las protestas por la muerte de dos civiles –uno de los cuales recibió más de 180 disparos– durante el intento de captura del Jefe de Jefes y para borrar, de facto, cualquier pista que pudiera conectar al gobernador panista Marco Antonio Adame con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
De acuerdo con las versiones oficiales divulgadas hasta el momento por las autoridades, Arturo Beltrán manejó su centro de operaciones en Cuernavaca durante más de tres años sin que gozara de protección política. Pero las investigaciones en este caso sólo llegan hasta el nivel de mandos policiacos, a contrapelo de lo que se ha visto en países como Italia, Colombia, Rusia y, recientemente, en Guatemala, cuyo expresidente, Alfonso Portillo, fue detenido bajo la acusación de lavado de dinero.
Morelos es uno de los enclaves más estimados por el panismo. Cuernavaca fue una de las primeras capitales que el PAN conquistó en las urnas, en 1997, aún bajo el yugo del régimen priista.
Las pistas
El pasado 10 de enero, se publicó que una cuenta bancaria en Banamex (número 8100148), a nombre del gobernador Marco Antonio Adame, estaba registrada en el teléfono celular propiedad del exjefe de Seguridad Pública de Morelos Luis Ángel Cabeza de Vaca, acusado por la PGR de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El otrora jefe policiaco presuntamente recibió varios pagos de 20 mil dólares a cambio de proteger los movimientos de ese cártel en el estado, según un expediente al que tuvo acceso este semanario (PGR/SIEDO/UEIDSCVS/166/2009).
A su vez, el diario El Universal difundió que la PGR estaba investigando a dos escoltas de Adame por sus presuntos nexos con el cártel que mantenía bajo su poder el corredor Guerrero, Puebla y Morelos.
“No voy a emitir ningún comentario hasta que concluyan las indagaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada”, declaró Adame en el Palacio de Gobierno apenas dos días después de publicadas las investigaciones periodísticas.
Pero hasta ese momento, oficialmente nunca se había indagado la cuenta bancaria, si bien la PGR tenía el dato desde el 15 de mayo de 2009. La atención de las autoridades federales se dirigió sólo hacia la captura de el Jefe de Jefes.
El miércoles 13, el presidente nacional del PAN, César Nava –vinculado a la organización ultraderechista el Yunque–, se adelantó a las autoridades para desestimar las pistas que podrían apuntar hacia Adame. En rueda de prensa ofrecida en la sede nacional de su partido, dijo que se trataba de acusaciones sin sustento que arrojaban “una cortina de humo hacia un gobernador que claramente ha colaborado con el gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado”.
Al mismo tiempo, Margarita Zavala apareció en Cuernavaca. Los diarios locales desplegaron ampliamente la noticia de que la esposa del presidente Calderón estuvo en la capital morelense para atestiguar el acopio de víveres enviados como ayuda a Haití por el terremoto. En las fotos sobre esta inesperada visita también apareció Mayela Alemán de Adame, esposa del gobernador de Morelos.
Marco Antonio Adame no aceptó dar su versión sobre la cuenta bancaria a su nombre que le fue encontrada al exjefe policiaco que estuvo bajo sus órdenes. La PGR nunca desmintió el hecho.
La única aclaración pública vino del propio exjefe policiaco. En una carta enviada a este semanario, Cabeza de Vaca explica que la cuenta bancaria se la proporcionó Luis Manuel Pérez-Arce González, secretario particular del gobernador.
“La cuenta bancaria que apareció registrada en la aplicación de notas fue con el objeto de actualizar el directorio del gabinete del titular del Ejecutivo Estatal. Es decir, los datos que obraban en el apartado notas me fueron transferidos íntegramente tal y cómo éste (el secretario del gobernador) los tenía.”
Cabeza de Vaca dice que sólo hasta que leyó la investigación se percató de que siempre tuvo en su poder el número de cuenta.
“Por tal motivo quiero aclarar, enfáticamente, que jamás realicé ningún tipo de movimiento y/o depósito en la referida cuenta. Por lo que una vez más rechazo, en forma categórica, haber realizado conductas ajenas a mi función como servidor público ni mucho menos que estuviesen relacionadas con el fomento y/o protección del crimen organizado”, añade en su mensaje.
Se averiguó que ningún otro gobernador de Morelos dejaba sus números de cuentas bancarias en manos de sus secretarios particulares. Tal es el caso de los priistas Antonio Riva Palacio y Jorge Carrillo Olea, y del panista Sergio Estrada. Sus cuentas sólo eran conocidas por los encargados de manejar las finanzas en la Casa de Gobierno.
Opacidad
Algunos legisladores pretendieron exigirle cuentas a Marco Antonio Adame. Durante una reunión de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Morelos, el pasado jueves 14, miembros de esa instancia legislativa plantearon la necesidad de que el mandatario compareciera, por lo que convocaron a una sesión extraordinaria para el día siguiente.
Y aunque la mayoría priista y panista echó abajo la posibilidad de la comparecencia, la oposición logró que se enviara un exhorto a la PGR para que informe sobre las pistas de los posibles nexos de Adame con el narcotráfico y, sobre todo, para que las autoridades federales expliquen qué falló en el operativo contra Beltrán Leya, toda vez que dos civiles murieron acribillados.
Desde la tribuna, el mismo grupo de legisladores exigió que la administración de Felipe Calderón respete la soberanía del estado y los derechos humanos. Miembros de los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Convergencia y Nueva Alianza demandaron que el gobernador solicite licencia hasta que concluyan las investigaciones de la PGR.
En la cacería contra el Jefe de Jefes, los cuerpos de Patricia Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez quedaron destrozados. A ella la alcanzaron 180 disparos. Él prácticamente se desintegró por las decenas de balas que penetraron en su cuerpo.
Al esposo de Terroba, Gabriel Pintado, los marinos lo tumbaron boca abajo y le pusieron el pie en la nunca cuando intentaba que alguien le diera una explicación de lo sucedido. A la pareja de Aguilar Rodríguez, Andrea Martínez Jaime, la tuvieron de pie cuatro horas esperando noticias de su esposo para luego entregarle un cuerpo hecho pedazos, mutilado y con los brazos descarnados.
Ni el gobierno federal ni Adame han dado una respuesta en público en torno al asesinato de estos morelenses que circulaban por las calles en donde los marinos desplegaron el operativo para capturar al narco.
En Cuernavaca sólo hubo una reunión privada entre el gobernador y los legisladores, la mañana del 22 de enero, en la Casa de Gobierno. Ahí, Adame leyó textualmente la carta del exjefe policiaco enviada para deslindarse del asunto de la cuenta bancaria.
No obstante, la legisladora petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz le echó en cara que era un “gobernador bajo sospecha” y le pidió que fuera congruente con su pasado en la oposición. Siendo legislador federal por el PAN, Adame exigió al entonces gobernador Jorge Carrillo Olea que pidiera licencia mientras se deslindaban responsabilidades por la presencia del narcotráfico en esa entidad.
La legisladora había obtenido una copia del discurso pronunciado por Adame el jueves 2 de abril de 1998 en la Cámara de Diputados: “Ante todo nos preguntamos qué pasa en Morelos. ¿Este es el lenguaje de la democracia y de la justicia social? ¿Qué oscuros intereses se intentan proteger para defender lo indefendible? ¿Qué necesidad o complicidad existe entre el gobernador y su partido para estar dispuestos, en tiempos de debacle electoral y desintegración sistemática, a pagar tan alto precio político? Exigimos, a nombre de Acción Nacional, la renuncia de Jorge Carrillo Olea a la gubernatura, pues es inadmisible que sigan dándose ejercicios tan pedestres del gobierno que encabeza.”
La diputada petista arremetió: “Ahora le pido congruencia, señor gobernador Adame y, como lo hizo antes, pida usted licencia para que sea investigado”.
Adame no se dio por aludido, y dijo que lo importante era mantener un diálogo constante entre las diversas fuerzas políticas para no manchar la imagen del estado. Sin embargo, el perredista Fidel Demédicis Hidalgo también le pidió su renuncia, en tanto que el coordinador de la mesa directiva, el legislador por Nueva Alianza Othón Sánchez Vela, le demandó información clara sobre las violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, de las muertes de los dos civiles.
Tras la reunión, el gobierno de Morelos difundió un comunicado en el que se omitieron los momentos ríspidos y las exigencias de la oposición; sólo enumeró una lista de acuerdos políticos.
Cinco días después, el miércoles 27, el gobernador de Morelos citó de nuevo a los legisladores para reunirse, nuevamente en privado, con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien atendería “sus inquietudes”.
Antes de que los legisladores pudieran hablar, Chávez Chávez lamentó que en la guerra contra el narcotráfico “a veces pasan cosas desagradables, como la muerte de civiles”. Y aseguró que el gobierno federal está tratando de capacitar a los funcionarios para que protejan de mejor manera a la gente.
El procurador pensaba proyectar un video sobre un “nuevo estilo” de interrogar a presuntos delincuentes con métodos científicos, sin necesidad de torturas. Pero no tuvo tiempo para mostrarlo: los diputados opositores exigieron que explicara detalladamente qué pasa en Morelos.
El coordinador de los perredistas, Fidel Demédicis, pidió a Chávez Chávez que no haya más operativos militares que lesionen la soberanía del estado y, sobre todo, que violen los derechos humanos a tal extremo que dos personas, quienes nada tenían que ver con el narcotráfico, hayan muerto asesinadas por cientos de disparos.
El titular de la PGR respondió que, respecto de las violaciones de los derechos humanos, pasaría sus inquietudes “a su superior” y, en todo caso, le sugirió que presentaran una denuncia ante la Procuraduría de Justicia Militar.
Demédicis quiso saber qué estado guardaban las investigaciones contra servidores públicos en Morelos, y la petista Tania Valentina Rodríguez le dijo que el gobernador de Morelos estaba bajo sospecha.
El titular de la PGR mencionó que ya se había investigado la cuenta bancaria del gobernador y sostuvo que no había delito que perseguir. Por lo demás, dijo, Marco Antonio Adame sólo podría ser un “testigo”. Y reconoció que las investigaciones sólo llegan hasta el exsecretario de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca.
La diputada replicó: “Entonces sería conveniente que nos mostrara una copia del no ejercicio de la acción penal contra el gobernador o, en su caso, una carta circunstanciada en la que se le exonera”.
Arturo Chávez no quiso saber más. Se levantó de su asiento, agradeció la invitación del gobernador y salió presuroso de la Casa de Gobierno, protegido por una caravana de seis camionetas blindadas, rumbo al helipuerto de la Cruz Roja.
La defensa
La misma PGR ha usado todos sus recursos para que el gobernador de Morelos no sea interrogado por la defensa del exjefe policiaco Cabeza de Vaca, preso en el penal de Nayarit, como testigo de descargo.
Desde el 12 de noviembre pasado, Cabeza de Vaca ha tramitado exhortos y quejas ante los tribunales porque el mandatario sólo quiere responder por escrito una vez que haya conocido de antemano las preguntas que pretenden hacer los abogados, encabezados por Guillermo Pasquel.
Si bien Adame podría no presentarse ante un juzgado, nada impide que sea interrogado en persona dentro de su despacho a la hora y en la fecha que a él mejor perezca, dicen los litigantes.
No es la única defensa institucional que ha cobijado a Marco Antonio Adame desde la muerte del capo Arturo Beltrán. El pasado 23 de diciembre, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, sostuvo que hay periodistas que manipulan la información, haciendo pensar que el gobierno de Morelos y los militares están involucrados en el crimen organizado.
El lunes 25, el presidente Calderón presentó en Los Pinos el Programa para Combatir la Obesidad. Cerca del él, junto a su esposa Margarita Zavala, su equipo de colaboradores reservó un sitio para el gobernador morelense.
(Daniel Lizárraga/APRO)
De acuerdo con las versiones oficiales divulgadas hasta el momento por las autoridades, Arturo Beltrán manejó su centro de operaciones en Cuernavaca durante más de tres años sin que gozara de protección política. Pero las investigaciones en este caso sólo llegan hasta el nivel de mandos policiacos, a contrapelo de lo que se ha visto en países como Italia, Colombia, Rusia y, recientemente, en Guatemala, cuyo expresidente, Alfonso Portillo, fue detenido bajo la acusación de lavado de dinero.
Morelos es uno de los enclaves más estimados por el panismo. Cuernavaca fue una de las primeras capitales que el PAN conquistó en las urnas, en 1997, aún bajo el yugo del régimen priista.
Las pistas
El pasado 10 de enero, se publicó que una cuenta bancaria en Banamex (número 8100148), a nombre del gobernador Marco Antonio Adame, estaba registrada en el teléfono celular propiedad del exjefe de Seguridad Pública de Morelos Luis Ángel Cabeza de Vaca, acusado por la PGR de recibir sobornos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El otrora jefe policiaco presuntamente recibió varios pagos de 20 mil dólares a cambio de proteger los movimientos de ese cártel en el estado, según un expediente al que tuvo acceso este semanario (PGR/SIEDO/UEIDSCVS/166/2009).
A su vez, el diario El Universal difundió que la PGR estaba investigando a dos escoltas de Adame por sus presuntos nexos con el cártel que mantenía bajo su poder el corredor Guerrero, Puebla y Morelos.
“No voy a emitir ningún comentario hasta que concluyan las indagaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada”, declaró Adame en el Palacio de Gobierno apenas dos días después de publicadas las investigaciones periodísticas.
Pero hasta ese momento, oficialmente nunca se había indagado la cuenta bancaria, si bien la PGR tenía el dato desde el 15 de mayo de 2009. La atención de las autoridades federales se dirigió sólo hacia la captura de el Jefe de Jefes.
El miércoles 13, el presidente nacional del PAN, César Nava –vinculado a la organización ultraderechista el Yunque–, se adelantó a las autoridades para desestimar las pistas que podrían apuntar hacia Adame. En rueda de prensa ofrecida en la sede nacional de su partido, dijo que se trataba de acusaciones sin sustento que arrojaban “una cortina de humo hacia un gobernador que claramente ha colaborado con el gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado”.
Al mismo tiempo, Margarita Zavala apareció en Cuernavaca. Los diarios locales desplegaron ampliamente la noticia de que la esposa del presidente Calderón estuvo en la capital morelense para atestiguar el acopio de víveres enviados como ayuda a Haití por el terremoto. En las fotos sobre esta inesperada visita también apareció Mayela Alemán de Adame, esposa del gobernador de Morelos.
Marco Antonio Adame no aceptó dar su versión sobre la cuenta bancaria a su nombre que le fue encontrada al exjefe policiaco que estuvo bajo sus órdenes. La PGR nunca desmintió el hecho.
La única aclaración pública vino del propio exjefe policiaco. En una carta enviada a este semanario, Cabeza de Vaca explica que la cuenta bancaria se la proporcionó Luis Manuel Pérez-Arce González, secretario particular del gobernador.
“La cuenta bancaria que apareció registrada en la aplicación de notas fue con el objeto de actualizar el directorio del gabinete del titular del Ejecutivo Estatal. Es decir, los datos que obraban en el apartado notas me fueron transferidos íntegramente tal y cómo éste (el secretario del gobernador) los tenía.”
Cabeza de Vaca dice que sólo hasta que leyó la investigación se percató de que siempre tuvo en su poder el número de cuenta.
“Por tal motivo quiero aclarar, enfáticamente, que jamás realicé ningún tipo de movimiento y/o depósito en la referida cuenta. Por lo que una vez más rechazo, en forma categórica, haber realizado conductas ajenas a mi función como servidor público ni mucho menos que estuviesen relacionadas con el fomento y/o protección del crimen organizado”, añade en su mensaje.
Se averiguó que ningún otro gobernador de Morelos dejaba sus números de cuentas bancarias en manos de sus secretarios particulares. Tal es el caso de los priistas Antonio Riva Palacio y Jorge Carrillo Olea, y del panista Sergio Estrada. Sus cuentas sólo eran conocidas por los encargados de manejar las finanzas en la Casa de Gobierno.
Opacidad
Algunos legisladores pretendieron exigirle cuentas a Marco Antonio Adame. Durante una reunión de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Morelos, el pasado jueves 14, miembros de esa instancia legislativa plantearon la necesidad de que el mandatario compareciera, por lo que convocaron a una sesión extraordinaria para el día siguiente.
Y aunque la mayoría priista y panista echó abajo la posibilidad de la comparecencia, la oposición logró que se enviara un exhorto a la PGR para que informe sobre las pistas de los posibles nexos de Adame con el narcotráfico y, sobre todo, para que las autoridades federales expliquen qué falló en el operativo contra Beltrán Leya, toda vez que dos civiles murieron acribillados.
Desde la tribuna, el mismo grupo de legisladores exigió que la administración de Felipe Calderón respete la soberanía del estado y los derechos humanos. Miembros de los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Convergencia y Nueva Alianza demandaron que el gobernador solicite licencia hasta que concluyan las investigaciones de la PGR.
En la cacería contra el Jefe de Jefes, los cuerpos de Patricia Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez quedaron destrozados. A ella la alcanzaron 180 disparos. Él prácticamente se desintegró por las decenas de balas que penetraron en su cuerpo.
Al esposo de Terroba, Gabriel Pintado, los marinos lo tumbaron boca abajo y le pusieron el pie en la nunca cuando intentaba que alguien le diera una explicación de lo sucedido. A la pareja de Aguilar Rodríguez, Andrea Martínez Jaime, la tuvieron de pie cuatro horas esperando noticias de su esposo para luego entregarle un cuerpo hecho pedazos, mutilado y con los brazos descarnados.
Ni el gobierno federal ni Adame han dado una respuesta en público en torno al asesinato de estos morelenses que circulaban por las calles en donde los marinos desplegaron el operativo para capturar al narco.
En Cuernavaca sólo hubo una reunión privada entre el gobernador y los legisladores, la mañana del 22 de enero, en la Casa de Gobierno. Ahí, Adame leyó textualmente la carta del exjefe policiaco enviada para deslindarse del asunto de la cuenta bancaria.
No obstante, la legisladora petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz le echó en cara que era un “gobernador bajo sospecha” y le pidió que fuera congruente con su pasado en la oposición. Siendo legislador federal por el PAN, Adame exigió al entonces gobernador Jorge Carrillo Olea que pidiera licencia mientras se deslindaban responsabilidades por la presencia del narcotráfico en esa entidad.
La legisladora había obtenido una copia del discurso pronunciado por Adame el jueves 2 de abril de 1998 en la Cámara de Diputados: “Ante todo nos preguntamos qué pasa en Morelos. ¿Este es el lenguaje de la democracia y de la justicia social? ¿Qué oscuros intereses se intentan proteger para defender lo indefendible? ¿Qué necesidad o complicidad existe entre el gobernador y su partido para estar dispuestos, en tiempos de debacle electoral y desintegración sistemática, a pagar tan alto precio político? Exigimos, a nombre de Acción Nacional, la renuncia de Jorge Carrillo Olea a la gubernatura, pues es inadmisible que sigan dándose ejercicios tan pedestres del gobierno que encabeza.”
La diputada petista arremetió: “Ahora le pido congruencia, señor gobernador Adame y, como lo hizo antes, pida usted licencia para que sea investigado”.
Adame no se dio por aludido, y dijo que lo importante era mantener un diálogo constante entre las diversas fuerzas políticas para no manchar la imagen del estado. Sin embargo, el perredista Fidel Demédicis Hidalgo también le pidió su renuncia, en tanto que el coordinador de la mesa directiva, el legislador por Nueva Alianza Othón Sánchez Vela, le demandó información clara sobre las violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, de las muertes de los dos civiles.
Tras la reunión, el gobierno de Morelos difundió un comunicado en el que se omitieron los momentos ríspidos y las exigencias de la oposición; sólo enumeró una lista de acuerdos políticos.
Cinco días después, el miércoles 27, el gobernador de Morelos citó de nuevo a los legisladores para reunirse, nuevamente en privado, con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien atendería “sus inquietudes”.
Antes de que los legisladores pudieran hablar, Chávez Chávez lamentó que en la guerra contra el narcotráfico “a veces pasan cosas desagradables, como la muerte de civiles”. Y aseguró que el gobierno federal está tratando de capacitar a los funcionarios para que protejan de mejor manera a la gente.
El procurador pensaba proyectar un video sobre un “nuevo estilo” de interrogar a presuntos delincuentes con métodos científicos, sin necesidad de torturas. Pero no tuvo tiempo para mostrarlo: los diputados opositores exigieron que explicara detalladamente qué pasa en Morelos.
El coordinador de los perredistas, Fidel Demédicis, pidió a Chávez Chávez que no haya más operativos militares que lesionen la soberanía del estado y, sobre todo, que violen los derechos humanos a tal extremo que dos personas, quienes nada tenían que ver con el narcotráfico, hayan muerto asesinadas por cientos de disparos.
El titular de la PGR respondió que, respecto de las violaciones de los derechos humanos, pasaría sus inquietudes “a su superior” y, en todo caso, le sugirió que presentaran una denuncia ante la Procuraduría de Justicia Militar.
Demédicis quiso saber qué estado guardaban las investigaciones contra servidores públicos en Morelos, y la petista Tania Valentina Rodríguez le dijo que el gobernador de Morelos estaba bajo sospecha.
El titular de la PGR mencionó que ya se había investigado la cuenta bancaria del gobernador y sostuvo que no había delito que perseguir. Por lo demás, dijo, Marco Antonio Adame sólo podría ser un “testigo”. Y reconoció que las investigaciones sólo llegan hasta el exsecretario de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca.
La diputada replicó: “Entonces sería conveniente que nos mostrara una copia del no ejercicio de la acción penal contra el gobernador o, en su caso, una carta circunstanciada en la que se le exonera”.
Arturo Chávez no quiso saber más. Se levantó de su asiento, agradeció la invitación del gobernador y salió presuroso de la Casa de Gobierno, protegido por una caravana de seis camionetas blindadas, rumbo al helipuerto de la Cruz Roja.
La defensa
La misma PGR ha usado todos sus recursos para que el gobernador de Morelos no sea interrogado por la defensa del exjefe policiaco Cabeza de Vaca, preso en el penal de Nayarit, como testigo de descargo.
Desde el 12 de noviembre pasado, Cabeza de Vaca ha tramitado exhortos y quejas ante los tribunales porque el mandatario sólo quiere responder por escrito una vez que haya conocido de antemano las preguntas que pretenden hacer los abogados, encabezados por Guillermo Pasquel.
Si bien Adame podría no presentarse ante un juzgado, nada impide que sea interrogado en persona dentro de su despacho a la hora y en la fecha que a él mejor perezca, dicen los litigantes.
No es la única defensa institucional que ha cobijado a Marco Antonio Adame desde la muerte del capo Arturo Beltrán. El pasado 23 de diciembre, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, sostuvo que hay periodistas que manipulan la información, haciendo pensar que el gobierno de Morelos y los militares están involucrados en el crimen organizado.
El lunes 25, el presidente Calderón presentó en Los Pinos el Programa para Combatir la Obesidad. Cerca del él, junto a su esposa Margarita Zavala, su equipo de colaboradores reservó un sitio para el gobernador morelense.
(Daniel Lizárraga/APRO)
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