El PRD impuso su sello

La reforma petrolera

Por Jesús Cantú

A pesar de López Obrador y su corriente, el Frente Amplio Progresista y, muy particularmente, el Partido de la Revolución Democrática lograron imponer sus principales requerimientos en la reforma petrolera, salvo uno —que en realidad se refiere a llenar un vacío legal, que no surge con la reforma sino que ya se encontraba presente en la actual legislación—, que de acuerdo CON Cuauhtémoc Cárdenas, “otorga a Pemex una mayor autonomía presupuestal y de gestión; moderniza su diseño institucional y flexibiliza sus sistema de contratación de adquisiciones y de obra pública”.

En la segunda semana de marzo en este mismo espacio señalé los errores que cometían el gobierno y el Partido Acción Nacional en el procesamiento de la reforma petrolera, pues hasta esos momentos no presentaban iniciativa formal ni establecían claramente sus posiciones. Finalmente, el 8 de abril del presente año, el presidente envió su iniciativa de reforma a siete leyes ordinarias y nuevamente me ocupé del tema en la tercera semana de abril, para señalar las limitaciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y lo absurdo de querer aprobar en sólo cinco sesiones una legislación de tal trascendencia.

Tras la toma de tribunas y los foros de debate, el PRI presentó su propia iniciativa el 23 de julio, mientras el PRD y el FAP se debatían en sus contradicciones, en la última semana de julio otra vez abordé el tema en este espacio, y señalé lo equivocado de esa estrategia y la delantera que tomaba el PRI, con su decisión.

Finalmente, en el PRD el grupo negociador logró que un grupo de expertos en el tema e intelectuales identificados con los postulados perredistas prepararan una propuesta que, tras ser aceptada por todos (Andrés Manuel López Obrador, FAP y PRD), fue presentada en el Senado el 25 de agosto. La propuesta modificó radicalmente la correlación de fuerzas en el interior del Senado para la negociación final, pues como señalaba en aquella ocasión es muy distinto ir a defender propuestas concretas, que simplemente oponerse a otras, sin presentar una opción viable.

Esta nueva correlación le permitió al PRD eliminar la participación de la iniciativa privada en la refinación, los contratos de maquila y la propiedad de los ductos, como proponía la iniciativa de Calderón; también cancelaron los denominados contratos incentivados, que en realidad eran contratos de riesgo; y anularon el control de Hacienda sobre el presupuesto anual de la paraestatal. Pero además lograron modificar sustancialmente otras normas, entre las que destacan, la ratificación por parte del Senado de los cuatro consejeros profesionales del Consejo de Administración de Pemex; la prohibición de que las casas de bolsa puedan adquirir los bonos ciudadanos; el establecimiento de un nuevo régimen fiscal para la paraestatal y la proscripción de trasladar sus beneficios a terceros, así como, el establecimiento de candados para el nuevo régimen de adquisiciones.

Precisamente en este nuevo régimen no pudieron establecer la propuesta de prohibir explícitamente el otorgamiento de contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un contratista. Esta cláusula es precisamente la razón por la cual López Obrador y sus huestes decidieron bloquear el acceso a la sede del Senado, el jueves de la semana pasada; le permitieron interactuar con los diputados el partes pasado, manifestarse frente a San Lázaro e, incluso, tomar las tribunas, con un grupo de unos 35 legisladores leales, y, desde luego, mantener sus protestas.

Igualmente fueron retiradas del dictamen original las cláusulas que permitían la revisión de la Auditoría Superior de la Federación y/o la Secretaría de la Función Pública, lo cual permitiría ejercer una estrecha vigilancia para evitar que algún (os) contratistas se vieran favorecidos con estos contratos de exploración y producción.

Sin embargo, las cláusulas pretendían reforzar los controles y su eliminación no abre posibilidades, que no estuviesen ya presentes en la legislación vigente y de hecho se habían concretado en los discutidos contratos de servicios múltiples, mediante los cuales Pemex ya otorgó dichas tareas a particulares. De haberse establecido la prohibición explícita, se cancelaría la posibilidad de otorgar nuevos contratos; sin embargo, al no modificarse la Constitución, la constitucionalidad de estos contratos todavía es cuestionable y, por lo mismo, ése es el reto: encontrar la vía para lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto.

Como bien comenta Cárdenas, en un artículo publicado el jueves 23, en los diarios La Jornada y Milenio: “No quiero dejar de señalar una omisión importante en los dictámenes que llegarán al pleno del Senado: el tema de los 'bloques' o áreas exclusivas para un solo contratista, asignados mediante alguna variante de los contratos de servicios múltiples que no está considerada en los dictámenes que este martes se dieron a conocer a la opinión pública, lo que pudiera significar que se excluyera a Pemex del control de las decisiones sobre esos trabajos de exploración y extracción. El asunto está implícito, y si el gobierno opta por este sistema en los próximos meses reencenderá el debate sobre su constitucionalidad, se abrirá una franja de riesgo para las actividades de exploración y producción que son de vital importancia para recuperar la capacidad petrolera del país”.

Es un hecho: en los asuntos controvertidos la iniciativa es más cercana a la propuesta del FAP, que a la del presidente Calderón y, aunque es legítimo pelear hasta el final por lograr colocar absolutamente todas sus demandas, es un error convertir un triunfo en fracaso, por no haber podido colocar algunos de los candados adicionales a los que lograron.— San Pedro Garza García, Nuevo León.

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