Uno de los principales enemigos del narco

Silvia Otero El Universal Mi�rcoles 05 de noviembre de 2008

Intentaron varias veces asesinar al hombre que en el sexenio de Vicente Fox extradit� a �capos� emblem�ticos; ofrec�an hasta 5 millones de dls por su cabeza

silvia.otero@eluniversal.com.mx Los narcotraficantes planearon e intentaron ejecutar a José Luis Santiago Vasconcelos al menos en tres ocasiones, entre 2004 y 2008. Hasta pusieron precio a su cabeza: ofrecieron hasta 5 millones de dólares a quien asesinara a este hombre, quien desde la Procuraduría General de la República (PGR) encabezó el combate contra los líderes de los cárteles de la droga y logró la extradición a Estados Unidos de capos emblemáticos como Osiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo. En la lucha contra el narcotráfico, Santiago Vasconcelos llegó a ser considerado uno de sus principales enemigos del narco y él estaba consciente de ello, en una entrevista en enero pasado, después de que EL UNIVERSAL reveló la existencia de un plan para asesinarlo, el funcionario federal reconoció: “Creo que no soy el más popular entre ellos (los cárteles de las drogas) y cualquiera de estos puede ser”. Las amenazas contra su vida eran una constante desde que en el sexenio foxista asumió el cargo como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En junio de 2004, Santiago Vasconcelos reveló que había recibido amenazas de muerte del cártel del Golfo, a través de su entonces brazo armado Los Zetas. En esa ocasión aceptó que los narcotraficantes ofrecieron una recompensa, al igual que contra el entonces procurador federal Rafael Macedo de la Concha. Aunque el ex subprocurador aseguró que “este tipo de amenazas las tenemos constantemente en el mundo del narcotráfico”, y aclaró que además de Los Zetas, había recibido amenazas de los hermanos Arellano Félix —del cártel de Tijuana— y hasta de la organización de Los Valencia. Sin embargo, fue el cártel de Osiel Cárdenas Guillén —el hombre que extraditó a Estados Unidos en enero de 2007—, el que planeó en 2004 ejecutar a Santiago Vasconcelos en una emboscada en Tamaulipas, pero el funcionario fue alertado a tiempo. En enero de 2008, a pesar de que ya no era el zar antidrogas mexicano, y fungía como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, como reveló EL UNIVERSAL, se frustraron dos último atentados contra Santiago Vasconcelos planeados por el cártel de Sinaloa que lidera Joaquín El Chapo Guzmán y los capos que todavía eran sus socios, los hermanos Beltrán Leyva. Sicarios de las Fuerzas Especiales de Arturo (FEDAS) diseñaron dos ataques contra Santiago Vasconcelos: uno se perpetraría el 22 de diciembre de 2007; otro el 17 de enero de 2008. En ambos casos, de manera circunstancial, los sujetos armados encargados de la ejecución fueron detenidos por policías del Distrito Federal. Santiago Vasconcelos renunció a la PGR en agosto pasado —en la que trabajó desde 1993— después de extraditar a un centenar de delincuentes a Estados Unidos, entre ellos Gilberto e Ismael Higuera Guerrero, los principales operadores del cártel de Tijuana; Héctor El Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Sinaloa y Gilberto Garza García, El Güero Gil, lugarteniente del cártel de Juárez, entre otros. El 26 de agosto pasado fue designado por el presidente Felipe Calderón como secretario técnico para la implementación de la reforma penal en material de seguridad y justicia penal.

Opinión

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa Operación Limpieza

Miércoles, 29 de Octubre de 2008

Asegura el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos que durante su estancia al frente de la SIEDO “implementó una vigilancia extrema a sus subordinados con información de Inteligencia Militar y de la DEA para evitar la infiltración del narco” (Reforma, 28 de octubre). Y sin embargo no reparó en la creciente fortuna de Miguel Colorado González, coordinador general técnico de dicha subprocuraduría, próximo a él en la escala jerárquica, quien sin embozo expresaba en sus declaraciones patrimoniales sus compras de automóviles lujosos, inmuebles bien situados y ahorros que saltaron de 90 mil pesos en el 2004 a un millón 200 mil pesos al año siguiente. Colorado González está ahora preso en el Penal de Alta Seguridad de Occidente, en Puente Grande, Jalisco. Estuvo sujeto a arraigo desde el comienzo de agosto y puede ser extraditado a Estados Unidos, pues la justicia norteamericana lo ha requerido para que responda a cargos que se formalizaron el jueves pasado, en que el funcionario pasó en México del arraigo a la prisión. Siguió la misma suerte su subordinado Fernando Rivera Hernández, director general adjunto en la coordinación que encabezaba Colorado González. También están presos en el penal jalisciense dos miembros de la Agencia Federal de Investigación, uno más está arraigado y dos se hallan prófugos. Se les acusa de recibir copiosas cantidades de dinero a cambio de información entregada a la banda de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva. Fueron señalados por autoridades norteamericanas que en este como en otros casos se anticiparon a eventuales acusaciones mexicanas. El propio procurador Eduardo Medina Mora informó de la conversión de esos funcionarios en delincuentes. La incluyó en la presentación de una Operación Limpieza de que forma parte la separación de sus cargos de 35 agentes del Ministerio Público adscritos a la SIEDO. En la conferencia de prensa respectiva fue inevitable que se le preguntara sobre la actitud de los titulares de esa subprocuraduría en cuya gestión sus colaboradores se vendieron al enemigo. Sin eludir la interrogación Medina Mora no la respondió, diciendo sólo que se habían formulado cargos contra aquellos respecto de los cuales había evidencia de su conducta delictiva. Los sucesivos jefes de los funcionarios recluidos en Jalisco dejaron de ser subprocuradores casi simultáneamente con el comienzo del arraigo de Colorado González y Rivera Hernández, este último ex militar formado ex profeso para combatir a los delincuentes de los que a la postre se hizo cómplice. Se dijo entonces que su salida obedecía a un proyecto de reestructuración de la Procuraduría General de la República , aunque se barruntaba que se les despidió para mejorar la imagen de la PGR , exhibida para mal en una reunión del gabinete de seguridad en que el secretario Genaro García Luna y el procurador Medina Mora se enfrentaron con acritud. A la luz de la información reciente podemos preguntarnos si la remoción de Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano estuvo relacionada con la moción norteamericana que dio lugar a la Operación Limpieza. Acaso se precisaba que estuvieran fuera de la PGR para llevar adelante las pesquisas sobre sus colaboradores. Santiago Vasconcelos fue designado subprocurador a cargo de la SIEDO por el general procurador general Rafael Macedo de la Concha y se mantuvo en el cargo bajo Daniel Cabeza de Vaca. Había ingresado a la Procuraduría federal en 1993, y al concluir el gobierno de Fox permaneció en ella, trasladado a la subprocuraduría de asuntos jurídicos y relaciones internacionales. Ahí causó baja el 4 de agosto y durante tres semanas quedó al margen de la actividad pública, hasta que se le encargó una responsabilidad menor y pasajera, la secretaría técnica para la implantación de la reforma de seguridad aprobada en junio anterior. Ramírez Mandujano, a su turno, sustituyó a Santiago Vasconcelos en la SIEDO en enero del 2007, y se marchó de ella el 5 de agosto pasado. A diferencia de su antecesor, no quedó ni un día en el limbo, pues junto con la de su despido se dio noticia de su nueva encomienda: la representación de la PGR en la Oficina de la ONU contra la droga y el delito, con sede en Viena. Preguntar sobre la actitud y las acciones de los subprocuradores ante la ahora sabida corrupción de sus subordinados no implica en modo alguno ni la más tenue insinuación de que estuvieran coludidos con ellos. Eso se sabría sólo al cabo de una pesquisa que es inevitable, pero de la que pueden salir exonerados. No se les puede condonar, en cambio, la falta de controles que hizo posible que de oficinas a su cargo brotara durante años información valiosísima para los narcotraficantes que pagaban con gran liberalidad a sus compinches. Como dijo Medina Mora, “esta investigación aún no concluye y es necesario seguir más líneas de trabajo… y conocer más ramificaciones y limpiar de tajo (quizá quiso decir cortar) cualquier manifestación de tolerancia a la corrupción vinculada a la delincuencia organizada”. Además de indagar la conducta de las personas, se revisarán los sistemas de control en la SIEDO , ahora a cargo de una mujer, la maestra Marisela Morales, a quien el procurador “ordenó realizar nuevos y más rigurosos exámenes de control de confianza a todo el personal de la SIEDO ”. Convendrá saber si los acusados de hoy aprobaron esos exámenes en su tiempo o se les eximió de sujetarse a ellos. No basta sólo mejorar los procedimientos sino aplicarlos sin excepción.