Franco inventó la memoria histórica

REPORTAJE: MEMORIA HISTÓRICA

El dictador encargó censos de desaparecidos y exhumaciones desde 1936. El BOE prueba su preocupación por honrar (sólo) a su bando

NATALIA JUNQUERA 01/03/2009

La Ley de Memoria Histórica la inventó un dictador, Francisco Franco, cuando sólo era un general golpista. No la llamó así, pero no hay, en el texto arrancado con esfuerzo a las fuerzas democráticas en 2007, nada que el Caudillo no hubiera hecho 70 años antes. Fue Franco el primero en pedir un censo de desaparecidos de la guerra; el primero en encargar a un grupo de expertos un protocolo de exhumación, y el único en preservar por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas. Todo únicamente para las víctimas de su bando.

Así se lee en la fuente más fiable posible, al menos, la más oficial. Múltiples leyes, decretos y órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado dan cuenta, desde casi el principio de la contienda, en 1936, de la preocupación de Franco no ya por ganar la guerra, sino por honrar a sus víctimas. Así lo han constatado cuatro investigadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tras dedicar más de 400 horas a bucear en una fuente tan generosa como inabarcable. "Sólo hemos podido arañar el BOE analizando algo más de 3.000 páginas", reconoce Carlos Agüero, coordinador de la investigación.

Franco vigiló que todas sus víctimas fueran inscritas en un censo de desaparecidos o fallecidos acompañando las palabras "muerto gloriosamente por Dios y por España". Y quiso atender "tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron víctimas de la barbarie roja"; esto es, recuperar los cuerpos de las fosas comunes donde yacían.

Para llevar a cabo la "piadosa finalidad" de devolver a las familias los cadáveres de sus seres queridos, una ley de mayo de 1939 facultó a los Ayuntamientos para no exigir los impuestos que "gravan las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres víctimas de la barbarie roja", obedeciendo a "la verdadera necesidad de rendir el postrero homenaje de respeto a los restos queridos de personas asesinadas en circunstancias trágicas o muertas en el frente y cuyo enterramiento se ha verificado muchas veces en lugares inadecuados". Otra orden de 1940 publicaba el "modelo de acta de exhumación" que había elaborado su comité de expertos, en este caso, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos. El protocolo de exhumación incluía la expropiación temporal de un terreno cuando los restos se hallaran en fincas privadas y la declaración del lugar de "tierra sagrada".

Además, en abril de 1940, el Ministerio de la Gobernación ordenó a todos los Ayuntamientos que adoptaran "medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista". Y explicaba: "Con el fin de evitar posibles profanaciones y guardar el respeto debido a los restos sagrados de los mártires de nuestra Cruzada, los Ayuntamientos acotarán y cerrarán, de modo provisional, pero que reúna las precisas garantías de seguridad, aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de (...) asesinados por los rojos".

Y para los casos en que nada de lo anterior fuera suficiente, Franco estableció medidas drásticas: "Para defender este camposanto (Paracuellos)", recordaba un decreto de marzo de 1951, "fue desviado en 1941 el torrente de San Miguel, afluente del río Jarama, y se llevó a cabo una variante de la carretera provincial de Barajas a Fuente el Saz".

Quiso preservar (y lo logró) los lugares donde yacían sus muertos para que pudieran ser devueltos a sus familias. Mientras, muchas de las fosas de republicanos eran sepultadas para siempre por autovías y edificios. Y concedió, desde 1936, generosas pensiones vitalicias a sus viudas, algo que las esposas del bando enemigo no lograron hasta 1979. "Hemos encontrado pensiones de más de 1.200 pesetas, un fortunón para la época, y eso, en la España de la posguerra, generó unas élites de vencedores, poderosas y ricas", afirma Agüero.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, esta investigación derriba la tesis de que Franco diera un "golpe espontáneo" porque "comienza a legislar desde el primer momento" y demuestra lo "absurdo" del debate sobre la ley de memoria: "quienes decían que habría que reparar a los dos bandos deberían haber sabido que uno de ellos se autorreparó durante años". Silva lamenta no haber podido investigar más. "Hemos gastado más de 1.000 euros en las consultas al BOE. Prefiero usar ese dinero para ayudar a familiares a recuperar a los suyos". Como hizo Franco. -

La factura de la guerra

Franco fue tan generoso con las víctimas de su bando como cruel con las del contrario. Mientras concedía "medallas al sufrimiento por la patria" y pensiones vitalicias a unos, vaciaba por completo las casas de otros. Primero, de gente, llevándose a padres y maridos republicanos a cárceles o fosas comunes. Y después, de todo lo que les quedaba, arrebatando a los supervivientes su profesión y sus bienes. De hecho, lo uno hubiese sido imposible sin lo otro.

Franco empezó a conceder ayudas y pensiones a sus víctimas en 1936. ¿De dónde salía el dinero? En 1937, Franco estableció por ley el procedimiento para la incautación de "bienes pertenecientes a las entidades de carácter político", esto es, todos los partidos e instituciones democráticas. Después lo hizo familia a familia. "Se juzgó incluso a personas ya muertas para poder requisar sus bienes y pagar la factura de la guerra", asegura Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Todo eso está también en la investigación sobre el BOE: "Las comisiones depuradoras", las "incautaciones",

las "requisitorias" convocando a cientos

de personas ante el juzgado más cercano; las partidas para mantener los abarrotados "campos de concentración"... "Por eso

le enviamos el informe a Garzón", afirma Carlos Agüero, coordinador de la investigación. "Era la prueba más contundente e inapelable de la feroz represión de Franco". -

Familiares de las víctimas piden al Gobierno que retire los títulos nobiliarios concedidos por Franco

El ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, renovó recientemente el título de la familia del general Mola

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 22/03/2009

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicita al Gobierno la retirada de los títulos nobiliarios que concedió Franco, entre ellos, uno renovado el pasado 20 de febrero por el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a los descendientes del general Emilio Mola, que desde 1948 conserva el título de Duque de Mola y Grande de España.

Mola fue uno de los militares más activos en la represión que sucedió al golpe militar de 1936. Es el autor de órdenes como esta: "Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares". Y como esta: "Hay que sembrar el terror...hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros".

Para la ARMH es "incomprensible que una democracia siga renovando un reconocimiento creado en honor de quienes destruyeron u secuestraron la democracia en este país durante 40 años un cuyos principales méritos fueron su despiadado e inhumano ejercicio de la represión militar contra civiles".

La asociación llama la atención sobre la enorme contradicción que supone que quienes "atacaron e impidieron la democracia durante cuatro décadas y sus descendientes reciban honores de Estado" mientras "quienes no se sublevaron con el ejército o lo combatieron para defender la democracia se encuentren todavía en fosas comunes sin que sus descendientes hayan recibido la más mínima reparación por parte del Estado".

Por eso solicitan al Gobierno que retire los títulos nobiliarios a la familia del general Mola y al general Dávila, grandes de España, a Onsino Redondo, conde de Labajos y al general Queipo de Llano, marqués, entre otros.