"La vida loca" de los Mara Salvatrucha
JUAN JOSé DALTON
SAN SALVADOR, 5 de junio (apro).-- "Aunque parezca utópico, un acuerdo de paz entre la Mara Salvatrucha `MS-13` y la Pandilla Dieciocho `18`, las dos agrupaciones enemigas a muerte que predominan en esta nación centroamericana, sería un buen comienzo para resolver el problema de la violencia", consideró el cineasta francés-español Christian Poveda, director del documental "La vida loca", que describe la vida diaria de los pandilleros salvadoreños.
El Salvador es el más peligroso de los países latinoamericanos, con una tasa de homicidios de más de 60 por 100 mil habitantes. La mayoría de las muertes violentas se achaca al fenómeno del pandillerismo, vigente desde hace más de una década.
"La sociedad debe comprender que la violencia tampoco se va a superar con la implementación de planes represivos contra estos grupos", añadió Poveda, quien conoce de la violencia salvadoreña, experiencia que acumuló desde sus años como fotógrafo corresponsal durante la guerra civil (1980-1992).
Para producir "La vida loca", Poveda convivió 16 meses con miembros de la pandilla "18", en el barrio La Campanera, del municipio de Soyapango, en las afueras de esta capital, que permanece bajo dominio de los pandilleros o "mareros".
"La vida loca" desnuda en toda su crudeza la perversidad, pero sobre todo, la faceta humana de los pandilleros, y expone el drama de los jóvenes atrapados en las "maras", tan "temidas como detestables, pero también curiosamente cautivadoras", como las describe Poveda.
"La vida loca" se ha convertido en un fenómeno cultural que describe la actual realidad salvadoreña, en la que la imagen del guerrillero de las pasadas décadas ha sido sustituida por la del pandillero tatuado de su cuerpo. El film ha sido exhibido en los festivales de San Sebastián, España; Morelia, México, y en el ocasión del Nuevo Cine Latinoamericano, de La Habana. Da cuanta en detalle sobre la "marginación, desintegración familiar y rechazo" que sufren sus miembros desde que nacen, sintetiza Poveda.
Las autoridades policiales de los pasados gobiernos salvadoreños atribuyeron a las pandillas el 70 por ciento de esos asesinatos y delitos graves, aunque sobre el narcotráfico y el crimen organizado poco se hablaba hasta que el año pasado se acusó a estos grupos de ser una rama de estos grupos criminales organizados.
A fines de abril pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) organizó la V Convención Antipandillas, que reunió a unos 300 agentes policiales, fiscales y jueces de Centroamérica, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Italia, México y Puerto Rico, para diseñar estrategias de combate a esas agrupaciones.
La PNC estima que las pandillas o "maras" tienen 15 mil miembros en El Salvador y entre 60 mil y 120 mil en toda la región centroamericana. Sin embargo, especialistas consideran abultadas esas cifras, y si bien señalan que esas agrupaciones son responsables de una importante actividad criminal, descartan que se les pueda atribuir la mayoría de hechos delictivos.
Un reporte policial alarmó a la población cuando dio cuenta que, el 13 de mayo pasado, cinco pandilleros murieron en un enfrentamiento con una unidad élite de la policía, cerca del municipio de San Francisco Javier, a unos 100 kilómetros al oriente de San Salvador. Los pandilleros abatidos portaban fusiles de asalto AK-47 y M-16, consideradas armas de guerra.
Según la policía, los miembros de la pandilla habían viajado desde San Salvador para cobrar la "renta" o extorsión a empresarios del transporte público y comerciantes de esa zona. Durante el tiroteo, dos agentes resultaron heridos.
Las autoridades salvadoreñas revelaron a principios de abril que, de los 21 mil reclusos que habitan las cárceles salvadoreñas, 7 mil 500 pertenecen a pandillas, entre ellos 95 por ciento de sus líderes. No obstante, el fenómeno pandilleril no ha sido frenado, ni siquiera disminuido, como afirman los especialistas.
En 2006, el Instituto de Medicina Legal (IML), que realiza los reconocimientos de cadáveres, estableció que sólo 11,8 por ciento de los homicidios puede ser atribuible a las pandillas; 18,2 % a la delincuencia común; 3% a otros móviles, mientras que del 67% se desconocen las causas del hecho.
El IML también indicó que, de los 3 mil 928 homicidios cometidos ese año, el 60 por ciento (2 mil 389) eran jóvenes de entre 15 y 29 años.
La vida de un marero
"Los pandilleros somos, además de victimarios, víctimas del sistema de violencia que vive El Salvador", señala el "Títere", un jefe natural de la "18", que omitió su nombre.
Durante años, él participó en robos a gran escala y distribución de droga, lo que le permitió obtener "mucho dinero y carros", aunque aseguró que eso es una "cuestión del pasado".
El pandillero reconoce que sus agrupaciones se dedican también a la extorsión y que muchos de ellos, a título personal, son contratados por el crimen organizado como sicarios y para realizar tareas de narco-menudeo.
El "Títere", de 28 años de edad y 13 de ellos en la "18", narra que, al principio, su pandilla no tenía armas de fuego y que se batían con miembros de la "MS-13" sólo con navajas, bates y piedras, y que en Soyapango, barrio donde creció, aprendió que "las familias y quienes no son miembros de las pandillas no son tus enemigos; tus enemigos son las otras pandillas".
Cuenta que fue adicto a la cocaína durante un año, pero que al darse cuenta del daño que le ocasionaba, logró rehabilitarse. "Dios me ayudó para dejar las drogas", dice.
La droga, mariguana y alcohol, dentro de este medio, son normales en su uso. Desde 1995 la venta de cocaína y el crack es parte del negocio de la pandilla, pero está prohibido el consumo por los daños a la salud. "Nosotros vendemos droga para sobrevivir", dijo el "marero", quien agregó que la misma policía les vendía droga que había decomisado en otros lugares.
"Esa droga la compran abogados, jueces, secretarias, doctores y adinerados", sostiene el "Títere", quien vive en la semiclandestinidad por la permanente persecución policial.
Considera que la violencia es parte de la historia salvadoreña: violencia intrafamiliar, abuso y abandono infantil, desintegración, marginación, violencia delincuencial e institucional, y abusos y tortura psicológica policial y en las cárceles, están arraigadas históricamente.
Una nueva guerra
Hace 17 años, El Salvador logró dejar atrás el fantasma de la guerra civil cuando se firmaron los acuerdos de paz en 1992, entre el entonces presidente Alfredo Cristiani de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora convertido en el partido de gobierno tras la toma de posesión del presidente Mauricio Funes, el primero de izquierda que llega al poder.
A pesar de este pacto, El Salvador vive ahora una nueva ola de violencia entretejida por la delincuencia común, el crimen organizado y las pandillas. Se trata de una nueva guerra, pero con enemigos difusos, que ha ocasionado miles de muertes por crímenes atroces, ajustes de cuentas entre bandas y personales, extorsiones y robos.
Para frenar esta espiral de criminalidad, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) dio el primer giro en su estrategia de seguridad pública en septiembre de 2003, al desarrollar el plan "Mano Dura", que enfiló sus baterías para combatir a las pandillas, privilegiando el enfoque represivo, que incluían capturas masivas de pandilleros.
A su llegada al gobierno, el entonces presidente Antonio Saca endureció esa estrategia en agosto de 2004 con la implementación de plan "Súper Mano Dura", profundizando su lucha contra las pandillas.
Después de cinco años de esas estrategias, sin embargo, la violencia y la criminalidad, lejos de disminuir, se agudizaron.
De acuerdo con el IML y la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero de 2004 y abril de 2009 se registraron 18 mil 649 asesinatos, lo que reflejó una tasa de 68 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2006, uno de los años más violentos, con un total de asesinatos de 3 mil 928, posicionando a El Salvador con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo.
"Los jóvenes están contra el sistema porque el Estado ha sido muy represivo con ellos", afirmó el sacerdote católico Antonio Rodríguez, director del Centro de Orientación y Formación (CFO), que desarrolla programas con jóvenes en situación de riesgo en el municipio de Mejicanos, en los alrededores de San Salvador, uno de más asediados por pandilleros.
A su juicio, los dos últimos gobiernos han minado la confianza de la ciudadanía con respecto de las instituciones del Estado, por la implementación de estrategias represivas contra los jóvenes.
"Se han roto las redes sociales a todos los niveles, entre vecinos, y entre la comunidad y las instituciones", señala Rodríguez, coordinador de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), integrada por 14 organizaciones sociales y centros de investigación de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En tanto, el cineasta Poveda considera que los jóvenes delincuentes de El Salvador, involucrados en este tipo de violencia (asesinatos, secuestro, extorsiones) padecen de "una especie de trauma psicológico y que su proceso de rehabilitación es largo".
Agrega que romper con esos círculos de violencia no "será superada a través de un taller de serigrafía o de panadería", como se ha creído oficialmente.
Para el productor de "La vida loca", estos niveles de violencia deben considerarse como una guerra, para la que debería buscarse "un acuerdo de paz". Eso permitiría una disminución significativa del número de asesinatos.
"¿Qué debe prevalecer: la paz social o continuar argumentando que no se puede dialogar con delincuentes?", cuestiona Poveda, quien recuerda que el exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, promovió el diálogo con el insurgente Ejército Republicano Irlandés (IRA), que luego se concretaría en el denominado acuerdo de Viernes Santo de 1998, aun cuando esa organización era catalogada de terrorista.
"Al menos unos 15 mil niños y jóvenes pandilleros son víctimas de un sistema que no perdona, que los ha llevado a volverse delincuentes y asesinos y a tener una vida miserable. Creo que estos jóvenes no le interesan a nadie. Son una generación perdida", lamentó el también fotoperiodista.
"La sociedad debe entender que no será fácil resolver este problema y que debe estar dispuesta a recibir nuevamente a los pandilleros, una vez que sean rehabilitados y brindarles educación y oportunidades de empleo", agrega Poveda.
El Salvador es el más peligroso de los países latinoamericanos, con una tasa de homicidios de más de 60 por 100 mil habitantes. La mayoría de las muertes violentas se achaca al fenómeno del pandillerismo, vigente desde hace más de una década.
"La sociedad debe comprender que la violencia tampoco se va a superar con la implementación de planes represivos contra estos grupos", añadió Poveda, quien conoce de la violencia salvadoreña, experiencia que acumuló desde sus años como fotógrafo corresponsal durante la guerra civil (1980-1992).
Para producir "La vida loca", Poveda convivió 16 meses con miembros de la pandilla "18", en el barrio La Campanera, del municipio de Soyapango, en las afueras de esta capital, que permanece bajo dominio de los pandilleros o "mareros".
"La vida loca" desnuda en toda su crudeza la perversidad, pero sobre todo, la faceta humana de los pandilleros, y expone el drama de los jóvenes atrapados en las "maras", tan "temidas como detestables, pero también curiosamente cautivadoras", como las describe Poveda.
"La vida loca" se ha convertido en un fenómeno cultural que describe la actual realidad salvadoreña, en la que la imagen del guerrillero de las pasadas décadas ha sido sustituida por la del pandillero tatuado de su cuerpo. El film ha sido exhibido en los festivales de San Sebastián, España; Morelia, México, y en el ocasión del Nuevo Cine Latinoamericano, de La Habana. Da cuanta en detalle sobre la "marginación, desintegración familiar y rechazo" que sufren sus miembros desde que nacen, sintetiza Poveda.
Las autoridades policiales de los pasados gobiernos salvadoreños atribuyeron a las pandillas el 70 por ciento de esos asesinatos y delitos graves, aunque sobre el narcotráfico y el crimen organizado poco se hablaba hasta que el año pasado se acusó a estos grupos de ser una rama de estos grupos criminales organizados.
A fines de abril pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) organizó la V Convención Antipandillas, que reunió a unos 300 agentes policiales, fiscales y jueces de Centroamérica, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Italia, México y Puerto Rico, para diseñar estrategias de combate a esas agrupaciones.
La PNC estima que las pandillas o "maras" tienen 15 mil miembros en El Salvador y entre 60 mil y 120 mil en toda la región centroamericana. Sin embargo, especialistas consideran abultadas esas cifras, y si bien señalan que esas agrupaciones son responsables de una importante actividad criminal, descartan que se les pueda atribuir la mayoría de hechos delictivos.
Un reporte policial alarmó a la población cuando dio cuenta que, el 13 de mayo pasado, cinco pandilleros murieron en un enfrentamiento con una unidad élite de la policía, cerca del municipio de San Francisco Javier, a unos 100 kilómetros al oriente de San Salvador. Los pandilleros abatidos portaban fusiles de asalto AK-47 y M-16, consideradas armas de guerra.
Según la policía, los miembros de la pandilla habían viajado desde San Salvador para cobrar la "renta" o extorsión a empresarios del transporte público y comerciantes de esa zona. Durante el tiroteo, dos agentes resultaron heridos.
Las autoridades salvadoreñas revelaron a principios de abril que, de los 21 mil reclusos que habitan las cárceles salvadoreñas, 7 mil 500 pertenecen a pandillas, entre ellos 95 por ciento de sus líderes. No obstante, el fenómeno pandilleril no ha sido frenado, ni siquiera disminuido, como afirman los especialistas.
En 2006, el Instituto de Medicina Legal (IML), que realiza los reconocimientos de cadáveres, estableció que sólo 11,8 por ciento de los homicidios puede ser atribuible a las pandillas; 18,2 % a la delincuencia común; 3% a otros móviles, mientras que del 67% se desconocen las causas del hecho.
El IML también indicó que, de los 3 mil 928 homicidios cometidos ese año, el 60 por ciento (2 mil 389) eran jóvenes de entre 15 y 29 años.
La vida de un marero
"Los pandilleros somos, además de victimarios, víctimas del sistema de violencia que vive El Salvador", señala el "Títere", un jefe natural de la "18", que omitió su nombre.
Durante años, él participó en robos a gran escala y distribución de droga, lo que le permitió obtener "mucho dinero y carros", aunque aseguró que eso es una "cuestión del pasado".
El pandillero reconoce que sus agrupaciones se dedican también a la extorsión y que muchos de ellos, a título personal, son contratados por el crimen organizado como sicarios y para realizar tareas de narco-menudeo.
El "Títere", de 28 años de edad y 13 de ellos en la "18", narra que, al principio, su pandilla no tenía armas de fuego y que se batían con miembros de la "MS-13" sólo con navajas, bates y piedras, y que en Soyapango, barrio donde creció, aprendió que "las familias y quienes no son miembros de las pandillas no son tus enemigos; tus enemigos son las otras pandillas".
Cuenta que fue adicto a la cocaína durante un año, pero que al darse cuenta del daño que le ocasionaba, logró rehabilitarse. "Dios me ayudó para dejar las drogas", dice.
La droga, mariguana y alcohol, dentro de este medio, son normales en su uso. Desde 1995 la venta de cocaína y el crack es parte del negocio de la pandilla, pero está prohibido el consumo por los daños a la salud. "Nosotros vendemos droga para sobrevivir", dijo el "marero", quien agregó que la misma policía les vendía droga que había decomisado en otros lugares.
"Esa droga la compran abogados, jueces, secretarias, doctores y adinerados", sostiene el "Títere", quien vive en la semiclandestinidad por la permanente persecución policial.
Considera que la violencia es parte de la historia salvadoreña: violencia intrafamiliar, abuso y abandono infantil, desintegración, marginación, violencia delincuencial e institucional, y abusos y tortura psicológica policial y en las cárceles, están arraigadas históricamente.
Una nueva guerra
Hace 17 años, El Salvador logró dejar atrás el fantasma de la guerra civil cuando se firmaron los acuerdos de paz en 1992, entre el entonces presidente Alfredo Cristiani de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora convertido en el partido de gobierno tras la toma de posesión del presidente Mauricio Funes, el primero de izquierda que llega al poder.
A pesar de este pacto, El Salvador vive ahora una nueva ola de violencia entretejida por la delincuencia común, el crimen organizado y las pandillas. Se trata de una nueva guerra, pero con enemigos difusos, que ha ocasionado miles de muertes por crímenes atroces, ajustes de cuentas entre bandas y personales, extorsiones y robos.
Para frenar esta espiral de criminalidad, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) dio el primer giro en su estrategia de seguridad pública en septiembre de 2003, al desarrollar el plan "Mano Dura", que enfiló sus baterías para combatir a las pandillas, privilegiando el enfoque represivo, que incluían capturas masivas de pandilleros.
A su llegada al gobierno, el entonces presidente Antonio Saca endureció esa estrategia en agosto de 2004 con la implementación de plan "Súper Mano Dura", profundizando su lucha contra las pandillas.
Después de cinco años de esas estrategias, sin embargo, la violencia y la criminalidad, lejos de disminuir, se agudizaron.
De acuerdo con el IML y la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero de 2004 y abril de 2009 se registraron 18 mil 649 asesinatos, lo que reflejó una tasa de 68 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2006, uno de los años más violentos, con un total de asesinatos de 3 mil 928, posicionando a El Salvador con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo.
"Los jóvenes están contra el sistema porque el Estado ha sido muy represivo con ellos", afirmó el sacerdote católico Antonio Rodríguez, director del Centro de Orientación y Formación (CFO), que desarrolla programas con jóvenes en situación de riesgo en el municipio de Mejicanos, en los alrededores de San Salvador, uno de más asediados por pandilleros.
A su juicio, los dos últimos gobiernos han minado la confianza de la ciudadanía con respecto de las instituciones del Estado, por la implementación de estrategias represivas contra los jóvenes.
"Se han roto las redes sociales a todos los niveles, entre vecinos, y entre la comunidad y las instituciones", señala Rodríguez, coordinador de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), integrada por 14 organizaciones sociales y centros de investigación de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En tanto, el cineasta Poveda considera que los jóvenes delincuentes de El Salvador, involucrados en este tipo de violencia (asesinatos, secuestro, extorsiones) padecen de "una especie de trauma psicológico y que su proceso de rehabilitación es largo".
Agrega que romper con esos círculos de violencia no "será superada a través de un taller de serigrafía o de panadería", como se ha creído oficialmente.
Para el productor de "La vida loca", estos niveles de violencia deben considerarse como una guerra, para la que debería buscarse "un acuerdo de paz". Eso permitiría una disminución significativa del número de asesinatos.
"¿Qué debe prevalecer: la paz social o continuar argumentando que no se puede dialogar con delincuentes?", cuestiona Poveda, quien recuerda que el exprimer ministro de Inglaterra, Tony Blair, promovió el diálogo con el insurgente Ejército Republicano Irlandés (IRA), que luego se concretaría en el denominado acuerdo de Viernes Santo de 1998, aun cuando esa organización era catalogada de terrorista.
"Al menos unos 15 mil niños y jóvenes pandilleros son víctimas de un sistema que no perdona, que los ha llevado a volverse delincuentes y asesinos y a tener una vida miserable. Creo que estos jóvenes no le interesan a nadie. Son una generación perdida", lamentó el también fotoperiodista.
"La sociedad debe entender que no será fácil resolver este problema y que debe estar dispuesta a recibir nuevamente a los pandilleros, una vez que sean rehabilitados y brindarles educación y oportunidades de empleo", agrega Poveda.
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