SANTIAGO JUXTLAHUACA, Oax., 3 de mayo (Proceso).- Sobrevivientes del ataque a una caravana de activistas por los derechos humanos narran a Proceso los pormenores de la emboscada en que murieron Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola. Todos los testimonios apuntan a que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, tenía conocimiento de la visita de los internacionalistas pero no hizo nada para ayudarlos después de la matanza.
“Vimos que había piedras obstaculizando el camino, por lo que decidimos regresar. Entonces una lluvia de balas nos envolvió. Eran unos 30 hombres con los rostros cubiertos y con armas de grueso calibre los que disparaban desde una ladera del cerro; la balacera duró unos 20 minutos”, cuentan los sobrevivientes de la emboscada a la caravana humanitaria en el municipio autónomo de San Juan Copala, en esta entidad el pasado 27 de abril. Ahí cayeron dos de los integrantes de la misión humanitaria: el activista finlandés Jyri Jaakkola y a la mexicana Alberta Beatriz Cariño.
Pablo González González, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), Mónica Santiago, Esther Cruz Ortiz, David Venegas y Noé Bautista, integrantes de la caravana, aseguran a Proceso que se aproximaban ya a la comunidad La Sabana, controlada por la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), cuando vieron el bloqueo en el camino y tomaron la decisión de dar marcha atrás.
Todos coinciden en que ese fue el momento en el que se inició el ataque contra ellos. Uno de los brigadistas alcanzó a ver a los paramilitares que los emboscaron poco antes de que iniciaran el ataque y les tomó varias fotos. Cuenta incluso que hubo un momento de sosiego debido a que los agresores recargaron sus armas y luego reanudaron el ataque.
Ese momento, relata uno de los entrevistados, fue aprovechado por los brigadistas, ocho de los cuales lograron internarse en el bosque y huyeron hacia Juxtlahuaca. Uno de los seis observadores humanitarios del grupo compuesto por 22 activistas logró sacar la memoria de la cámara y posteriormente difundió la fotografía del ataque que sufrieron él y sus compañeros.
De diciembre pasado a la fecha han caído 19 personas en la zona donde los paramilitares asesinaron a los dos activistas humanitarios el 27 de abril.
Mónica Santiago, quien viajaba en la primera de las camionetas, junto con otras 15 personas, asegura que vio cuando una bala se impactó en la cabeza de Beatriz Cariño; después caería el internacionalista finlandés: “Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Después de que Bety cayó, sentí cómo la sangre me escurría por la espalda”, relata.
Pablo y Esther cuentan que se quedaron atrapados en el último vehículo de la caravana, una camioneta que abría sus puertas por la parte externa. Ambos, junto con Trinidad Sampablo, fueron encañonados y obligados a salir del vehículo. A los tres los interrogó el jefe del grupo paramilitar, a quien todos llamaban “sargento”. “Entre los paramilitares se hablaban en triqui”, precisa Esther.
En el interrogatorio, el “sargento” les preguntó por el paradero de Omar Esparza Zárate, dirigente de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), quien está amenazado de muerte por el grupo paramilitar.
Pablo y Esther comentan que los agresores vestían uniformes militares de camuflaje. Llevaban el rostro cubierto. “Por lo que he visto en la televisión, las armas que traían eran cuernos de chivo”, cuenta Pablo.
Ulises sabía
Anunciada con al menos dos semanas de anticipación al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por conducto de Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el grupo humanitario tenía la misión de llevar víveres a unas 700 familias atrapadas desde hace cuatro meses en un cerco impuesto por la Ubisort, organización vinculada con el PRI, señala Jorge Albino Ortiz, miembro del cabildo de San Juan Copala, autonombrado municipio autónomo desde 2007.
“El secretario general de Gobierno de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez –apunta Albino–, siempre supo de la visita, por lo que el gobierno de Ulises Ruiz miente cuando, para deslindarse de los hechos, dice que no tenía conocimiento de que la caravana se llevaría a cabo.
Albino Ortiz resalta que detrás de la “amnesia” del gobierno de Ulises Ruiz está el apoyo que presta a grupos como la “Ubisort, que desde que nació, en los noventa, se ha caracterizado por ser el brazo armado del PRI en la región; es un grupo paramilitar que tiene como líder a Rufino Juárez Hernández, quien fue alumno de Evencio Martínez en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en la escuela de derecho”.
El ataque a los activistas provocó reacciones de preocupación en el cuerpo diplomático acreditado en México, por la falta de garantías que tienen los defensores de los derechos humanos para desarrollar su trabajo.
La exigencia de justicia fue compartida por la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la finlandesa Heidi Hautala, quien sugirió la formación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes del 27 de abril.
Dos días después, al referirse al ataque, Hautala publicó en su blog que “las autoridades mexicanas deben investigar exhaustivamente los hechos y llevarlos a la justicia”.
Tras expresar su pésame a las familias de Jaakkola y de Cariño, la eurodiputada asentó: “Espero recibir un informe completo de lo que llevó a esta tragedia y pido que las autoridades mexicanas tomen medidas para evitar que esto se repita. Como presidenta del Subcomité del Parlamento Europeo, seguiré de cerca el desarrollo del caso. También apoyo la iniciativa para tratar de resolver el conflicto y formar una comisión de la verdad en Oaxaca para investigar los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos”.
La reacción tardía del gobierno de Ulises Ruiz para rescatar a las víctimas movió el interés de la Unión Europea y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); ambas solicitaron por separado a la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, “un informe detallado de los hechos” ocurridos en la región triqui de Oaxaca, donde quedaron atrapados dos de sus compañeros que cubrían la información de la caravana, así como dos defensores.
La preocupación del cuerpo diplomático acreditado en México se hizo evidente el día 29, cuando representantes de las legaciones de Estados Unidos, España, República Checa, Alemania, Francia, Finlandia y Portugal, así como personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Cruz Roja Internacional se reunieron con organizaciones de derechos humanos y familiares de los defensores y periodistas agredidos para conocer detalles de lo ocurrido en San Juan Copala, a donde asistieron seis observadores de derechos humanos extranjeros.
Las organizaciones que participaban en la caravana denunciaron, el 28 de abril, la negativa del gobierno de Ulises Ruiz para entrar a la zona del ataque.
Los cuerpos de Cariño y Jaakkola fueron recuperados casi 24 horas después de la emboscada, en tanto que para rescatar con vida a los enviados de la revista Contralínea, desaparecidos después de la emboscada –la reportera Éricka Ramírez y el fotógrafo David Cilia, quien tenía tres impactos de bala–, tuvieron que pasar más de 48 horas. Sólo entonces el gobierno estatal puso un helicóptero a disposición de David Cilia Olmos, padre del fotógrafo, y de Miguel Badillo, director de la publicación, para que fueran ellos quienes buscaran a los periodistas.
En tanto, los activistas de Voces Oaxaqueñas Construyendo Alternativas (Vocal), David Venegas y Noé Bautista, cada uno con varias heridas de bala, lograron salir del cerco tras caminar siete horas por la sierra triqui, evadiendo a hombres armados y encapuchados que iban detrás de ellos.
Otras organizaciones que se sumaron a la condena son Front Line, Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Por la agresión, la Procuraduría estatal abrió la investigación 114 (SJ) 2010.
Amenazas y viejas rencillas
Existe otro grupo, también señalado como paramilitar, que opera en la región triqui, encabezado por Heriberto Pasos Ortiz: el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), creado en los ochenta y al que se le atribuyen los asesinatos de las locutoras de radio comunitaria Felícitas Martínez y Teresa Bautista, en abril de 2008.
En 2006, de las disidencias de la Ubisort y del MULT surgió el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2007 promovió la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, cuya máxima autoridad es Jesús Martínez Flores.
Albino Ortiz, integrante del ayuntamiento autónomo, acusa a Rufino Juárez Hernández de estar detrás del ataque a la caravana, cuyos integrantes intentaban documentar el cerco al que está sometido ese municipio autónomo desde hace cuatro meses, cuando la Ubisort tomó la presidencia de esa localidad. Desde entonces no hay servicios básicos ni se permite el ingreso de alimentos.
“El lunes (26 de abril) Rufino Juárez dijo en una entrevista de radio que él no se hacía responsable de la seguridad de la gente que iba en la caravana, por eso él es responsable de los hechos”, destaca Albino Ortiz.
Ante la amenaza lanzada por Juárez, dice Albino, los organizadores de la caravana determinaron que, de haber personas u obstáculos impidiendo el paso hacia Copala, “nos retiraríamos. Sólo queríamos que defensores, observadores internacionales y medios constataran la existencia del cerco”.
Organizada por Beatriz Cariño, dirigente regional de la AMAP, la movilización estuvo integrada por miembros de la Red de Radios Comunitarias del Sureste Mexicano y de la organización Vocal.
Aunque al partir la caravana contaba con un contingente de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las versiones de los sobreviventes entrevistados por Proceso confirman que antes de llegar al camino que conduce a San Juan Copala, el vehículo en el que viajaban se despegó y no lo volvieron a ver.
La emboscada del día 27 contra una misión humanitaria no es la primera que ocurre en San Juan Copala. En 1982, recuerda Carlos Beas, dirigente de la AMAP, “una caravana encabezada por Rosario Ibarra de Piedra, en la que había 30 periodistas y decenas de activistas, fue atacada a balazos”.
Sobreviviente de ese ataque, Beas recuerda que “se trató de un acto de intimidación ante la intención de doña Rosario, y de quienes la acompañábamos, de denunciar la violencia que imperaba desde entonces en la región triqui, causada por los caciques locales, quienes en esa época, se decía, tenían el apoyo del cuartel militar que estaba entonces en San Juan Copala”.
El activista, presidente también de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y conocedor de la zona triqui, asegura que detrás de la Ubisort y de otros “grupos paramilitares” en la región está el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual diputado federal Jorge Franco.
“Se trata de una violencia de Estado dirigida contra quienes impulsan gobiernos autónomos no sólo en la región, sino en todo el estado de Oaxaca. En la zona triqui la lucha es por el poder político y la posesión de los recursos minerales locales, donde está el yacimiento de hierro más importante del país y que pretende entregarse a empresas extranjeras”, acusa.
Para la recuperación de las zonas autónomas, apunta, “Ulises Ruiz respalda a grupos paramilitares como el encabezado por Rufino Juárez, a quien le han dado tal poder que hoy ninguna autoridad policiaca ni militar ingresa a San Juan Copala; lo peor es que el gobierno estatal tuvo que negociar con la Ubisort para sacar de la zona los cuerpos de Bety y del compañero finlandés”.
El 29 de abril, en el momento en que aterrizó el helicóptero Bell 407, matrícula XAXAO, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los oficiales del cuerpo de Fuerzas Especiales, dirigidos por el comandante Guillermo Luna Gálvez, se encontraron con Rufino Juárez en la pista de aterrizaje para después trasladar al director de Contralínea, Miguel Badillo, y a David Cilia a la zona de conflicto.
“La emboscada a nuestros compañeros sólo confirma la existencia de grupos paramilitares en la región triqui, reconocidos por el gobierno del estado por su negativa a actuar. Pero lo peor es que nunca se había visto, ni en Irak ni en Colombia, que una misión internacional humanitaria fuera atacada. Eso sólo pasa en gobiernos como los de Ulises Ruiz y de Felipe Calderón”, comentó Rufino Juárez. l
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