2006: no se sabe quien gano

Álvaro Delgado/ Proceso


MEXICO, D.F., 08 DE JUNIO /Ante la polarización entre quienes alegan fraude en la elección presidencial de 2006, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, y los que la califican de impecable, los seguidores de Felipe Calderón, el investigador José Antonio Crespo se propuso escudriñar exhaustiva y rigurosamente las miles de actas de casilla y uno de sus muchos hallazgos es rotundo:



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no debió declarar ganador a Calderón, porque “lógica y aritméticamente” su triunfo no está sustentado en los resultados de las actas, documentos que –asegura– “dicen algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían”.



–¿Entonces Calderón no ganó?



–La respuesta no es “no ganó Calderón”, así solita, porque entonces implicaría que ganó López Obrador. No, no se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.



Lo que debió hacer el TEPJF, afirma, fue declarar la nulidad de la elección porque se vulneró uno de los principios constitucionales en la materia: la certeza, debido a los cientos de miles de “votos irregulares” detectados en las propias actas, tal como lo acredita el libro de Crespo 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, que está en circulación bajo el sello Debate, del grupo editorial Random House Mondadori.



Después de revisar cada una de las 63 mil actas de 150 de los 300 distritos electorales, Crespo demuestra que los magistrados del TEPJF mintieron al menos en dos aspectos: primero, que la mayoría de los errores de cómputo se justificaban y, segundo, que los votos irregulares no afectaban el resultado porque no superaban la diferencia entre el primero y el segundo lugar.



El ejercicio de “acta por acta, inconsistencia por inconsistencia” de Crespo arrojó que la cifra de “votos irregulares” fue muy superior al 0.6% de los sufragios con el que supuestamente Calderón se impuso a López Obrador, “empañando la certeza del resultado oficial”, por lo que la elección debía anularse.



Así, los 316 mil “votos irregulares” superan a los 233 mil 831 votos válidos con los que Calderón fue declarado ganador –equivalentes al 0.6%– , pero la proyección a los 300 distritos arroja un total de 633 mil “votos irregulares”, casi el triple, algo que además –advierte el investigador– exhibe el “desaseo”, la “falta de rigor” y la parcialidad de los magistrados.



“Lo que de las actas se puede inferir es que se vulneró gravemente la certidumbre del resultado y no es posible saber a ciencia cierta quién gana, porque los votos irregulares –no depurados ni subsanados– que registran las propias actas superan, y con mucho, la diferencia entre Calderón y López Obrador, por lo cual el propio sistema jurídico dice que, en tal caso, se tiene que anular.”



El propio TEPJF dejó ver que podía aplicar la causal de “nulidad abstracta” cuando detalló la indebida intervención de entonces presidente Vicente Fox en el proceso electoral, pero eso era un criterio subjetivo, mientras que los “votos irregulares son perfectamente cuantificables y su impacto mensurable con precisión”, lo que ese órgano no hizo.



Crespo explica: “En otras palabras, la ‘verdad aritmética’ contenida en las actas electorales difiere, en este punto, de la ‘verdad jurídica’ determinada por el tribunal en su dictamen final, lo cual pone en duda la credibilidad de su sentencia, al menos en lo que respecta al tratamiento y explicación de los votos irregulares que la Coalición por el Bien de Todos había denunciado como de tal magnitud que opacaba la certeza del veredicto favorable a Calderón.”



Dos mitos


Miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), autor de Urnas de Pandora (1995), Votar en los estados (1996), ¿Tiene futuro el PRI? (1998) y Los riesgos de la sucesión presidencial (1999), entre otros libros, Crespo expone en su más reciente obra:



Vale la metáfora de que al “preguntar” a las actas electorales –únicas con valor oficial para determinar el resultado final— ¿quién ganó?, éstas no nos respondieron, como muchos podrían suponer, que triunfó Felipe Calderón. Tampoco responden que ganó Andrés Manuel López Obrador, como otros suponen. Lo que afirman es: “Lógica y aritméticamente no es posible saber quién ganó”.



Y por lo mismo las actas desmienten a la mitad de los ciudadanos que –en promedio, según diversas encuestas– dijeron que creían en el triunfo inequívoco y claro de Felipe Calderón, aunque tampoco dan la razón al 35% que proclama que ganó López Obrador, pero que se le hizo fraude –eso quizá podrían decirlo los paquetes electorales, si es que su contenido en efecto no corresponde a lo que registran las actas, como muchos temen–. Las actas dan la razón al 15% de “agnósticos”, que sostienen que no es posible determinar con precisión y certeza quién ganó.



Y es en ese sentido que se puede hablar de dos mitos, no sólo de uno. “El mito del magno-fraude electoral”, sostenido por los obradoristas, no puede ser inferido del contenido de las actas (lo que no descarta que otro tipo de información, quizá no conocida hoy, pueda sustentar y comprobar que hubo un fraude orquestado, de alguna magnitud determinante). Pero el “triunfo inobjetable e inequívoco de Calderón” se convierte también, a la luz de lo que dicen las actas, en otro mito.



Demostrar el fraude electoral correspondía al PRD y sus aliados. Demostrar el triunfo de Calderón indefectible y convincentemente correspondía al Tribunal Electoral.



Éste validó jurídicamente el triunfo de Calderón, para lo cual está facultado, pero no lo demostró fehacientemente. Lo hizo al margen de la información contenida en las actas, en lo que respecta a los votos irregulares. Quizá para evitar proporcionar esa información –que ponía en duda la certeza del veredicto–, el tribunal prefirió basarse en conclusiones genéricas que ofreció en su dictamen, pero que no corresponden con lo que las actas registran. En otras palabras, las actas dicen algo muy distinto a lo que los magistrados nos informaron que decían.



Precisamente para superar esa incertidumbre era conveniente hacer un recuento mucho más amplio de los 81 mil paquetes electorales cuyas actas mostraban inconsistencias, pues con esa medida era más probable despejar la incógnita de cuál fue la voluntad del electorado, que quedó sin una respuesta satisfactoria ni concluyente.


Opacidad por miedo


En entrevista, Crespo postula que si la “regla de oro de la democracia” establece que se gana y se pierde por un solo voto, el corolario es que por un voto irregular no se puede sabe quién resultó victorioso, que fue lo que sucedió en la elección presidencial de 2006.



“La verdad aritmética derivada de las actas nos dice que no es posible saber quién ganó, porque los votos irregulares que se quedaron sin justificar y sin ser subsanados superan la diferencia entre el primero y el segundo lugar, con lo cual no sabemos por quién votó la mayoría del electorado. Pudo haber sido por uno o por otro.”



En entrevista con el reportero, el martes 3, explica que para conocer la “verdad histórica” es indispensable el acceso a las boletas electorales, que el IFE pretende destruir. “Es otro paso importante para aproximarnos a saber quién ganó”, puntualiza.



“¿Por qué digo aproximarnos? Porque abriendo los paquetes hay una muy buena probabilidad de que esas inconsistencias en las actas pudieran ser depuradas y entonces supiéramos si efectivamente ganó Calderón o si, a la hora del conteo, cambia el resultado, lo cual tampoco descarto completamente por lo cerrado del porcentaje.”



Y recuerda que el propio Calderón reconoció, en una entrevista reproducida en el libro Presidente electo, de Salvador Camarena, que se opuso al “voto por voto, casilla por casilla” que propuso López Obrador, por temor a lo que contenían los paquetes electorales.



“Con 0.6% de diferencia y abriendo el 80% de las casillas que debieron haberse abierto y se quedaron sin ser revisadas, quién sabe qué pasaría. Comparto la duda de Calderón: quién sabe qué contengan los paquetes y, si se abrieran, qué resultaría. Pero es el único otro indicador que tenemos para saber qué pasó, porque las actas no nos permiten saberlo.”



–¿La negativa del IFE, del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia a dar acceso a las boletas electorales para hacer un recuento ciudadano obedece a que podría emerger una verdad distinta de la oficial?



–Así es. A mí todas las razones que han dado, primero el IFE y luego el Tribunal Electoral y algunos de los ministros de la Suprema Corte, que se negaron a ver este asunto como un derecho a la información y lo dejaron como un asunto electoral, me llevan a pesar que ni ellos mismos están seguros de lo que tienen los paquetes y sienten que hay algún riesgo, algunos lo han dicho, de que encontremos una verdad histórica distinta a la verdad jurídica.



“Pero es que eso no se debería manejar con criterios políticos, sino con criterios jurídicos, que en este caso es el derecho a la información. El que el Cofipe diga que deben ser destruidos los paquetes no es incompatible con el sexto constitucional del derecho a la información de los documentos públicos.”


Jueces felipistas


De hecho, expone José Antonio Crespo, la importancia de la información pública tiene que ver con esta investigación que, dice, inició a partir de que el IFE subió a su página de internet las copias de las actas y él decidió cotejarlas con los criterios usados por el magistrados para desahogar los juicios de inconformidad. “La pregunta eje fue: ¿hubo o no hubo más votos irregulares que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, según nos lo dijo el Tribunal Electoral?”



Para Crespo, la actuación de los magistrados no fue imparcial, como tampoco lo fue la de los consejeros del IFE, y esto se evidencia en que no se abrieron 81 mil paquetes electorales cuyas actas reportaban inconsistencias aritméticas equivalentes al 63%, que podrían ser causadas por dolo o simple error.



El IFE sólo abrió 3.5% de los paquetes que legalmente debían abrirse, debido a que Luis Carlos Ugalde emitió una circular a los consejos distritales prácticamente para prohibirlo. “Era la estrategia de quienes los nombraron a ellos, es decir, Elba Esther Gordillo y Calderón. No digo PRI y PAN, sino el equipo de Calderón que nombró a los consejeros que operaron en el 2006: Germán Martínez, Juan Molinar y Margarita Zavala.”





Y recuerda: “En la medida en que Elba Esther se salió del PRI y formó alianza con Calderón, todo el consejo del IFE había sido nombrado por la mancuerna ganadora por 0.6%. Si hubieran ganado por 5 o 6%, uno dice: pese a ello fue un triunfo claro. Pero si es por 0.6% y si ves la declaración adelantada de Luis Carlos Ugalde dándole el triunfo a Calderón, cuando la ley no se lo permitía, y se emite la circular que intimidaba a los consejeros distritales para no abrir paquetes, entonces seguían la estrategia que era, por lo menos, sospechosa de ser parcial hacia el PAN.”



Pero en el TEPJF, dice, también se observó una conducta semejante, sobre todo cuando los magistrados cambiaron sus criterios sobre asuntos iguales: en agosto le dijeron al IFE que no fue exhaustivo en la apertura de paquetes electorales y que debió haberlo hecho de oficio, mientras que en el dictamen de septiembre justifica esa conducta.



“El Tribunal interpreta el Cofipe, en este punto del escrutinio, de una manera en agosto y de otra, claramente distinta, en septiembre. ¿Favoreciendo a quién? A la validación de la elección y el nombramiento de Felipe Calderón. Ahí también se ve la parcialidad.”



Crespo, quien realizó este libro como parte de un ejercicio de observación electoral tras las elecciones, sostiene que el trabajo del TEPJF estuvo “muy mal hecho”, no sólo porque en el dictamen para validar el triunfo de Calderón estableció hechos diferentes de los que contienen las actas sobre los errores de cómputo –que es “la gran conclusión”– ni en el cambio de criterios:



“Hubo falta de exhaustividad y rigor en su trabajo. Y por lo tanto, con un resultado tan cerrado, no se resuelve la certidumbre y la claridad. Cuando se tiene un resultado tan cerrado se debe ser totalmente exhaustivo y totalmente riguroso. (Los magistrados electorales) no lo fueron.”