Unas 130 mil trabajadoras del hogar apuran pasos para acceder al beneficio de la seguridad social en Bolivia. Organizadas en una federación, restan tiempo a sus cursos de los domingos y lo suman a las conversaciones sobre cómo allanar el camino para afiliarse a un servicio de salud.
Un proyecto de decreto supremo que reglamenta la seguridad social para este sector laboral está en manos del presidente Evo Morales desde el 27 de mayo. Es una de las reivindicaciones más acariciadas por estas mujeres desde la promulgación de la Ley 2.450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar en 2003.
El texto establece amplia cobertura de salud para las trabajadoras y sus hijos, incluyendo cirugías, y atención en horarios especiales --de 17.00 a 21.00 horas-- para no obstaculizar sus jornadas laborales.
"Es un momento muy positivo", dice a IPS Basilia Catari, secretaria de organización de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob) y representante del sindicato de Sopocachi, un barrio de La Paz.
"Ahora las compañeras estamos en conversaciones para afiliarnos posiblemente a la Caja de Salud Bancaria", una de las tres que contempla la propuesta de decreto, afirma Catari, ex dirigente de la de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de la Trabajadora del Hogar, que agrupa a sindicatos, federaciones y asociaciones de la región.
El proyecto, presentado al gobierno por el estatal Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) y empujado por las trabajadoras desde hace cinco años, reglamenta el artículo 9 de la ley 2.450, que establece la obligación de los empleadores de pagar de su bolsillo el seguro social de la empleada, aportando el equivalente a 10 por ciento del valor del salario.
La Federación propone que ese monto se deposite mensualmente en su cuenta bancaria. Mas nada está dicho. De manera general, el proyecto de decreto sugiere un sistema de recaudaciones "que permita la sostenibilidad del seguro".
Según Romel Rivero, director del Inases, una vez que el Poder Ejecutivo promulgue el decreto, un equipo técnico analizará la modalidad de las recaudaciones y cuáles serán las entidades gestoras en cada departamento.
Pero la demora en la promulgación, de más de dos semanas, indica razones técnicas de fondo, opina con menos optimismo la investigadora Elizabeth Pardo, autora del estudio "Jóvenes aymaras, trabajadoras del hogar asalariadas en la ciudad de La Paz".
El proyecto fue redactado con apoyo de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Solón Romero, y consensuado con la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y la Caja Nacional de Salud, la que cuenta con más cantidad de afiliados en este país.
La iniciativa ha puesto entusiasmo en las reuniones de los domingos en los 13 sindicatos que funcionan en los nueve departamentos de Bolivia.
Esos espacios domingueros son singulares: en ellos las afiliadas discuten y aprenden sobre sus derechos laborales y sociales. Pero también se capacitan en actividades como repostería, costura, tejido, cuidado infantil y de ancianos, y comida internacional, entre otras.
Son la primera puerta que abren estas mujeres hacia la aspiración de superarse, salir del gremio y, por qué no, independizarse, describe Pardo.
Pero de ningún modo se concentra allí el universo de estas trabajadoras que antes recibían el nombre despectivo de "domésticas", aclara.
"Existe un segmento muy delgado de las trabajadoras que están afiliadas a los sindicatos y vinculadas a la Fenatrahob, quizá porque muchas aspiran a que su incorporación al sector sea algo eventual", explica a IPS la investigadora.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, sólo en la sede de gobierno, La Paz, hay 24 mil 219 hogares que contratan servicios domésticos.
Algunas familias emplean a más de una trabajadora, con salarios mensuales que fluctúan entre los 350 y los 500 bolivianos (entre 50 y 80 dólares).
"Nosotros les enseñamos a nuestras afiliadas que siempre deben firmar un contrato, como dice la ley", comenta Catari.
Pero, lamenta Pardo, su condición de mujeres muy jóvenes, emigrantes del campo a la ciudad y con escasa escolaridad facilita la violación de las condiciones laborales legales.
Con todo, la ley 2.450 sigue orientando las acciones de la Fenatrahob. Por algo esperó 19 años, desde la formulación del proyecto, hasta que el parlamento lo tomó en consideración en 1998.
La promulgación, en 2003, permitió establecer una jornada laboral de ocho horas para las trabajadoras que no residen en las casas donde trabajan, y de 10 horas para las que sí lo hacen, además de días de descanso, pago de aguinaldo, acceso a la escuela en turnos compatibles y todos los derechos establecidos en la Ley General del Trabajo.
Sin embargo, la seguridad social y la jubilación siguen pendientes, pues requieren reglamentación específica.
El marco legal guía también las políticas impulsadas por el actual gobierno, que tuvo en su primer gabinete a una de las dirigentes más importantes de la Fenatrahob, Casimira Rodríguez, ministra de Justicia entre 2006 y 2007.
Este es un sector social clave para el presidente indígena Morales, puesto que tiene los componentes de género, etnia y pobreza, señala Pardo.
Una de esas políticas se aplicará a partir del segundo semestre de este año, a iniciativa del Ministerio de Educación y Culturas.
Se trata del Sistema Nacional de Certificación y Competencias Laborales, Artesanales, Artísticas y Profesionales, que acreditará las labores de las trabajadoras del hogar.
En coordinación con las interesadas, se identificaron 28 tareas en siete labores fundamentales del oficio, para sistematizar una suerte de malla curricular que será utilizada en la capacitación y certificación del sector, explicó a IPS el director general de Formación Técnica, Elmer Acosta.
Sobre estas y otras iniciativas, los empleadores tienen maneras de expresarse.
"Las señoras buscan jóvenes que no den problemas", describe Pedro Mamani, dueño de una agencia de empleos en la calle Garita de Lima de La Paz.
Una investigación hecha en Sucre, la capital de Bolivia, sostiene que hay una relación vertical entre empleadores y trabajadoras, "sobre todo en el caso de las recién llegadas, que tienen en esta opción laboral el único medio para lograr sus proyectos de vida".
El libro se llama "Se necesita empleada doméstica, de preferencia cholita. Representaciones sociales de la trabajadora del hogar asalariada en Sucre", publicado en 2007 por Katrina Peñaranda, Ximena Flores y Álvaro Arandia.
"Chola" es una expresión despectiva para referirse a las nativas.
Buscándolo o no, diferentes miradas a la problemática de las asalariadas del hogar constatan que se trata de un grupo discriminado, por su condición de mujeres, indígenas y migrantes. Más aun "en una sociedad que desvaloriza el trabajo doméstico", apunta el estudio "Realidad Sociolaboral en Santa Cruz", de Mario Portugal y Dunia Sandoval.
Por ahora, el debate que ocupa a los sindicatos en el infalible encuentro de los domingos es una apuesta en grande. "Pero no la última", advierte Catari. "Para nosotras es muy importante ver después el derecho a la jubilación".
Un proyecto de decreto supremo que reglamenta la seguridad social para este sector laboral está en manos del presidente Evo Morales desde el 27 de mayo. Es una de las reivindicaciones más acariciadas por estas mujeres desde la promulgación de la Ley 2.450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar en 2003.
El texto establece amplia cobertura de salud para las trabajadoras y sus hijos, incluyendo cirugías, y atención en horarios especiales --de 17.00 a 21.00 horas-- para no obstaculizar sus jornadas laborales.
"Es un momento muy positivo", dice a IPS Basilia Catari, secretaria de organización de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (Fenatrahob) y representante del sindicato de Sopocachi, un barrio de La Paz.
"Ahora las compañeras estamos en conversaciones para afiliarnos posiblemente a la Caja de Salud Bancaria", una de las tres que contempla la propuesta de decreto, afirma Catari, ex dirigente de la de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de la Trabajadora del Hogar, que agrupa a sindicatos, federaciones y asociaciones de la región.
El proyecto, presentado al gobierno por el estatal Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) y empujado por las trabajadoras desde hace cinco años, reglamenta el artículo 9 de la ley 2.450, que establece la obligación de los empleadores de pagar de su bolsillo el seguro social de la empleada, aportando el equivalente a 10 por ciento del valor del salario.
La Federación propone que ese monto se deposite mensualmente en su cuenta bancaria. Mas nada está dicho. De manera general, el proyecto de decreto sugiere un sistema de recaudaciones "que permita la sostenibilidad del seguro".
Según Romel Rivero, director del Inases, una vez que el Poder Ejecutivo promulgue el decreto, un equipo técnico analizará la modalidad de las recaudaciones y cuáles serán las entidades gestoras en cada departamento.
Pero la demora en la promulgación, de más de dos semanas, indica razones técnicas de fondo, opina con menos optimismo la investigadora Elizabeth Pardo, autora del estudio "Jóvenes aymaras, trabajadoras del hogar asalariadas en la ciudad de La Paz".
El proyecto fue redactado con apoyo de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Solón Romero, y consensuado con la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y la Caja Nacional de Salud, la que cuenta con más cantidad de afiliados en este país.
La iniciativa ha puesto entusiasmo en las reuniones de los domingos en los 13 sindicatos que funcionan en los nueve departamentos de Bolivia.
Esos espacios domingueros son singulares: en ellos las afiliadas discuten y aprenden sobre sus derechos laborales y sociales. Pero también se capacitan en actividades como repostería, costura, tejido, cuidado infantil y de ancianos, y comida internacional, entre otras.
Son la primera puerta que abren estas mujeres hacia la aspiración de superarse, salir del gremio y, por qué no, independizarse, describe Pardo.
Pero de ningún modo se concentra allí el universo de estas trabajadoras que antes recibían el nombre despectivo de "domésticas", aclara.
"Existe un segmento muy delgado de las trabajadoras que están afiliadas a los sindicatos y vinculadas a la Fenatrahob, quizá porque muchas aspiran a que su incorporación al sector sea algo eventual", explica a IPS la investigadora.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, sólo en la sede de gobierno, La Paz, hay 24 mil 219 hogares que contratan servicios domésticos.
Algunas familias emplean a más de una trabajadora, con salarios mensuales que fluctúan entre los 350 y los 500 bolivianos (entre 50 y 80 dólares).
"Nosotros les enseñamos a nuestras afiliadas que siempre deben firmar un contrato, como dice la ley", comenta Catari.
Pero, lamenta Pardo, su condición de mujeres muy jóvenes, emigrantes del campo a la ciudad y con escasa escolaridad facilita la violación de las condiciones laborales legales.
Con todo, la ley 2.450 sigue orientando las acciones de la Fenatrahob. Por algo esperó 19 años, desde la formulación del proyecto, hasta que el parlamento lo tomó en consideración en 1998.
La promulgación, en 2003, permitió establecer una jornada laboral de ocho horas para las trabajadoras que no residen en las casas donde trabajan, y de 10 horas para las que sí lo hacen, además de días de descanso, pago de aguinaldo, acceso a la escuela en turnos compatibles y todos los derechos establecidos en la Ley General del Trabajo.
Sin embargo, la seguridad social y la jubilación siguen pendientes, pues requieren reglamentación específica.
El marco legal guía también las políticas impulsadas por el actual gobierno, que tuvo en su primer gabinete a una de las dirigentes más importantes de la Fenatrahob, Casimira Rodríguez, ministra de Justicia entre 2006 y 2007.
Este es un sector social clave para el presidente indígena Morales, puesto que tiene los componentes de género, etnia y pobreza, señala Pardo.
Una de esas políticas se aplicará a partir del segundo semestre de este año, a iniciativa del Ministerio de Educación y Culturas.
Se trata del Sistema Nacional de Certificación y Competencias Laborales, Artesanales, Artísticas y Profesionales, que acreditará las labores de las trabajadoras del hogar.
En coordinación con las interesadas, se identificaron 28 tareas en siete labores fundamentales del oficio, para sistematizar una suerte de malla curricular que será utilizada en la capacitación y certificación del sector, explicó a IPS el director general de Formación Técnica, Elmer Acosta.
Sobre estas y otras iniciativas, los empleadores tienen maneras de expresarse.
"Las señoras buscan jóvenes que no den problemas", describe Pedro Mamani, dueño de una agencia de empleos en la calle Garita de Lima de La Paz.
Una investigación hecha en Sucre, la capital de Bolivia, sostiene que hay una relación vertical entre empleadores y trabajadoras, "sobre todo en el caso de las recién llegadas, que tienen en esta opción laboral el único medio para lograr sus proyectos de vida".
El libro se llama "Se necesita empleada doméstica, de preferencia cholita. Representaciones sociales de la trabajadora del hogar asalariada en Sucre", publicado en 2007 por Katrina Peñaranda, Ximena Flores y Álvaro Arandia.
"Chola" es una expresión despectiva para referirse a las nativas.
Buscándolo o no, diferentes miradas a la problemática de las asalariadas del hogar constatan que se trata de un grupo discriminado, por su condición de mujeres, indígenas y migrantes. Más aun "en una sociedad que desvaloriza el trabajo doméstico", apunta el estudio "Realidad Sociolaboral en Santa Cruz", de Mario Portugal y Dunia Sandoval.
Por ahora, el debate que ocupa a los sindicatos en el infalible encuentro de los domingos es una apuesta en grande. "Pero no la última", advierte Catari. "Para nosotras es muy importante ver después el derecho a la jubilación".
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