Advierte Juventino Castro y Castro sobre renacimiento del delito de disolución social

■ Lamenta que el caso de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco muera en los tribunales

■ Su derogación fue el único resultado del movimiento estudiantil de 1968, dice el ex magistrado

Alfredo Méndez

“El único resultado del movimiento estudiantil de 1968 que trastocó el orden jurídico mexicano fue la derogación, en 1970, de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que comprendían la tipificación del delito de disolución social”, sostuvo el ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino V. Castro y Castro. Pero ese gran logro, advirtió, está a punto de desvanecerse con la intención del gobierno de Felipe Calderón de volver a incluir en las leyes penales mexicanas algún apartado similar a la disolución social en el capítulo que tipifica al delito de terrorismo.

“Está por renacer (el delito de disolución social). Estados Unidos se empeña, evitando que se comprenda cuáles son sus motivos reales, en que México ayude contra el terrorismo, y mientras tanto el vecino país del norte ayudará a acabar con el narcotráfico”, advirtió el ex presidente de la Corte al participar la noche del jueves pasado en un foro organizado por el Centro Cultural Universitario 68.

Al hacer un análisis sobre los acontecimientos internacionales, políticos, sociales y jurídicos que dieron pauta al movimiento encabezado por estudiantes hace cuatro décadas, que derivó en una represión de Estado el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, el ministro puso énfasis en la posibilidad de que el contexto mundial de aquella época se repita actualmente, con dimensiones más peligrosas, a partir de la guerra contra el terrorismo declarada por Estados Unidos en el año 2001.

“Si la forma en que quieren combatir al terrorismo es la que el presidente de Estados Unidos, (George) Bush, ha hecho, pues es precisamente fuente de no respeto a las garantías constitucionales. Por ello, el único florón claro y definitivo del movimiento del 68, que fue la derogación de dos artículos del Código Penal Federal, está a punto de regresar; inclusive ya hay proposiciones concretas. De manera que ojalá no se produzcan, pero hay el peligro de que se vuelvan a producir”, destacó.

Durante el foro que se realizó en la sala oval del edificio que en 1968 fue ocupado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Tlatelolco, Juventino V. Castro destacó que aún está pendiente el tema del castigo a los responsables de la matanza del 2 de octubre, en donde el único procesado es el ex presidente Luis Echeverría Alvarez.

Sin embargo, insinuó que la resolución judicial que está por emitir el quinto tribunal colegiado penal, respecto al amparo que pidió Echeverría, no será muy favorable a las víctimas del presunto acto genocida de 1968. “Estamos ahorita pendientes de una resolución judicial. Todo mundo sabemos qué va a suceder: no va a suceder nada. Va a ser la muerte (en tribunales mexicanos) de todo el tema de las sanciones por esos hechos”, puntualizó el ministro.

Finalizó su ponencia diciendo que el movimiento estudiantil de 1968 “puede llegar a tener toda su validez en cuanto a su oposición a él, cuando ya se diga al final, en los tribunales mexicanos, que el presidente Echeverría está siendo absuelto. ¿Por qué?, porque el Tribunal Penal Internacional solamente puede actuar cuando se haya agotado hasta el último de los recursos legales en nuestro país. De aquí tendrían que, para nuestra vergüenza, brincar todo el asunto a dicho tribunal internacional. Y como México ya suscribió el aceptar esa jurisdicción internacional, está obligado a acatar sus resoluciones”.