América Latina se adentra en una nueva etapa de su historia, en la cual, por primera vez, partidos, movimientos, frentes y coaliciones de izquierda, en los que convergen las más diversas corrientes políticas e ideológicas, ocupan, de manera estable, espacios institucionales dentro de la democracia burguesa, cuyo funcionamiento se extiende, también por primera vez, por casi toda una región donde, salvo excepciones como Uruguay o Chile, desde la independencia de España y Portugal, predominaron la dictadura y el autoritarismo.
Aunque hay procesos que lo prenuncian –entre ellos las transiciones que pusieron fin a la mayoría de las dictaduras militares de «seguridad nacional» implantadas desde 1964 y el auge de la lucha popular en países como Brasil, Uruguay y México– y hay procesos que marchan a la zaga –como la firma en 1996 de los Acuerdos de Nueva York que dieron por terminada la insurgencia en Guatemala y la persistencia del conflicto armado en Colombia, cuya solución negociada es cada día más imperiosa–, el momento del cambio de etapa –o cambio de época, como algunos prefieren llamarlo–, se ubica entre 1989 y 1992.
Los acontecimientos internacionales que inciden en lo que podemos definir como una transformación radical de las condiciones en las que se desarrollan las luchas populares en América Latina, son la caída del Muro de Berlín, en diciembre de 1989, símbolo de la restauración del capitalismo en Europa oriental, y el desmoronamiento de la URSS, en diciembre de 1991, que marca el fin de la bipolaridad mundial. En nuestra región, el inicio de la unipolaridad se manifiesta mediante la invasión a Panamá (1989), la derrota de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua (1990), la desmovilización de una parte de los movimientos guerrilleros en Colombia (1990 1991)1 y, como colofón, en la firma de los Acuerdos de Chapultepec (1992), que concluyen doce años de insurgencia en El Salvador, país latinoamericano donde esa forma de lucha alcanzaba por entonces el mayor desarrollo e intensidad.
En esencia, entre 1989 y 1992 se cierra la etapa histórica abierta por el triunfo de la Revolución Cubana, el 1ro. de enero de 1959, caracterizada por el flujo y reflujo de la lucha armada revolucionaria, y por la implantación de las dictaduras militares de «seguridad nacional» que actuaron como punta de lanza de la violencia represiva del imperialismo norteamericano, y se inicia la actual, en la que predominan la combatividad de los movimientos sociales en la lucha contra el neoliberalismo y los avances electorales obtenidos por la izquierda, a los que se dedican estas líneas.
Si se toma como punto de partida la elección mexicana del 6 de julio de 1988, la primera de la historia reciente en la que un candidato presidencial de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, tuvo a su alcance el triunfo –del cual fue despojado mediante el fraude–, se aprecia que durante los primeros diez años, entre 1988 y 1998, los avances electorales se circunscribieron a los gobiernos municipales y provinciales, y las legislaturas nacionales. Por solo mencionar los casos más conocidos: en México, Cárdenas fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1988, 1994 y 2000; en Brasil, le ocurrió lo mismo a Luiz Inácio Lula da Silva en 1989, 1994 y 1998; y, en Uruguay, a Líber Seregni en 1989 y a Tabaré Vázquez en 1994 y 2000. Entre otros factores, ello obedece a que los poderes fácticos tenían entonces la capacidad de neutralizar el creciente rechazo al neoliberalismo, con campañas de miedo basadas en el supuesto de que la elección de un gobierno de izquierda provocaría intolerables represalias del capital financiero transnacional. No es casual que el primer triunfo de un candidato presidencial de izquierda ocurrido en esta etapa, el de Hugo Chávez en la elección venezolana del 6 de diciembre de 1998, se produjese en medio de un colapso institucional que impidió a la oligarquía apelar al miedo o a cualquier otro recurso para evitarlo.
A veinte años de la elección mexicana de 1988 y a diez de la elección venezolana de diciembre de 1998, cualquiera que sea el criterio para definir qué es un gobierno de izquierda o progresista, sea el más estrecho o el más amplio, el resultado no tiene precedente en la historia. Debido a que la problemática aquí abordada se manifiesta en todo gobierno que se considere incluido en una de esas dos clasificaciones, en este texto se emplea un criterio muy flexible, que si bien no refleja la opinión del autor, ello no afecta, sino por el contrario, ayuda a desarrollar su hipótesis.
En primer lugar, es preciso mencionar a Cuba. Al aproximarse a su 50 cumpleaños, la Revolución Cubana es el acontecimiento más trascendente de ese medio siglo latinoamericano. Su triunfo abrió una etapa de luchas de la izquierda que abarcó tres décadas. Su resistencia a partir de 1991 demostró que era posible construir y defender un proyecto de país a contracorriente de la avalancha neoliberal. Con un balance de aciertos y errores sin duda alguna muy favorable, Cuba se encamina al relevo de la generación fundadora de la revolución, con la meta pendiente de alcanzar el desarrollo económico, con el reto de satisfacer las siempre crecientes necesidades y expectativas que crea el desarrollo social y, sobre todo, con plena confianza en el socialismo.
Además de Cuba, de acuerdo con una definición muy amplia de izquierda y progresismo, los triunfos de candidatos presidenciales ubicados dentro de ese espectro son los de Hugo Chávez en Venezuela (1998, 2000 y 2006), Ricardo Lagos en Chile (2000), Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002 y 2006), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Martín Torrijos en Panamá (2004), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005), Michelle Bachelet en Chile (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Rafael Correa en Ecuador (2006), Cristina Fernández en Argentina (2007), Álvaro Colom en Guatemala (2007) y Fernando Lugo en Paraguay (2008). Aunque este análisis no incluye al Caribe anglófono, es preciso mencionar que tres gobiernos de esa región encajan en los parámetros señalados: los de Dominica, Guyana, y San Vicente y las Granadinas. También es necesario destacar los resultados electorales obtenidos en 2006 por los candidatos presidenciales Carlos Gaviria en Colombia, Ollanta Humala en Perú y Andrés Manuel López Obrador en México. Pese a que los dos primeros no fueron electos, y a que el tercero fue despojado de la victoria, los tres tuvieron desempeños extraordinarios en sus respectivos países. Finalmente, esperamos confiados que a la lista de presidentes de izquierda se sume en 2009 Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador.
A partir de las condiciones existentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y de los fines que se proponen sus actuales mandatarios, cabe señalar que en estos tres países se desarrollan transformaciones radicales del statu quo mediante procesos constituyentes, lo cual no ocurre en el resto de los casos. El rasero más común para cuestionar las credenciales de izquierda de unos u otros de los gobiernos mencionados en el párrafo anterior es que, en mayor o menor medida, mantienen la política neoliberal heredada y priorizan las relaciones con el capital financiero transnacional. Algunos, incluso, están sujetos a tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Si asumimos que el neoliberalismo es el capitalismo real de nuestros días, que dispone de mecanismos transnacionales de dominación para impedir la ejecución de reformas nacionales de izquierda o progresistas, y que ninguno de esos gobiernos ha roto con este sistema social –al margen de si existen o no condiciones para ello, y de si esa es o no su meta–, concluiremos que esa crítica tiene una base objetiva.
Los espacios institucionales que ocupan los nuevos gobiernos de izquierda y progresistas se abrieron con los condicionamientos derivados de la interacción entre cuatro elementos, tres de ellos positivos y uno negativo. Los elementos positivos son: 1) el acumulado de las luchas populares libradas durante toda su historia y, en particular, durante la etapa 1959 1989, en la cual, si bien no se alcanzaron todos los objetivos que esas fuerzas se habían planteado, ellas demostraron una voluntad y una capacidad de combate que obligó a las clases dominantes a reconocerle los derechos políticos que les estaban negados;2 2) la lucha en defensa de los derechos humanos, en especial contra los crímenes de las dictaduras militares de «seguridad nacional», que forzó la suspensión del uso de la violencia abierta y grosera como mecanismo de dominación; y 3) el aumento de la conciencia, la organización y la movilización, social y política, registrado en la lucha contra el neoliberalismo, que establece las bases para un incremento sin parangón de la participación electoral de sectores populares antes marginados de ese ejercicio político. Como contraparte, el factor negativo es la imposición del Nuevo Orden Mundial, que restringe aún más la independencia, la soberanía y la autodeterminación de las naciones del Sur. Fue, precisamente, la apuesta a que podría someter a los Estados nacionales latinoamericanos a los nuevos mecanismos supranacionales de dominación, la que, en primera y última instancia, movió al imperialismo norteamericano a dejar de oponerse de oficio a todo triunfo electoral de la izquierda, como había hecho históricamente.
En efecto, los triunfos electorales de la izquierda latinoamericana no son resultado exclusivo de factores positivos o negativos, sino de la interrelación de unos y otros. Interpretarlos solo como un producto del acumulado de las luchas populares, o solo como un reajuste en los medios y métodos de dominación capitalista, sería igualmente unilateral. Lo primero conduce a un triunfalismo injustificado: a pensar que la izquierda llegó «al poder» o que su inclusión en la alternancia democrático burguesa es «la meta final». Lo segundo conduce a una negación igualmente injustificada: a pensar que la dominación imperialista es infalible o a exigir a los actuales gobiernos de izquierda o progresistas que actúen como si fuesen producto de una revolución.
La situación latinoamericana se comprende mejor si apelamos al concepto de hegemonía. América Latina transita por un proceso análogo al ocurrido en los países capitalistas más desarrollados a partir del último cuarto del siglo xix. Ese proceso es la sustitución de la dominación violenta por la hegemonía burguesa. El nacimiento de la democracia burguesa, entendido como el establecimiento de la hegemonía burguesa, fue el resultado de la interacción entre las conquistas arrancadas a la burguesía por los movimientos obreros, socialistas y feministas, y las reformas políticas que la propia burguesía necesitaba realizar en función de los cambios en el proceso de acumulación derivados del surgimiento de la gran industria. De forma análoga, hoy asistimos en América Latina a un proceso de sustitución de los medios y métodos más brutales de dominación por una nueva modalidad de hegemonía burguesa, en el que también interactúan las conquistas arrancadas a la clase dominante y las reformas que esta última necesita hacer.
Las características de la implantación de la hegemonía burguesa en América Latina son: 1) se produce en una región subdesarrollada y dependiente, como parte de un proceso de concentración transnacional de la riqueza y el poder político, y no como en la Europa de fines del siglo xix y las primeras seis décadas del xx, en países beneficiados por un desarrollo económico, político y social capitalista basado en la explotación colonial y neocolonial, que les permitió acumular excedentes y redistribuir una parte de ellos entre los grupos sociales subordinados; y 2) la ideología hegemónica es el neoliberalismo, no como en el Viejo Continente, donde ese proceso estuvo influenciado por el liberalismo político emanado de la Revolución Francesa. Estas características marcan una diferencia fundamental con el concepto gramsciano de hegemonía. En las condiciones estudiadas por Gramsci, la hegemonía abría espacios de confrontación dentro de la democracia burguesa que los sectores populares podían aprovechar para arrancarle concesiones a la clase dominante, pero la hegemonía neoliberal abre espacios formales de gobierno con el objetivo de que no puedan ser utilizados para hacer una reforma progresista del capitalismo.
Nada más lejos del propósito de este texto que demeritar los triunfos electorales de la izquierda latinoamericana o hacer pronósticos fatalistas. Por el contrario, tal como Gramsci estudió la hegemonía burguesa de su época y llamó a construir una contrahegemonía popular, de lo que se trata es de hacer hoy lo propio. Conscientes de que es imposible e indeseable «volver atrás la rueda de la historia»,3 hay que definir dónde estamos para empujarla hacia adelante.
El problema planteado es complejo, entre otras razones, porque no encaja en los patrones conocidos de revolución y reforma. Los gobiernos de esta «nueva hornada» de izquierda nacen y actúan en condiciones diferentes a las que lo hicieron los gobiernos surgidos de las vertientes históricas del movimiento obrero y socialista mundial: la que optó por la revolución socialista y la que optó por la reforma socialdemócrata del capitalismo. La izquierda que hoy llega al gobierno en América Latina no destruye al Estado burgués, ni elimina la propiedad privada sobre los medios de producción, ni funda un nuevo poder, ejercido manera exclusiva por las clases desposeídas. En sentido contrario, tampoco puede construir una réplica del «Estado de Bienestar», del que hace años abjuró la socialdemocracia europea, que lo había asumido como propio.
La izquierda latinoamericana accede al gobierno acorde con las reglas de la democracia burguesa, incluido el respeto a la alternabilidad, en este caso con la ultraderecha neoliberal que, desde la oposición obstaculiza, y si regresa al gobierno revertirá, las políticas que ella ejecuta, por «benignas» que sean. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el asunto no es solo la alternabilidad con la ultraderecha neoliberal, sino que para llegar al gobierno –y para gobernar– la izquierda se siente obligada a establecer alianzas con fuerzas ubicadas a su derecha. Y, además, en ocasiones, la cuestión tampoco radica únicamente en la alternabilidad y las alianzas externas, sino en que dentro de los propios partidos, movimientos, frentes y coaliciones de izquierda hay corrientes socialistas, socialdemócratas y de otras identidades, que tienen discrepancias sobre cuánto respetar y cuánto forzar los límites del sistema de dominación.
No tendría sentido que este texto concluyese con un juicio del autor sobre en qué medida uno u otro de los actuales gobiernos de izquierda está sujeto a la hegemonía neoliberal y en qué medida está construyendo una contrahegemonía popular. En ningún caso habría una respuesta químicamente pura. Por cuanto se adentran en un terreno inexplorado, lo esencial es que cada partido, movimiento, frente y coalición que participa en esos gobiernos, se plantee esta interrogante de manera permanente.
Para mayor información sobre este tema, consúltese:
Roberto Regalado: América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda (edición actualizada), Ocean Sur, Melbourne, 2006 (276 pp.).
______________: «La izquierda latinoamericana en el gobierno», Contexto Latinoamericano no. 3, México D. F., 2007, pp. 7 24.
______________: Encuentros y desencuentros de la izquierda latinoamericana: una mirada desde el Foro de São Paulo, Ocean Sur, México D. F., 2008 (301 pp.).
______________: Los gobiernos de izquierda en América Latina, Ocean Sur, México, 2008 (52 pp.).
En: www.oceansur.com
1 Se refiere a la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M 19), en marzo de 1990, y del Movimiento Guerrillero Quintín Lame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de parte del Ejército Popular de Liberación, estos tres últimos en febrero de 1991.
2 Por solo citar un ejemplo, sería impensable que la izquierda fuese la segunda fuerza política en El Salvador, y que su candidato a la elección presidencial de 2009 tenga posibilidades reales de triunfar, si la Revolución Popular Sandinista no hubiese estremecido a todos los regímenes dictatoriales de Centroamérica, y si el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no hubiese desarrollado la fuerza político militar que, mediante los Acuerdos de Chapultepec, de enero de 1992, convirtió en fuerza político electoral.
3 Carlos Marx y Federico Engels: «El Manifiesto del Partido Comunista». Obras Escogidas en tres tomos. Editorial Progreso, Moscú, 1972, t. 1, p. 120.
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