Dos por el precio de uno

Guillermo Almeyra

Puesto que todo, desde el peso hasta las materias primas, se devalúa, ofrezco hoy dos artículos al precio de uno. Aquí van.

En primer lugar, quiero subrayar que Evo Morales logró una gran victoria sobre la derecha y la dividió aún más, pero al precio de abandonar la idea de que la nueva Constitución debería servir para refundar el Estado boliviano. En efecto, con gran realismo político el gobierno consiguió desplazar la lucha del terreno del enfrentamiento social frontal, donde seguramente habría ganado pero con un alto costo en vidas, para llevarlo al del choque entre las fracciones parlamentarias, reforzando así, de paso, al Congreso como institución y a la Constitución como expresión política del consenso, cosas ambas que los prefectos de la Media Luna rechazaban. Dado que algunos partidos de la oposición derechista, como Podemos, aunque son racistas no pueden proclamarlo pues tienen base en el occidente indígena y mestizo, el gobierno amplió la brecha que ya existía entre esos partidos y los prefectos fascistoides y negoció con los primeros, dentro de una sede legal y en la legalidad, la aprobación del referendo aprobatorio del nuevo texto constitucional que, sin embargo, tuvo que recortar o modificar de modo importante.

Los medios (todos de derecha) presentan como triunfo de los partidos opositores que Evo Morales sólo pueda relegirse una vez y, en consecuencia, si es relegido el año próximo sólo pueda gobernar hasta 2014. Pero de aquí a ese entonces habrá pasado mucha agua bajo los puentes y la actual crisis boliviana y mundial, de un modo u otro, tendrá otras características. Además, “hartos Evos hay en Bolivia” y bastarán para profundizar la revolución. Esa no fue, pues, una concesión importante. Sí lo es, y muy grande, la ambigua defensa de la propiedad privada como intocable y también la estipulación de que cuando se vote cuál será la dimensión máxima de los latifundios –si 5 mil o 10 mil hectáreas– los latifundios actualmente existentes no serán afectados y, además, no se tocarán las tierras que no sean absolutamente improductivas, de modo que bastará tener en un enorme latifundio diez vacas pastando y un boyero para que aquél cumpla una “función social” y no pueda ser dividido para dar tierra a los campesinos.

El acuerdo saca el conflicto del terreno del enfrentamiento entre los movimientos sociales y las clases dominantes y lo lleva al del conflicto entre los partidos, en las instituciones, al del conflicto interburgués. Es cierto que el mismo fue posible por la presión enorme de los movimientos sociales, incluso de los que, como la COB, critican por la izquerda o la ultraizquierda al gobierno, y por el cerco de todos ellos al Parlamento, pero fue éste el que decidió y no una victoria de los movimientos sobre los prefectos semifascistas ni de una de éstos sobre aquéllos. Es temprano para gritar que la revolución se institucionaliza, pero no para advertir que la Constitución no refunda Bolivia y no es más que un paso importante en ese largo camino.

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En Argentina, el gobierno estatizó las Afore locales (las AFJP). Los bancos españoles (Santander, BBVA, sobre todo) y de otros países que lucraban a costa de los fondos de pensiones, chillan como cerdos desollados. Además, como en un mercado chico como el argentino esas Afore eran fuertes operadoras, la bolsa se derrumbó y, como después de la estatización de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP, podría venir la restatización de grandes negocios dados a los privados, como la telefonía o el petróleo, también chillan y se asustan los capitalistas españoles de Repsol y de Telefónica. Hay por eso una enorme campaña de prensa internacional, con la CNN a la cabeza, contra la decisión correcta del gobierno argentino de acabar con el modelo impuesto a Chile tras el golpe sangriento de Pinochet e imitado por todos los neoliberales.

Es que el gobierno argentino defiende a los jubilados y considera que la jubilación –como la escuela o la sanidad– es un derecho, el derecho a una vejez digna, y no algo que sólo puede conseguir en el mercado quien pueda pagársela. Las AFJP, que movían 30 mil millones de dólares y cobraron 13 mil millones en comisiones, están siendo sometidas a investigación judicial por presuntas estafas y, además, tienen prohibido jugar en bolsa. No sólo el gobierno defiende un derecho sino que pone fin a un racket, a un grupo de delincuentes que se forran en España con sus ingresos ilegítimos y para nada bancarios en Argentina y en otros países latinoamericanos. Hasta aquí no hay nada que objetar y la brutal campaña mediática y de la oposición no hace pie. Pero habrá que controlar de cerca el uso de los fondos estatales de pensiones y de los cinco mil millones de dólares anuales que dejan de ganancia. Porque la caída del precio del petróleo dará menor disponibilidad a Venezuela para comprar bonos argentinos, que además se devalúan, Argentina recaudará menos impuestos y sus ingresos por exportaciones serán menores, los subsidios a los servicios públicos serán más caros y los planes para dar trabajo exigirán grandes sumas, de modo que el gobierno se podría ver tentado a echar mano a esta nueva caja para pagar vencimientos de la deuda externa o para fines sociales justos pero sospechosos, porque toda obra pública en un periodo prelectoral lo es. Los trabajadores en actividad y los jubilados, y no sólo las oficinas estatales, deberían, por tanto, controlar que los fondos para las jubilaciones ni se jueguen en la especulación bursátil ni vayan al bolsillo del gobierno como si fueran una caja chica del mismo.