Las boletas de 2006, un gran retroceso

Plaza Pública
Por Miguel Ángel Granados Chapa

Con la parsimonia inherente a los procedimientos judiciales y en un zigzagueo fatigoso avanzan y retroceden los esfuerzos ciudadanos por conseguir acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006. Se ha producido una suerte de empate entre los solicitantes de tal acceso, derrotados judicialmente en los tribunales federales, y la autoridad electoral que rehusó satisfacer esos pedidos, pero está obligada a preservar esa documentación hasta que se diga la última palabra en los litigios suscitados al respecto. Ante el comienzo del proceso electoral del año próximo, el IFE dispuso la concentración de la paquetería de marras en 32 bodegas correspondientes a cada una de las entidades de la federación.

La semana pasada se dio un paso adelante en el procedimiento que Rafael Rodríguez Castañeda, director del semanario “Proceso”, consiguió abrir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue recibido por el pleno de la Comisión, ante cuyos miembros demandó que se mantengan las medidas cautelares dictadas por ese organismo interamericano, que impiden la destrucción de las boletas, que el IFE pudo haber ordenado al finalizar de modo formal el proceso de 2006, que concluyó con la calificación de los comicios y la declaratoria de presidente electo, realizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No está de más recordar, ante la mención de ese órgano jurisdiccional, que la legalidad de sus decisiones al respecto quedó en severo entredicho tras la publicación del libro “Hablan las urnas”, de José Antonio Crespo, en que prueba las insuficiencias y deficiencias del trabajo de los magistrados y sus repercusiones en la situación política poselectoral, caracterizada hasta el día de hoy por una fuerte polarización contraria a la necesaria convivencia pacífica de los mexicanos.

“Proceso” solicitó acceso a las boletas el 28 de julio de aquel año crucial, petición que fue denegada por el Instituto Federal Electoral en diversas instancias. Para enfrentar la negativa, el semanario demandó amparo de la justicia federal, que le fue rehusado con el argumento de que en materia electoral ese juicio de garantías es improcedente. El juez del caso no reconoció que se trata de un litigio sobre transparencia y no electoral, por lo que hubiera debido entrar a resolver el fondo del asunto.

Tampoco lo hizo, al conocer el juicio en revisión, la Suprema Corte de Justicia, que confirmó la sentencia de primera instancia. La votación del caso en el máximo tribunal generó un empate a cinco, que se resolvió cuando el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se inclinó por la negativa. En ese momento, 11 de marzo pasado, quedó abierto el camino para salir a la jurisdicción internacional, en cuyo ámbito se encuentra ahora, desde que en abril pasado se admitió la demanda de la revista mexicana.

Tras la adopción de medidas cautelares, la CIDH recibió el 8 de octubre el alegato del Estado mexicano, que debe responder de la violación a los derechos humanos invocada por Rodríguez Castañeda. El alegato gubernamental sostiene que la Comisión no debe conocer el asunto porque no se agotaron las instancias nacionales al respecto, requisito de procedibilidad para que intervenga ese organismo de la OEA. Los abogados de “Proceso” desestimaron el argumento oficial porque las vías presuntamente omitidas no eran conducentes al propósito de transparencia perseguido por el demandante, y esperan que la Comisión se manifieste en tal sentido.

Presentado en Washington por los abogados de “Proceso” como testigo con información relevante en ese caso, Sergio Aguayo mantiene su propia búsqueda de acceso a la documentación electoral. Tal como ocurrió con el semanario, su solicitud ante el IFE fue desechada, lo que lo condujo a presentar recursos ante el Tribunal Electoral y la justicia federal con resultados disparejos. La negativa del Tribunal quedó equilibrada por la suspensión provisional que un juez de distrito acordó a favor de su posición. El 12 de octubre pasado, sin embargo, la demanda de amparo fue resuelta de fondo, de nuevo con el rechazo a la pretensión de revisar la paquetería electoral. Rápidamente, antes de una semana, Aguayo demandó la revisión del caso, en espera de que, como sucedió con “Proceso”, no sea un tribunal colegiado quien participe en esa segunda instancia del juicio de garantías sino la propia Suprema Corte.

No necesariamente el máximo tribunal reproduciría la sentencia que afectó al semanario fundado hace 32 años (que se cumplen puntualmente la próxima semana, el 6 de noviembre) por Julio Scherer. Aguayo supone, por un lado, que el ministro presidente que en marzo inclinó la balanza a favor de la opacidad (que ese fue el efecto de su voto) haya mudado de parecer tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en el caso de Jorge G. Castañeda—, según la cual hacen falta en México recursos jurídicos para la defensa de derechos humanos. También podría influir en una nueva posición de la Corte mexicana el criterio reciente que la condujo a ordenar la admisión de demandas de amparo en materia electoral, si se persistiera en tener como de esa naturaleza el litigio sobre las boletas.

Ante la CIDH, Rodríguez Castañeda sostuvo que “negar el acceso a la información es una forma de censura, y la censura es reconocida en el sistema interamericano como una flagrante violación a los derechos humanos”. Es preciso que así lo entienda la Comisión y obre en consecuencia.— México, D.F.

karina.morales@librossobrelibros.com