CIUDAD JUAREZ, Chihuahua, 29 de mayo (LA JORNADA).- Para realizar cortes del suministro de energía eléctrica a los pozos agrícolas cuyos propietarios tienen adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), personal de la empresa y tres agentes del Ministerio Público Federal recorren desde el jueves los ejidos de los municipios de Villa Ahumada y Buenaventura, al noroeste del estado, protegidos por al menos 30 agentes de la Policía Federal Ministerial, quienes van armados con rifles de asalto y pistolas, denunció hoy el dirigente campesino Víctor Quintana Silveyra.
Fuentes extraoficiales indican que los propietarios de al menos 170 ranchos han caído en suspensión de pagos y es a ellos a los que están acudiendo a quitar el servicio de energía eléctrica, acciones semejantes ya se habían intentado anteriormente, pero los ejidatarios no les permitían el acceso a los empleados de la CFE a sus propiedades.
Por eso en esta ocasión, explicó Quintana, se incomunicó totalmente a los habitantes de dichos municipios, pues se les cortó el servicio tanto de los teléfonos celulares como de los domiciliarios para que no solicitaran apoyo a otros productores, explicó.
Esta acción es reprobable, es un michoacanazo contra los productores agropecuarios de los ejidos Benito Juárez, Constitución, Flores Magón y Buenaventura. A las autoridades no les importó que los cultivos se encuentran en el periodo que más agua requieren porque las plantas ya tienen cuando menos 12 centímetros, señaló por su parte, en un comunicado, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional del movimiento El Barzón.
El líder barzonista reprochó el michoacanazo contra los productores agropecuarios de Villa Ahumada y Buenaventura y se solidarizó con las más recientes “víctimas de la política del terror y autoritarismo por parte del gobierno de Felipe Calderón”.
El operativo fue realizado a pesar de que la semana anterior empezó en la ciudad de México un proceso de negociación de adeudos y tarifas entre la CFE al mas alto nivel y los representantes de los productores chihuahuenses, dijo el también ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática.
Tanto Quintana Silveyra como Ramírez Cuéllar protestaron contra esta acción traicionera, ventajosa, ilegal e insensible del gobierno federal, exigieron el cese inmediato de los cortes, el restablecimiento del servicio donde haya sido suspendido y que las fuerzas federales en Chihuahua se dediquen a atrapar a los verdaderos criminales y combatir a la delincuencia organizado.
Fuentes extraoficiales indican que los propietarios de al menos 170 ranchos han caído en suspensión de pagos y es a ellos a los que están acudiendo a quitar el servicio de energía eléctrica, acciones semejantes ya se habían intentado anteriormente, pero los ejidatarios no les permitían el acceso a los empleados de la CFE a sus propiedades.
Por eso en esta ocasión, explicó Quintana, se incomunicó totalmente a los habitantes de dichos municipios, pues se les cortó el servicio tanto de los teléfonos celulares como de los domiciliarios para que no solicitaran apoyo a otros productores, explicó.
Esta acción es reprobable, es un michoacanazo contra los productores agropecuarios de los ejidos Benito Juárez, Constitución, Flores Magón y Buenaventura. A las autoridades no les importó que los cultivos se encuentran en el periodo que más agua requieren porque las plantas ya tienen cuando menos 12 centímetros, señaló por su parte, en un comunicado, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional del movimiento El Barzón.
El líder barzonista reprochó el michoacanazo contra los productores agropecuarios de Villa Ahumada y Buenaventura y se solidarizó con las más recientes “víctimas de la política del terror y autoritarismo por parte del gobierno de Felipe Calderón”.
El operativo fue realizado a pesar de que la semana anterior empezó en la ciudad de México un proceso de negociación de adeudos y tarifas entre la CFE al mas alto nivel y los representantes de los productores chihuahuenses, dijo el también ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática.
Tanto Quintana Silveyra como Ramírez Cuéllar protestaron contra esta acción traicionera, ventajosa, ilegal e insensible del gobierno federal, exigieron el cese inmediato de los cortes, el restablecimiento del servicio donde haya sido suspendido y que las fuerzas federales en Chihuahua se dediquen a atrapar a los verdaderos criminales y combatir a la delincuencia organizado.
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