Desaparecidos: dos del EPR… y muchos más
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Hoy se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y el Estado mexicano –es decir, el gobierno federal y el de Oaxaca, a los que compete averiguar su paradero o su destino–no ha sido capaz de localizarlos, y menos aún de presentarlos con vida. Si se tratara de dos personas que, como otras muchas, han sido capturadas por agentes gubernamentales o por delincuentes que no demandaron suma alguna por devolverles de la libertad, la omisión sería muy grave porque la autoridad faltaría a su deber de garantizar la seguridad de las personas. Pero lo es en mayor medida porque su presencia ha sido requerida de varios modos por el Ejército Popular Revolucionario, al que Reyes Amaya y Cruz Sánchez pertenecen, según afirma esa organización alzada en armas.
Ese mes de mayo de 2007 fue lamentablemente pródigo en desapariciones, ninguna de las cuales ha sido resuelta hasta ahora. El Día de las Madres, Gamaliel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de la sucursal de TV Azteca en Monterrey no llegaron a cumplir una orden de trabajo. Simplemente se esfumaron, no se supo de ellos. Y salvo una referencia escueta días después, a la empresa de comunicación a la que prestaban sus servicios pareció no importar la suerte de sus colaboradores. Tan presto su propietario a defender del peor modo sus intereses mercantiles sirviéndose de las concesiones que irregularmente ha obtenido, no utilizó su pantalla para favorecer la ubicación de López y Paredes.
El 14 de mayo desapareció Enrique Ruiz Arévalo, jefe de la unidad contra el secuestro de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Luego de comer en un restaurante en Torreón, el funcionario fue levantado o capturado por personas a las que no opuso resistencia. Su esposa, la señora Mercedes Cobo Celada, dirigió hace 10 días un llamado al presidente Calderón, a quien ya ha tenido ocasión de hacerlo cara a cara, en demanda de la aparición de su marido, de quien no se sabe nada dos años atrás. (Imposible no vincular ese hecho con el ocurrido año y medio más tarde, también en esa capital lagunera: el 10 de diciembre de 2008 desapareció en circunstancias semejantes Félix Batista, procedente de Miami, consultor en materia de secuestros, exmiembro de las fuerzas armadas norteamericanas. Tampoco se sabe qué fue de él.)
El 16 de mayo, en Cadereyta, al final de una asamblea de la sección 40 del sindicato petrolero, que agrupa al personal empleado en la refinería de esa ciudad neoleonesa, fue detenido David Vega Zamarripa, hermano de Hilario de los mismos apellidos, secretario general de ese agrupamiento sindical Éste fue requerido al día siguiente para que acudiera en busca de su hermano a un lugar que no comunicó a nadie, y también desapareció. La misma suerte corrieron varios de sus compañeros, hasta sumar más de 30, entre los cuales se hallaba un exalcalde de la ciudad. A pesar de su pertenencia al grupo director del sindicato petrolero, el destino de Hilario Vega Zamarripa tiene sin cuidado al comité nacional de esa organización y a su secretario general, Carlos Romero Deschamps, que no han protestado por el infortunio deparado a su compañero. Se conocen varias versiones sobre la personalidad del dirigente desaparecido y su papel en el gremio, pero en ningún caso se justifica el que según testigos, individuos vestidos con uniformes negros sin insignias, dotados de armas largas, se lo hayan llevado y no demandaran después dinero a cambio de su libertad ni lo pusieran a disposición del Ministerio Público. En la televisión local se dijo días después que sus captores eran miembros del Ejército, pero la especie no pudo ser comprobada por sus familiares.
Luego de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, sus familiares registraron la de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, del Movimiento de Unificación y Lucha Trique (MULT), ocurrido el 5 de julio en Oaxaca. El 25 de septiembre desapareció en Michoacán Francisco Paredes Ruiz, de la fundación Diego Lucero, y el 30 de diciembre padeció esa suerte Lauro Juárez, indígena chatino dirigente comunitario en Oaxaca.
Más recientemente se ha producido desapariciones cuyo desenlace fue mortal. En febrero de este año fueron detenidos, en apariencia por agentes policiacos, dos defensores de derechos humanos y gestores indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Pérez Rosas, de la Organización para el futuro del pueblo mixteco. Se los llevaron en un acto público en Ayutla de los Libres, Guerrero, y sus cadáveres aparecieron una semana después. No se ha conseguido la identificación de quienes los sacrificaron cruelmente.
En cambio, se está en camino de saber quienes ultimaron a tres jóvenes en Nuevo Laredo. El 17 de marzo fueron detenidos, sin que se conozca la causa, Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente. A pesar de que testigos vieron que los capturaron miembros del Ejército, en la guarnición local se negó que así hubiera ocurrido. El 29 de abril, a más de un mes de su desaparición, sus cuerpos fueron descubiertos en un paraje de vecino estado de Nuevo León. Tras la penosa identificación de los cadáveres, fueron entregados a sus familiares el 10 de mayo. Previamente, ante la fuerza de la evidencia, el Ejército anunció el inicio de una averiguación previa por la procuraduría militar y poco después la consignación de un jefe, tres oficiales y ocho soldados ante un juez del Fuero de Guerra, aunque se trata de delitos del orden común.
Como se aprecia en este panorama, las víctimas de este género de privación ilegal de la libertad pertenecen a sectores muy diversos de la sociedad, unidos sólo por una doble circunstancia, la impunidad que impide siquiera el avance de las investigaciones respectivas, y el silencio, apenas tímidamente roto por sus familiares en torno a la desaparición.
Muy otro es el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. El grupo guerrillero que reclama su presentación con vida hizo detonar poderosos explosivos contra instalaciones de Pemex en tres estados de la República en julio y septiembre de 2007, en represalia por la desaparición de sus compañeros y en demanda de que aparezcan. En abril siguiente, mudó su estrategia y en vez de incurrir de nuevo en operaciones militares (para las que ostensiblemente estaba preparado, dada la precisión de sus ataques y sus descomunales efectos), ensayó una vía política: pidió a un grupo de personas en lo individual, y al Frente Nacional contra la Represión, que integraran una comisión mediadora ante el gobierno federal para lograr la presentación con vida de sus compañeros. A petición de los mediadores, aceptó una tregua que duraría al menos mientras se realizaban las conversaciones destinadas a aquel fin. Casi un año después de integrada la Comisión, sus miembros decidieron dar por concluidas sus tareas, puesto que llegaron a la convicción de que el gobierno federal (a quien representaba la Secretaría de Gobernación) carecía de voluntad ya no digamos para presentar a los desaparecidos, sino ni siquiera para indagar formalmente lo ocurrido el 24 de mayo de 2007, hace ya dos largos años, como tendría que hacerlo en cualquier caso.
La razón de su proceder es que acaso no quiera reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada de personas (no obstante que uno de los expedientes ministeriales, estériles formas de no dar cuenta de sus responsabilidades, está abierto por ese delito). Si reconoce que de eso se trata, el gobierno estaría incriminándose y no está dispuesto a hacerlo. Los testimonios conocidos desde poco después de la desaparición, y los resultados de indagaciones posteriores, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indican que fueron agentes de la autoridad los que detuvieron a los militantes cuya aparición se reclama y que son también autoridades las que probablemente los retengan hoy mismo.
El caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez parecería ser el que inspiró la redacción del artículo dos de la Convención americana sobre desaparición forzada de personas, así de exactamente coincidentes son los términos del tipo penal y lo ocurrido a los militantes del EPR:
"Desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas… cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".
Ese mes de mayo de 2007 fue lamentablemente pródigo en desapariciones, ninguna de las cuales ha sido resuelta hasta ahora. El Día de las Madres, Gamaliel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de la sucursal de TV Azteca en Monterrey no llegaron a cumplir una orden de trabajo. Simplemente se esfumaron, no se supo de ellos. Y salvo una referencia escueta días después, a la empresa de comunicación a la que prestaban sus servicios pareció no importar la suerte de sus colaboradores. Tan presto su propietario a defender del peor modo sus intereses mercantiles sirviéndose de las concesiones que irregularmente ha obtenido, no utilizó su pantalla para favorecer la ubicación de López y Paredes.
El 14 de mayo desapareció Enrique Ruiz Arévalo, jefe de la unidad contra el secuestro de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Luego de comer en un restaurante en Torreón, el funcionario fue levantado o capturado por personas a las que no opuso resistencia. Su esposa, la señora Mercedes Cobo Celada, dirigió hace 10 días un llamado al presidente Calderón, a quien ya ha tenido ocasión de hacerlo cara a cara, en demanda de la aparición de su marido, de quien no se sabe nada dos años atrás. (Imposible no vincular ese hecho con el ocurrido año y medio más tarde, también en esa capital lagunera: el 10 de diciembre de 2008 desapareció en circunstancias semejantes Félix Batista, procedente de Miami, consultor en materia de secuestros, exmiembro de las fuerzas armadas norteamericanas. Tampoco se sabe qué fue de él.)
El 16 de mayo, en Cadereyta, al final de una asamblea de la sección 40 del sindicato petrolero, que agrupa al personal empleado en la refinería de esa ciudad neoleonesa, fue detenido David Vega Zamarripa, hermano de Hilario de los mismos apellidos, secretario general de ese agrupamiento sindical Éste fue requerido al día siguiente para que acudiera en busca de su hermano a un lugar que no comunicó a nadie, y también desapareció. La misma suerte corrieron varios de sus compañeros, hasta sumar más de 30, entre los cuales se hallaba un exalcalde de la ciudad. A pesar de su pertenencia al grupo director del sindicato petrolero, el destino de Hilario Vega Zamarripa tiene sin cuidado al comité nacional de esa organización y a su secretario general, Carlos Romero Deschamps, que no han protestado por el infortunio deparado a su compañero. Se conocen varias versiones sobre la personalidad del dirigente desaparecido y su papel en el gremio, pero en ningún caso se justifica el que según testigos, individuos vestidos con uniformes negros sin insignias, dotados de armas largas, se lo hayan llevado y no demandaran después dinero a cambio de su libertad ni lo pusieran a disposición del Ministerio Público. En la televisión local se dijo días después que sus captores eran miembros del Ejército, pero la especie no pudo ser comprobada por sus familiares.
Luego de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, sus familiares registraron la de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, del Movimiento de Unificación y Lucha Trique (MULT), ocurrido el 5 de julio en Oaxaca. El 25 de septiembre desapareció en Michoacán Francisco Paredes Ruiz, de la fundación Diego Lucero, y el 30 de diciembre padeció esa suerte Lauro Juárez, indígena chatino dirigente comunitario en Oaxaca.
Más recientemente se ha producido desapariciones cuyo desenlace fue mortal. En febrero de este año fueron detenidos, en apariencia por agentes policiacos, dos defensores de derechos humanos y gestores indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Pérez Rosas, de la Organización para el futuro del pueblo mixteco. Se los llevaron en un acto público en Ayutla de los Libres, Guerrero, y sus cadáveres aparecieron una semana después. No se ha conseguido la identificación de quienes los sacrificaron cruelmente.
En cambio, se está en camino de saber quienes ultimaron a tres jóvenes en Nuevo Laredo. El 17 de marzo fueron detenidos, sin que se conozca la causa, Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente. A pesar de que testigos vieron que los capturaron miembros del Ejército, en la guarnición local se negó que así hubiera ocurrido. El 29 de abril, a más de un mes de su desaparición, sus cuerpos fueron descubiertos en un paraje de vecino estado de Nuevo León. Tras la penosa identificación de los cadáveres, fueron entregados a sus familiares el 10 de mayo. Previamente, ante la fuerza de la evidencia, el Ejército anunció el inicio de una averiguación previa por la procuraduría militar y poco después la consignación de un jefe, tres oficiales y ocho soldados ante un juez del Fuero de Guerra, aunque se trata de delitos del orden común.
Como se aprecia en este panorama, las víctimas de este género de privación ilegal de la libertad pertenecen a sectores muy diversos de la sociedad, unidos sólo por una doble circunstancia, la impunidad que impide siquiera el avance de las investigaciones respectivas, y el silencio, apenas tímidamente roto por sus familiares en torno a la desaparición.
Muy otro es el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. El grupo guerrillero que reclama su presentación con vida hizo detonar poderosos explosivos contra instalaciones de Pemex en tres estados de la República en julio y septiembre de 2007, en represalia por la desaparición de sus compañeros y en demanda de que aparezcan. En abril siguiente, mudó su estrategia y en vez de incurrir de nuevo en operaciones militares (para las que ostensiblemente estaba preparado, dada la precisión de sus ataques y sus descomunales efectos), ensayó una vía política: pidió a un grupo de personas en lo individual, y al Frente Nacional contra la Represión, que integraran una comisión mediadora ante el gobierno federal para lograr la presentación con vida de sus compañeros. A petición de los mediadores, aceptó una tregua que duraría al menos mientras se realizaban las conversaciones destinadas a aquel fin. Casi un año después de integrada la Comisión, sus miembros decidieron dar por concluidas sus tareas, puesto que llegaron a la convicción de que el gobierno federal (a quien representaba la Secretaría de Gobernación) carecía de voluntad ya no digamos para presentar a los desaparecidos, sino ni siquiera para indagar formalmente lo ocurrido el 24 de mayo de 2007, hace ya dos largos años, como tendría que hacerlo en cualquier caso.
La razón de su proceder es que acaso no quiera reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada de personas (no obstante que uno de los expedientes ministeriales, estériles formas de no dar cuenta de sus responsabilidades, está abierto por ese delito). Si reconoce que de eso se trata, el gobierno estaría incriminándose y no está dispuesto a hacerlo. Los testimonios conocidos desde poco después de la desaparición, y los resultados de indagaciones posteriores, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indican que fueron agentes de la autoridad los que detuvieron a los militantes cuya aparición se reclama y que son también autoridades las que probablemente los retengan hoy mismo.
El caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez parecería ser el que inspiró la redacción del artículo dos de la Convención americana sobre desaparición forzada de personas, así de exactamente coincidentes son los términos del tipo penal y lo ocurrido a los militantes del EPR:
"Desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas… cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".
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