Ambición de control
El tamaño del pastel es inmenso: más de 2.5 billones de pesos en obra pública en la segunda mitad del sexenio, y Los Pinos pretende tener la última palabra sobre los empresarios que se beneficiarán /Para ello, el espurio Felipe Calderón quiere decidir todas las licitaciones, y hasta dirimir eventuales inconformidades de las empresas perdedoras / Como parte de ese plan, busca incluso que la Presidencia asuma las funciones de la Secretaría de la Función Pública en vías de desaparición
MEXICO, D.F., 24 de octubre.- En un viraje inédito en la forma de manejar las obras públicas en México, Felipe Calderón ha propuesto que la Presidencia de la República decida qué empresarios —nacionales y extranjeros— participarán en electricidad, hidrocarburos, carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, hidroagricultura y el control de inundaciones, para lo cual se contempla una inversión que alcanzaría los 2 billones 532 mil pesos hacia diciembre de 2012, según se desprende de la propuesta del Proyecto de Presupuesto 2010 y del Plan Nacional de Infraestructura.
Y aún más: pretende resolver directamente desde Los Pinos cualquier controversia e inconformidad en los procesos de licitaciones públicas.
El tamaño de los negocios del último tramo de la administración calderonista es equiparable al valor que tiene en el mercado accionario la trasnacional Wal Mart (operadora de Sam’s, Suburbia, Vips y Bodega Aurrerá), una de las más poderosas en el mundo en su tipo, de acuerdo con reportes de revistas como El arte de los negocios.
El gobierno aportaría 78�n la construcción de infraestructura. El manejo de energía (hidrocarburos, refinación, gas y petroquímica) no incluye la participación de la iniciativa privada. No obstante, desde enero pasado, Calderón ha manifestado la urgencia de su administración por aprobar un segundo paquete de reformas estructurales que, eventualmente, podría abrir espacios a los empresarios en esos sectores.
Para los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) no hay más alternativa que el dinero de las empresas privadas para atender las necesidades del país. Y esto lo han convertido en un principio.
El pasado jueves 8, Calderón pidió al Congreso de la Unión atender la agenda de reformas estructurales que propuso, toda vez que, según él, México ha logrado sortear la crisis financiera internacional, si bien, advirtió, las medidas adoptadas podrían resultar insuficientes. En ese acto, organizado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario manoteaba y golpeaba el atril ante la falta de respuesta de los legisladores.
La filial mexicana de McKinsey Company se encargó de elaborar el Plan Maestro de Infraestructura durante el periodo de transición presidencial en 2006.
El equipo coordinado entonces por Juan Camilo Mouriño autorizó el pago de 2 millones 300 mil pesos a la firma estadounidense, según consta en el contrato 026/2006. Hasta el momento, el equipo calderonista nunca ha reconocido que puso en manos de compañías privadas la elaboración de uno de sus programas estrella, utilizando para ello recursos públicos.
El pastel
Aun cuando las oportunidades de negocio están restringidas, las compañías mexicanas y trasnacionales con mayor flujo de liquidez en tiempos de depresión económica pueden apostar a las telecomunicaciones.
El Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 señala que la iniciativa privada aportaría el 93�n comunicaciones. En contraste, el gobierno federal destinaría sólo 19 mil millones de pesos al mantenimiento de los satélites y la red de telefonía.
Un ejemplo sobre cómo se manejarán estos negocios lo dio el propio Calderón el pasado 19 de mayo, durante un acto oficial llamado Conectividad para la Competencia, en el que sostuvo que al abrirse la licitación para operar la fibra óptica, también se abriría una puerta a la modernización en telecomunicaciones.
La Comisión Federal de Electricidad, dijo, dictará las reglas para instalar, operar y dar mantenimiento a los equipos de iluminación y repetición de esta red.
Por este concepto, el gobierno prevé obtener ingresos por 45 mil millones de pesos, que serían pagados por las empresas interesadas en vender servicios utilizando una parte de la red de fibra óptica.
Sin embargo, ese no será el único nicho de negocios en puerta. Según el Plan Nacional de Infraestructura, también se ampliarán las oportunidades para explotar el uso de internet, telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida (satelital y por cable) y radiocomunicación.
Exceptuando electricidad e hidrocarburos, el monto total programado rondaría los 951 mil millones de pesos. De esta última cifra, alrededor del 58�es decir, unos 554 mil millones de pesos, sería inversión privada; el resto, alrededor de 397 mil millones de pesos, pública.
Juez y parte
Entre los cambios previstos en el Proyecto de Presupuesto de 2010, Calderón pretende manejar estas licitaciones desde la Presidencia de la República; en ellas, la iniciativa privada aparecerá como el inversionista fuerte, por encima del gobierno.
Al plantear la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), propuso una Contraloría General de la República. De aprobarse por los legisladores, esa nueva dependencia formaría parte de la estructura de la Presidencia y su titular sería nombrado por el propio Calderón.
Esta Contraloría General vigilará las políticas y la aplicación de las leyes en materia de compras y la construcción de obras públicas, pero no conocerá las inconformidades de las compañías perdedoras en las licitaciones. Esas las atenderá Presidencia directamente.
La idea se cocinó desde hace tiempo. El 24 de junio del 2008, por ejemplo, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, declaró que los procesos de planeación y mantenimiento de infraestructura y las condiciones legales no eran las idóneas para las necesidades actuales del país.
Ese mismo día, durante el Foro Internacional de Control sobre la Obra Pública, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, dijo que la normatividad para operar los proyectos de obra pública es “en extremo complicada”.
En la propuesta de Calderón no se definen conceptos de autonomía dentro de la Contraloría General. En el Proyecto de Presupuesto tampoco se puntualizó bajo qué regulación la Presidencia tendrá la última palabra en las inconformidades ni qué oficina de Los Pinos se encargará de su resolución.
La propuesta para trasladar las licitaciones a Los Pinos nunca había sido planteada ante el Legislativo. Los últimos presidentes priístas, aun cuando no existía una Ley de Transparencia, tomaron distancia y endosaron esta responsabilidad a sus secretarios de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
Una de las prioridades para Calderón, según el documento oficial, es que la Contraloría General supervise directamente el gasto público, particularmente los paquetes de inversión previstos en el Plan Nacional de Infraestructura. “Pero con el objeto de que continúe la mejora en la gestión pública, se propone que esta función (la atención de inconformidades) se asuma directamente por la Presidencia de la República y se desvincule a la Contraloría General, toda vez que el enfoque que debe prevalecer es el de la mejora continua y no el de sanción en aspectos que no tienen nada que ver con responsabilidades administrativas, sino con el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo de actividades de la Administración Pública Federal”, indica la propuesta.
El tamaño del pastel es inmenso. Tan sólo en materia de electricidad el gobierno ha planteado una inversión de 380 mil millones de pesos para el periodo 2007-2012.
En el Plan Nacional de Infraestructura —disponible en las páginas gubernamentales de Transparencia— se especificó que ese dinero irá a proyectos de generación, transmisión, distribución, mantenimiento y otros. El primero de ellos, la generación de electricidad, requerirá casi 42.4�e la inversión total, es decir, 161 mil millones de pesos.
Para 2012 se prevé contar con 14 mil kilómetros en circuitos de líneas en diferentes niveles de tensión, así como aumentar la cobertura del servicio eléctrico hasta llegar al 97.5�e la población, cifra que, según las previsiones oficiales, colocaría a México entre los países mejor calificados por el Foro Económico Mundial.
Antes de que termine su sexenio, Felipe Calderón y su estrecho círculo de colaboradores pretenden dejar casi terminada una carboeléctrica en Topolobampo, dos hidroeléctricas (una en Río Moctezuma y otra en La Parota) y tres plantas de ciclo combinado en Guadalajara, Tula y Manzanillo.
En producción de hidrocarburos se prevén invertir 822 mil millones de pesos, y otros 379 mil millones en refinación, gas y petroquímica.
La estrategia gubernamental consiste en impulsar proyectos de exploración y producción de crudo y gas. Además de lo anterior, promoverían la búsqueda de energéticos en aguas profundas. Para ello se incorporarían reservas en Delta del Bravo, Lamprea, Lankahuasa, Cuichapa, Burgos, Veracruz, Macuspana, Sardina, Comalcalco, Campeche Poniente, Campeche Oriente y Crudo Ligero Marino.
Aunque en materia energética la propuesta de Calderón no detalla qué inversiones podrían ponerse en manos de la iniciativa privada, sí especifica que se requiere urgentemente dinero fresco para alcanzar una cobertura completa y de calidad en infraestructura.
Más negocios
Un caso especial es el apartado relativo a las telecomunicaciones. El Plan Nacional de Infraestructura contempla obras por construirse que requieren de por lo menos 283 mil millones de pesos, de los cuales 93�264 mil millones de pesos) corresponderán a capital privado. La inversión del gobierno es igual a cero en banda ancha (internet), telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida (satelital y por cable), así como en radiocomunicación.
Apoyado en este esquema de inversión, la administración calderonista pretende pasar de 24 líneas de teléfonos fijos por cada 100 habitantes que había en 2006 a 78 líneas de teléfonos fijos por cada 100 habitantes para 2012.
También, entre sus planes estaría aumentar la cobertura de banda ancha hasta contar con 72 usuarios por cada 100 habitantes e incrementar hasta 10 millones el número de usuarios de televisión restringida.
En lo que respecta a construcción y administración de carreteras, las empresas jugarán un papel preponderante. La inversión total programada alcanzaría 287 mil millones de pesos. Para cuando Calderón entregue la banda presidencial a su sucesor, el 55�e ese dinero (unos 159 mil millones de pesos) habrá sido invertido por la iniciativa privada, contra sólo 128 mil millones de pesos del gobierno federal.
El jueves 15, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que el paquete carretero Pacífico Norte, que abarca los libramientos de Mazatlán y Culiacán, así como la autopista en operación Mazatlán-Culiacán, le fue adjudicado a Promotora del Desarrollo en América Latina (Ideal), empresa propiedad de Carlos Slim, a su vez propietario del monopolio telefónico en México.
La concesión incluye la construcción, operación, explotación y conservación de 242 kilómetros de autopistas integrados el libramiento de Culiacán, de 22 kilómetros de longitud y cuatro carriles de circulación; el libramiento de Mazatlán, de 38 kilómetros de longitud con dos ramales y cuatro carriles de circulación, y la autopista Mazatlán-Culiacán, de 181 kilómetros, que está en operación desde 1994. Se espera que sean invertidos 4 mil millones de pesos en estos tramos.
El 29 de septiembre pasado, la SCT recibió tres ofertas. El consorcio integrado por Empresas ICA y la firma española Global Vía propuso mil 702 millones de pesos como contraprestación inicial; la empresa mexicana Ideal ofreció 3 mil 220 millones de pesos, y OHL Concesiones (filial de Obrascon Huarte Lain de España) apenas 210 millones de pesos.
Bajo el nuevo esquema de licitaciones, si alguna de las empresas perdedoras en este concurso detectara alguna irregularidad, tendría que presentar su queja ante la Presidencia de la República.
Sin sentido
Para el presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, la propuesta para desaparecer precisamente la Secretaría de la Función Pública no tiene ni pies ni cabeza.
“Queremos sentarnos con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, para preguntarle qué pretenden. Si es un tema puramente económico, no estamos de acuerdo. El ahorro presupuestal es mínimo”, dice.
Escudero Morales acepta que la idea es interesante, pero subraya que hay aspectos con los que no están de acuerdo, como el hecho de que la Presidencia pretenda resolver las inconformidades en una licitación de obras públicas.
“¿Qué va a pasar si se lleva esta área a Presidencia y una de las empresas licitadoras internacionales se inconforma? ¿Los empresarios van a quejarse ante el presidente? Eso es un tema muy delicado”, advierte.
El diputado del PVEM afirma que el gobierno aún no da una explicación clara sobre su pretensión de desaparecer la SFP, además de que debe precisar en dónde están los ahorros y quién se encargará de prevenir actos de corrupción.
—¿Qué riesgo se correría si el presidente controlara parte de las licitaciones desde Los Pinos?
—No es posible que él decida una inconformidad, quién ganó o perdió un concurso. Eso no tiene sentido. Pero, insisto, queremos darle la oportunidad al secretario para que nos dé algunas explicaciones.
—¿No hay sustento?
—Ellos nos hablan de eliminar tres secretarías, y nos dicen que es un ahorro de 6 mil millones de pesos. Entonces, si el argumento es económico, quisiéramos revisar si vale la pena despedir a toda esa gente.
—¿La iniciativa pasará?
—Así como está, no lo creo.
(Daniel Lizárraga / PROCESO)
Para los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) no hay más alternativa que el dinero de las empresas privadas para atender las necesidades del país. Y esto lo han convertido en un principio.
El pasado jueves 8, Calderón pidió al Congreso de la Unión atender la agenda de reformas estructurales que propuso, toda vez que, según él, México ha logrado sortear la crisis financiera internacional, si bien, advirtió, las medidas adoptadas podrían resultar insuficientes. En ese acto, organizado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario manoteaba y golpeaba el atril ante la falta de respuesta de los legisladores.
La filial mexicana de McKinsey Company se encargó de elaborar el Plan Maestro de Infraestructura durante el periodo de transición presidencial en 2006.
El equipo coordinado entonces por Juan Camilo Mouriño autorizó el pago de 2 millones 300 mil pesos a la firma estadounidense, según consta en el contrato 026/2006. Hasta el momento, el equipo calderonista nunca ha reconocido que puso en manos de compañías privadas la elaboración de uno de sus programas estrella, utilizando para ello recursos públicos.
El pastel
Aun cuando las oportunidades de negocio están restringidas, las compañías mexicanas y trasnacionales con mayor flujo de liquidez en tiempos de depresión económica pueden apostar a las telecomunicaciones.
El Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 señala que la iniciativa privada aportaría el 93�n comunicaciones. En contraste, el gobierno federal destinaría sólo 19 mil millones de pesos al mantenimiento de los satélites y la red de telefonía.
Un ejemplo sobre cómo se manejarán estos negocios lo dio el propio Calderón el pasado 19 de mayo, durante un acto oficial llamado Conectividad para la Competencia, en el que sostuvo que al abrirse la licitación para operar la fibra óptica, también se abriría una puerta a la modernización en telecomunicaciones.
La Comisión Federal de Electricidad, dijo, dictará las reglas para instalar, operar y dar mantenimiento a los equipos de iluminación y repetición de esta red.
Por este concepto, el gobierno prevé obtener ingresos por 45 mil millones de pesos, que serían pagados por las empresas interesadas en vender servicios utilizando una parte de la red de fibra óptica.
Sin embargo, ese no será el único nicho de negocios en puerta. Según el Plan Nacional de Infraestructura, también se ampliarán las oportunidades para explotar el uso de internet, telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida (satelital y por cable) y radiocomunicación.
Exceptuando electricidad e hidrocarburos, el monto total programado rondaría los 951 mil millones de pesos. De esta última cifra, alrededor del 58�es decir, unos 554 mil millones de pesos, sería inversión privada; el resto, alrededor de 397 mil millones de pesos, pública.
Juez y parte
Entre los cambios previstos en el Proyecto de Presupuesto de 2010, Calderón pretende manejar estas licitaciones desde la Presidencia de la República; en ellas, la iniciativa privada aparecerá como el inversionista fuerte, por encima del gobierno.
Al plantear la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), propuso una Contraloría General de la República. De aprobarse por los legisladores, esa nueva dependencia formaría parte de la estructura de la Presidencia y su titular sería nombrado por el propio Calderón.
Esta Contraloría General vigilará las políticas y la aplicación de las leyes en materia de compras y la construcción de obras públicas, pero no conocerá las inconformidades de las compañías perdedoras en las licitaciones. Esas las atenderá Presidencia directamente.
La idea se cocinó desde hace tiempo. El 24 de junio del 2008, por ejemplo, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, declaró que los procesos de planeación y mantenimiento de infraestructura y las condiciones legales no eran las idóneas para las necesidades actuales del país.
Ese mismo día, durante el Foro Internacional de Control sobre la Obra Pública, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, dijo que la normatividad para operar los proyectos de obra pública es “en extremo complicada”.
En la propuesta de Calderón no se definen conceptos de autonomía dentro de la Contraloría General. En el Proyecto de Presupuesto tampoco se puntualizó bajo qué regulación la Presidencia tendrá la última palabra en las inconformidades ni qué oficina de Los Pinos se encargará de su resolución.
La propuesta para trasladar las licitaciones a Los Pinos nunca había sido planteada ante el Legislativo. Los últimos presidentes priístas, aun cuando no existía una Ley de Transparencia, tomaron distancia y endosaron esta responsabilidad a sus secretarios de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
Una de las prioridades para Calderón, según el documento oficial, es que la Contraloría General supervise directamente el gasto público, particularmente los paquetes de inversión previstos en el Plan Nacional de Infraestructura. “Pero con el objeto de que continúe la mejora en la gestión pública, se propone que esta función (la atención de inconformidades) se asuma directamente por la Presidencia de la República y se desvincule a la Contraloría General, toda vez que el enfoque que debe prevalecer es el de la mejora continua y no el de sanción en aspectos que no tienen nada que ver con responsabilidades administrativas, sino con el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo de actividades de la Administración Pública Federal”, indica la propuesta.
El tamaño del pastel es inmenso. Tan sólo en materia de electricidad el gobierno ha planteado una inversión de 380 mil millones de pesos para el periodo 2007-2012.
En el Plan Nacional de Infraestructura —disponible en las páginas gubernamentales de Transparencia— se especificó que ese dinero irá a proyectos de generación, transmisión, distribución, mantenimiento y otros. El primero de ellos, la generación de electricidad, requerirá casi 42.4�e la inversión total, es decir, 161 mil millones de pesos.
Para 2012 se prevé contar con 14 mil kilómetros en circuitos de líneas en diferentes niveles de tensión, así como aumentar la cobertura del servicio eléctrico hasta llegar al 97.5�e la población, cifra que, según las previsiones oficiales, colocaría a México entre los países mejor calificados por el Foro Económico Mundial.
Antes de que termine su sexenio, Felipe Calderón y su estrecho círculo de colaboradores pretenden dejar casi terminada una carboeléctrica en Topolobampo, dos hidroeléctricas (una en Río Moctezuma y otra en La Parota) y tres plantas de ciclo combinado en Guadalajara, Tula y Manzanillo.
En producción de hidrocarburos se prevén invertir 822 mil millones de pesos, y otros 379 mil millones en refinación, gas y petroquímica.
La estrategia gubernamental consiste en impulsar proyectos de exploración y producción de crudo y gas. Además de lo anterior, promoverían la búsqueda de energéticos en aguas profundas. Para ello se incorporarían reservas en Delta del Bravo, Lamprea, Lankahuasa, Cuichapa, Burgos, Veracruz, Macuspana, Sardina, Comalcalco, Campeche Poniente, Campeche Oriente y Crudo Ligero Marino.
Aunque en materia energética la propuesta de Calderón no detalla qué inversiones podrían ponerse en manos de la iniciativa privada, sí especifica que se requiere urgentemente dinero fresco para alcanzar una cobertura completa y de calidad en infraestructura.
Más negocios
Un caso especial es el apartado relativo a las telecomunicaciones. El Plan Nacional de Infraestructura contempla obras por construirse que requieren de por lo menos 283 mil millones de pesos, de los cuales 93�264 mil millones de pesos) corresponderán a capital privado. La inversión del gobierno es igual a cero en banda ancha (internet), telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida (satelital y por cable), así como en radiocomunicación.
Apoyado en este esquema de inversión, la administración calderonista pretende pasar de 24 líneas de teléfonos fijos por cada 100 habitantes que había en 2006 a 78 líneas de teléfonos fijos por cada 100 habitantes para 2012.
También, entre sus planes estaría aumentar la cobertura de banda ancha hasta contar con 72 usuarios por cada 100 habitantes e incrementar hasta 10 millones el número de usuarios de televisión restringida.
En lo que respecta a construcción y administración de carreteras, las empresas jugarán un papel preponderante. La inversión total programada alcanzaría 287 mil millones de pesos. Para cuando Calderón entregue la banda presidencial a su sucesor, el 55�e ese dinero (unos 159 mil millones de pesos) habrá sido invertido por la iniciativa privada, contra sólo 128 mil millones de pesos del gobierno federal.
El jueves 15, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que el paquete carretero Pacífico Norte, que abarca los libramientos de Mazatlán y Culiacán, así como la autopista en operación Mazatlán-Culiacán, le fue adjudicado a Promotora del Desarrollo en América Latina (Ideal), empresa propiedad de Carlos Slim, a su vez propietario del monopolio telefónico en México.
La concesión incluye la construcción, operación, explotación y conservación de 242 kilómetros de autopistas integrados el libramiento de Culiacán, de 22 kilómetros de longitud y cuatro carriles de circulación; el libramiento de Mazatlán, de 38 kilómetros de longitud con dos ramales y cuatro carriles de circulación, y la autopista Mazatlán-Culiacán, de 181 kilómetros, que está en operación desde 1994. Se espera que sean invertidos 4 mil millones de pesos en estos tramos.
El 29 de septiembre pasado, la SCT recibió tres ofertas. El consorcio integrado por Empresas ICA y la firma española Global Vía propuso mil 702 millones de pesos como contraprestación inicial; la empresa mexicana Ideal ofreció 3 mil 220 millones de pesos, y OHL Concesiones (filial de Obrascon Huarte Lain de España) apenas 210 millones de pesos.
Bajo el nuevo esquema de licitaciones, si alguna de las empresas perdedoras en este concurso detectara alguna irregularidad, tendría que presentar su queja ante la Presidencia de la República.
Sin sentido
Para el presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, la propuesta para desaparecer precisamente la Secretaría de la Función Pública no tiene ni pies ni cabeza.
“Queremos sentarnos con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, para preguntarle qué pretenden. Si es un tema puramente económico, no estamos de acuerdo. El ahorro presupuestal es mínimo”, dice.
Escudero Morales acepta que la idea es interesante, pero subraya que hay aspectos con los que no están de acuerdo, como el hecho de que la Presidencia pretenda resolver las inconformidades en una licitación de obras públicas.
“¿Qué va a pasar si se lleva esta área a Presidencia y una de las empresas licitadoras internacionales se inconforma? ¿Los empresarios van a quejarse ante el presidente? Eso es un tema muy delicado”, advierte.
El diputado del PVEM afirma que el gobierno aún no da una explicación clara sobre su pretensión de desaparecer la SFP, además de que debe precisar en dónde están los ahorros y quién se encargará de prevenir actos de corrupción.
—¿Qué riesgo se correría si el presidente controlara parte de las licitaciones desde Los Pinos?
—No es posible que él decida una inconformidad, quién ganó o perdió un concurso. Eso no tiene sentido. Pero, insisto, queremos darle la oportunidad al secretario para que nos dé algunas explicaciones.
—¿No hay sustento?
—Ellos nos hablan de eliminar tres secretarías, y nos dicen que es un ahorro de 6 mil millones de pesos. Entonces, si el argumento es económico, quisiéramos revisar si vale la pena despedir a toda esa gente.
—¿La iniciativa pasará?
—Así como está, no lo creo.
(Daniel Lizárraga / PROCESO)
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