Impuestos electorales
JESúS CANTú
Los gobernadores priistas respaldaron la propuesta de incrementar el IVA en un punto porcentual porque requieren recursos para mantener las gubernaturas de siete entidades donde habrá elecciones para ese puesto en 2010, durante los meses de julio, octubre y noviembre.
El próximo año se organizarán comicios en un total de 13 estados, de los cuales 10 eligen gobernador, Congreso y alcaldes, mientras que en el resto sólo se disputarán diputaciones y alcaldías. De esas 13 entidades, ocho son gobernadas por el PRI, tres por el PAN y dos por el PRD.
No se les olvida a los priistas que hace seis años pasaron apuros para conservar las gubernaturas de Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz, donde, por cierto, en las más recientes elecciones federales lograron sacar amplios márgenes de ventaja.
Un estudio que realizó Alianza Cívica en 23 distritos de 10 estados evidencia el crecimiento de los mecanismos de compra y coacción del voto en el proceso electoral federal del pasado mes de julio: El 28% de los electores consultados fueron sujetos a alguna práctica de compra y coacción del voto, mientras que hace seis años la cifra correspondiente fue de 18%, de acuerdo con la encuesta Naturaleza del Compromiso Cívico, realizada por el IFE.
Dos de las entidades que estudió Alianza Cívica renovarán gobernador el próximo año: Oaxaca y Veracruz. En ambas se observaron altos porcentajes de compra y coacción del voto: 30% en la primera y 27% en la segunda. La cifra más elevada correspondió al Estado de México (casi 40%), aunque en un distrito con cabecera en el Valle de Chalco el 57% de los encuestados dijo haber sido sometido a alguna práctica de esta naturaleza.
El 18% de los ciudadanos aseguró que le solicitaron su credencial de elector para condicionarlo a votar por algún partido; el 7%, que le pidieron esperar para que lo fueran a recoger y llevarlo a sufragar; al 3% se le ordenó tomar una foto de su boleta tachada para demostrar que había cumplido su compromiso a favor de algún partido; e inclusive casi el 2% fue obligado a depositar una boleta previamente cruzada y a entregar la suya en blanco: el famoso carrusel.
Así, más allá de las disputas entre el PAN y el PRI acerca de quién hizo la propuesta de aumentar el IVA, lo cierto es que ambos requieren dinero: el PAN para mantener operando al gobierno federal y también atraer electores, y los priistas, sobre todo, para que sus gobernadores impulsen programas que reditúen en una mayor votación para su partido, como lo hace Enrique Peña Nieto, quien incrementó notablemente su programa de despensas en el año electoral.
A raíz de los pasados excedentes petroleros, el gasto de los estados se incrementó notablemente, al punto de que en los últimos años llegó a más de la tercera parte del gasto público total. Ello permitió a los mandatarios estatales realizar más obra pública, impulsar programas sociales y, desde luego, en época electoral, financiar las actividades clientelares de sus institutos políticos.
Debe advertirse que estas prácticas no son exclusivas de ningún partido político, pues también se reproducen en entidades con gobernador panista, como en Jalisco, donde según la misma encuesta ese tipo de acciones fueron testimoniadas por más del 20% de los encuestados.
A esto se debe que los gobernadores de las entidades con elecciones en 2010 y quienes tienen aspiraciones presidenciales, como es el caso de Enrique Peña Nieto, hayan sido los principales aliados del presidente para elevar los impuestos. Según versiones periodísticas, el presidente Calderón los reunió en Los Pinos, mientras el secretario de Hacienda negociaba con los diputados priistas. Todos saben que requieren más presupuesto y que el destino de esos ingresos adicionales depende exclusivamente de los diputados priistas, pues éstos y los del Partido Verde tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, pueden decidir el destino del gasto público.
Los priistas más interesados en incrementar la recaudación fueron los gobernadores de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, quienes deberán entregar sus gubernaturas el próximo año, y la gobernadora de Yucatán, quien también enfrentará un proceso electoral en 2010, aunque únicamente para renovar el Congreso y los ayuntamientos.
Al aprobar la elevación de los impuestos, los diputados priistas simplemente siguieron las instrucciones de los gobernadores, y los panistas, las órdenes del presidente. Pero en la mente de los legisladores de los dos partidos nunca estuvo la ciudadanía.
Peor aún, estos fenómenos seguirán presentándose de aquí al 2012,
pues es claro que los aspirantes presidenciales únicamente están pensando en cómo ganar la elección, sin importar las prácticas a las que tengan que recurrir.
El próximo año se organizarán comicios en un total de 13 estados, de los cuales 10 eligen gobernador, Congreso y alcaldes, mientras que en el resto sólo se disputarán diputaciones y alcaldías. De esas 13 entidades, ocho son gobernadas por el PRI, tres por el PAN y dos por el PRD.
No se les olvida a los priistas que hace seis años pasaron apuros para conservar las gubernaturas de Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz, donde, por cierto, en las más recientes elecciones federales lograron sacar amplios márgenes de ventaja.
Un estudio que realizó Alianza Cívica en 23 distritos de 10 estados evidencia el crecimiento de los mecanismos de compra y coacción del voto en el proceso electoral federal del pasado mes de julio: El 28% de los electores consultados fueron sujetos a alguna práctica de compra y coacción del voto, mientras que hace seis años la cifra correspondiente fue de 18%, de acuerdo con la encuesta Naturaleza del Compromiso Cívico, realizada por el IFE.
Dos de las entidades que estudió Alianza Cívica renovarán gobernador el próximo año: Oaxaca y Veracruz. En ambas se observaron altos porcentajes de compra y coacción del voto: 30% en la primera y 27% en la segunda. La cifra más elevada correspondió al Estado de México (casi 40%), aunque en un distrito con cabecera en el Valle de Chalco el 57% de los encuestados dijo haber sido sometido a alguna práctica de esta naturaleza.
El 18% de los ciudadanos aseguró que le solicitaron su credencial de elector para condicionarlo a votar por algún partido; el 7%, que le pidieron esperar para que lo fueran a recoger y llevarlo a sufragar; al 3% se le ordenó tomar una foto de su boleta tachada para demostrar que había cumplido su compromiso a favor de algún partido; e inclusive casi el 2% fue obligado a depositar una boleta previamente cruzada y a entregar la suya en blanco: el famoso carrusel.
Así, más allá de las disputas entre el PAN y el PRI acerca de quién hizo la propuesta de aumentar el IVA, lo cierto es que ambos requieren dinero: el PAN para mantener operando al gobierno federal y también atraer electores, y los priistas, sobre todo, para que sus gobernadores impulsen programas que reditúen en una mayor votación para su partido, como lo hace Enrique Peña Nieto, quien incrementó notablemente su programa de despensas en el año electoral.
A raíz de los pasados excedentes petroleros, el gasto de los estados se incrementó notablemente, al punto de que en los últimos años llegó a más de la tercera parte del gasto público total. Ello permitió a los mandatarios estatales realizar más obra pública, impulsar programas sociales y, desde luego, en época electoral, financiar las actividades clientelares de sus institutos políticos.
Debe advertirse que estas prácticas no son exclusivas de ningún partido político, pues también se reproducen en entidades con gobernador panista, como en Jalisco, donde según la misma encuesta ese tipo de acciones fueron testimoniadas por más del 20% de los encuestados.
A esto se debe que los gobernadores de las entidades con elecciones en 2010 y quienes tienen aspiraciones presidenciales, como es el caso de Enrique Peña Nieto, hayan sido los principales aliados del presidente para elevar los impuestos. Según versiones periodísticas, el presidente Calderón los reunió en Los Pinos, mientras el secretario de Hacienda negociaba con los diputados priistas. Todos saben que requieren más presupuesto y que el destino de esos ingresos adicionales depende exclusivamente de los diputados priistas, pues éstos y los del Partido Verde tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, pueden decidir el destino del gasto público.
Los priistas más interesados en incrementar la recaudación fueron los gobernadores de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, quienes deberán entregar sus gubernaturas el próximo año, y la gobernadora de Yucatán, quien también enfrentará un proceso electoral en 2010, aunque únicamente para renovar el Congreso y los ayuntamientos.
Al aprobar la elevación de los impuestos, los diputados priistas simplemente siguieron las instrucciones de los gobernadores, y los panistas, las órdenes del presidente. Pero en la mente de los legisladores de los dos partidos nunca estuvo la ciudadanía.
Peor aún, estos fenómenos seguirán presentándose de aquí al 2012,
pues es claro que los aspirantes presidenciales únicamente están pensando en cómo ganar la elección, sin importar las prácticas a las que tengan que recurrir.
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