Se signó contrato hasta 2023 para reducir las compras a la CFE y a LFC
, señala
El proyecto se incrementó a 2,017 mdd, un aumento de más de 500 mdd en año y medio
Lunes 26 de octubre de 2009, p. 26
Madrid, 25 de octubre. Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un acuerdo de suministro eléctrico con dos empresas españolas Abengoa y Abener Energía, mediante el cual se compromete a pagar más de 2 mil millones de dólares por la puesta en marcha de una planta de cogeneración de energía y su posterior abasto hasta 2032. La autorización definitiva para esta operación, que se remonta a octubre de 2007, fue suscrita el pasado 14 de septiembre por el director general de Exploración y Producción, Carlos Arnoldo Morales Gil, con un notable incremento de más de 500 millones de dólares del presupuesto original.
El acuerdo entre Pemex y las dos multinacionales españolas supone un compromiso de la paraestatal para lo que resta del sexenio de Felipe Calderón y para los próximos cuatro periodos presidenciales del país. Los argumentos son varios, si bien se puede destacar –según información interna de Pemex, de la que La Jornada tiene copia– su intención de
disminuir las comprasa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Según la documentación, que fue emitida por el despacho del director general de Exploración y Producción, Pemex publicó el 28 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria de licitación para un proyecto de generación de energía a través de la transformación de agua y vapor. El fallo de la licitación se hizo público el pasado 31 de agosto, y resultaron beneficiadas las citadas empresas españolas, que se especializan en proyectos de generación de energías limpias
.
El documento interno que ordena la contratación
y activar los mecanismos de financiamiento para llevar a cabo este proyecto, a pesar incluso del notable aumento del presupuesto original, fue firmado por Morales Gil, por el subdirector de Administración y Finanzas, Jorge Collard de la Rocha, y por los subdirectores de las regiones afectadas (norte, sur, noreste y suroeste).
Los motivos que aduce Pemex para justificar que el proyecto pasara de mil 445 millones de dólares a 2 mil 17 millones en menos de año y medio son que se incrementaron los precios de los materiales de construcción y de fabricación de equipos
, un aumento mundial de la demanda de nuevos proyectos de generación y de infraestructura eléctrica en general
y el deterioro de la situación financiera internacional.
El objetivo explícito de los funcionarios de Pemex para otorgar el contrato a las empresas españolas es: Contratar con un servicio de cogeneración de energía para disminuir las compras a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como el desarrollo de proyectos de cogeneración de gran escala para sustituir la operación de equipos ineficientes instalados o de aquellos que se encuentran al final de su vida útil
.
Los argumentos que ofrecen los responsables de la paraestatal mexicana para conceder un contrato hasta 2032, son los siguientes, literales: Evitar la realización de procesos licitatorios cada año, con lo que se reducirán los gastos administrativos por mano de obra, pago de publicaciones, servicios de copiado, entre otros; mejorar la planeación y programación anual del presupuesto y su ejercicio por el servicio correspondiente
y por los precios bajos por economía de escala
.
El proyecto se divide en dos aspectos: la construcción llave en mano de la planta bajo la modalidad de ingeniería, suministro y construcción en un plazo de 36 meses, con capacidad para generar 300 megavatios, así como su posterior operación y mantenimiento integral durante un periodo de concesión de 20 años. La operación financiera, que tiene la aprobación de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de México), se ha cerrado bajo el esquema de project finance, y considera la creación de un consorcio entre Abener Energía y Abengoa México, con la participación de General Electric.
Abengoa y Abener –que forman un consorcio con alianzas estratégicas en México– han logrado importantes contratos con dependencias públicas, sobre todo con Pemex y la CFE. Desde la llegada de Felipe Calderón al poder se han intensificado los contactos y las relaciones comerciales con multinacionales españolas interesadas en el sector energético, con la mirada puesta en el sustancioso negocio que supone Pemex y su potencial privatización. Incluso, desde la toma de posesión de Calderón se ha detectado en España la presencia de diversas comisiones de emisarios del más alto nivel
de Pemex para estudiar el modelo privatizador.
El pasado 14 de septiembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un acuerdo de suministro eléctrico con un consorcio integrado por las empresas españolas Abengoa y Abener Energía. El convenio, por el cual la paraestatal mexicana se obliga a pagar más de 2 mil millones de dólares, contempla la construcción y puesta en marcha de una planta de cogeneración de electricidad, y la concesión y abastecimiento de la misma hasta el año 2032. El objetivo del contrato, según la documentación referida, es
disminuir las compras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como el desarrollo de proyectos (...) para sustituir la operación de equipos ineficientes instalados o aquellos que se encuentran al final de su vida útil.
Sin soslayar la importancia de que la industria petrolera nacional cuente con un suministro de energía eficiente y de bajo costo, llama la atención que, para tal efecto, el Estado mexicano haya optado por entregar, a través de Pemex, una considerable cantidad de recursos a un consorcio privado extranjero, y que no los haya destinado a modernizar y ampliar las instalaciones de las compañías de propiedad pública dedicadas a la generación de electricidad.
El hecho cobra especial relevancia en un momento en que el gobierno federal pretende justificar la extinción de LFC con el argumento de su supuesta ineficiencia e inviabilidad financiera. Lo cierto es que más de la mitad del déficit anual del organismo descentralizado –unos 42 mil millones de pesos, según cifras oficiales– podría haber sido financiado con el monto que se prevé entregar a Abengoa y Abener, y otra porción podría haberse subsanado si la dirección del mismo hubiese cobrado en tiempo y forma los adeudos del sector privado y de las dependencias públicas.
Significativamente, la propia LFC reportó, antes de su cierre, cuentas por cobrar por al menos 2 mil 160 millones de pesos, correspondientes a particulares. Por añadidura, el erario ha dejado de captar 150 millones de pesos por día desde la extinción del organismo, lo que significa una pérdida de 2 mil 400 millones de pesos del 11 de octubre pasado a la fecha.
Más allá de estos datos, que ponen en entredicho la versión oficial de que la extinción de LFC ahorraría recursos al Estado, la circunstancia descrita refuerza la percepción de que el gobierno federal practica una política gubernamental de abandono deliberado del sector energético, que consiste en someter a los organismos y empresas públicas de ese ramo al saqueo fiscal o a la astringencia presupuestaria con miras a su debilitamiento, desmantelamiento y posterior privatización.
Los efectos de dichas prácticas –las deficiencias en los servicios y el déficit en las finanzas de los organismos, por citar los más visibles– han sido usados por el gobierno federal como razones
para emprender medidas como la intentona privatizadora de Pemex o la reciente desaparición de LFC, episodios en los que el decoro y la legalidad son relegados ante el afán de procurar oportunidades de negocio para consorcios privados cercanos al poder político.
En suma, de persistir el empeño gubernamental en deteriorar deliberadamente el sector energético, nada impedirá que lo que hoy ocurre con LFC se repita en un futuro con la CFE, y que la vigencia de los preceptos constitucionales en materia energética se convierta, como ha ocurrido con otros aspectos de la vida institucional del país, en mero formalismo.
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