En los últimos 30 años, la izquierda ha sido prolífica en la gestación de siglas y membretes. También en sus intentos por dar una expresión organizada al descontento popular. La vastedad de acrónimos es un indicador del fracaso de su voluntad unitaria.
La más reciente iniciativa en esta dirección surgió el pasado 24 de octubre durante la efervescencia de las movilizaciones en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Fue bautizada como Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. Se propone organizar un Frente Nacional de Lucha para revertir las decisiones del gobierno federal y pasar de las acciones aisladas a las colectivas. En unos días deberá decidir si convoca a una huelga o a un paro cívico nacional, en repudio al decreto de expropiación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y contra el aumento de impuestos.
Aunque proveniente de un tronco sindical distinto, no es la primera vez que los trabajadores electricistas proponen acciones similares. Una primera iniciativa en esta dirección fue esbozada en enero de 1972, cuando una decisión gubernamental acabó con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), encabezado por Rafael Galván, para asimilarlo en las filas del sindicato oficialista. El STERM lanzó entonces la propuesta de formar la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) a la que se sumaron tanto el Frente Auténtico del Trabajo como el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, de Demetrio Vallejo. El proyecto abortó a los pocos meses de vida, cuando los electricistas democráticos acabaron negociando su sobrevivencia al seno de un nuevo sindicato nacional: el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
Poco tiempo después, en 1975, el hostigamiento en contra de los trabajadores democráticos se recrudeció y las fuerzas oficialistas se lanzaron a aniquilar esta expresión dentro del SUTERM. Nació entonces la Tendencia Democrática (TD) y la propuesta de agrupar a la naciente insurgencia obrera, campesina, popular en un gran frente: el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP).
En su origen, el proyecto pretendía reditar la experiencia de la formación del Comité Nacional de Defensa Proletario en tiempos de Lázaro Cárdenas, impulsado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El FNAP fue organizado alrededor de la columna vertebral de la TD y de su programa de lucha: la Declaración de Guadalajara. En ella se proponían una serie de reformas para relanzar la Revolución Mexicana encabezada por la fracción progresista del gobierno. El frente y sus principales impulsores fueron finalmente aplastados.
Simultáneamente a la experiencia del FNAP, una serie de fuerzas que después participarían activamente en la formación de las coordinadoras de masas, ensayaron un intento de convergencia paralela de organización, para diferenciarse, en parte, del proyecto de la TD. Estas fuerzas estaban organizadas básicamente como frentes populares regionales (Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey, Frente Popular de Zacatecas, Frente Popular Independiente en el DF, Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Itsmo en Oaxaca) y buscaban articular un gran frente popular nacional. El proyecto desapareció sin pena ni gloria ante las dificultades de encontrar un eje de sustentación social efectivo.
Desde entonce, no pocos sectores del movimiento popular desconfían de los intentos de formar convergencias a partir de grandes programas de lucha y de aparatos centralizadores. Rechazan la idea de que la unidad política sólo es posible a partir de la unidad orgánica y de que existe una dirección del movimiento social prexistente –que es, simultáneamente, responsable de la centralización– en la medida en que ha elaborado el camino de la lucha materializado en un programa.
Años más tarde, en 1983 y 1984, al calor de la crisis económica y teniendo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como columna vertebral, se dio vida a nuevos proyectos que intentaron articular el descontento social: el Frente Nacional por la Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la Carestía en el cual se integraron las organizaciones que se decían izquierda revolucionaria
y la Asamblea Nacional Obrero Campesino Popular. Sin mucho éxito, estas convergencias llamaron a la realización de dos paros cívicos, en los que participaron alrededor de un millón de personas en todo el país. Se movilizaron los mismos de siempre, aunque, eso sí, todos juntos por primera vez.
Irónicamente, la crisis económica abonó el terreno para una crisis del movimiento popular. Si en la lógica de muchas de las direcciones del movimiento popular la crisis era el terreno nato para su expansión y un incremento en su protagonismo, los hechos mostraron lo contrario. La lucha reivindicativa sufrió un reflujo profundo –desigual en cada región del país y en cada sector social– y las organizaciones de masas quedaron reducidas a una trinchera defensiva.
Hoy, de nuevo, una parte muy importante de la izquierda popular se propone ensayar formas de acción en común. Tiene como antecedente inmediato los diálogos nacionales auspiciados por el SME. Como sucedió en 1972 y 1975, son los electricistas y la lucha por su sobrevivencia como gremio lo que anima la nueva voluntad unitaria.
La solidaridad con la lucha del SME es fundamental en este momento; independientemente de lo que se piense de su dirección, no puede regateársele. Sin embargo, cabe preguntarse si es factible unificar exitosamente en un gran frente nacional, en las actuales circunstancias, la solidaridad con los electricistas y la organización del descontento popular. La experiencia del pasado obliga a pensar que no. Una y otra vez, la lógica de la lucha inmediata del sector con mayor fuerza política ha terminado por dominar y absorber las demandas de sus aliados. Y sigue pesando entre diversos actores sociales la preocupación por ser utilizados como masa de maniobras por otros actores políticos y sus agendas electorales y parlamentarias.
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