China: El testimonio de Wang sobre tráfico de órganos
EMILIO GODOY
MÉXICO, D.F., 16 de octubre (apro).- Mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Europa llamaron la semana pasada a regular el tráfico de órganos, tejidos y células humanas, un caso migratorio en Estados Unidos puso al descubierto el comercio ilegal de estas piezas humanas que se realiza desde China.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, asentada en Nueva York, resolvió el pasado 2 de octubre en contra del ciudadano chino Guo Qi Wang por haber participado en un esquema para comercializar clandestinamente piezas humanas, situación que lo hace inelegible para obtener asilo político en Estados Unidos.
La historia de Wang, quien ingresó en mayo de 2000 a Estados Unidos sin documentos válidos, confirmó la versión repetida a lo largo de esta década sobre la práctica que existe en China, consistente en extirpar órganos de ejecutados por pena de muerte para su mercadeo dentro del territorio de la nación asiática y, presumiblemente, fuera de sus confines.
Además, su historia supuso música angelical a los oídos del gobierno conservador del entonces presidente George W. Bush, quien buscaba formas de frenar el avance chino en el tablero geopolítico mundial.
Exmédico del ejército chino, Wang, de 46 años y que ha trabajado de cocinero de sushi en la nororiental ciudad de Nueva Jersey, trató de permanecer en Estados Unidos acogido a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, a la que la nación estadunidense está adscrita desde 1984.
En junio de 2001, el doctor reconstruyó cómo se obtenían y comercializaban las partes humanas en su patria natal, en un testimonio ante el Subcomité legislativo de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos de Estados Unidos.
De acuerdo con su testimonio, inició su participación en la extracción de órganos humanos, que se extendió de 1988 a 1995, cuando realizaba investigaciones con cadáveres en la Escuela de Estudios Médicos Avanzados en el Hospital 304 de Beijing. Los agentes y unidades judiciales recibían entre 24 y 60 dólares por cuerpo abastecido, en un negocio que se convirtió en muy lucrativo en poco tiempo.
“Entonces, después de la ejecución, el cuerpo sería trasladado a la sala de autopsias, en vez del crematorio, y le sacaríamos la piel, los riñones, el hígado, los huesos y las córneas para fines investigativos y experimentales”, reseñó Wang.
La piel restante era vendida a víctimas de quemaduras a 1.2 dólares por centímetro cuadrado.
“El jefe de Sección Xing --prosiguió el ciudadano chino ante los congresistas estadunidenses--, nos notificaría de las próximas ejecuciones. El equipo preparaba un pedido por el número de cadáveres a diseccionar y Xing recibiría 36 dólares por cuerpo.
“Teníamos que trabajar de prisa en el crematorio, y de 10 a 20 minutos bastaban generalmente para remover toda la piel del cuerpo. Lo que quedara era entregado a los trabajadores del crematorio. Entre cinco y ocho veces al año, el hospital enviaba una cantidad de equipos a los sitios de ejecución para quitar la piel. Cada grupo podría procesar hasta cuatro cadáveres”, dijo Wang a los legisladores.
Presumiblemente, el primer riñón transplantado en China en 1990 provino de un condenado a muerte, en una intervención en la que Wang habría tomado parte.
“Teníamos 15 segundos para llevar el cuerpo a la ambulancia. En su interior, los mejores urólogos quitaban ambos riñones y luego corrían hacia el recipiendario en espera en el hospital. Mientras, nuestro departamento de cirugía de quemaduras esperaba a la ejecución de los siguientes tres prisioneros y seguía sus cadáveres hacia el crematorio, donde removíamos la piel en una pequeña sala junto a los hornos”, sostuvo Wang.
En China habría anualmente unos 13 mil transplantes, dato dudoso si se toma en cuenta que no existen oficialmente donaciones en la nación asiática.
La organización humanitaria Amnistía Internacional ha denunciado que más de mil 700 personas son ejecutadas anualmente en esa nación asiática.
John Clark, abogado de la firma Holland & Hart LLP y representante legal de Wang, dijo a apro: “No hemos podido realizar un análisis profundo de la decisión, pero mi cliente está muy decepcionado por el fallo. Tenemos 45 días, luego de emitida la decisión, para decidir si pedimos una nueva audiencia ante el mismo panel o la Corte de Apelaciones en pleno.”
Wang, cuya esposa e hijo viven en China, no está detenido y posee un permiso de trabajo, aunque Clark se negó a comentar dónde radica y en qué se ocupa actualmente.
Limbo migratorio
En su dictamen, identificado con la clave 07-5369-ag y al cual apro tuvo acceso, el panel integrado por los jueces John M. Walker, Robert A. Katzmann y Jane R. Roth, respaldó la decisión del Comité de Apelaciones Migratorias de rechazar la petición de asilo de Guo Qi Wang y de cancelación de deportación.
En julio de 2002, el exmédico militar fue declarado “deportable” y en febrero del año siguiente presentó nuevamente una solicitud de asilo con los mismos argumentos esgrimidos meses antes.
Wang argumenta que el gobierno chino lo perseguiría y lo torturaría por sus revelaciones, y que lo había calificado de “traidor” y había preguntado a su esposa sobre su paradero.
En agosto de 2005, un juez de inmigración le denegó su solicitud de asilo y de suspensión de deportación, pero le reconoció la acogida bajo la Convención contra la Tortura debido a que, argumentó, se encontraba en riesgo de tormento a manos de funcionarios chino por haber dado a conocer secretos de Estado y humillar públicamente al gobierno del gigante asiático.
Ambas partes apelaron y en noviembre de 2007 el Comité de Apelaciones Migratorias rechazó esos recursos legales, reafirmando la decisión del juez de inmigración.
El panel se basó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que se le puede negar el asilo o sus modalidades si “hay serias razones para creer que el extranjero ha cometido un grave crimen no político fuera de Estados Unidos” antes de su arribo a este país.
Un lineamiento del Ministerio de Salud Pública de China prohíbe desde 2005 la compra y venta de órganos y tejido humanos.
“Como un tema práctico, algún otro país pudiera aceptarlo, pero por ahora no hay indicación de que pudiera ser deportado a China”, indicó Clark.
En su testimonio Wang dijo que supo de un superior que algunas ejecuciones eran mal hechas, es decir, que el tirador erraba a propósito, de modo que el prisionero no fallecía, para prolongar la vida de sus riñones antes del transplante.
En el testimonio citado, Wang aseguró haberle quitado la piel a un prisionero que todavía vivía luego de una ejecución fallida, en octubre de 1995. Así, narró: “Fuimos destinados a la provincia de Hebei para extraer riñones y piel. Llegamos un día antes de la ejecución de un hombre sentenciado a muerte por robo y el asesinato de un testigo. Antes de la ejecución, le apliqué al prisionero una dosis de heparín (un anticoagulante) para evitar la coagulación de la sangre. Un policía le dijo que era un tranquilizante para prevenirle un sufrimiento innecesario durante la ejecución.”
A partir de esa experiencia, Wang, quien empezó a tomar parte en el esquema en 1988, aseguró que se opuso a intervenir en más procedimientos médicos.
“Envié una petición escrita de traslado a otro puesto. Esta solicitud fue denegada sobre la base de que ningún otro trabajo se ajustaba a mis destrezas. Empecé a rechazar participar en viajes a sitios de ejecución y crematorios”, reveló Wang, quien obtuvo de un juez migratorio una orden de suspensión temporal de deportación.
Cuando manifestó objeciones a lo que consideró “una forma incivilizada e inmoral de hacer las cosas”, el hospital lo obligó a firmar un acuerdo mediante el cual no contaría la extracción de órganos “a los medios, países extranjeros u organizaciones externas”.
En enero de 2007, el activista en derechos humanos David Matas y el parlamentario David Kilgour, ambos canadienses, difundieron un informe en el cual señalaron que China ejecutaba a miembros de la secta Falun Gong, prohibida en la nación asiática desde 1999, para extraerles órganos vitales y venderlos a los llamados “turistas de transplante”, una práctica recurrente desde 2000.
El reporte, cuya primera versión data de julio de 2006, señaló que entre 2000 y 2005 se registraron unos 60 mil transplantes en China, de los cuales 18 mil 500 procedían de donantes identificados. Por lo tanto, el resto quedó en un limbo, al desconocerse el origen de esos órganos.
ONU, cartas en el asunto
Ante el florecimiento y la rentabilidad del comercio ilegal de órganos y tejidos, la ONU y el Consejo de Europa instaron a la creación de un tratado que regule esos movimientos y prohíba el lucro con la venta de piezas humanas.
Esos planteamientos están contenidos en el primer informe que ambos organismos elaboraron acerca del tema, comisionado a cuatro expertos.
El informe, de 98 páginas de extensión y que no alude abiertamente a los países implicados en la actividad ilícita, subraya la necesidad de puntualizar en el plano internacional qué se entiende por tráfico de órganos, tejidos y células humanas, a partir de la concepción de que cualquier transacción de partes fuera de los sistemas nacionales de trasplantes debe ser considerada como comercio anómalo.
Esa determinación ya existe en la Convención del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que data de 1997.
El estudio señala que en “algunos países sudamericanos y asiáticos” los órganos provenientes de donadores muertos han sido vendidos a extranjeros necesitados de transplantes de riñón, hígado y corazón.
En el Viejo Continente, España encabeza el ranking con 33 donaciones de órganos de cadáveres por cada millón de personas, seguida de Bélgica, con 28.2 donaciones, y Francia, con 25.3.
En Estados Unidos, donde cada año se practican más de 25 mil transplantes, la demanda de órganos es alta, pues unas 95 mil personas se encuentran en las listas de espera.
El Observatorio Global de Donaciones y Transplantes, ente asociado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que supervisa las prácticas en ese terreno, estima que unos 100 mil pacientes reciben en todo el mundo transplantes de órganos sólidos cada año: unos 65 mil de riñón, más de 20 mil de hígado y cerca de 5 mil 300 de corazón.
Pero en el plano internacional ya existen principios referidos a la cesión gratuita y los transplantes, pues la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano rector de la OMS, determinó en 1991 una serie de principios sobre el transplante de piezas humanas y en los que se prohíbe la entrega y recepción de dinero y otras operaciones comerciales, aunque no abarcan el pago de gastos por recuperación, preservación y aprovisionamiento de órganos.
Además, se refieren también a la protección de menores y otras personas vulnerables de coerción y presiones inapropiadas para ceder partes del cuerpo.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, asentada en Nueva York, resolvió el pasado 2 de octubre en contra del ciudadano chino Guo Qi Wang por haber participado en un esquema para comercializar clandestinamente piezas humanas, situación que lo hace inelegible para obtener asilo político en Estados Unidos.
La historia de Wang, quien ingresó en mayo de 2000 a Estados Unidos sin documentos válidos, confirmó la versión repetida a lo largo de esta década sobre la práctica que existe en China, consistente en extirpar órganos de ejecutados por pena de muerte para su mercadeo dentro del territorio de la nación asiática y, presumiblemente, fuera de sus confines.
Además, su historia supuso música angelical a los oídos del gobierno conservador del entonces presidente George W. Bush, quien buscaba formas de frenar el avance chino en el tablero geopolítico mundial.
Exmédico del ejército chino, Wang, de 46 años y que ha trabajado de cocinero de sushi en la nororiental ciudad de Nueva Jersey, trató de permanecer en Estados Unidos acogido a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, a la que la nación estadunidense está adscrita desde 1984.
En junio de 2001, el doctor reconstruyó cómo se obtenían y comercializaban las partes humanas en su patria natal, en un testimonio ante el Subcomité legislativo de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos de Estados Unidos.
De acuerdo con su testimonio, inició su participación en la extracción de órganos humanos, que se extendió de 1988 a 1995, cuando realizaba investigaciones con cadáveres en la Escuela de Estudios Médicos Avanzados en el Hospital 304 de Beijing. Los agentes y unidades judiciales recibían entre 24 y 60 dólares por cuerpo abastecido, en un negocio que se convirtió en muy lucrativo en poco tiempo.
“Entonces, después de la ejecución, el cuerpo sería trasladado a la sala de autopsias, en vez del crematorio, y le sacaríamos la piel, los riñones, el hígado, los huesos y las córneas para fines investigativos y experimentales”, reseñó Wang.
La piel restante era vendida a víctimas de quemaduras a 1.2 dólares por centímetro cuadrado.
“El jefe de Sección Xing --prosiguió el ciudadano chino ante los congresistas estadunidenses--, nos notificaría de las próximas ejecuciones. El equipo preparaba un pedido por el número de cadáveres a diseccionar y Xing recibiría 36 dólares por cuerpo.
“Teníamos que trabajar de prisa en el crematorio, y de 10 a 20 minutos bastaban generalmente para remover toda la piel del cuerpo. Lo que quedara era entregado a los trabajadores del crematorio. Entre cinco y ocho veces al año, el hospital enviaba una cantidad de equipos a los sitios de ejecución para quitar la piel. Cada grupo podría procesar hasta cuatro cadáveres”, dijo Wang a los legisladores.
Presumiblemente, el primer riñón transplantado en China en 1990 provino de un condenado a muerte, en una intervención en la que Wang habría tomado parte.
“Teníamos 15 segundos para llevar el cuerpo a la ambulancia. En su interior, los mejores urólogos quitaban ambos riñones y luego corrían hacia el recipiendario en espera en el hospital. Mientras, nuestro departamento de cirugía de quemaduras esperaba a la ejecución de los siguientes tres prisioneros y seguía sus cadáveres hacia el crematorio, donde removíamos la piel en una pequeña sala junto a los hornos”, sostuvo Wang.
En China habría anualmente unos 13 mil transplantes, dato dudoso si se toma en cuenta que no existen oficialmente donaciones en la nación asiática.
La organización humanitaria Amnistía Internacional ha denunciado que más de mil 700 personas son ejecutadas anualmente en esa nación asiática.
John Clark, abogado de la firma Holland & Hart LLP y representante legal de Wang, dijo a apro: “No hemos podido realizar un análisis profundo de la decisión, pero mi cliente está muy decepcionado por el fallo. Tenemos 45 días, luego de emitida la decisión, para decidir si pedimos una nueva audiencia ante el mismo panel o la Corte de Apelaciones en pleno.”
Wang, cuya esposa e hijo viven en China, no está detenido y posee un permiso de trabajo, aunque Clark se negó a comentar dónde radica y en qué se ocupa actualmente.
Limbo migratorio
En su dictamen, identificado con la clave 07-5369-ag y al cual apro tuvo acceso, el panel integrado por los jueces John M. Walker, Robert A. Katzmann y Jane R. Roth, respaldó la decisión del Comité de Apelaciones Migratorias de rechazar la petición de asilo de Guo Qi Wang y de cancelación de deportación.
En julio de 2002, el exmédico militar fue declarado “deportable” y en febrero del año siguiente presentó nuevamente una solicitud de asilo con los mismos argumentos esgrimidos meses antes.
Wang argumenta que el gobierno chino lo perseguiría y lo torturaría por sus revelaciones, y que lo había calificado de “traidor” y había preguntado a su esposa sobre su paradero.
En agosto de 2005, un juez de inmigración le denegó su solicitud de asilo y de suspensión de deportación, pero le reconoció la acogida bajo la Convención contra la Tortura debido a que, argumentó, se encontraba en riesgo de tormento a manos de funcionarios chino por haber dado a conocer secretos de Estado y humillar públicamente al gobierno del gigante asiático.
Ambas partes apelaron y en noviembre de 2007 el Comité de Apelaciones Migratorias rechazó esos recursos legales, reafirmando la decisión del juez de inmigración.
El panel se basó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que se le puede negar el asilo o sus modalidades si “hay serias razones para creer que el extranjero ha cometido un grave crimen no político fuera de Estados Unidos” antes de su arribo a este país.
Un lineamiento del Ministerio de Salud Pública de China prohíbe desde 2005 la compra y venta de órganos y tejido humanos.
“Como un tema práctico, algún otro país pudiera aceptarlo, pero por ahora no hay indicación de que pudiera ser deportado a China”, indicó Clark.
En su testimonio Wang dijo que supo de un superior que algunas ejecuciones eran mal hechas, es decir, que el tirador erraba a propósito, de modo que el prisionero no fallecía, para prolongar la vida de sus riñones antes del transplante.
En el testimonio citado, Wang aseguró haberle quitado la piel a un prisionero que todavía vivía luego de una ejecución fallida, en octubre de 1995. Así, narró: “Fuimos destinados a la provincia de Hebei para extraer riñones y piel. Llegamos un día antes de la ejecución de un hombre sentenciado a muerte por robo y el asesinato de un testigo. Antes de la ejecución, le apliqué al prisionero una dosis de heparín (un anticoagulante) para evitar la coagulación de la sangre. Un policía le dijo que era un tranquilizante para prevenirle un sufrimiento innecesario durante la ejecución.”
A partir de esa experiencia, Wang, quien empezó a tomar parte en el esquema en 1988, aseguró que se opuso a intervenir en más procedimientos médicos.
“Envié una petición escrita de traslado a otro puesto. Esta solicitud fue denegada sobre la base de que ningún otro trabajo se ajustaba a mis destrezas. Empecé a rechazar participar en viajes a sitios de ejecución y crematorios”, reveló Wang, quien obtuvo de un juez migratorio una orden de suspensión temporal de deportación.
Cuando manifestó objeciones a lo que consideró “una forma incivilizada e inmoral de hacer las cosas”, el hospital lo obligó a firmar un acuerdo mediante el cual no contaría la extracción de órganos “a los medios, países extranjeros u organizaciones externas”.
En enero de 2007, el activista en derechos humanos David Matas y el parlamentario David Kilgour, ambos canadienses, difundieron un informe en el cual señalaron que China ejecutaba a miembros de la secta Falun Gong, prohibida en la nación asiática desde 1999, para extraerles órganos vitales y venderlos a los llamados “turistas de transplante”, una práctica recurrente desde 2000.
El reporte, cuya primera versión data de julio de 2006, señaló que entre 2000 y 2005 se registraron unos 60 mil transplantes en China, de los cuales 18 mil 500 procedían de donantes identificados. Por lo tanto, el resto quedó en un limbo, al desconocerse el origen de esos órganos.
ONU, cartas en el asunto
Ante el florecimiento y la rentabilidad del comercio ilegal de órganos y tejidos, la ONU y el Consejo de Europa instaron a la creación de un tratado que regule esos movimientos y prohíba el lucro con la venta de piezas humanas.
Esos planteamientos están contenidos en el primer informe que ambos organismos elaboraron acerca del tema, comisionado a cuatro expertos.
El informe, de 98 páginas de extensión y que no alude abiertamente a los países implicados en la actividad ilícita, subraya la necesidad de puntualizar en el plano internacional qué se entiende por tráfico de órganos, tejidos y células humanas, a partir de la concepción de que cualquier transacción de partes fuera de los sistemas nacionales de trasplantes debe ser considerada como comercio anómalo.
Esa determinación ya existe en la Convención del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que data de 1997.
El estudio señala que en “algunos países sudamericanos y asiáticos” los órganos provenientes de donadores muertos han sido vendidos a extranjeros necesitados de transplantes de riñón, hígado y corazón.
En el Viejo Continente, España encabeza el ranking con 33 donaciones de órganos de cadáveres por cada millón de personas, seguida de Bélgica, con 28.2 donaciones, y Francia, con 25.3.
En Estados Unidos, donde cada año se practican más de 25 mil transplantes, la demanda de órganos es alta, pues unas 95 mil personas se encuentran en las listas de espera.
El Observatorio Global de Donaciones y Transplantes, ente asociado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que supervisa las prácticas en ese terreno, estima que unos 100 mil pacientes reciben en todo el mundo transplantes de órganos sólidos cada año: unos 65 mil de riñón, más de 20 mil de hígado y cerca de 5 mil 300 de corazón.
Pero en el plano internacional ya existen principios referidos a la cesión gratuita y los transplantes, pues la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano rector de la OMS, determinó en 1991 una serie de principios sobre el transplante de piezas humanas y en los que se prohíbe la entrega y recepción de dinero y otras operaciones comerciales, aunque no abarcan el pago de gastos por recuperación, preservación y aprovisionamiento de órganos.
Además, se refieren también a la protección de menores y otras personas vulnerables de coerción y presiones inapropiadas para ceder partes del cuerpo.
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