Negocio colosal
Todo parece indicar que detrás de la embestida del gobierno espurio contra el Sindicato Mexicano de Electricistas está el negocio de la fibra óptica/ Y los grandes beneficiarios serían Nextel y Televisa
MEXICO, DF, 17 de octubre (APRO) En medio de las reacciones por el decreto emitido por el Ejecutivo federal espurio la madrugada del domingo 11, mediante el cual extingue a Luz y Fuerza del Centro (LFC), se oculta el pleito entre dos emporios de la comunicación: Televisa y Nextel, que intentan adjudicarse la concesión de la red de fibra óptica, un jugoso negocio que, aún malbaratado, le daría al gobierno calderonista ingresos por 45 mil millones de pesos.
El 19 de mayo pasado, durante el evento Conectividad para la Competencia, Calderón anunció que se licitará la fibra óptica oscura y expuso que, en los 90 días siguientes, “la CFE (Comisión Federal de Electricidad) establecerá las condiciones técnicas para instalar, operar y dar mantenimiento a los equipos de iluminación y repetición de esta red, de manera que se garantice la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”.
Y cumplió, al enviar su iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, en la que menciona que el gobierno recibirá ingresos por 95 mil 820 millones de pesos, aunque nunca especificó los conceptos por los cuales las arcas federales recibirían ese monto.
Esa omisión llamó la atención de los diputados, quienes empezaron a indagar. Y el problema se agudizó con la embestida policiaco- militar contra LFC y las denuncias del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quien asegura que detrás de todo está la licitación de la fibra óptica.
La mano de Televisa
Las versiones que indicaban que detrás del conflicto del SME, que empezó por un simple diferendo sindical, estaba la licitación de la fibra óptica, tomó forma y el caso explotó en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La actual Legislatura tiene como plazo hasta el próximo martes 20 para aprobar la Ley de Ingresos, la cual incluye un nuevo Código Fiscal, así como diversas leyes, entre éstas la del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios; la del Impuesto Sobre la Renta y la de Derechos.
La Comisión de Hacienda, primer órgano encargado de dictaminar sobre las propuestas de Calderón, inició el lunes 12 la discusión de las iniciativas. Los integrantes de esa instancia consideraron que, debido a que no presentaba ningún conflicto, la Ley de Derechos fuera aprobada el miércoles 14, pero el esquema cambió.
El martes 13 llegó al Congreso la propuesta espuria de extinguir a LFC. El PRI negó que el asunto fuera “de urgente y obvia resolución”. El motivo: sus legisladores estaban ocupados tratando de descubrir los objetivos de la licitación de la fibra óptica. Incluso el coordinador de la fracción priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, declaró en conferencia de prensa que su partido estaría “vigilante a la entrega de las concesiones de la fibra óptica”.
Y en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda decidió cancelar la discusión de la Ley de Derechos y determinó que el miércoles 14 se aprobara el Código Fiscal. Lo anterior, debido a que en la Ley de Derechos se habla del ingreso de 95 mil 820.1 millones de pesos.
Los legisladores optaron por discutir el tema el viernes 16, pero tuvo que posponerse debido a que el jueves 15 por la noche Hacienda incluyó dos artículos más en la iniciativa de Ley de Derechos, el 244 E y uno transitorio. Y aun cuando el presidente de la comisión, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, no dio a conocer los cambios, varios priistas se enteraron de su contenido, así como el petista Mario di Costanzo.
Se trata, comenta Di Costanzo, de una aberración en la que se pretende beneficiar a Televisa y a Nextel con un daño para el erario federal. La Ley de Derechos detalla en los apartados A, B, C y D de su artículo 244 lo que los concesionarios deben pagar por el usufructo de la infraestructura de comunicaciones del Estado.
El legislador petista sostiene que Hacienda propuso la inclusión del artículo 244 E para establecer el cobro de 45 mil millones de pesos por los derechos para el uso de la fibra óptica que deberán cubrirse en un plazo de cinco años, “empezando a pagar tan sólo el 5�el total del valor en el año 2010”.
Según él, a pesar de que el tema es muy técnico, se puede entender de la siguiente manera: la fibra óptica cuenta con 30 cables, de los cuales tanto la CLF como la CFE sólo utilizan seis para brindar el servicio de energía eléctrica.
“Los 24 cables de transmisión de energía restantes son los que se requieren para poder dar el servicio del llamado triple play, que es cobrar por voz, datos y video. Estos 24 cables son los que se licitarían en distintas modalidades”, afirma Di Costanzo.
Y explica que, con base en la información que varias empresas de telecomunicación le han proporcionado, en 2006 el gobierno de Estados Unidos concesionó la fibra óptica con una intensidad de 90 megahertz a 14 mil millones de dólares.
Y si consideramos que el gobierno calderonista intenta concesionar cables de 160 megahertz por sólo 45 mil millones de pesos, podemos concluir que está malbaratando el servicio, reitera Di Costanzo.
Debe considerarse, también, que las únicas empresas con capacidad para hacer uso de la fibra óptica sólo son Televisa y Nextel. De ser así, monopolizarán el servicio y dejarían fuera a Telmex, de Carlos Slim, y a otras empresas que no carecen de recursos para invertir, en particular a TV Azteca.
Los movimientos del PRI
Como la enmienda de Hacienda –la inclusión de los artículos 244E y el transitorio a la Ley de Derechos– fue entregada directamente al presidente de la Comisión de Hacienda, los diputados y senadores del PRI bloquearon la discusión del viernes 16 y acordaron que ésta se realizara el domingo 18, por lo que es factible que esta iniciativa se apruebe a más tardar el lunes 19. Para el martes 20 el pleno de la Cámara de Diputados debe dar el visto bueno a la Ley de Ingresos 2010.
Y serán precisamente los legisladores del PRI los que determinen si pasa o no la licitación enviada originalmente por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre. Por ello, se reunirán ese domingo 18 a mediodía tomar una posición.
El encuentro será tenso, toda vez que un bloque sostiene que el gobierno pactó con Televisa para beneficiarlo con el triple play, mientras que otros legisladores consideran que la imagen del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se verá disminuida ante la televisora pues ya no requirió de sus servicios para negociar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Un tercer grupo es partidario de excluir a TV Azteca y a Carlos Slim, quien desde julio de 2008 espera la autorización de las autoridades federales para el cambio de título de concesión para tener acceso al mercado de la televisión restringida. Hasta ahora no lo ha logrado.
En respuesta, el dueño de Telmex constituyó una sociedad con Multivisión, del empresario Joaquín Vargas, con quien creó el sistema Dish México, en el que también participa la estadunidense Echo Star. Esta nueva compañía de televisión restringida representa una nueva competencia para Sky, Cablevisión, Cablemas y TVI, filiales de Televisa.
Ante la falta de información sobre la concesión, los diputados del PRI elaboraron un punto de acuerdo en el que solicitan que se dé seguimiento a la denuncia del líder del SME, Martín Esparza, según la cual Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, secretarios de Energía durante la gestión de Vicente Fox (2000-2006) están presuntamente involucrados con la empresa española WL Comunicaciones, S.A. de C.V., a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le adjudicó una concesión para operar una parte de la fibra óptica.
En el punto de acuerdo, el PRI solicita que el director de LFC , Jorge Gutiérrez Vera, “informe a la mayor brevedad a esta soberanía sobre los antecedentes, el estado que guarda, la vigencia y las proyecciones del contrato suscrito entre dicha empresa paraestatal y la WL Comunicaciones, S.A. de C.V., relacionado con la instalación, el mantenimiento y la operación de la red de fibra óptica, así como los estudios, los proyectos y la conveniencia de que la propia LFC se convierta en concesionaria y operadora de una red pública de telecomunicaciones (como lo demandó el líder del SME, Martín Esparza) para la operación de la fibra óptica que posee la paraestatal y que le permita dar el servicio conocido como triple play”.
En entrevista, Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en el recinto de San Lázaro y operador político de la dirigente nacional de ese partido, Beatriz Paredes, asegura que ante la sospecha de que Clariond y Martens “tuvieron la posibilidad de influir en esa toma de decisión con respecto a la fibra óptica”, debe aclararse cuál es la situación.
Los priistas también acordaron solicitar por escrito al gobierno federal que pormenorice los números rojos con que supuestamente venía operando Luz y Fuerza. El documento lo rubricó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, y fue enviado el jueves 15.
Los legisladores tomaron esa determinación, luego de que, el pasado 22 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió un informe en el que se alude al convenio de productividad 2008-2012 firmado entre LFC y el SME. Según el documento, en el primer año los trabajadores alcanzaron el 93.8�e las metas fijadas.
En el mismo escrito, elaborado por la Secretaría de la Función Pública con base en el Informe de Autoevaluación y fechado el 10 de junio de 2009, el subsidio que el gobierno federal entrega a la paraestatal no es para el pago de salarios de los trabajadores en activo y jubilados del SME, sino “para el pago de la energía adquirida de la CFE”; es decir, 42 mil 315 millones de pesos.
La propia dirección de LFC señala que en 2008 sólo se invirtieron 3 mil 857.5 millones de pesos, y se dejaron de utilizar 365.3 millones de pesos debido a “problemas en las licitaciones y contrataciones, lo que a su vez originó subutilización de los recursos”.
Esa omisión llamó la atención de los diputados, quienes empezaron a indagar. Y el problema se agudizó con la embestida policiaco- militar contra LFC y las denuncias del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quien asegura que detrás de todo está la licitación de la fibra óptica.
La mano de Televisa
Las versiones que indicaban que detrás del conflicto del SME, que empezó por un simple diferendo sindical, estaba la licitación de la fibra óptica, tomó forma y el caso explotó en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La actual Legislatura tiene como plazo hasta el próximo martes 20 para aprobar la Ley de Ingresos, la cual incluye un nuevo Código Fiscal, así como diversas leyes, entre éstas la del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios; la del Impuesto Sobre la Renta y la de Derechos.
La Comisión de Hacienda, primer órgano encargado de dictaminar sobre las propuestas de Calderón, inició el lunes 12 la discusión de las iniciativas. Los integrantes de esa instancia consideraron que, debido a que no presentaba ningún conflicto, la Ley de Derechos fuera aprobada el miércoles 14, pero el esquema cambió.
El martes 13 llegó al Congreso la propuesta espuria de extinguir a LFC. El PRI negó que el asunto fuera “de urgente y obvia resolución”. El motivo: sus legisladores estaban ocupados tratando de descubrir los objetivos de la licitación de la fibra óptica. Incluso el coordinador de la fracción priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, declaró en conferencia de prensa que su partido estaría “vigilante a la entrega de las concesiones de la fibra óptica”.
Y en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda decidió cancelar la discusión de la Ley de Derechos y determinó que el miércoles 14 se aprobara el Código Fiscal. Lo anterior, debido a que en la Ley de Derechos se habla del ingreso de 95 mil 820.1 millones de pesos.
Los legisladores optaron por discutir el tema el viernes 16, pero tuvo que posponerse debido a que el jueves 15 por la noche Hacienda incluyó dos artículos más en la iniciativa de Ley de Derechos, el 244 E y uno transitorio. Y aun cuando el presidente de la comisión, el panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, no dio a conocer los cambios, varios priistas se enteraron de su contenido, así como el petista Mario di Costanzo.
Se trata, comenta Di Costanzo, de una aberración en la que se pretende beneficiar a Televisa y a Nextel con un daño para el erario federal. La Ley de Derechos detalla en los apartados A, B, C y D de su artículo 244 lo que los concesionarios deben pagar por el usufructo de la infraestructura de comunicaciones del Estado.
El legislador petista sostiene que Hacienda propuso la inclusión del artículo 244 E para establecer el cobro de 45 mil millones de pesos por los derechos para el uso de la fibra óptica que deberán cubrirse en un plazo de cinco años, “empezando a pagar tan sólo el 5�el total del valor en el año 2010”.
Según él, a pesar de que el tema es muy técnico, se puede entender de la siguiente manera: la fibra óptica cuenta con 30 cables, de los cuales tanto la CLF como la CFE sólo utilizan seis para brindar el servicio de energía eléctrica.
“Los 24 cables de transmisión de energía restantes son los que se requieren para poder dar el servicio del llamado triple play, que es cobrar por voz, datos y video. Estos 24 cables son los que se licitarían en distintas modalidades”, afirma Di Costanzo.
Y explica que, con base en la información que varias empresas de telecomunicación le han proporcionado, en 2006 el gobierno de Estados Unidos concesionó la fibra óptica con una intensidad de 90 megahertz a 14 mil millones de dólares.
Y si consideramos que el gobierno calderonista intenta concesionar cables de 160 megahertz por sólo 45 mil millones de pesos, podemos concluir que está malbaratando el servicio, reitera Di Costanzo.
Debe considerarse, también, que las únicas empresas con capacidad para hacer uso de la fibra óptica sólo son Televisa y Nextel. De ser así, monopolizarán el servicio y dejarían fuera a Telmex, de Carlos Slim, y a otras empresas que no carecen de recursos para invertir, en particular a TV Azteca.
Los movimientos del PRI
Como la enmienda de Hacienda –la inclusión de los artículos 244E y el transitorio a la Ley de Derechos– fue entregada directamente al presidente de la Comisión de Hacienda, los diputados y senadores del PRI bloquearon la discusión del viernes 16 y acordaron que ésta se realizara el domingo 18, por lo que es factible que esta iniciativa se apruebe a más tardar el lunes 19. Para el martes 20 el pleno de la Cámara de Diputados debe dar el visto bueno a la Ley de Ingresos 2010.
Y serán precisamente los legisladores del PRI los que determinen si pasa o no la licitación enviada originalmente por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre. Por ello, se reunirán ese domingo 18 a mediodía tomar una posición.
El encuentro será tenso, toda vez que un bloque sostiene que el gobierno pactó con Televisa para beneficiarlo con el triple play, mientras que otros legisladores consideran que la imagen del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se verá disminuida ante la televisora pues ya no requirió de sus servicios para negociar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Un tercer grupo es partidario de excluir a TV Azteca y a Carlos Slim, quien desde julio de 2008 espera la autorización de las autoridades federales para el cambio de título de concesión para tener acceso al mercado de la televisión restringida. Hasta ahora no lo ha logrado.
En respuesta, el dueño de Telmex constituyó una sociedad con Multivisión, del empresario Joaquín Vargas, con quien creó el sistema Dish México, en el que también participa la estadunidense Echo Star. Esta nueva compañía de televisión restringida representa una nueva competencia para Sky, Cablevisión, Cablemas y TVI, filiales de Televisa.
Ante la falta de información sobre la concesión, los diputados del PRI elaboraron un punto de acuerdo en el que solicitan que se dé seguimiento a la denuncia del líder del SME, Martín Esparza, según la cual Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, secretarios de Energía durante la gestión de Vicente Fox (2000-2006) están presuntamente involucrados con la empresa española WL Comunicaciones, S.A. de C.V., a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le adjudicó una concesión para operar una parte de la fibra óptica.
En el punto de acuerdo, el PRI solicita que el director de LFC , Jorge Gutiérrez Vera, “informe a la mayor brevedad a esta soberanía sobre los antecedentes, el estado que guarda, la vigencia y las proyecciones del contrato suscrito entre dicha empresa paraestatal y la WL Comunicaciones, S.A. de C.V., relacionado con la instalación, el mantenimiento y la operación de la red de fibra óptica, así como los estudios, los proyectos y la conveniencia de que la propia LFC se convierta en concesionaria y operadora de una red pública de telecomunicaciones (como lo demandó el líder del SME, Martín Esparza) para la operación de la fibra óptica que posee la paraestatal y que le permita dar el servicio conocido como triple play”.
En entrevista, Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI en el recinto de San Lázaro y operador político de la dirigente nacional de ese partido, Beatriz Paredes, asegura que ante la sospecha de que Clariond y Martens “tuvieron la posibilidad de influir en esa toma de decisión con respecto a la fibra óptica”, debe aclararse cuál es la situación.
Los priistas también acordaron solicitar por escrito al gobierno federal que pormenorice los números rojos con que supuestamente venía operando Luz y Fuerza. El documento lo rubricó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, y fue enviado el jueves 15.
Los legisladores tomaron esa determinación, luego de que, el pasado 22 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió un informe en el que se alude al convenio de productividad 2008-2012 firmado entre LFC y el SME. Según el documento, en el primer año los trabajadores alcanzaron el 93.8�e las metas fijadas.
En el mismo escrito, elaborado por la Secretaría de la Función Pública con base en el Informe de Autoevaluación y fechado el 10 de junio de 2009, el subsidio que el gobierno federal entrega a la paraestatal no es para el pago de salarios de los trabajadores en activo y jubilados del SME, sino “para el pago de la energía adquirida de la CFE”; es decir, 42 mil 315 millones de pesos.
La propia dirección de LFC señala que en 2008 sólo se invirtieron 3 mil 857.5 millones de pesos, y se dejaron de utilizar 365.3 millones de pesos debido a “problemas en las licitaciones y contrataciones, lo que a su vez originó subutilización de los recursos”.
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