Televisoras, cementeras, cerveceras, hoteleras y autoservicios, entre las beneficiadas: SAT
Aportaron apenas 85 mil millones de pesos, informa Hacienda a la Cámara de Diputados
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó a la Cámara de Diputados que los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en el año 2008 y, gracias al régimen de consolidación fiscal, sólo tributaron 1.7 por ciento en promedio por concepto de ISR.
Dichas empresas sólo pagaron 85 mil millones de pesos, cuando debieron aportar al fisco 850 mil millones vía impuestos en 2008.
El órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que un esquema normal de causación de ISR
–que es el seguido por los contribuyentes que no consolidan fiscalmente–, tomando en consideración las deducciones operativas y beneficios que la propia ley del impuesto establece, se calcula que debe fluctuar entre 10 y 17 por ciento, dependiendo del giro de la empresa, el régimen fiscal al que se apega y su capacidad económica.
Esto si consideramos que la tasa máxima es de 28 por ciento hasta el momento. Lo anterior implicaría que esos grandes grupos paguen, en lugar de 85 mil millones de pesos, como lo hicieron en el ejercicio fiscal 2008, diez veces más, esto es alrededor de 850 mil millones de pesos.
El SAT ejemplifica los beneficios que obtienen las empresas que operan en México al evidenciar las ventajas del sector cosmético en 2008. Este ramo obtuvo ingresos acumulables por 7 mil 600 millones de pesos, “y sólo pagó alrededor de 220 millones.
Otro ejemplo es el de las tiendas de autoservicio, que en 2008 obtuvieron ingresos acumulables por 67 mil 600 millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 6 mil millones. De este tamaño es el daño que el citado régimen de consolidación fiscal le inflige a los ingresos del Estado mexicano.
Sin especificar los nombres de las principales empresas beneficiadas, el SAT aportó un listado de aquellos sectores que se benefician de la consolidación fiscal, entre ellos: cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, de cosméticos, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipos, refresqueras, constructoras, operadores y grupos financieros, hoteleros, empresas mineras, cigarreras, de transporte y casas editoriales.
Para el organismo encargado de recaudar la tributación, los grandes contribuyentes o personas morales con ingresos acumulables para ISR superiores a 500 millones de pesos representan 0.13 por ciento de los contribuyentes activos localizados.
Durante el reciente ejercicio fiscal (2008) la recaudación nacional neta fue de 2 billones 69 mil 27 millones de pesos, de la cual los grandes contribuyentes aportaron 72.9 por ciento, lo que representó un billón 510 mil 222 millones de pesos.
Cabe destacar que la recaudación efectivamente cobrada durante el periodo enero-julio de 2009 representa un incremento de 8 por ciento respecto de la registrada en 2008. Lo anterior refleja un excelente resultado tomando en consideración la situación económica actual.
En el ámbito de la fiscalización, el año pasado el SAT obtuvo 62 mil 980 millones de pesos de recaudación derivada exclusivamente de las auditorías practicadas, de las cuales 60 por ciento fueron a grandes contribuyentes. Tal hecho significó un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a lo aportado por concepto de auditorías al mismo sector en 2007.
La recaudación que resultó de aquellas auditorías pasó de 18 mil 326 millones de pesos en 2005, a 37 mil 636 millones en 2008. En el periodo enero-julio de 2008 la recaudación derivada de auditorías a los grandes contribuyentes fue de 30 mil 487 millones, mientras que en el mismo periodo de 2009 ésta se ubicó en 30 mil 947 millones, lo que representa un dos por ciento superior, pese a la situación económica.
Del año 2005 a 2008, la proporción de los montos asociados a sentencias definitivas ganadas a los grandes contribuyentes se ha incrementado de 39 por ciento a 82, y en el periodo enero-julio del presente, el monto favorable al SAT es de 82 por ciento, gracias a que el sistema ha orientado su estrategia de litigio principalmente a los juicios cuantiosos, es decir, de grandes contribuyentes.
No obstante los esfuerzos del SAT para establecer estrategias que impidan la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes, así como una efectiva defensa del interés fiscal, el régimen de consolidación fiscal que se contempla en la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite que alrededor de 400 grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal de apenas 1.7 por ciento en promedio. Esto equivale a pagar apenas 85 mil millones de pesos por concepto de ISR.
Las cifras dadas a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un informe presentado esta misma semana a la Cámara de Diputados permiten ponderar el enorme daño que representan los denominados regímenes fiscales especiales para las finanzas del Estado, y vienen a confirmar, en ese sentido, las denuncias lanzadas desde hace semanas por el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, con base en documentos del propio SAT, de que grandes empresas que operan en el país eluden pagar impuestos al amparo de tales mecanismos.
En el documento referido, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que 400 grandes consorcios pagaron al fisco en promedio sólo 1.7 por ciento de sus ingresos totales durante 2008 –los cuales ascendieron a 4 billones 960 mil millones de pesos– gracias al régimen de consolidación fiscal. De tal forma, esas compañías se limitaron a aportar unos 85 mil millones, cuando en circunstancias normales deberían tributar 10 veces más.
El dato, de suyo escandaloso, cobra especial relevancia en un momento en que la propia Cámara de Diputados discute la aprobación o no del paquetazo elaborado por la dependencia a cargo de Agustín Carstens, el cual contempla un incremento generalizado en los impuestos –que incluye gravar medicinas y alimentos– con el fin de obtener unos 175 mil millones de pesos de los contribuyentes y reducir el déficit de casi 300 mil millones que se estima en las finanzas del gobierno federal para el año entrante.
El país asiste, pues, a la aplicación de un esquema fiscal que tiende a distribuir la riqueza al revés, es decir, de abajo hacia arriba, en beneficio de los potentados, y que se conjuga con el encarnizamiento fiscal en contra de los asalariados y los contribuyentes cautivos: significativamente, según datos de la SHCP, los trabajadores del país aportaron cerca de 50 por ciento de la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta durante el primer semestre del año, en la etapa más aguda de la recesión económica.
Hasta ahora las autoridades federales se han empeñado en defender su proyecto de paquete económico para 2010 –el cual, en caso de ser aprobado por el Legislativo, derivará en un repunte inflacionario, desincentivará el consumo y constituirá un obstáculo adicional para la reactivación del mercado interno y la inversión productiva–, y han argumentado que no existe un plan B
para cubrir el boquete que acusan las finanzas públicas. Sin embargo, a la luz de las cifras del SAT, es claro que la alternativa existe y está a los ojos de los encargados del manejo financiero del país: poner fin a lo que constituye una injusticia social mayúscula, una ofensa para los sectores mayoritarios de la población y una aberración económica sumamente dañina para el país.
Es claro que si el gobierno empezara por aplicar un principio de elemental justicia fiscal y se decidiera a cobrar más a quienes deben pagar más, no sólo podrían ser restañadas las afectaciones que la crisis actual ha infligido a las finanzas públicas, sino que se lograría sentar las bases necesarias para el crecimiento del país, la inversión en infraestructura, la generación de empleos y, en suma, el efectivo combate a la pobreza y la satisfacción de las necesidades de la población en materia de educación, salud y vivienda.
Para finalizar, las cifras proporcionadas por el SAT son particularmente reveladoras de cara al conflicto que hoy se vive por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues es claro que si la actual administración quisiera, bien podría disponer de recursos suficientes para sanear el desorden financiero en que se encuentra inmersa la empresa. En cambio, la falta de disposición de las autoridades a analizar vías distintas de la desaparición de la compañía hacen que sea inevitable preguntarse si dicha medida obedece en esencia a criterios estrictamente económicos, o bien si responde a intereses de otro tipo.
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