Plan B

Lydia Cacho El Universal Lunes 19 de octubre de 2009

Se está retomando el debate sobre la legalización de la prostitución en la capital del país. Se rescató la propuesta de la anterior Legislatura, la cual argumenta que la prostitución es un trabajo “tan digno y respetable como cualquier otra actividad lícita”. La respaldan un grupo de prostitutas en defensa de sus derechos y una reactivada alianza de propietarios de hoteles, moteles y bares de la multimillonaria industria del sexo, quienes se presentan como cabilderos de los derechos femeniles, pero lo que en realidad pugnan es por que su negocio (en el que hay más de 80 mil mujeres adultas, jóvenes y menores prostituidas) siga funcionando y el Estado avale la explotación sexual. La propuesta se denomina “Ley de protección del sexoservicio”. El ex diputado Juan Bustos propuso un código de conducta para los compradores —a quienes llama usuarios— y les pide: “que no se conduzcan con agresividad, que no se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas, y que no porten armas”. Las mesas de debate sobre el tema presentan hasta ahora dos posturas: la que busca abolir la prostitución y la que busca reglamentarla. Cuando Holanda legalizó la prostitución, ésta representaba 5% de la economía y la regulación aumentó el mercado a 25%. Ahora quieren abolirla. Otros países incluidos Filipinas e Italia implementan leyes que provean a las mujeres de oportunidades educativas y económicas para apropiarse de su cuerpo y su sexualidad para así no verse forzadas a prostituirse por pobreza. Mientras 35 países intentan penalizar a los compradores y abatir la trata de mujeres y menores, un grupo en México buscaría fortalecer a la industria del sexo vinculada con mercados ilícitos. Otro pretende demostrar que la legalización aumenta la demanda, ya que el mercado se rige por leyes de oferta y demanda. Urge este debate formal no desde las pasiones irreflexivas sino desde argumentos razonados, considerando que en un proyecto de ley se deben analizar tres componentes: el formal normativo (leyes y normas, tratados internacionales), el político-cultural, que analiza intereses, costumbres, tradiciones, vicios y constructos sociales (sexismo, machismo, etcétera). Y el componente estructural, es decir, cómo interpretan las leyes quienes administran e imparten justicia y los que las aprueban y debaten. Valdría la pena aportar indicadores de qué porcentaje de la sociedad mexicana avala esta ley e incitaría honestamente a sus hijas, nietas o esposas a entrar en la “profesión dignificada de la prostitución”. Conocer su postura sobre los derechos de las mujeres y si saben de los tratados internacionales sobre prostitución y trata de personas signados por México. Hacer un mapeo de qué hombres compran sexo y por qué. Por último, quienes toman decisiones deberán estudiar el mapa del mercado ilícito alrededor de la explotación sexual y su vinculación con la normalización cultural de la violencia contra mujeres en general. Habrá que involucrar a toda la sociedad, a las y los jóvenes también. Pues sin todos —actores y componentes del debate— esta propuesta no sería más que una trampa para enriquecer a la industria que explota a mujeres, niñas y jóvenes mexicanos.