La medida, por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, dice el Ejecutivo

Decreta Calderón la extinción de Luz y Fuerza; es inconstitucional: SME

No indica qué instancia asumirá sus funciones
Ofrece pleno respeto a los derechos laborales

Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Agustín Salgado

Casi a la medianoche –una hora después de que militares y policías federales ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC)–, el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón en el que se determina la “extinción” de ese organismo descentralizado.
El argumento nodal para la liquidación es que, por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, representa un costo tan elevado que “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. En el decreto no se determina qué instancia asumirá las funciones de LFC y “dispone expresamente” que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo. Agrega que se garantizará el pago de las jubilaciones.
Señala también que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la administración pública, por lo que esa instancia nombrará depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento del proceso.
La compañía conservará su personalidad jurídica única y exclusivamente para realizar dicho proceso.
Desde hace semanas comenzó a correr la especie de que LFC sería liquidada. La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó sobre esa posibilidad cuando desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzó a filtrarse información acerca de que se negaría la toma de nota al comité que encabeza Martín Esparza, lo cual ocurrió el pasado lunes, a pesar de que el litigio no se ha resuelto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Los trabajadores afirmaron que atrás de la negativa y de los señalamientos que descalificaban su proceso electoral –realizado del 16 al 26 de junio pasados– estaba la intención de acabar con la empresa y con el sindicato, que agrupa a más de 41 mil activos y 25 mil jubilados.
Finalmente, la decisión dada a conocer anoche tomó casi por sorpresa a dirigentes y trabajadores del SME, quienes habían señalado que esperarían el lunes la respuesta de Los Pinos, donde el jueves pasado, luego de una multitudinaria marcha en protesta por la negativa a la toma de nota, el secretario particular de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, recibió a Martín Esparza y otros miembros del comité y escuchó sus demandas.
En el decreto dado a conocer por la Secretaría de Gobernación, se enumeran en tres incisos las razones para el cierre: primero, se estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LFC es excesivo y superior casi tres veces al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dice que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. A junio de 2009, LFC perdió 30.6 por ciento de energía, mientras la CFE perdió 10.9.
Segundo, asegura que “en 2008, LFC perdió 32.5 por ciento de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de esas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa 52 por ciento de ventas del organismo”, y en tercero añade que, “en el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta LFC son 176 por ciento superiores respecto de los costos de la CFE”.
En la exposición de motivos el presidente Calderón sostiene que, desde su creación, el organismo no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales, lejos de disminuir, se han incrementado en años recientes.
“De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200 por ciento, y para el presente ejercicio serán del orden de 41 mil 945 millones; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar 300 mil millones de pesos durante la presente administración”. Se asegura que los costos de LFC casi duplican sus ingresos por ventas.
“De 2003 a 2008 registró ventas por 235 mil 738 millones de pesos, mientras sus costos fueron de 433 mil 290 millones (incluyendo la energía comprada a la CFE); el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones a personal jubilado.”
Se insiste en que sus resultados son “notablemente inferiores” respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a escala internacional, incluso a los que ha reportado la CFE. Señala que el pasado 28 de septiembre la Secretaría de Energía propuso la desincorporación por extinción de LFC y que el lunes 5 la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación emitió un dictamen favorable a dicha propuesta.
El decreto tiene siete artículos y tres transitorios, en los que el Presidente dispone que para el proceso de liquidación el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por sí o por conducto de terceros “intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento”. Corresponderá a la Secretaría de Energía sentar las bases para llevar a cabo la liquidación. Gobernación “velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones” oficiales.
Las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo se coordinarán a efecto de que las indemnizaciones a los empleados “sean pagadas en el menor tiempo posible”, y las dos primeras se encargarán de que el liquidador reciba los recursos necesarios.
Además del presidente Calderón firman el decreto 10 secretarios de Estado: Fernando Gómez Mont (Gobernación); Agustín Carstens (Hacienda); Georgina Kessel (Energía); Ernesto Cordero (Sedeso); Gerardo Ruiz (Economía); Juan Molinar (Comunicaciones); Javier Lozano (Trabajo); Salvador Vega (Función Pública); Juan Elvira Quesada (Semarnat), y Francisco Mayorga (Sagarpa).

Fuerza e ilegalidad

Mal andan las cosas en Los Pinos para que hayan decidido, al más viejo estilo priísta, escenificar un bochornoso sabadazo, asaltando con miles de agentes de la Policía Federal las principales estaciones y subestaciones de Luz y Fuerza del Centro. Con esa medida, el Ejecutivo federal da una muestra cabal de su talante dialogador y asume íntegramente la actitud ilegal y golpeadora del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
Más de una hora después del asalto, la Secretaría de Gobernación anunció la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Así de sencillo.
Más allá de lo que pueda suceder en las próximas horas con el servicio que da Luz y Fuerza del Centro –los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron desalojados de sus puestos de operación–, el asalto de los federales que comanda el hombre fuerte del país, Genaro García Luna, culmina una semana de avalancha mediática que buscaba, precisamente, legitimar un acto ilegal a todas luces.
Se trataba de hacer ver ante la ciudadanía que los trabajadores del SME son una bola de corruptos y privilegiados que someten a la población a un mal servicio y a unos cobros desorbitados. Ciertamente el servicio no es lo bueno que debiera, pero eso obedece fundamentalmente a cuestiones que pasan por la decisión oficial de empobrecer Luz y Fuerza por la vía de dejar en ceros las inversiones. También es verdad que los recibos están, en la mayoría de los casos, fuera de la razón, pero ello no se debe a los electricistas, sino a quienes dirigen la paraestatal.
A la tarea se dedicaron con entusiasmo sin límites leedores de noticias, columnistas y, en general, casi todos los llamados líderes de opinión de prensa, radio-televisión y escrita, personas que en situaciones como ésta asumen una línea informativa sospechosamente coincidente.
Servida la mesa, Felipe Calderón decidió ampliar su guerra al narco abriendo un nuevo frente: los sindicatos rijosos, los que no se pliegan a las necesidades de Los Pinos serán sometidos por las heroicas tropas del general sin estrellas, García Luna.
El mensaje es claro: para los sindicatos cuyos líderes son ejemplo de corrupción sin límites, pero pactan lo mismo con el PRI que con el PAN, la mano tendida y generosa. Para las Gordillo y los Romero Deschamps, reconocimientos a granel por sus servicios a la patria: para los demás, plomo y cárcel.
El jueves pasado, en el contexto de una pacífica y multitudinaria manifestación en defensa de Luz y Fuerza y del SME, los líderes del sindicato fueron recibidos en Los Pinos por Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón. Se abrió ahí un compás de espera mutuamente acordado. Todo resultó ser una gran mentira: la decisión ya estaba tomada antes de que los dirigentes del SME entraran en Los Pinos.
Este sabadazo, que coincide además con el jolgorio popular por el pase del Tri al Mundial de Sudáfrica, despeja cualquier duda sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo con quienes enfrentan sus políticas. Si no es por la buenas, será por las malas. Tal es el mensaje que a partir de hoy locutores y plumíferos del oficialismo machacarán en sus espacios.
Este sábado 10 de octubre pasará a la historia como el día en el que un gobierno de derecha encabezado por Acción Nacional se brincó la autonomía sindical y, de ese modo, dijo al país entero que quien no comulga con sus ideas será combatido con la fuerza de su estado.