Sabadazo

Alejandro Encinas Rodríguez El Universal Martes 13 de octubre de 2009

Superando las peores prácticas del autoritarismo priísta y a la vieja usanza del MP, cerca de la media noche del sábado fuerzas federales asaltaron las instalaciones de LyFC, para después emitir un decreto para extinguir a esta empresa pública y terminar la relación laboral con sus trabajadores. Es una acción ilegal e irresponsable, ya que sin mediar orden judicial, estado de huelga para justificar la requisa de la empresa o declaratoria de quiebra, el titular de Gobernación —extralimitándose en sus atribuciones— requirió a la PFP ocupar las instalaciones. Acción de fuerza que muestra la debilidad y la incapacidad del Ejecutivo federal para construir acuerdos. Una medida desesperada que subordina el interés nacional a intereses particulares. A partir de una acción autoritaria se pretende acreditar una autoridad que no se tiene. El golpe que se asesta a los electricistas fue largamente preparado. Más allá de los meses que requirió diseñar el operativo y preparar al personal que asumiera la operación del servicio, el debilitamiento deliberado de la empresa inició antes para, como con la telefonía o los ferrocarriles, justificar su privatización. Continuó con una campaña de descrédito a trabajadores y sindicato, a quienes se atribuye la ineficiencia de la empresa y el incremento de las tarifas o los cobros indebidos, sin considerar la responsabilidad de los directivos y la ausencia de una política de Estado para salvaguardar un área energética para el desarrollo. Y culminó con el aliento desde el gobierno a una disidencia interna, para desacreditar la renovación de la dirigencia y provocar un conflicto interno para favorecer el golpe. Esta decisión tendrá un alto impacto político y económico, y evidencia el desprecio gubernamental hacia el Congreso y a los trabajadores. Al primero, porque apenas días antes la Cámara de Diputados convocaba a construir una solución institucional al conflicto sindical, a los segundos, porque al ser recibidos en Los Pinos se les ofertó una respuesta para ganar tiempo. Más aún, en el proyecto de presupuesto 2010 no está considerada la extinción de la empresa ni la liquidación de los trabajadores. Ahora resulta que se cuenta con un fondo de al menos 20 mil millones de pesos para pagar las liquidaciones, lo que significa que el secretario de Hacienda mintió al negar la existencia de recursos federales cuando se le requirió subsanar el recorte presupuestal a estados y municipios. Resulta además absurdo que en plena recesión se lance al desempleo a más de 50 mil mexicanos, a quienes el secretario del Trabajo sugiere convertirse en esquiroles, con la oferta de una liquidación por encima del contrato colectivo para quienes acepten de inmediato su liquidación y con ésta “establezcan un negocio”. Difícil es disociar este tipo de decisiones de hechos bochornosos que han impedido un sindicalismo autónomo y fuerte. Desde 1916, cuando Carranza reprimió a la Casa del Obrero Mundial, llegando al extremo de establecer pena de muerte para quienes reivindicaran mejoras salariales o en sus condiciones de trabajo. Tras su asesinato, en 1918, las mafias sindicales, representadas por la CROM de Luis N. Morones, combatieron al sindicalismo democrático de la CUT y controlaron por la fuerza y el apoyo del Estado a las organizaciones. Imperio que se mantuvo hasta el asesinato de Obregón, cuando el “desmoronamiento” culmina con la formación de la CTM en 1936, que jugó un papel importante en la expropiación petrolera y en la construcción del movimiento obrero, hasta la expulsión de las corrientes de izquierda y el surgimiento del “charrismo”, y hasta los 70, cuando dentro del SUTERM se propuso democratizar su sindicato y enfrentar al Estado en su apoyo a la dirigencia “charra”. Similar fue la requisa a las huelgas de telefonistas o la toma por la fuerza pública de CU para frenar al sindicalismo universitario. La regla del Estado autoritario mexicano ha sido que cuando un sector obrero se “sale de control” utiliza toda su fuerza para su liquidación, cobijando a las mafias que le garantizan sometimiento. Ayer fueron Morones y la CROC, hoy son SNTE, petroleros, viejos y nuevos charros, y algunos gánsters como Ramón Gámez, prófugo de la justicia por corrupción de menores, con quien el secretario de Trabajo suscribe cada mes contratos de protección. Este golpe al sindicalismo independiente es una afrenta que exige la unidad y solidaridad de los movimientos democráticos para enfrentarla. alejandro.encinas@congreso.gob.mx Coordinador de los diputados federales del PRD