Sindicalismo y transparencia

Javier Corral Jurado El Universal Martes 13 de octubre de 2009

Entre los sectores con más retraso de nuestra transición a la democracia, porque resisten rendir cuentas y pretenden ser excepción jurídica en el cumplimiento de su responsabilidad social, se colocan un amplio sector del sindicalismo y buena parte de los medios electrónicos, en particular la tv. El mismo sistema de partidos presenta rezagos en transparencia, racionalidad y austeridad. Pero son los dos primeros los que luchan más por ser los últimos en formar parte del cambio democrático y someterse a la ley. No es casual que ambos opongan a reformas democratizadoras pretextos privatizadores. Cualquier esfuerzo por la transparencia es ubicado en una dinámica antisindical o como censura o atentado a la libertad de expresión. Por ello no sorprende atestiguar que algunos sindicatos hagan pactos políticos con medios y transfieran millonarias sumas de dinero público, como en el celebrado recientemente entre el SNTE y Televisa. A la democracia mexicana le urge completar su transición para que la institucionalidad de sus autoridades y reglas, el estado de derecho, no tenga excepciones, no permita la operación de poderes ilimitados, para que desaparezca la opacidad y la impunidad. La transición debe atravesar a medios y sindicatos; no para desaparecerlos o erradicarlos, sino para que en la responsabilidad social encuentren su modernidad y contrapeso. El sindicalismo no estorba a la democracia ni se opone al desarrollo económico. Sí lo hacen las ventajas indebidas, los privilegios a costa de los impuestos, la corrupción, la improductividad basada en esquemas de control político. De ahí que esté de acuerdo con el decreto por el que se extingue LyFC. Ahí, 98% de las contrataciones está en manos del SME. Este control de la contratación crea un mecanismo que opera como herencia de puestos de trabajo, lo que impide que cuente con un proceso de contratación eficiente. El contrato indica que LyFC debe contar con cierta cantidad de puestos de formación técnica en diversas áreas; los candidatos para ellos son propuestos por el SME, y tienen preferencia hijos de trabajadores activos, jubilados o ya fallecidos. Para ocupar puestos vacantes se prefiere a los ocupantes de los puestos de formación técnica. Al liquidar el Ejecutivo a LyFC, se ha hecho hincapié en la onerosa transferencia de recursos a una empresa estatal que no recupera ni la mitad de lo que se le asigna (42 mil mdp); se ha documentado su deterioro financiero y tecnológico, la fuga de casi una tercera parte de la energía que se le entrega para distribuir, el pasivo laboral de casi 250 mil mdp, la diferencia entre su planta de 50 mil empleados que atiende a 20 % de los usuarios, sobre los 67 mil de CFE que atienden al 80% restante; y se ha dicho que el contrato colectivo del SME ha sido el factor determinante de esa descomposición financiera y, por ende, de la pésima e inocultable prestación del servicio. Sin embargo, pocos detalles se han dado de las cláusulas que regulan ese contrato colectivo favorable al SME. Esta regulación sobre la organización del trabajo obedeció a las necesidades de la empresa en los 30. Pero a 70 años, estas características son uno de los principales obstáculos para elevar la productividad de LyFC. Evidencias anecdóticas sobran en ese desfasamiento contractual. No podemos postular los cambios profundos en ciertos sectores y áreas estratégicas, y en otras hacernos de la vista gorda si nos son afines. No se vale reclamar la democratización y modernización del sindicalismo, según la orientación ideológica o partidista que tengan. Pero esto vale para todos, y debiera ser el inicio de una acción correctiva de la vida sindical en general. Así como señalo mi coincidencia con la extinción de la empresa, también señalo que, tan importante como cumplir con lo ofrecido en la indemnización a los trabajadores, será el respeto a la existencia del SME, y a la decisión de los trabajadores de continuar en esa organización gremial si son recontratados por CFE. También creo que la operación del servicio público de energía eléctrica debe seguir siendo una esfera exclusiva del Estado. Diputado federal por el PAN