MÉXICO, D.F., 28 de enero.- La reforma de la legislación que regula a la radio, la televisión y las telecomunicaciones es tan necesaria como complicada. El sentido de la fuerza de la razón aplicado en esa dirección es inversamente proporcional a las posibilidades reales de que haya un cambio en las normas vigentes y, sobre todo, a su eficacia o cumplimiento. Este contexto no habría que verlo, sin embargo, como una fatalidad, sino como un punto de partida para diferenciar lo deseable de lo posible en este farragoso terreno que nos involucra a todos. Veamos.
Primero. La legislación sobre radio y televisión lleva 50 años de que fue aprobada. Su diseño y contenido manifiestan lo mucho que requiere de actualización e integración con la Ley Federal de Telecomunicaciones, que sólo tiene 15 años de edad y ya necesita también de reformas de gran calado. Ha habido muchos esfuerzos e iniciativas legales para la modificación de estas leyes, todas sin éxito. Por el contrario, los únicos cambios que fueron aprobados tenían un sello regresivo desde el punto de vista democrático. La acción de inconstitucionalidad iniciada por un grupo de senadores impidió que esas reformas adquirieran carta de naturalización y dejó el tema en un punto muerto.
En los últimos años, la correlación de fuerzas ha cambiado. El afán de un conjunto mayoritario de legisladores que, en 2007, insertó el derecho de réplica en el artículo 6º constitucional y eliminó la compra de espacios publicitarios en los medios electrónicos por partidos y terceros en las contiendas electorales federales, se ha desvanecido, y ahora, paradójicamente, hay una competencia entre los legisladores y el gobierno federal para saber quién hace la mejor reforma en beneficio del interés privado de los actuales concesionarios de la radio y la televisión –sobre todo de esta última.
Segundo. En 2008 la creación de las combos –es decir, la posibilidad de que los concesionarios de AM puedan obtener FM sin pasar por licitación alguna– fue objeto de una cerrada competencia. Por un lado, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa de ley para transformar en norma legal las combos; el gobierno federal, raudo y veloz, aprobó un acuerdo secretarial para hacer realidad las referidas combos, ganándole la partida al Legislativo en la lucha por quedar bien con los concesionarios. Independientemente de los vicios legales y constitucionales del acuerdo secretarial, lo que llama la atención es la ausencia de cobertura del interés social. Las nociones de pluralidad y competencia propias de una democracia brillan por su ausencia en estos dos casos de lucha por congraciarse con los concesionarios.
Tercero. La más reciente aventura legislativa, a cargo del senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, naufragó a finales del año pasado en medio de una áspera polémica por el contenido de su iniciativa. Sotelo fue objeto de duras críticas por parte de un sector interesado en estos temas por introducir la figura del refrendo administrativo para los concesionarios, minimizando el reconocimiento legal a los medios públicos y a los medios comunitarios que también proponía el senador perredista. Se intentó retirarle el certificado de interlocutor de las “fuerzas democráticas” que gozan de la patente de exclusividad sobre el tema. Este ha sido un error, pues así se configuraría el mejor escenario para que no pase nada. Carlos Sotelo es un hombre de bien y un aliado clave para un cambio democrático de una reforma posible, salvo prueba en contrario. Habrá que estar al pendiente para ver el gran movimiento de las “fuerzas democráticas” cuando, por la vía administrativa –como lo ha anunciado ya la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, se otorgue el refrendo administrativo a los concesionarios.
Lo lamentable sería que se descalifique a personas y temas, de suerte que, si por la vía legal el refrendo lo propone un legislador junto con una serie de reivindicaciones sociales, es negativo, pero si lo hace Felipe Calderón sin ningún beneficio social, es permitido, bajo el argumento en corto de que el objetivo central es mantener al PAN en la Presidencia de la República en 2012 para evitar el regreso del ¡autoritarismo!, como si éste no fuese hoy una verdad demostrable con un Estado debilitado y un presidente enfrentado en batallas personales en perjuicio del país. Es menester hacer una revisión –por la vía de aproximaciones sucesivas– de la reforma legal posible en materia de radio, televisión y telecomunicaciones al margen de una agenda partidista. Ojalá el libre intercambio de ideas y propuestas pueda abrirse paso en este escenario tan proclive a la polarización. l
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MEXICO, DF, 28 de enero (apro).- Andrés Manuel López Obrador denunció que la supresión de Luz y Fuerza del Centro (LFC) buscó allanar el camino para que el gobierno de Felipe Calderón entregara a los “barones del dinero” la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CF).
El político tabasqueño sostuvo que el anuncio del martes pasado, sobre la licitación de 21 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE, viene a confirmar que el despido injustificado de 44 mil trabajadores electricistas y la desaparición de LFC tuvieron como único propósito beneficiar a los “barones del dinero”, entre ellos Emilio Azcárraga, Roberto Hernández, Francisco Gil y otros.
Recordó que el gobierno federal lanzó a la calle y desconoció los derechos laborales de 44 mil trabajadores sindicalizados de LFC, porque “significaban un estorbo en la pretensión de continuar con el proceso de privatización del sector energético del país”.
Al reunirse con simpatizantes en la Costa Chica guerrerense, López Obrador cuestionó: “¿Y quiénes se van a beneficiar con la privatización del sector? Los mismos de siempre, la oligarquía, la mafia del poder”, entre cuyos integrantes mencionó a Azcárraga, Roberto Hernández y Gil Díaz.
La red de fibra óptica de la CFE, “que costó al pueblo 30 mil millones de pesos”, pasará a manos de los dueños de Televisa y Telefónica, acusó.
López Obrador también recordó que unas 400 grandes empresas e instituciones financieras obtuvieron, en 2008, ingresos por 5 billones de pesos, pero sólo desembolsaron 1.7% por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Por esa razón destacó la necesidad de aprobar dos iniciativas de ley para la “austeridad republicana” y para abolir los privilegios fiscales en México.
El autodenominado “presidente legítimo” refrendó su desacuerdo con las alianzas electorales entre PRD, PT y Convergencia con PRI o PAN, al considerar que los últimos dos partidos son los principales responsables de la actual crisis y de la pobreza en que se encuentran millones de mexicanos.
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