DEA: Informantes desechables
EMILIO GODOY
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) utilizó los servicios de dos mexicanos presos en Estados Unidos, a quienes exprimió información sobre otros narcotraficantes de su país a cambio de reducirles sus condenas. Cuando dejaron de serles útil, los abandonó ante el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ha iniciado procesos para deportarlos a México.
Y eso implica enviarlos a la muerte, pues quedarían expuestos a la venganza de los narcos que delataron en Estados Unidos.
Silvestre Bravo Cuevas y Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, los narcos informantes de la DEA, libran una batalla legal para impedir que sean regresados a México.
En 2006 Bravo –quien hasta febrero pasado estuvo preso en el Centro de Detención de Puerto Isabel en Los Fresnos, Texas– presentó ante la Oficina de Información y Privacidad la solicitud 2006-08911 para obtener documentos relacionados con su caso y con ellos demostrar que, como informante de la DEA, su vida corre peligro si es deportado a México.
Sin embargo, el gobierno estadunidense denegó su solicitud. Argumentó que liberar tales documentos constituiría una invasión no autorizada a la privacidad de terceros y pondría en peligro la vida de éstos.
Bravo presentó en 2007 la apelación número 07-1222. En su respuesta del 25 de febrero de 2008, la Oficina de Información y Privacidad dijo que “luego de considerar cuidadosamente” sus alegatos, y luego de discutir el caso con personal de Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), “se han liberado o liberarán pronto 41 páginas adicionales de registros”, los cuales “le serán entregados a usted directamente”, según le informan Janice Galli McLeod, directora asociada de la Oficina de Información y Privacidad, y Anne D. Work, jefa suplente del equipo administrativo de Apelaciones de esta misma dependencia.
Según McLeod y Work, los restantes documentos no son accesibles en virtud de la Ley de Privacidad de 1974.
Insatisfecho, Bravo inició un nuevo recurso legal: presentó el pasado 22 de enero una demanda de solicitud de información ante la Corte del Distrito Sur de Texas en contra del Departamento de Justicia, la BOP y la Oficina de Información y Privacidad. Advirtió: “Si soy deportado a México, es seguro que seré torturado y asesinado por agentes de policía que trabajan para la organización narcotraficante de la que informé”.
El narco mexicano pretende obtener los informes de investigación y los memorandos escritos por los agentes especiales de la DEA que lo entrevistaron en prisiones federales de Estados Unidos. Esos documentos contienen “información sensible” sobre su papel como informante de la DEA.
De hecho, Bravo estuvo bajo protección de la BOP durante su estancia en prisiones estadunidenses. La razón: esta dependencia realizó un informe titulado “Evaluación de amenazas” –uno de los documentos que ha solicitado–, el cual reveló que el informante podría ser asesinado por otros internos mexicanos debido a que cooperó con agentes estadunidenses, y recomendó mantenerlo aislado del resto de la población carcelaria.
El dato de que era informante de la DEA “fue filtrado a los internos en las cárceles donde permanecí. Por ello, cualquier intento por negarme esos documentos es ridículo, pues la información ya es conocida por individuos que representan un riesgo serio para mi vida y mi seguridad”, dijo Bravo en su petición, en poder de Proceso.
Y añadió: “Estos documentos darían ayuda sustancial a la petición de no ser deportado a México”.
Bravo busca acogerse a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que data de 1984. La información solicitada validaría su aplicación, pero los requisitos para obtenerla son extremadamente altos. “Por ello, es necesario obtener esos documentos para sustentar mi reclamo bajo la Convención. Es del interés de la justicia que esta demanda se presente y no por otra razón”, asegura en su petición.
Su caso sigue en curso, aunque el preso fue trasladado del Centro de Detención de Puerto Isabel a otra prisión el 9 de febrero, según consta en una comunicación exhibida ante la corte.
Mientras tanto, la Corte del Distrito Sur de Texas ya comunicó a Tim Johnson, fiscal de ese mismo distrito, que debe responder a la solicitud del informante mexicano, para lo cual le dio 60 días de plazo.
Doble rasero
“La DEA utiliza informantes y luego los bota”, dispara Jodilyn Goodwin, durante una entrevista telefónica con Proceso.
Goodwin es abogada de Bravo y de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, alias Laloo José Contreras, quien se encuentra en la misma situación que el primero.
El testimonio de Lalofue clave para que la DEA descubriera las primeras narcofosas en Ciudad Juárez en 2004 y para arrestar y enjuiciar a Heriberto Santillán Tabares, uno de los principales operadores del cártel de Juárez, el cual fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2005 (Proceso1563 ).
Lalo se sumó al narcotráfico en 1995 tras abandonar las filas de la Policía Federal de Caminos. Durante tres años, su labor fue supervisar la distribución de drogas en Guadalajara. En 2000 se convirtió en informante de la DEA y luego de ello entró en contacto con el cártel de Juárez.
En 2005, un juez de inmigración le permitió permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, ese mismo año, el Comité de Apelaciones Migratorias revirtió esa decisión. Ante ello, Goodwin apeló y está a la espera de un nuevo fallo. El caso pinta para llegar a la Corte Suprema de Justicia, opción que la abogada no descarta.
Según Goodwin, hay varios casos similares a los de Bravo y Ramírez Peyro, quien permanece bajo custodia especial desde febrero de 2004.
Para Erubiel Tirado, experto en temas de seguridad y narcotráfico de la Universidad Iberoamericana, en Estados Unidos se aplica un doble rasero para informantes y testigos protegidos. “Su valoración depende en gran medida de cómo se venden quienes se prestan a ese esquema. En principio, los informantes en general son desechables, sobre todo en el caso de mexicanos”, explica en entrevista con Proceso.
El académico señala otro factor: los criterios de los encargados de las agencias de seguridad estadunidenses para evaluar la calidad de los datos suministrados por los informantes; es decir, si éstos tienen o no relevancia en investigaciones que den un resultado de alto impacto en el mediano y largo plazos.
Este reportaje se publicó en la edición 1689 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado 15 de marzo.
Y eso implica enviarlos a la muerte, pues quedarían expuestos a la venganza de los narcos que delataron en Estados Unidos.
Silvestre Bravo Cuevas y Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, los narcos informantes de la DEA, libran una batalla legal para impedir que sean regresados a México.
En 2006 Bravo –quien hasta febrero pasado estuvo preso en el Centro de Detención de Puerto Isabel en Los Fresnos, Texas– presentó ante la Oficina de Información y Privacidad la solicitud 2006-08911 para obtener documentos relacionados con su caso y con ellos demostrar que, como informante de la DEA, su vida corre peligro si es deportado a México.
Sin embargo, el gobierno estadunidense denegó su solicitud. Argumentó que liberar tales documentos constituiría una invasión no autorizada a la privacidad de terceros y pondría en peligro la vida de éstos.
Bravo presentó en 2007 la apelación número 07-1222. En su respuesta del 25 de febrero de 2008, la Oficina de Información y Privacidad dijo que “luego de considerar cuidadosamente” sus alegatos, y luego de discutir el caso con personal de Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), “se han liberado o liberarán pronto 41 páginas adicionales de registros”, los cuales “le serán entregados a usted directamente”, según le informan Janice Galli McLeod, directora asociada de la Oficina de Información y Privacidad, y Anne D. Work, jefa suplente del equipo administrativo de Apelaciones de esta misma dependencia.
Según McLeod y Work, los restantes documentos no son accesibles en virtud de la Ley de Privacidad de 1974.
Insatisfecho, Bravo inició un nuevo recurso legal: presentó el pasado 22 de enero una demanda de solicitud de información ante la Corte del Distrito Sur de Texas en contra del Departamento de Justicia, la BOP y la Oficina de Información y Privacidad. Advirtió: “Si soy deportado a México, es seguro que seré torturado y asesinado por agentes de policía que trabajan para la organización narcotraficante de la que informé”.
El narco mexicano pretende obtener los informes de investigación y los memorandos escritos por los agentes especiales de la DEA que lo entrevistaron en prisiones federales de Estados Unidos. Esos documentos contienen “información sensible” sobre su papel como informante de la DEA.
De hecho, Bravo estuvo bajo protección de la BOP durante su estancia en prisiones estadunidenses. La razón: esta dependencia realizó un informe titulado “Evaluación de amenazas” –uno de los documentos que ha solicitado–, el cual reveló que el informante podría ser asesinado por otros internos mexicanos debido a que cooperó con agentes estadunidenses, y recomendó mantenerlo aislado del resto de la población carcelaria.
El dato de que era informante de la DEA “fue filtrado a los internos en las cárceles donde permanecí. Por ello, cualquier intento por negarme esos documentos es ridículo, pues la información ya es conocida por individuos que representan un riesgo serio para mi vida y mi seguridad”, dijo Bravo en su petición, en poder de Proceso.
Y añadió: “Estos documentos darían ayuda sustancial a la petición de no ser deportado a México”.
Bravo busca acogerse a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que data de 1984. La información solicitada validaría su aplicación, pero los requisitos para obtenerla son extremadamente altos. “Por ello, es necesario obtener esos documentos para sustentar mi reclamo bajo la Convención. Es del interés de la justicia que esta demanda se presente y no por otra razón”, asegura en su petición.
Su caso sigue en curso, aunque el preso fue trasladado del Centro de Detención de Puerto Isabel a otra prisión el 9 de febrero, según consta en una comunicación exhibida ante la corte.
Mientras tanto, la Corte del Distrito Sur de Texas ya comunicó a Tim Johnson, fiscal de ese mismo distrito, que debe responder a la solicitud del informante mexicano, para lo cual le dio 60 días de plazo.
Doble rasero
“La DEA utiliza informantes y luego los bota”, dispara Jodilyn Goodwin, durante una entrevista telefónica con Proceso.
Goodwin es abogada de Bravo y de Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, alias Laloo José Contreras, quien se encuentra en la misma situación que el primero.
El testimonio de Lalofue clave para que la DEA descubriera las primeras narcofosas en Ciudad Juárez en 2004 y para arrestar y enjuiciar a Heriberto Santillán Tabares, uno de los principales operadores del cártel de Juárez, el cual fue condenado a 25 años de prisión en abril de 2005 (Proceso1563 ).
Lalo se sumó al narcotráfico en 1995 tras abandonar las filas de la Policía Federal de Caminos. Durante tres años, su labor fue supervisar la distribución de drogas en Guadalajara. En 2000 se convirtió en informante de la DEA y luego de ello entró en contacto con el cártel de Juárez.
En 2005, un juez de inmigración le permitió permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, ese mismo año, el Comité de Apelaciones Migratorias revirtió esa decisión. Ante ello, Goodwin apeló y está a la espera de un nuevo fallo. El caso pinta para llegar a la Corte Suprema de Justicia, opción que la abogada no descarta.
Según Goodwin, hay varios casos similares a los de Bravo y Ramírez Peyro, quien permanece bajo custodia especial desde febrero de 2004.
Para Erubiel Tirado, experto en temas de seguridad y narcotráfico de la Universidad Iberoamericana, en Estados Unidos se aplica un doble rasero para informantes y testigos protegidos. “Su valoración depende en gran medida de cómo se venden quienes se prestan a ese esquema. En principio, los informantes en general son desechables, sobre todo en el caso de mexicanos”, explica en entrevista con Proceso.
El académico señala otro factor: los criterios de los encargados de las agencias de seguridad estadunidenses para evaluar la calidad de los datos suministrados por los informantes; es decir, si éstos tienen o no relevancia en investigaciones que den un resultado de alto impacto en el mediano y largo plazos.
Este reportaje se publicó en la edición 1689 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado 15 de marzo.
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