La salud del presidente, un secreto
DANIEL LIZáRRAGA
Una herencia priista mantenida en los gobiernos panistas, la opacidad acerca de la salud física y mental del presidente de la República está blindada: el Estado Mayor Presidencial niega los datos, el IFAI corrobora que no procede indagarlos y el Congreso mantiene congelada una iniciativa para dotar a los ciudadanos del derecho de enterarse si sus líderes sufren de algún trastorno que los incapacite para las tareas del gobierno.
El estado de salud con que los altos funcionarios mexicanos han desempeñado sus encargos no podrá conocerse jamás. Cualquiera de ellos tiene garantizado que los datos sobre el perfil psicológico que tenían al momento de tomar decisiones trascendentes serán siempre confidenciales, sin importar si estuvieron incapacitados por alguna enfermedad, según consta en la resolución elaborada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
En un expediente redactado por la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal se constata que los servidores públicos están protegidos, ya se trate del presidente de la República o de quien ocupe los escalafones más bajos en la burocracia. Una coraza legal forjada desde el régimen priista y que ha prevalecido en los gobiernos panistas protege a los funcionarios bajo cualquier circunstancia, aun cuando ya existe la Ley Federal de Transparencia.
Los comisionados del IFAI llegaron a esa resolución tras analizar una solicitud de acceso a la información planteada por este semanario, mediante la cual se pretendió conocer el expediente médico del presidente Felipe Calderón después de que se fracturó el hombro izquierdo en una caída de bicicleta en Los Pinos, la mañana del 30 de agosto de 2008.
La investigación de Proceso versó sobre cómo y por qué la Presidencia tardó más de 24 horas en informar del percance.
De acuerdo con la versión oficial, Calderón perdió el equilibrio porque el suelo estaba húmedo y resbaloso. El comunicado se envió a la prensa poco después del mediodía del 31 de agosto.
En un boletín de tres párrafos se detalló que el presidente fue atendido en las instalaciones del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial (EMP) y se encontraba en buen estado de salud. El diagnóstico era conservador y su recuperación demoraría alrededor de ocho semanas. No hubo más detalles ni explicaciones sobre la demora en la notificación de este accidente.
Al responder a la solicitud de acceso al expediente médico, el EMP rechazó ir más allá de lo que ya habían plasmado en el comunicado del último domingo de agosto de 2008. A los altos mandos castrenses les bastó mencionar que los datos sobre la salud física y sicológica están clasificados como confidenciales.
Aun más, argumentaron que las evaluaciones hechas a Calderón durante su gobierno permanecen bajo resguardo desde el momento en que se practican, por lo que –a diferencia de otros casos de datos reservados– no es necesario esperar a que alguien solicite esos datos para impedir su difusión. En el caso del expediente médico del presidente, la confidencialidad es automática.
Caso cerrado
Para la comisionada Jacqueline Peschard resultó muy complicado poner por encima de las leyes el interés público para conocer el estado de salud del mandatario. No obstante, consideró que el tema podría debatirse en el caso de servidores públicos que tienen en sus manos decisiones importantes.
Entrevistada tras la votación unánime en contra de la apertura del expediente médico de Felipe Calderón, Peschard reflexionó que informar a la población sobre la salud del presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal, “estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.
En el recurso de revisión que presentó este semanario para que el IFAI entrara al caso, se pidió a los comisionados valorar que el EMP impidió el acceso al expediente sin consultar si Felipe Calderón estaba dispuesto a abrir su expediente.
No obstante, tanto los altos mandos castrenses como los comisionados del IFAI concluyeron que al tratarse de datos personales, reservados en su totalidad por la Ley Federal de Transparencia y la Ley General de Salud –entre otros ordenamientos–, no tenían por qué preguntarle su opinión al presidente.
Desde su perspectiva –plasmada en el expediente 425/07–, el EMP se apegó estrictamente a las normas, ya que preguntarle al dueño del expediente personal si está dispuesto a revelar su estado de salud es algo opcional y, en este caso, los militares decidieron no tocar la puerta del despacho presidencial.
“En otras palabras, el requerir dicho consentimiento no constituye una obligación, sino una facultad que puede o no ejercerse, según se desprende del propio numeral al utilizar el verbo podría en lugar de deberá”, argumentó el EMP ante el IFAI.
–¿Se pudo entregar este expediente si Calderón aceptaba? –se le preguntó a la comisionada Peschard cuando concluyó la sesión plenaria.
–El asunto de la confidencialidad está sujeto a que la persona afectada por la invasión de su esfera privada eventualmente pudiera permitir el acceso. Ahí es como cualquier persona, no tiene nada que ver la estatura jurídica.
En otra parte del expediente, el EMP rechazó explicar qué daño se le podía ocasionar a la Presidencia o al Estado si se difundiera una versión pública del expediente médico de Calderón.
Al respecto, la comisionada Peschard dijo que la Ley Federal de Transparencia no da espacio para hacer interpretaciones. “Esto quedó claramente establecido como un derecho fundamental a la confidencialidad de los datos personales. No se tiene que probar el daño. No tienen que decir por qué es confidencial. En el marco jurídico no hay resquicio alguno”, enfatizó.
–¿A menos que sea un asunto completamente voluntario?
–Así es.
–¿El expediente médico es confidencial desde el momento en que se genera?
–Así es; tanto en lo físico como en lo mental. No hay nada que pudiera permitir invocar un tema de interés público para abrir los expedientes. Si se abrieran sólo por interés público al tratarse de un gobernante, podríamos caer en un acto ilegal. No hay algo que diga en qué casos sí y en qué casos no se permite. En los expedientes clínicos, las leyes mexicanas establecen claramente la confidencialidad.
–¿En México es un caso absolutamente cerrado?
–Sí.
Cuestión de Estado
En 2005, el IFAI rechazó que la Presidencia estuviera obligada a entregar un desglose de las medicinas compradas con recursos públicos para el entonces mandatario Vicente Fox. Hacia el final del gobierno foxista, la prensa había difundido información en el sentido de que al mandatario le estaban suministrando Prozac, un antidepresivo.
Al responder a una solicitud de acceso a la información, la Presidencia sólo entregó datos sobre un pequeño botiquín a disposición de los empleados para un caso de emergencia. El resto de los datos se consideró confidencial, de acuerdo con el fallo emitido el 13 de julio de 2005.
En ese entonces, a propuesta del comisionado Juan Pablo Guerrero, el IFAI concluyó que el nombre de los medicamentos suministrados a Vicente Fox era confidencial, sin importar que se tratara del presidente de la República, sobre cuyos hombros recaían decisiones importantes para el país.
Poco antes de esta resolución, el 24 de mayo, la entonces senadora priista Dulce María Sauri pidió a la Presidencia que informara sobre la salud mental de Fox, sobre todo ante la información en el sentido de que estaba tomando antidepresivos. La Presidencia nunca se refirió al tema ni respondió a la petición de la legisladora yucateca.
Tres años después, en noviembre de 2008, la revista electrónica Reporte Índigo difundió un dictamen proveniente de la Sacra Rota Romana en el sentido de que Vicente Fox padecía “serios trastornos psicológicos” que le impedían volverse a casar por la Iglesia sin un permiso de la jerarquía católica.
En el Vaticano llegaron a esta conclusión luego de analizar la petición hecha por el propio exmandatario a fin de que se anulara su casamiento con su primera esposa, Lillian de la Concha.
En la investigación de la reportera Anabel Hernández se consignó que en el proceso de análisis sobre la anulación matrimonial, la Sacra Rota Romana concluyó que Fox desarrolló una personalidad “narcisista e histriónica”.
La revelación de Reporte Índigo se dio justo en los momentos en que la revista ¡Hola! colocó en su portada a Vicente Fox y a Martha Sahagún anunciando su matrimonio religioso.
El proceso de anulación del matrimonio religioso de Fox y De la Concha duró seis años y siete meses. Dos peritos de oficio de la Santa Sede, de apellidos Scapicchio y Cantelmi, elaboraron el diagnóstico en materia psicológica y psiquiátrica. El dictamen sobre la salud mental del ex mandatario se dio a conocer cuando ya había dejado el poder.
El tema de la salud física y mental de los gobernantes ha sido ampliamente discutido en algunas democracias durante 35 años. En su libro Cuando el líder se enferma, Robins Post escribió que si un mandatario es incompetente para tomar decisiones, por ejemplo, en caso de atravesar por un desorden psiquiátrico como la depresión, está obligado a dar a conocer su estado de salud.
Otro especialista, el español José Cabrera Forneiro –autor del libro La salud mental y los políticos–, apuntó que todos los ciudadanos tienen derecho a exigir un mínimo de salud mental a los gobernantes. En una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, señaló que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es un “esquizoide”. Sobre el líder de la oposición, Mariano Rajoy, dijo que está entre la obsesión y la esquizofrenia, y del juez Baltasar Garzón, que es “un mesiánico de libro”, pero que gracias a eso se juega la piel.
Cabrera, médico especializado en siquiatría, indicó que los políticos no quieren que se sepa cómo son de verdad, ya que viven de la cosmética y de la imagen pública. En la entrevista explica que un político con personalidad esquizoide no se deja asesorar y entonces se le hace difícil comprender la realidad.
En Francia, por ejemplo, cuando François Mitterrand fue elegido presidente en 1981, anunció que pediría a sus doctores que hicieran públicos sus registros médicos dos veces por año.
Según escribió el columnista Raymundo Rivapalacio, aún no se ha documentado que las enfermedades de los presidentes franceses hayan afectado su conducción del gobierno, a diferencia de los estadunidenses, como Woodrow Wilson, quien ocultó un padecimiento circulatorio crónico y una alta presión arterial que finalmente le provocaron un paro cardiaco mientras dirigía la Casa Blanca.
Nunca se dijo nada en público pero su esposa y sus asesores comenzaron a dirigir los destinos de ese país.
En Estados Unidos, la divulgación de la salud de los candidatos data de 1972, cuando el demócrata George MacGovern retiró como compañero de fórmula a Thomas Eagleton, luego de que la prensa reveló que sufría de depresión y había estado en terapia. Alrededor de 20 años después, el demócrata Paul Tsongas se convirtió en el primer precandidato en admitir que le habían diagnosticado cáncer. Bill Clinton siempre quiso ocultar sus expedientes médicos hasta que la prensa lo calificó como el candidato más opaco en la materia en dos décadas.
En México aún no hay muestras de que la tendencia a ocultar los expedientes médicos pueda cambiar. El primero de los mandatarios panistas, Vicente Fox, rechazó revelar el nombre de los medicamentos que se le suministraban hacia el final de su gobierno. Ahora su sucesor, Felipe Calderón, no entregó las copias de los dictámenes sobre su fractura en el hombro izquierdo y, con ello, el EMP dejó en claro que no habrá más información sobre cualquier enfermedad o percance que pudiera sufrir.
Reforma atorada
Actualmente, en el Senado existe una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que los presidentes de la República sean sometidos a diversos exámenes, entre ellos uno de salud mental, para garantizar que pueden desempeñar el cargo.
La propuesta lanzada por el petista Ricardo Monreal surgió luego de que la Sacra Rota Romana consideró que el expresidente Vicente Fox presentó serios trastornos sicológicos durante su proceso de divorcio.
La iniciativa de Monreal obligaría al presidente de la República, a los secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los legisladores a presentar tres exámenes antes de asumir sus cargos: uno de aptitudes, otro de salud física (que incorpore el antidopingy el de adicción al alcohol), así como un examen de salud mental. Los resultados de estos serían públicos.
En su argumentación, Monreal aludió al caso Fox:
“Es importante otorgarle la mayor seriedad a este diagnóstico del Vaticano, para evitar que personajes con graves trastornos de personalidad vuelvan a ocupar un cargo de responsabilidad política. Esta información debe ser del conocimiento público y debe ser obligatorio que el aspirante a una alta responsabilidad pública acredite los exámenes necesarios para determinar que cuenta con las aptitudes, la salud física y la salud mental suficientes para el desempeño de su función, que no sufre de adicciones a las drogas, a sustancias sicotrópicas o al alcohol.”
Y cuestionó: “¿Será válido que un ciudadano conozca el expediente clínico de su representante, que le permita saber su situación mental? Me parece que sí. Un dato clínico que permita evaluar la personalidad del gobernante es una información relevante para determinar libremente si escoges o no a una persona que no esté apta para tomar decisiones públicas trascendentales, por sus problemas de estabilidad mental”.
Monreal apuntó que el comportamiento de Fox recuerda la situación por la que pasó Antonio López de Santa Anna, a quien después de haber sido 11 veces mandatario de México y haber dejado el cargo, su esposa tenía que reunirle gente del pueblo y simular reuniones de gobierno con gente que hacía pasar por secretarios de despacho, ya que se resistía a reconocer que ya era un mexicano más, de carne y hueso, y no “Su Alteza Serenísima”.
Monreal presentó su iniciativa el pasado 8 de diciembre, pero no ha registrado avance alguno.
Este reportaje se publicó en la edición 1689 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado 15 de marzo.
El estado de salud con que los altos funcionarios mexicanos han desempeñado sus encargos no podrá conocerse jamás. Cualquiera de ellos tiene garantizado que los datos sobre el perfil psicológico que tenían al momento de tomar decisiones trascendentes serán siempre confidenciales, sin importar si estuvieron incapacitados por alguna enfermedad, según consta en la resolución elaborada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
En un expediente redactado por la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal se constata que los servidores públicos están protegidos, ya se trate del presidente de la República o de quien ocupe los escalafones más bajos en la burocracia. Una coraza legal forjada desde el régimen priista y que ha prevalecido en los gobiernos panistas protege a los funcionarios bajo cualquier circunstancia, aun cuando ya existe la Ley Federal de Transparencia.
Los comisionados del IFAI llegaron a esa resolución tras analizar una solicitud de acceso a la información planteada por este semanario, mediante la cual se pretendió conocer el expediente médico del presidente Felipe Calderón después de que se fracturó el hombro izquierdo en una caída de bicicleta en Los Pinos, la mañana del 30 de agosto de 2008.
La investigación de Proceso versó sobre cómo y por qué la Presidencia tardó más de 24 horas en informar del percance.
De acuerdo con la versión oficial, Calderón perdió el equilibrio porque el suelo estaba húmedo y resbaloso. El comunicado se envió a la prensa poco después del mediodía del 31 de agosto.
En un boletín de tres párrafos se detalló que el presidente fue atendido en las instalaciones del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial (EMP) y se encontraba en buen estado de salud. El diagnóstico era conservador y su recuperación demoraría alrededor de ocho semanas. No hubo más detalles ni explicaciones sobre la demora en la notificación de este accidente.
Al responder a la solicitud de acceso al expediente médico, el EMP rechazó ir más allá de lo que ya habían plasmado en el comunicado del último domingo de agosto de 2008. A los altos mandos castrenses les bastó mencionar que los datos sobre la salud física y sicológica están clasificados como confidenciales.
Aun más, argumentaron que las evaluaciones hechas a Calderón durante su gobierno permanecen bajo resguardo desde el momento en que se practican, por lo que –a diferencia de otros casos de datos reservados– no es necesario esperar a que alguien solicite esos datos para impedir su difusión. En el caso del expediente médico del presidente, la confidencialidad es automática.
Caso cerrado
Para la comisionada Jacqueline Peschard resultó muy complicado poner por encima de las leyes el interés público para conocer el estado de salud del mandatario. No obstante, consideró que el tema podría debatirse en el caso de servidores públicos que tienen en sus manos decisiones importantes.
Entrevistada tras la votación unánime en contra de la apertura del expediente médico de Felipe Calderón, Peschard reflexionó que informar a la población sobre la salud del presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal, “estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.
En el recurso de revisión que presentó este semanario para que el IFAI entrara al caso, se pidió a los comisionados valorar que el EMP impidió el acceso al expediente sin consultar si Felipe Calderón estaba dispuesto a abrir su expediente.
No obstante, tanto los altos mandos castrenses como los comisionados del IFAI concluyeron que al tratarse de datos personales, reservados en su totalidad por la Ley Federal de Transparencia y la Ley General de Salud –entre otros ordenamientos–, no tenían por qué preguntarle su opinión al presidente.
Desde su perspectiva –plasmada en el expediente 425/07–, el EMP se apegó estrictamente a las normas, ya que preguntarle al dueño del expediente personal si está dispuesto a revelar su estado de salud es algo opcional y, en este caso, los militares decidieron no tocar la puerta del despacho presidencial.
“En otras palabras, el requerir dicho consentimiento no constituye una obligación, sino una facultad que puede o no ejercerse, según se desprende del propio numeral al utilizar el verbo podría en lugar de deberá”, argumentó el EMP ante el IFAI.
–¿Se pudo entregar este expediente si Calderón aceptaba? –se le preguntó a la comisionada Peschard cuando concluyó la sesión plenaria.
–El asunto de la confidencialidad está sujeto a que la persona afectada por la invasión de su esfera privada eventualmente pudiera permitir el acceso. Ahí es como cualquier persona, no tiene nada que ver la estatura jurídica.
En otra parte del expediente, el EMP rechazó explicar qué daño se le podía ocasionar a la Presidencia o al Estado si se difundiera una versión pública del expediente médico de Calderón.
Al respecto, la comisionada Peschard dijo que la Ley Federal de Transparencia no da espacio para hacer interpretaciones. “Esto quedó claramente establecido como un derecho fundamental a la confidencialidad de los datos personales. No se tiene que probar el daño. No tienen que decir por qué es confidencial. En el marco jurídico no hay resquicio alguno”, enfatizó.
–¿A menos que sea un asunto completamente voluntario?
–Así es.
–¿El expediente médico es confidencial desde el momento en que se genera?
–Así es; tanto en lo físico como en lo mental. No hay nada que pudiera permitir invocar un tema de interés público para abrir los expedientes. Si se abrieran sólo por interés público al tratarse de un gobernante, podríamos caer en un acto ilegal. No hay algo que diga en qué casos sí y en qué casos no se permite. En los expedientes clínicos, las leyes mexicanas establecen claramente la confidencialidad.
–¿En México es un caso absolutamente cerrado?
–Sí.
Cuestión de Estado
En 2005, el IFAI rechazó que la Presidencia estuviera obligada a entregar un desglose de las medicinas compradas con recursos públicos para el entonces mandatario Vicente Fox. Hacia el final del gobierno foxista, la prensa había difundido información en el sentido de que al mandatario le estaban suministrando Prozac, un antidepresivo.
Al responder a una solicitud de acceso a la información, la Presidencia sólo entregó datos sobre un pequeño botiquín a disposición de los empleados para un caso de emergencia. El resto de los datos se consideró confidencial, de acuerdo con el fallo emitido el 13 de julio de 2005.
En ese entonces, a propuesta del comisionado Juan Pablo Guerrero, el IFAI concluyó que el nombre de los medicamentos suministrados a Vicente Fox era confidencial, sin importar que se tratara del presidente de la República, sobre cuyos hombros recaían decisiones importantes para el país.
Poco antes de esta resolución, el 24 de mayo, la entonces senadora priista Dulce María Sauri pidió a la Presidencia que informara sobre la salud mental de Fox, sobre todo ante la información en el sentido de que estaba tomando antidepresivos. La Presidencia nunca se refirió al tema ni respondió a la petición de la legisladora yucateca.
Tres años después, en noviembre de 2008, la revista electrónica Reporte Índigo difundió un dictamen proveniente de la Sacra Rota Romana en el sentido de que Vicente Fox padecía “serios trastornos psicológicos” que le impedían volverse a casar por la Iglesia sin un permiso de la jerarquía católica.
En el Vaticano llegaron a esta conclusión luego de analizar la petición hecha por el propio exmandatario a fin de que se anulara su casamiento con su primera esposa, Lillian de la Concha.
En la investigación de la reportera Anabel Hernández se consignó que en el proceso de análisis sobre la anulación matrimonial, la Sacra Rota Romana concluyó que Fox desarrolló una personalidad “narcisista e histriónica”.
La revelación de Reporte Índigo se dio justo en los momentos en que la revista ¡Hola! colocó en su portada a Vicente Fox y a Martha Sahagún anunciando su matrimonio religioso.
El proceso de anulación del matrimonio religioso de Fox y De la Concha duró seis años y siete meses. Dos peritos de oficio de la Santa Sede, de apellidos Scapicchio y Cantelmi, elaboraron el diagnóstico en materia psicológica y psiquiátrica. El dictamen sobre la salud mental del ex mandatario se dio a conocer cuando ya había dejado el poder.
El tema de la salud física y mental de los gobernantes ha sido ampliamente discutido en algunas democracias durante 35 años. En su libro Cuando el líder se enferma, Robins Post escribió que si un mandatario es incompetente para tomar decisiones, por ejemplo, en caso de atravesar por un desorden psiquiátrico como la depresión, está obligado a dar a conocer su estado de salud.
Otro especialista, el español José Cabrera Forneiro –autor del libro La salud mental y los políticos–, apuntó que todos los ciudadanos tienen derecho a exigir un mínimo de salud mental a los gobernantes. En una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, señaló que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es un “esquizoide”. Sobre el líder de la oposición, Mariano Rajoy, dijo que está entre la obsesión y la esquizofrenia, y del juez Baltasar Garzón, que es “un mesiánico de libro”, pero que gracias a eso se juega la piel.
Cabrera, médico especializado en siquiatría, indicó que los políticos no quieren que se sepa cómo son de verdad, ya que viven de la cosmética y de la imagen pública. En la entrevista explica que un político con personalidad esquizoide no se deja asesorar y entonces se le hace difícil comprender la realidad.
En Francia, por ejemplo, cuando François Mitterrand fue elegido presidente en 1981, anunció que pediría a sus doctores que hicieran públicos sus registros médicos dos veces por año.
Según escribió el columnista Raymundo Rivapalacio, aún no se ha documentado que las enfermedades de los presidentes franceses hayan afectado su conducción del gobierno, a diferencia de los estadunidenses, como Woodrow Wilson, quien ocultó un padecimiento circulatorio crónico y una alta presión arterial que finalmente le provocaron un paro cardiaco mientras dirigía la Casa Blanca.
Nunca se dijo nada en público pero su esposa y sus asesores comenzaron a dirigir los destinos de ese país.
En Estados Unidos, la divulgación de la salud de los candidatos data de 1972, cuando el demócrata George MacGovern retiró como compañero de fórmula a Thomas Eagleton, luego de que la prensa reveló que sufría de depresión y había estado en terapia. Alrededor de 20 años después, el demócrata Paul Tsongas se convirtió en el primer precandidato en admitir que le habían diagnosticado cáncer. Bill Clinton siempre quiso ocultar sus expedientes médicos hasta que la prensa lo calificó como el candidato más opaco en la materia en dos décadas.
En México aún no hay muestras de que la tendencia a ocultar los expedientes médicos pueda cambiar. El primero de los mandatarios panistas, Vicente Fox, rechazó revelar el nombre de los medicamentos que se le suministraban hacia el final de su gobierno. Ahora su sucesor, Felipe Calderón, no entregó las copias de los dictámenes sobre su fractura en el hombro izquierdo y, con ello, el EMP dejó en claro que no habrá más información sobre cualquier enfermedad o percance que pudiera sufrir.
Reforma atorada
Actualmente, en el Senado existe una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que los presidentes de la República sean sometidos a diversos exámenes, entre ellos uno de salud mental, para garantizar que pueden desempeñar el cargo.
La propuesta lanzada por el petista Ricardo Monreal surgió luego de que la Sacra Rota Romana consideró que el expresidente Vicente Fox presentó serios trastornos sicológicos durante su proceso de divorcio.
La iniciativa de Monreal obligaría al presidente de la República, a los secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los legisladores a presentar tres exámenes antes de asumir sus cargos: uno de aptitudes, otro de salud física (que incorpore el antidopingy el de adicción al alcohol), así como un examen de salud mental. Los resultados de estos serían públicos.
En su argumentación, Monreal aludió al caso Fox:
“Es importante otorgarle la mayor seriedad a este diagnóstico del Vaticano, para evitar que personajes con graves trastornos de personalidad vuelvan a ocupar un cargo de responsabilidad política. Esta información debe ser del conocimiento público y debe ser obligatorio que el aspirante a una alta responsabilidad pública acredite los exámenes necesarios para determinar que cuenta con las aptitudes, la salud física y la salud mental suficientes para el desempeño de su función, que no sufre de adicciones a las drogas, a sustancias sicotrópicas o al alcohol.”
Y cuestionó: “¿Será válido que un ciudadano conozca el expediente clínico de su representante, que le permita saber su situación mental? Me parece que sí. Un dato clínico que permita evaluar la personalidad del gobernante es una información relevante para determinar libremente si escoges o no a una persona que no esté apta para tomar decisiones públicas trascendentales, por sus problemas de estabilidad mental”.
Monreal apuntó que el comportamiento de Fox recuerda la situación por la que pasó Antonio López de Santa Anna, a quien después de haber sido 11 veces mandatario de México y haber dejado el cargo, su esposa tenía que reunirle gente del pueblo y simular reuniones de gobierno con gente que hacía pasar por secretarios de despacho, ya que se resistía a reconocer que ya era un mexicano más, de carne y hueso, y no “Su Alteza Serenísima”.
Monreal presentó su iniciativa el pasado 8 de diciembre, pero no ha registrado avance alguno.
Este reportaje se publicó en la edición 1689 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado 15 de marzo.
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