“Calderón sacó a México de la zona de confort”

Señala que “la depuración policiaca no pasa sólo por el corrupto, también por el cobarde. Pero eso a condición de que quienes integren esas fuerzas tengan derecho al honor personal y la seguridad”

Lun, 25/05/2009 - 04:58

“Ingenuos o tontos útiles”, aquellos que pretenden llegar a una solución sólo con políticas sociales, dice. Foto: Martín Salas La reconstrucción de las instituciones de seguridad en el país es una prioridad fundamental para recuperar la capacidad del Estado, asegura el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

En conversación con MILENIO, el responsable de la política doméstica otorgó pleno reconocimiento al presidente Calderón, quien, desde su perspectiva ha sabido sacar al país del marasmo en el que se encontraba en la lucha contra la delincuencia organizada.

A casi nueve meses de que se firmó el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Legalidad, ¿cuáles son los avances que se tienen en esa materia?
El presidente Calderón decide sacar a México de una zona de confort, de una visión superficial del problema de la seguridad para enfrentarlo a una situación difícil y dramática que tenía que ser resuelta y que tiene que ser solucionada. Un proceso que no es inmediato, que no da lugar a salidas demagógicas, pero que implica transparentar un compromiso esencial entre gobernantes y gobernados, la incapacidad de imponer la ley.

Es el asunto de las infiltraciones que se ha dado a conocer tanto en Seguridad Pública, en PGR y en algunos casos en el Ejército. Se dice que se movió el avispero. ¿Cómo enfrentar todo esto y a qué nivel?
Como si fuera un problema de voluntad política lo que había sucedido, fue poner la mirada en factores de riesgo para la institucionalidad del país que ya no podían ser ignorados. No sólo estaba suelto, sino el avispero ya estaba haciendo daño, era verlo. Esto no es una provocación de una actitud política responsable, el tema de la inseguridad ha sido dominante en las últimas décadas

¿Hay o no una intención o propósito deliberado, de revisar con trabajo de inteligencia la actuación de las policías en todas las entidades?
Vivimos un esfuerzo de reconstrucción institucional. Estos años y este esfuerzo debe servir para poner la línea clara entre los funcionarios del Estado y los delincuentes.

Una línea que se estaba diluyendo en muchos espacios del país de manera muy delicada.

Usted dijo que había un problema de transparencia y seguridad nacional cuando se dio a conocer la información de domicilios y vehículos del Cisen. ¿Ese organismo debe ser una entidad autónoma del Estado o un organismo descentralizado o una institución desconcentrada?
Tenemos que rediseñar herramientas, que por una parte permitan el confinamiento de estas instituciones para garantizar su eficacia en la obtención y procesamiento de información relevante para la seguridad nacional; pero por otra parte existan los controles suficientes que mantengan a esas instituciones bajo controles democráticos.

En función de la gobernabilidad, ¿el Cisen debe ser autónomo como el Banco de México o la Comisión de Derechos Humanos? ¿Debe seguir ligado al gobierno para, precisamente, permitir la gobernabilidad?
Debe tener autonomía técnica y de gestión, no puede ni debe tener un tipo de independencia política como el Banco de México o los otros, porque al final una exigencia de un Estado democrático es que ciertas herramientas de la seguridad estén bajo la autoridad de funcionarios electos. Así como nuestras fuerzas armadas tienen como comandante supremo al Presidente de la República, así el Cisen debe estar bajo la esfera de autoridad de este mismo.

El secretario de Hacienda dice que el golpe económico que México ha resentido ante la crisis mundial asciende a 300 mil millones de pesos; esto tendrá un efecto en lo que es el gasto público. ¿Afectará este problema los planes relativos a la seguridad pública y a la seguridad nacional?
Para no caer en hipótesis futuras vamos a dejar en claro algunas cosas. La reconstrucción de las instituciones de seguridad en el país es fundamental para recuperar la capacidad del Estado para los fines para los que es creado; en ello hay una exigencia de este gobierno para que se les de la prioridad debida. No es posible promover un adecuado desarrollo social y un crecimiento económico sin instituciones de seguridad que garanticen la coexistencia entre todos los actores de los procesos.

Las prioridades no sólo éticas, no sólo políticas sino económicas del desarrollo del país, pasan por la seguridad. Eso no significa que no estemos obligados a ser más eficientes en la manera en que gastamos, eso no significa que siempre haya manera de optimizar el uso de los recursos, lo que no puede haber es un debilitamiento de las capacidades institucionales del Estado para seguir dando esta lucha.

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No se inmuta ni altera su gesto adusto cuando, con absoluta convicción, califica de “ingenuos o tontos útiles” a aquellos que pretenden llegar a una solución en el tema de seguridad sólo con políticas sociales o económicas.

A escasos días de que se lleve a cabo la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, en tono fuerte y sin cortapisas, Gómez Mont afirma de manera clara que “la depuración policiaca no pasa sólo por el corrupto, también por el cobarde. Pero eso a condición de que quienes integren esas fuerzas tengan derecho al honor personal y a la seguridad. Esa es la reconstrucción que estamos haciendo”.

¿Cómo está enfrentando a grupos que trabajan al margen de las instituciones, grupos parapoliciales…? ¿Qué hay que hacer con ellos?
Es muy sencillo, la diferencia entre la delincuencia organizada y las instituciones. La diferencia está en que el Estado les puede procurar a sus agentes un proyecto de vida, honor para los agentes y seguridad para sus familias.

Cuando se opta por la vía clandestina para enfrentar este supuesto riesgo, sólo se acrecienta la posibilidad que este tipo de grupos mañana esté operando de la misma manera que la delincuencia organizada. No es ni serán la solución y es fáctica. Y le digo que la génesis del problema de la seguridad en México se dio cuando desde el poder se quiso hacer este tipo de operaciones encubiertas. La desinstitucionalización de las fuerzas de seguridad del Estado pasó por una responsabilidad primordial de quienes operaban el Estado. Ese camino no tiene futuro y ese camino es una fuente de riesgo, y estamos investigando si esto existiera. El que se alega hoy como héroe será villano mañana. Simple y sencillamente porque está actuando al margen de la ley.

Porque si no puede mantener el servicio que hace con honor y con seguridad y tranquilidad para su familia, simple y sencillamente va por el camino paranoico de la clandestinidad.

¿La base social del narcotráfico la tienen cuantificada?
La base social sí existe, vinculada a la organización delincuencial, está en función de la precariedad, con desarrollo los incentivos desaparecen. Pero que nadie se cuestione: primero va la seguridad como preeminencia y como presupuesto para que las otras puedan operar. El que quiera detonar una solución de seguridad con puras políticas sociales o económicas pasa por ingenuo o tonto útil.

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Al referirse al tema electoral, a la presencia del Ejército en las calles y al necesario combate al lavado de dinero, Gómez Mont se inclina hacia delante, como para demostrar mayor convicción en sus palabras y establecer con plena claridad que son temas fundamentales en su agenda de trabajo.

¿Cómo están viendo la situación electoral, sobre todo en momentos tan revueltos en materia de seguridad?
Ciertamente habrá algunas zonas en las que se tendrá que hacer ajustes en función de las cuestiones de seguridad, pero ese es un proceso que está ya en aplicación. Esperamos elecciones pacíficas, tranquilas y continuas; lo que sí le preocupa al secretario de Gobernación es la necesidad de intensificar el debate político. Estamos en un momento crucial de la vida política en México y necesitamos definir agendas para los próximos meses, necesitamos definir agendas en cuanto a las reformas de las instituciones del Estado mexicano que hoy presentan signos de agotamiento. Hay consensos en materia de la reducción del Congreso, hay una tendencia fuerte que apunta hacia un análisis serio de la reelección en materia legislativa o en materia de los ayuntamientos.

Si se quiere debilitar a las oligarquías partidistas, se tienen que consolidar mejores bases electorales.

Respecto al Ejército mexicano en las calles, ¿qué plan hay para terminar? ¿O seguirá así pese a la posibilidad de que a la larga se dañe la imagen de la institución castrense?
En algunas zonas donde el debilitamiento institucional ha sido grave, el Ejército ha tenido un papel más preponderante. Pero la lógica es que las instituciones de seguridad pública funcionen y éste irá teniendo un papel más discreto en esta tarea en la medida en que sean más fuertes las instituciones de administración y procuración de justicia, y de prevención del delito. El Congreso, después de un debate concienzudo, ha ido generando herramientas útiles para ese propósito.

¿No hay plazo fatal?
Yo entiendo que no se puede poner un plazo fatal en términos de fechas porque el compromiso y el desarrollo institucional está siendo diferenciado, porque también la presencia del Ejército ha sido importante para romper vínculos de protección entre organizaciones criminales y cuerpos de policía; que al verse expuestos a una mayor relación con otras fuerzas federales, ya sea armadas o civiles, ha venido debilitando su influencia de protección.

Al margen, pero con participación de agentes del Estado...
La posibilidad de operar al margen del Estado ha pasado muchas veces por la colaboración de agentes federales que neutralizan la capacidad institucional para contener a la delincuencia organizada.

Hay quienes insisten en que falta pegarle a la delincuencia organizada donde más le duele, que son sus finanzas. En este sentido, ¿hace falta que la Secretaría de Hacienda cuente con mejores instrumentos para detectar lavado de dinero?
Indudablemente, una de las instituciones que requiere un desarrollo mucho más ágil y mucho más rápido es la unidad de inteligencia financiera. Dentro de los compromisos que tenemos que terminar de aterrizar, en materia legislativa se ha avanzado mucho, entre los compromisos que nos urge sacar es una ley que regule las operaciones en efectivo, en un país con el sistema bancario informático que tenemos hoy. La explicación de operaciones en efectivo, sobre todo de carácter inmobiliario no encuentra justificación.

Se habla incluso de zonas completas, que prácticamente aparecen de la noche a la mañana.
Claro, y en materia inmobiliaria, de negocios y de grandes transacciones en las que no se justifica el efectivo. Y en la medida de que compliquemos las transacciones en efectivo obstaculizaremos al narco y a la delincuencia organizada, porque simplemente es mucho más detectable cuando tratan operar.

¿Cuál es el riego que constantemente vive la delincuencia organizada? Tener que existir al margen de las instituciones. El sueño de cualquiera de estos delincuentes después de vivir en la zozobra en la que viven, de matar para no morir, de llevar una vida clandestina. Su idilio, su fantasía es volverse a montar en una vida social, y uno de los objetivos fundamentales de esta estrategia es romper cualquier lazo o cualquier posibilidad de que este tipo de organizaciones opere dentro de las instituciones del país.

- Claves

Trayectoria

• Fernando Francisco Gómez Mont Urueta es abogado por la Escuela Libre de Derecho. También ha sido miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

• Fue asesor en la administración del presidente Ernesto Zedillo, trabajando con Luis Téllez, jefe de asesores del Presidente, en materia de reformas al Poder Judicial.

• Colaboró con el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, en diversos asuntos legales, incluidos los crímenes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Entrevista: Francisco Garduño