Arturo Alcalde Justiniani
Colocar a Pemex en la vitrina nacional ha permitido que la población tome conciencia de su importancia para el futuro del país. Nos hemos enterado de datos duros que en otro tiempo eran materia sólo de especialistas; ahora se critica, por ejemplo, con argumentos fundados, la absurda canalización de la mayor parte de sus recursos a la vía fiscal y el mal aprovechamiento de los excedentes petroleros; hoy causa indignación mayor saber que su monto en los últimos ocho años sería suficiente para pagar casi la totalidad de la deuda externa mexicana. La convicción de que el petróleo es nuestro patrimonio común no involucra a todos en una dinámica novedosa que es importante aprovechar positivamente.
Los ciudadanos comunes que perciben escasos recursos, acostumbrados a administrar su estrecho gasto familiar, saben que los ingresos extraordinarios deben destinarse a reparar la casa o al pago de deudas, nunca para erogaciones imposibles de sostener en el futuro. Se genera, así, el reclamo por decidir el rumbo de políticas públicas, antes tradicionalmente privativas de la administración gubernamental. Todo ello, gracias a la movilización que obligó a abrir el tema de la reforma energética de cara al país.
Un renglón soslayado en el debate nacional se refiere al modelo laboral y sindical en Pemex; hay resistencia para hablar claro de los vicios y complicidades implicadas, pues se tocan muchos intereses creados y muy pocos actores políticos asumen ese riesgo. A pesar de ello, fluye la información, confirmando que su sistema de relaciones laborales está sumido en una gigantesca corrupción e ineficiencia, que responde a una complicidad entre empresa, sindicato y gobierno, que ha sido instrumentado como una forma de control, inmovilidad de los trabajadores y la flexibilidad en las condiciones de trabajo, proceso que se ha incrementado en los últimos 20 años a través de la subcontratación o el abierto desplazamiento de actividades realizadas con medios propios hacia el contratismo externo. Este esquema de intereses está sellado por un pacto político entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, celebrado para lograr la mayoría necesaria en la aprobación de leyes, incluida la propia reforma energética.
Este pacto ha permitido al sindicato petrolero mantenerse como instrumento de gran poder y beneficio para sus líderes; usufructúa cinco asientos en el consejo de administración de los 11 existentes, recibe 2 por ciento del costo de contratos y un porcentaje sensiblemente mayor en las obras de perforación; tiene injerencia en todo el proceso de trabajo, incluyendo la admisión y promoción del personal de base. Estos amplios recursos los utiliza para incrementar sus mecanismos de sometimiento. Quien esté en contra de los líderes sindicales difícilmente será promovido, tampoco podrá alcanzar el sueño de todo trabajador petrolero de recomendar a algún pariente para su ingreso, y menos aún, será parte de los múltiples negocios en los que se encuentran vinculados algunos trabajadores; el propio empleo está permanentemente en riesgo de formar parte en las listas de personal disponible o para reajuste en los convenios especiales que de manera repetida se celebran.
Es difícil cualquier movimiento sin el consentimiento del sindicato y no existe una bilateralidad constructiva que permita al gremio ser actor en políticas favorables a su desarrollo y a la calidad de vida de sus representados; al contrario, están esencialmente orientados a incrementar los privilegios de los representantes y delegados, tanto a nivel nacional como seccional. En este estado de cosas, es difícil la disidencia interna, sobre todo cuando la empresa, como parte del costo que debe pagar, la suprime de manera abierta o mediante la imposición de renuncias o jubilaciones anticipadas; también admite sacrificar el inmenso valor profesional de técnicos y profesionales, que en una empresa de estas características es fundamental. En todos los ámbitos se repite constantemente la queja de que el sindicato es un suprapoder y un obstáculo, Pemex mismo se duele de ello, a pesar de aportar los medios para sostener esa condición. De aquí la necesidad de crear un marco normativo que modifique esta viciosa simbiosis.
Las alternativas para lograr transformar el modelo laboral de Pemex son complejas. La condición política que explica los Pemexgate, la renuncia a pescar peces gordos y el consentimiento a la relección antiestatutaria de Romero Deschamps hasta el año 2015, son permanentemente canceladas, en lo que influyen factores externos e internos. Con respecto a los primeros, dependerá de la suerte final de la reforma energética, que sin duda tienen su atadura al tema fiscal. Otros renglones se vinculan a la reforma laboral, cuyo aspecto fundamental será crear condiciones para democratizar el sindicalismo a través de nuevas instituciones y mecanismos que permitan a los trabajadores decidir el curso de sus organizaciones gremiales. En el plano interno, convendría aprovechar las discusiones que hoy se celebran en el Congreso de la Unión sobre la ley orgánica, la composición del consejo de administración, la propuesta de un consejo petrolero y la normatividad complementaria de la institución. En ellos deberá incluirse un esquema de total transparencia sobre la administración y utilización de los recursos de la empresa, haciendo especial énfasis sobre los convenios o acuerdos celebrados con el sindicato, tanto a nivel nacional como local. La nueva política de apertura debe incluir el manejo de plazas y vacantes, además de las medidas relacionadas con la seguridad en el trabajo, particularmente en las zonas de riesgo. Un mensaje positivo sería facilitar el acceso público con respecto a todos los recursos contractuales o extracontractuales, que hoy constituyen fondos gigantescos sobre los cuales no se rinde cuentas. Sería una buena manera de defender nuestro patrimonio común.
Los ciudadanos comunes que perciben escasos recursos, acostumbrados a administrar su estrecho gasto familiar, saben que los ingresos extraordinarios deben destinarse a reparar la casa o al pago de deudas, nunca para erogaciones imposibles de sostener en el futuro. Se genera, así, el reclamo por decidir el rumbo de políticas públicas, antes tradicionalmente privativas de la administración gubernamental. Todo ello, gracias a la movilización que obligó a abrir el tema de la reforma energética de cara al país.
Un renglón soslayado en el debate nacional se refiere al modelo laboral y sindical en Pemex; hay resistencia para hablar claro de los vicios y complicidades implicadas, pues se tocan muchos intereses creados y muy pocos actores políticos asumen ese riesgo. A pesar de ello, fluye la información, confirmando que su sistema de relaciones laborales está sumido en una gigantesca corrupción e ineficiencia, que responde a una complicidad entre empresa, sindicato y gobierno, que ha sido instrumentado como una forma de control, inmovilidad de los trabajadores y la flexibilidad en las condiciones de trabajo, proceso que se ha incrementado en los últimos 20 años a través de la subcontratación o el abierto desplazamiento de actividades realizadas con medios propios hacia el contratismo externo. Este esquema de intereses está sellado por un pacto político entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, celebrado para lograr la mayoría necesaria en la aprobación de leyes, incluida la propia reforma energética.
Este pacto ha permitido al sindicato petrolero mantenerse como instrumento de gran poder y beneficio para sus líderes; usufructúa cinco asientos en el consejo de administración de los 11 existentes, recibe 2 por ciento del costo de contratos y un porcentaje sensiblemente mayor en las obras de perforación; tiene injerencia en todo el proceso de trabajo, incluyendo la admisión y promoción del personal de base. Estos amplios recursos los utiliza para incrementar sus mecanismos de sometimiento. Quien esté en contra de los líderes sindicales difícilmente será promovido, tampoco podrá alcanzar el sueño de todo trabajador petrolero de recomendar a algún pariente para su ingreso, y menos aún, será parte de los múltiples negocios en los que se encuentran vinculados algunos trabajadores; el propio empleo está permanentemente en riesgo de formar parte en las listas de personal disponible o para reajuste en los convenios especiales que de manera repetida se celebran.
Es difícil cualquier movimiento sin el consentimiento del sindicato y no existe una bilateralidad constructiva que permita al gremio ser actor en políticas favorables a su desarrollo y a la calidad de vida de sus representados; al contrario, están esencialmente orientados a incrementar los privilegios de los representantes y delegados, tanto a nivel nacional como seccional. En este estado de cosas, es difícil la disidencia interna, sobre todo cuando la empresa, como parte del costo que debe pagar, la suprime de manera abierta o mediante la imposición de renuncias o jubilaciones anticipadas; también admite sacrificar el inmenso valor profesional de técnicos y profesionales, que en una empresa de estas características es fundamental. En todos los ámbitos se repite constantemente la queja de que el sindicato es un suprapoder y un obstáculo, Pemex mismo se duele de ello, a pesar de aportar los medios para sostener esa condición. De aquí la necesidad de crear un marco normativo que modifique esta viciosa simbiosis.
Las alternativas para lograr transformar el modelo laboral de Pemex son complejas. La condición política que explica los Pemexgate, la renuncia a pescar peces gordos y el consentimiento a la relección antiestatutaria de Romero Deschamps hasta el año 2015, son permanentemente canceladas, en lo que influyen factores externos e internos. Con respecto a los primeros, dependerá de la suerte final de la reforma energética, que sin duda tienen su atadura al tema fiscal. Otros renglones se vinculan a la reforma laboral, cuyo aspecto fundamental será crear condiciones para democratizar el sindicalismo a través de nuevas instituciones y mecanismos que permitan a los trabajadores decidir el curso de sus organizaciones gremiales. En el plano interno, convendría aprovechar las discusiones que hoy se celebran en el Congreso de la Unión sobre la ley orgánica, la composición del consejo de administración, la propuesta de un consejo petrolero y la normatividad complementaria de la institución. En ellos deberá incluirse un esquema de total transparencia sobre la administración y utilización de los recursos de la empresa, haciendo especial énfasis sobre los convenios o acuerdos celebrados con el sindicato, tanto a nivel nacional como local. La nueva política de apertura debe incluir el manejo de plazas y vacantes, además de las medidas relacionadas con la seguridad en el trabajo, particularmente en las zonas de riesgo. Un mensaje positivo sería facilitar el acceso público con respecto a todos los recursos contractuales o extracontractuales, que hoy constituyen fondos gigantescos sobre los cuales no se rinde cuentas. Sería una buena manera de defender nuestro patrimonio común.
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